BOC - /. Lunes 12 de Noviembre de 2012 - 5628

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Cabildo Insular de Tenerife

5628 - ANUNCIO de 30 de octubre de 2012, sobre notificación del Decreto de 26 de junio de 2012, por el que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41677-O-2010.

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Providencia de 30 de octubre de 2012 del Jefe de Servicio Administrativo de Movilidad, relativa al Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 26 de junio de 2012, resolutorio de recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41677-O-2010.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre notificación al interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 26 de junio de 2012, desestimatorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41677-O-2010.

Contra este Decreto, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por D. Pedro Luis Quintana Rodríguez, por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada el Sr. Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad en fecha: 26 de mayo de 2012 recaída en el expediente de referencia nº TF-41677-O-2010, y, teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Que con fecha y hora: 15 de diciembre de 2010, 10:41, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el vehículo matrícula: -6434-BDJ, del que es titular: D. Pedro Luis Quintana Rodríguez por: circular entre los municipios de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife transportando productos congelados (perecederas) con un peso total de 2.600 kg, estando autorizado para 1.995 kg, con un exceso de 605 kg exceso de 30%. Se adjunta tique báscula móvil del cabildo para su remisión a la administración. Vehículo inmovilizado punto de control hasta que sea trasladada total o parcialmente la carga bajo responsabilidad del conductor.

Segundo.- Que el día 20 de abril de 2011 se publicó la resolución de inicio del expediente nº TF-41677-O-2010 en el Boletín Oficial de Canarias nº 2011/080.

Tercero.- Que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.

Cuarto.- Que por el Sr. Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad en fecha se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha: 26 de mayo de 2011 que venía a sancionar a: D. Pedro Luis Quintana Rodríguez con multa que ascendía a: 2.000,00 euros, por infracción de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias (L.O.T.C.C.) y Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (R.O.T.T.), artículos: 104.19, en relación con el artº. 105.30 LOTCC, artº. 197.19, en relación con el artº. 198.31 ROTT, y en base al artículo artº. 108.k), en relación con el artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.k), en relación con el artº. 201.1.f) ROTT.

Quinto.- Que el día: 16 de febrero de 2012 se publicó la resolución sancionadora del expediente nº TF-41677-O-2010 en el Boletín Oficial de Canarias nº 2012/033.

Sexto.- Que con fecha 15 de marzo de 2012, D. Pedro Luis Quintana Rodríguez interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que: los datos de pesaje practicados por los agentes actuantes no son fieles pues el aparato utilizado para tal fin estaba defectuoso y tenía apariencia de estar averiado, pues de su uso arrojaba varios pesos que oscilaban entre uno y otro en más de un 25%, lo que consideramos inaceptable. Dada la escasa fiabilidad de los datos de la pesada donde se computó el exceso, habida cuenta que no consta que la báscula empleada en la misma haya sido objeto de verificación mediante informe elaborado por la entidad verificadora Tenerife Estación Servicios de Verificación y certificado por la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, acreditando su conformidad con los requisitos establecidos en la Orden Ministerial de 27 de abril de 1999, es por lo que niegan veracidad a dichos datos de pesaje. Que se ha de tener en cuenta, en aras a la graduación de la sanción, la capacidad de carga útil del vehículo, el exceso de peso con que circulaba y su incidencia proporcional en la seguridad vial, así como en el mercado de transporte. Los hechos que se le imputan, de oscilar en la proporción antes indicada, suponen una infracción a los artículos 106.24 Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y 201 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, debería imponerse sanción leve o la que corresponda en función del límite máximo de oscilación de la báscula. Para no incurrir en indefensión, interesa al derecho de esta parte que se practiquen y se de traslado de los siguientes: que por el Jefe de Servicio del agente denunciante se certifique acerca de los siguientes puntos: -se acompañe certificado de verificación de la báscula utilizada en el pesaje del presente expediente, elaborado por la entidad verificadora Tenerife Estación Servicios de Verificación y certificación por la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias. Que se acompañe certificado acreditativo del historial de averías de la báscula de pesaje.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I) Que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

II) La Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife es competente para resolver el recurso de alzada de referencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.1.r) del Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, que aparece publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 97, de 16 de junio de 2005, en concordancia con el Decreto 159/1994, de 21 de julio, en el que se describían entre otras de las funciones transferidas a los Cabildos Insulares: la incoación, tramitación y resolución de los expedientes sancionadores por infracción a la normativa de los transportes terrestres y por cable. Asimismo, mediante el Decreto 151/1997, de 11 de julio se traspasaron los servicios, medios personales, materiales y recursos al Cabildo Insular de Tenerife para el ejercicio de las competencias transferidas en materia de transportes terrestres y por cable, competencias que fueron aceptadas por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en virtud del Acuerdo Corporativo de fecha 23 de diciembre de 1997, así como distribuyó las competencias transferidas y delegadas en las respectivas Áreas de Gobierno de esta Corporación; proceso de transferencia de competencias al Cabildo Insular de Tenerife en materia de transportes terrestres y por cable que se materializa a través de la suscripción del Acta de aceptación, entrega y recepción de los servicios, expedientes, bienes, personal y recursos, el día 29 de diciembre de 1997. Siendo asignadas al Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad las atribuciones de incoación y resolución de los expedientes sancionadores de transporte, previstas en el artículo 12.1.o) del Reglamento Orgánico de la Corporación, en régimen de desconcentración, prevista en el artículo 11 del citado Reglamento.

III) A tenor del tique de báscula portátil electrónica perteneciente al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, unido al boletín de denuncia, que motivó la incoación del presente expediente sancionador, resulta suficientemente acreditado que en la fecha de la denuncia el vehículo matrícula: -6434-BJD circulaba con un peso total en carga de: 2.600 kg, estando autorizado para 1.995 kg, lo que supone un exceso de: 605 kg, que representa un 30.32% más de su masa máxima autorizada. habiendo incurrido la expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.1.c) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por la misma constituya causa alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, prevista en el artículo 194.2 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, ni haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el hechos consignadas en el boletín de denuncia, formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en los artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 100.2 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones; habida cuenta que, el órgano instructor del procedimiento sancionador, aparte de tomar en cuenta las pruebas que constaban materialmente en el expediente (denuncia, tique de báscula homologada y verificada, certificado de verificación periódica de báscula e informe sobre antecedentes totales del vehículo de la Dirección General de Tráfico) ha desplegado la actividad probatoria necesaria para garantizar la adecuada determinación de los hechos infractores y la responsabilidad en la comisión de los mismos por la entidad mercantil recurrente, de conformidad con lo establecido en los artículos 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 209 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, correspondiendo la responsabilidad de esa infracción tanto al transportista como al cargador, al expedidor y al intermediario, salvo que alguno de ellos justifique respecto a sí mismo la existencia de causas de inimputabilidad (artículo 104.19, en relación con el 105.30 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y, 197.19, en relación con el artº. 198.31 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres).

Los excesos de peso, tanto en las dimensiones como en las masas, además de una competencia desleal al sector del transporte, generan daños a la infraestructura viaria y constituyen un riesgo a la seguridad de la circulación. El riesgo se incrementa cuando las cargas se transportan sin la sujeción, estiba y señalización.

Muchos accidentes de carretera y sus consecuencias se reducirían en un alto porcentaje, si se respetaran los límites de carga de los vehículos.

El comportamiento de un vehículo sobrecargado, reduce su capacidad técnica de respuesta, aumentando la distancia de frenado. Esta circunstancia no va a permitir el óptimo control del vehículo ante situaciones de emergencia que requieran una solución favorable en el mínimo tiempo.

IV) Dada la fiabilidad de los datos de la pesada donde se computó el exceso, habida cuenta que la báscula empleada en la misma: pesa ruedas electrónica, marca Haenni, modelo WL 103/10 t nº de serie: 3730 y 3771, nº aprobación de modelo: D94-09-040, ha sido certificada por el Jefe de Servicio de Metrología del Gobierno de Canarias el 31 de agosto de 2009, en base a informes nº 090966001 y 090966002 emitido por la Entidad Verificadora Centro Español de Metrología, el 30 de junio de 2009, realizados los ensayos estipulados en la Orden Ministerial de 27 de abril de 1999, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en sus fases de verificación, después de reparación o modificación y de verificación periódica, cumpliendo lo previsto en la Orden de 22 de diciembre de 1994, por la que se regula el control metrológico CEE de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.

V) Disponiendo el anexo III de la referida Orden de 27 de abril de 1999, que parte de los trámites previos exigidos para la verificación periódica de una báscula consisten en la comprobación:

De que el instrumento posee la correspondiente aprobación de modelo o aprobación C.E. de modelo, según le sea de aplicación y dispone de su marcado correspondiente.

De que el instrumento haya superado la verificación primitiva, o bien declaración C.E. de conformidad con el modelo, o bien la verificación C.E., o bien la verificación C.E. unitaria, acreditándolo a través de su marcado, según proceda.

De que el instrumento ha superado la verificación después de verificación, después de reparación o modificación, o la verificación periódica en los plazos establecidos en esta Orden, acreditándolo a través de su marcado y certificaciones correspondientes.

De que el instrumento dispone de la placa de características, en la que se relacionan las indicaciones descriptivas a las que se refiere el apartado 7.1 de la norma UNE-EN 45501.

De que los precintos corresponden en número y posición a los manifestados en el anexo del certificado de aprobación de modelo o aprobación C.E. de modelo, conservan su integridad y llevan la marca del organismo verificador o reparador autorizado.

Al haber superado satisfactoriamente la verificación periódica realizada en base a informe suscrito por la Entidad Verificadora Centro Español de Metrología el 30 de junio de 2009, con sujeción a la normativa vigente sobre metrología; en consecuencia, se garantiza su correcto funcionamiento y fiables las pesadas realizadas en dicha báscula, resultando, por tanto, conforme a Derecho las sanciones impuestas en base a las infracciones cometidas por exceso de peso computados en la misma.

VI) Teniendo en cuenta que el procedimiento de pesaje durante los controles de inspección en carretera se realiza estando el vehículo parado, con sus ruedas en posición de marcha en línea recta y estando a bordo todas las personas y elementos que se hallaran en el vehículo en el momento de su detención por los agentes de vigilancia. Computando la masa en carga del vehículo, que, a tenor del apartado 1.3 del anexo IX del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos consiste en la masa efectiva del vehículo y de su carga, incluida la masa del personal de servicio y de los pasajeros. En este supuesto, el pesaje objeto de la inspección, se realizó incluyendo el peso del conductor del vehículo denunciado.

Razón por la que resulta desvirtuado el valor de cualquier otra documentación del vehículo o de acompañamiento de las mercancías, aportados por la entidad mercantil interesada en el pliego de alegaciones interpuesto, como medio para probar su exención de responsabilidad en la comisión de la infracción consistente en realizar un transporte con exceso de peso que supera el 30% de la M.M.A. del vehículo, dado que, a efectos de determinar el exceso de peso transportado, los mismos no son representativos de la masa efectiva del vehículo y su carga, ni, a mayor abundamiento, se puede determinar con certeza en este momento procedimental, dado que el agente tampoco lo cita en el boletín de denuncia formulado, que se hubieran portado en el interior del vehículo en el momento de la comisión de la infracción.

VII) Por lo que si la entidad mercantil interesada hubiera tenido dudas del resultado de la pesada realizada en el control, podía haber solicitado la realización de una pesada contradictoria en la misma báscula o en otra debidamente revisada y siempre en presencia del agente actuante, a los efectos de que se garanticen la fiabilidad de los resultados en cada una de los pesajes que se efectúen y de que el procedimiento de pesaje se realice siguiendo las mismas reglas predeterminadas en el fundamento anterior.

VIII) Habiéndose ponderado, al imponer esa sanción, los distintos bienes jurídicos en conflicto y atendido a los criterios de graduación establecidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad, también, con la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de diciembre de 1987; al haberse impuesto la cuantía de sanción dentro de las previstas para ese tipo infractor dentro de los límites fijados por el artículo 108.f) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; y 201.1.f) del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; teniendo en cuenta que el exceso de peso transportado representaba un 30,32% más de su masa máxima autorizada (1.995 kilogramos), con el consiguiente riesgo que supone para la seguridad vial y para la integridad de las infraestructuras circular con un exceso de peso de tal calibre en una geografía tan accidentada como la de la isla de Tenerife.

IX) La potestad sancionadora de la Administración es del tipo reglada, de aplicación del tipo legal al hecho infractor, así, en la graduación de la sanción que se impone a cada tipo, el órgano administrativo debe, dentro de los criterios de graduación que concreta el legislador en las normas sancionadoras (artículo 108 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y 201.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres) buscar, en atención a las circunstancias que operan en cada caso, de entre las sanciones posibles, la más proporcionada al desvalor antijurídico del comportamiento cometido.

Residiendo el límite de la culpa, como presupuesto para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, en el deber de informarse según las obligaciones de cada profesión y en la diligencia debida en su actuación. Tratándose de una infracción donde el transportista tiene el deber de controlar el peso del vehículo que lo transporta, deber que legal y profesionalmente le incumbe; cuya pericia, experiencia y conocimiento ha de servir para no incurrir en exceso de peso; no puede ampararse, por tanto, en el error inducido por cualquier circunstancia (documentación de acompañamiento de la mercancía), debiendo cerciorarse y comprobar activamente el peso exacto de la mercancía transportada a través de su pesaje en instrumentos de medición homologados y verificados conforme a la normativa sobre metrología vigente; correspondiendo la responsabilidad de esa infracción tanto al transportista como al cargador, al expedidor y al intermediario, salvo que alguno de ellos justifique respecto a sí mismo la existencia de causas de inimputabilidad (artículo 104.19, en relación con el 105.30 Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y 197.19, en relación con el 198.31 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres).

X) Resultando, en consecuencia, suficientemente probados los hechos infractores consignados en el mencionado boletín de denuncia, entre ellos el porcentaje de peso, que se corresponden con los determinados en el tique de pesaje adjunto al mismo. Siendo doctrina sentada en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que la carga de la prueba corresponde, como regla general a la Administración; siendo, asimismo de aplicación al Derecho Administrativo Sancionador el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, que exige, ante todo una prueba fehaciente y cumplida de los hechos cuya realización por el infractor sirven de base a la imposición de la sanción, recogido igualmente en el artículo 137.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que dispone que los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario; exigiendo la doctrina jurídica y la jurisprudencia de los Tribunales que la válida imposición de una sanción administrativa haya sido ineludiblemente precedida de la prueba concluyente e inequívoca de los elementos de hecho antijurídicos sobre los que se asienta; figurando en el expediente examinado, como ya se enunció anteriormente, suficiente constancia documental probatoria de los hechos infractores y de su imputación al recurrente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 143.1.c), en relación con el artº. 140.19 y artº. 105.30 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y artículos 193 y 194, en relación con el artº. 197.19 y artº. 198.31 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Teniendo en cuenta que, análogamente al orden penal, la eficacia de las pruebas está en función de la medida en que el juzgador ha quedado convencido de los hechos y que no ha sido presentada ninguna prueba indubitada por el interesado que desacredite los hechos infractores; no hay, pues, en el procedimiento que nos ocupa ninguna circunstancia que ponga de manifiesto cualquier irregularidad, aunque se disienta de la resolución dictada, y en el bien entendido de que caso de existir esa irregularidad, sólo sería relevante en cuanto ocasionaría indefensión al recurrente, lo que no ocurre en este caso, por cuanto el actor ha estado siempre presente en el expediente administrativo, formulando alegaciones e interponiendo recurso.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.r) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por: D. Pedro Luis Quintana Rodríguez, confirmando la Resolución del Director Insular de Movilidad del Área de Economía, Competitividad, Movilidad y Turismo de fecha 26 de mayo de 2011, que determinó la imposición de una sanción de dos mil (2.000) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo".

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada mediante el documento de pago, que se adjunta, por los medios de pago y dentro del período que se establece en el mismo, de conformidad con el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Si el interesado no efectúa el pago al vencimiento del plazo otorgado, se procederá a su cobro por vía de apremio, con el recargo correspondiente, y en su caso, los intereses de demora, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria".

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de octubre de 2012.- El Jefe de Servicio, Pedro Luis Campos Albarrán.



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