Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de octubre de 2012.-La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 361/11 instruido a Ernest Graham, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Apartamento Royal Tenerife Country Club (villa 202)".
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 19 de abril de 2012.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones:
2º) El 19 de abril de 2012 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 361/11, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 29 de agosto de 2012, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de trece mil ochocientos (13.800,00) euros.
Correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: seis mil novecientos (6.900,00) euros.
Hecho segundo: seis mil novecientos (6.900,00) euros.
3º) No consta en el expediente que se hayan presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS:
Se consideran probados, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos:
Primero.- Explotar turísticamente la villa nº 202 del complejo denominado "Royal Tenerife Country Club", careciendo del libro de inspección. Todo ello se desprende del informe del Jefe de Sección de Inspección de fecha 20 de octubre de 2011 y de los resultados de búsqueda de la página web www.sanandrestenerife.co.uk.
Segundo.- Explotar turísticamente la villa nº 202 del complejo denominado "Royal Tenerife Country Club", careciendo de las hojas de reclamaciones obligatorias. Todo ello se desprende del Informe del Jefe de Sección de Inspección de fecha 20 de octubre de 2011 y de los resultados de búsqueda de la página web www.sanandrestenerife.co.uk.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril de 1995), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010), que se indicarán.
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada. En primer lugar, como cuestión previa, manifestar que examinado el expediente de referencia, no consta, al formular la presente Resolución sancionadora, que el titular consignado haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados por la Resolución de iniciación notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 145, de fecha 25 de julio de 2012, procediéndose a formular la presente Resolución Sancionadora en aplicación de lo que se prevé en el artículo 9.4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto de 1996) el cual dispone que en la comunicación que se dirija a los interesados se les advertirá que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la resolución de iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 11.2 del presente Decreto, la misma podrá considerarse propuesta de resolución.
El presente expediente sancionador se ha incoado, por explotar turísticamente la villa nº 202 del complejo denominado "Royal Tenerife Country Club", careciendo del libro de inspección y de las hojas de reclamaciones obligatorias en materia turística. Todo ello se desprende del informe del Jefe de Sección de Inspección y de los resultados de búsqueda de la página web www.sanandrestenerife.co.uk.
En dicha página se observan períodos de disponibilidad, posibilidad de reserva con fecha de entrada y salida, así como precios semanales, todo ello teniendo en cuenta que la villa en cuestión se encuentra dentro de un complejo de apartamentos de marcado carácter turístico.
Así pues, podemos concluir que no se trata de una simple publicidad de un producto que se pueda adquirir en tiendas o a través de internet, sino de la puesta en marcha de una actividad turística, cuyo inicio requiere la tenencia de una documentación turística, como es el libro de inspección de Turismo y las hojas de reclamaciones, con independencia de que hayan tenido o no clientes.
En este punto debemos hacer mención al artículo 31 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que define en su apartado primero las actividades turísticas alojativas "todas aquellas empresas en que se preste un servicio de alojamiento desde un establecimiento abierto al público y mediante precio", disponiendo seguidamente en su apartado segundo que, "Se entenderá prestado un servicio de alojamiento turístico cuando se oferte en libre concurrencia la estancia en el establecimiento de forma temporal, sin constituir cambio de residencia para la persona alojada". Elementos que se desprenden de la Villa, objeto del presente expediente sancionador.
No obstante teniendo en cuenta la carencia de antecedentes por el mismo hecho infractor se impone una sanción de 6.900 euros, por cada uno de los hechos infractores.
En relación al principio de tipicidad, señalar que los hechos infractores de referencia, encuentra encaje legal, respecto al primero de ellos, en el artículo 84 de la referida Ley de Ordenación del Turismo de Canarias y, más detalladamente, en el artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto), los cuales reflejan la obligatoriedad de tener a disposición de los inspectores de turismo en todo momento y en el lugar donde se desarrolle la actividad turística el libro de inspección, ya que este proporciona a aquellos el conocimiento de los datos de la empresa o establecimiento turístico de que se trate, de los cambios experimentados en la misma como pueden ser la titularidad, la categoría y demás datos que procedan y les permite realizar diligencias sobre su visita e, incluso detallar en el mismo aquellas observaciones que tengan por conveniente, sin olvidar que mediante dicho libro se lleva el control de las hojas de reclamaciones entregadas al establecimiento. Tipificada dicha conducta en el artº. 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.
Respecto al segundo de los hechos infractores imputados, debe tenerse en cuenta que la función de las hojas de reclamaciones consiste en dar a conocer a la Administración las anomalías detectadas en los servicios de actividades turísticas y en el disfrute y utilización de los establecimientos de esta naturaleza, a efectos de promover las medidas oportunas para su corrección, al mismo tiempo que dichas hojas suponen una garantía de defensa del usuario turístico ante la prestación de un servicio que, a su juicio, no haya sido la adecuada, tipificada dicha conducta en el artº. 76.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.
La carencia por tanto de estos documentos supone que no se le garantice al usuario turístico aspectos tan fundamentales como seguridad, la calidad que recibe, el producto que se le oferta, el derecho a reclamar, etc.; siendo esto además desconocido por el usuario que de buena fe confía en que los establecimientos que se ofertan cumplen las condiciones y requisitos exigidos en la normativa turística.
A la hora de imponer la sanción por el primer hecho infractor, se ha tenido en cuenta el criterio de los perjuicios causados a la Administración, ya que supone un grave quebranto a las actuaciones del inspector actuante y por ende a la Administración, al no poder realizar con normalidad sus actuaciones inspectoras, constituyendo el libro de inspección un instrumento fundamental para su actuación, ya que en el libro de inspección se ven reflejados, entre otros datos, los datos de la empresa, las actuaciones inspectoras que anteriormente se han realizado en el establecimiento, por lo que tal naturaleza de infracción merece la consideración de grave. En segundo lugar se ha tenido en cuenta el número de unidades, 1, así como la zona eminentemente turística en donde se encuentra como es Golf del Sur, en el término municipal de San Miguel de Abona.
En cuanto al segundo hecho infractor, se ha tenido en cuenta el criterio, del perjuicio que le supone a sus clientes, debido a que la carencia de las hojas de reclamaciones, merma el derecho que tiene todo usuario turístico de disponer de hojas de reclamaciones en el caso de que este las solicite. En segundo lugar se ha tenido en cuenta el número de unidades sin contar con las hojas de reclamaciones, es decir, 1, así como la zona eminentemente turística en donde se encuentra como es Golf del Sur, en el término municipal de San Miguel de Abona.
También se ha tenido en cuenta, el criterio de la posición del infractor en el mercado, al tratarse de un establecimiento situado en una zona eminentemente turística, desarrollándose una actividad con violación de normas relativas a la competencia desleal, por lo que es de mencionar el contenido del artículo 15 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, modificada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, que señala en cuanto al concepto de desleal el prevalerse en el mercado de una ventaja significativa y competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. Por ello quien compite violando las normas legales que debería cumplir se sitúa en una posición ventajosa frente al resto de los participantes que compiten con él en el mercado.
Si bien, se han analizado los demás criterios recogidos en el artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, no son de aplicación a los presentes hechos infractores, por no tener constatación de los mismos.
Sexta.- Los hechos imputados infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:
Normas: hecho primero: artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto). Hecho segundo: artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones (BOC nº 88, de 22 de julio).
Tipificación: hecho primero: artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010). Hecho segundo: artículo 76.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 16.2.r) del Decreto 27/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 75, de 17 de abril),
R E S U E L V O:
Imponer a "Ernest Graham", con N.I.E. X0798405Y, titular del establecimiento denominado Apartamento "Royal Tenerife Country Club (villa 202)", sanción de multa por cuantía total de 13.800,00 euros, correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: seis mil novecientos (6.900,00) euros.
Hecho segundo: seis mil novecientos (6.900,00) euros.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999).
Una vez firme la presente Resolución se procederá, en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquel, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 5 de septiembre de 2012.- El Viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente Armas.
© Gobierno de Canarias