Habiéndose intentado infructuosamente la notificación del requerimiento de subsanación de referencia a D. Eduardo Arias Marzán, representante de D. Tomás Vagnorius, en la forma prevista en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede, conforme al apartado 5 de dicho artículo, a la notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, conforme al tenor literal que figura como anexo al presente anuncio.
Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de octubre de 2012.- El Secretario General Técnico, Pedro Gómez Jiménez.
A N E X O
Con fecha 20 de julio de 2011, tiene entrada en la extinta Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, recurso de alzada presentado por D. Eduardo Arias Marzán, en representación de D. Tomás Vagnorius, contra la Resolución del entonces Viceconsejero de Ordenación Territorial nº 180, de 6 de junio de 2011, por la que se deniega "la legalización del proyecto denominado reforma de local para cinco oficinas en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, en Edificio Sibora, Avenida Marítima, 2, término municipal de Los Silos, D. Tomas Vagnorius, en representación de D. Petras Odinis y Dña. Regina Virginika Kumfert-Odinis, por los motivos que constan en los fundamentos jurídicos de dicha resolución" (expediente 2010/2153).
I.- Examinada la documentación obrante en el expediente de referencia conforme a las exigencias de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre se constata, respecto al Proyecto presentado, que no constan los siguientes documentos:
- En la Memoria justificativa [artículo 3.2.A).a) del Decreto 171/2006] no se ha incorporado la extensión de la zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo-terrestre a ocupar y utilizar. En este caso, dado que el inmueble invade también la servidumbre de tránsito, esta también debe reflejarse en dicha Memoria justificativa.
- En cuanto a los Planos [artículo 3.2.A.b) de dicho Decreto] se observa que:
a) No se ha incorporado el Plano de emplazamiento, con representación de deslinde y de la zona a ocupar, a escala no inferior a 1/5.000, con la clasificación y usos urbanísticos del entorno. El plano de deslinde debe integrarse en el proyecto, además de contemplar la clasificación y usos urbanísticos del entorno.
b) No consta plano topográfico del estado actual, a escala no inferior a 1/1.000.
c) No consta Plano de planta general representativo de las instalaciones y obras proyectadas. Dicho Plano debe contemplar el deslinde y la superficie a ocupar o utilizar en el dominio público marítimo-terrestre, líneas de orilla, zonas de servidumbre de tránsito, protección y accesos.
- Respecto al artículo 3.2.B) in fine del Decreto 171/2006, el proyecto de ejecución no contiene una declaración expresa de que cumple las disposiciones específicas de la Ley de Costas y de las normas que se dicten para su desarrollo y aplicación.
II.- Debe aclararse el objeto de la pretensión, de forma que resulte indubitado si la realización de la reforma se ha producido, y se trata de su legalización; o, por el contrario, la actuación pretendida es la legalización y la terminación de determinadas actuaciones. Además, el Proyecto no justifica la demolición de los elementos ejecutados y no legalizables, de los que se infiere que el local iba a destinarse a uso residencial.
III.- Por otro lado, no consta el Certificado urbanístico municipal, especificativo de la fecha de aprobación del planeamiento vigente y su estado de ejecución, así como de la calificación del suelo y los usos permitidos conforme a dicho planeamiento y condiciones de edificación en su caso [artículo 3.C) del Decreto 171/2006].
IV.- Si bien consta escritura de poder otorgada por D. Petras Odinis y Dña. Regina Virginija DR Kumfert-Odinis a favor de D. Tomás Vagnorius ante la Notaría de La Orotava Dña. Sandra María Medina Gonzálvez, el 19 de diciembre de 2008, al número 736 de su protocolo, en relación con dicho local, no se acredita la conformidad con la actuación pretendida de D. Vladas Arzanauskas y Dña. Reda Arzanauskiene, que ostentan una cuota del 35% sobre dicho inmueble; ni que D. Tomás Vagnorius sea representante legal de ambos.
En aras a la celeridad del procedimiento de recurso de alzada planteado (artículo 74.1 de la Ley 30/1992), D. Eduardo Arias Marzán debe colaborar con esta Administración en la localización del domicilio completo de D. Vladas Arzanauskas y Dña. Reda Arzanauskiene, hasta la obtención del correspondiente resultado satisfactorio. En tanto este Departamento no tenga constancia de la voluntad de D. Vladas Arzanauskas y Dña. Reda Arzanauskiene respecto al recurso interpuesto, nos encontraríamos en la imposibilidad de entrar a conocer del citado recurso.
V.- Debe acreditarse de la legalidad urbanística del inmueble, conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria cuarta de la Ley de Costas y Disposición Transitoria decimotercera de su Reglamento. Respecto a la antigüedad de dicho inmueble, el informe técnico municipal de 5 de septiembre de 2011 señala que:
"[L]as obras de legalización suponen la división del (...) Local nº 9, del Edificio Sibora en cinco locales, los cuales se encuentran sin terminar en la actualidad (...),
Por otro lado, el local no se viene destinando en la actualidad al uso de cafetería, puesto que en dicho local no se ejerce uso alguno desde hace más de 20 años, (...), y no existiendo en vigor ninguna licencia de actividad".
De conformidad con lo previsto en el artículo 71.1 de la referida Ley 30/1992, se le requiere para que, en el plazo de diez días, subsane la documentación en los términos citados.
En caso de no atender el requerimiento, se le tendrá por desistido de dicho recurso de alzada, mediante la resolución correspondiente dictada en los términos del artículo 42.1 de la citada Ley 30/1992, archivándose las actuaciones realizadas hasta el momento sin más trámite.
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de agosto de 2012.- El Secretario General Técnico, p.s., el Viceconsejero de Política Territorial (Orden nº 356, de 27 de julio de 2012), Mario Pérez Hernández.
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