Habiéndose intentado infructuosamente la notificación de la Orden de referencia a Dña. María Erlinda Cecilia del Pino Rodríguez en la forma prevista en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede, conforme al apartado 5 de dicho artículo, a la notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, conforme al tenor literal que figura como anexo al presente anuncio.
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de agosto de 2012.- El Secretario General Técnico, p.s., el Viceconsejero de Política Territorial (Orden nº 356, de 27.7.12), Mario Pérez Hernández.
A N E X O
Orden nº 224, de 2 de mayo de 2012, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por Dña. María Erlinda Cecilia del Pino Rodríguez Cruz contra la Resolución nº 202, de 16 de junio de 2011, del Viceconsejero de Política Territorial, recaída en el expediente nº 2010/2332.
Examinado el expediente administrativo.
Vista la propuesta formulada por el Secretario General Técnico, de 18 de mayo de 2012.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Con fecha 23 de diciembre de 2010 tuvo entrada en la extinta Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente solicitud de autorización para ejecución, en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, de las obras comprendidas en el Proyecto de reforma de vivienda en la calle Talavera, nº 54, Barlovento.
Dicha solicitud fue formulada por Dña. María Erlinda Cecilia del Pino Rodríguez Cruz, dando lugar al expediente administrativo nº 2010/2332, tramitado por la Dirección General de Ordenación del Territorio.
2º) Mediante Resolución nº 202, de 16 de junio de 2011, del Viceconsejero de Ordenación Territorial, se resuelve denegar la autorización solicitada.
Concretamente, dicha Resolución fundamenta la denegación en el artículo 25.1 y en la Disposición Transitoria cuarta, apartado 2.c), de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (LC), toda vez que las obras implican la reconstrucción de una edificación preexistente destinada a uso residencial, y conllevan un aumento del volumen de la misma.
3º) Dicha Resolución fue debidamente notificada a la solicitante con fecha 22 de junio de 2011, interponiéndose por Dña. María Erlinda Cecilia del Pino Rodríguez Cruz, el 14 de julio de ese mismo año, el presente recurso de alzada.
En dicho recurso se alega, en síntesis, lo siguiente:
- Que la divergencia entre la superficie construida que figura en el catastro (64 m2) y la real (110,61 m2), se debe a un error del primero, tal y como se acredita con informe del Ayuntamiento de Barlovento de 30 de junio de 2011 y con informe del Arquitecto Técnico D. Avelino Concepción Hernández.
Por tanto, no ha existido aumento de volumen, toda vez que la vivienda siempre ha contado con una superficie de 110,61 m2.
- Que el proyecto cuenta ya con licencia de obra concedida en virtud del Decreto nº 198/2008, de 14 de noviembre, del Ayuntamiento de Barlovento.
- La edificación no se encuentra en situación de ruina, siendo desafortunada la redacción de la escritura que así la describe. En el informe técnico sobre prescripción urbanística emitido por el Ayuntamiento de Barlovento el 19 de noviembre de 1993, se deja claro que se trata de una construcción antigua pero no en ruina. Asimismo en el informe de dicho Ayuntamiento de 30 de junio de 2011 se niega que exista tal ruina.
Para demostrar lo anterior se aportan recibos de los años 2006, 2009 y 2011 que acreditan que se han seguido recibiendo los suministros necesarios para mantener la habitabilidad de la vivienda (abastecimiento de agua y energía eléctrica).
En consecuencia, solicita se revoque el acto recurrido y se sustituya por una resolución estimatoria, corrigiéndose así el error en que ha incurrido aquel en virtud del artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
4º) Con fecha 16 de agosto de 2011 el Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife emite informe sobre el recurso interpuesto, en el que se expone que las obras no son autorizables por implicar la reconstrucción de la edificación existente y por suponer un aumento de volumen de la misma, derivada del incremento de la altura del parapeto para acondicionar la escalera de acceso a la azotea de la construcción, incumpliéndose así el apartado 2.c) de la Disposición Transitoria cuarta de la LC.
Asimismo se señala que el uso residencial se encuentra prohibido en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la LC.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial es competente para resolver el presente recurso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 212/1991, de organización de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el artículo 114 de la LRJPAC, ambos en relación con el artículo 8 del Decreto 86/2011, de 8 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, y el artículo 8.1 del Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.
Segunda.- En la interposición del recurso se han observado los requisitos de legitimación, tiempo y forma establecidos en los artículos 31, 110, 114 y 115 de la citada LRJPAC.
Tercera.- Comenzando por la primera de las alegaciones de la recurrente, según el orden seguido en el apartado 3º de antecedentes de la presente Orden, hay que comenzar recordando que la actuación para la cual se solicita autorización se pretende desarrollar sobre una edificación preexistente a la LC, lo cual obliga a la interesada a acreditar si dicha edificación cuenta con los correspondientes títulos preceptivos habilitantes que habrían legitimado su ejecución con arreglo a la normativa vigente en el momento de su construcción.
Esta exigencia de acreditar la legalidad de la edificación preexistente deriva directamente de la Disposición Transitoria cuarta de la LC, que establece en su apartado 1 que "las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas entonces vigente, serán demolidas cuando no proceda su legalización por razones de interés público". Asimismo, en su apartado 2 establece cuál es el régimen aplicable a aquellas construcciones que, a la entrada en vigor de la LC, sí contaran con las preceptivas autorizaciones (licencia municipal y, en su caso, autorización de la Administración del Estado), distinguiendo en función de si se ubican en dominio público, en zona de servidumbre de tránsito o en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
En el presente caso la edificación se encuentra afectada por la zona de servidumbre de protección, según ha informado la Demarcación de Costas en Canarias con fecha 31 de marzo de 2011, y por tanto, si se acreditase su legalidad, resultaría aplicable el apartado 2.c) de la Disposición Transitoria Cuarta de la LC, que dispone que "en el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera, podrán realizarse, previa autorización de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o, en su caso, de los Ayuntamientos, obras de reparación y mejora, siempre que no impliquen aumento de volumen de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta Ley".
El problema es que en el expediente administrativo obra un documento de información catastral descriptiva y gráfica (no es una certificación), aportado por la interesada y en el cual figura que la edificación afectada (calle Lomo Machín Bajo, nº 54, Barlovento) data del año 1900 y cuenta con una superficie construida de 64 m2. Pues bien, este dato choca con lo expresado en los siguientes documentos (todos ellos aportados por la interesada):
- Informe de D. Avelino Concepción Hernández, Arquitecto Técnico, de 25 de enero de 2011, en el cual se señala que "la superficie construida de la misma es de 110,61 m2".
- Informe del Ayuntamiento de Barlovento, de 30 de junio de 2011, en el cual se afirma que la vivienda cuenta "con una superficie construida de 110,61 m2 (según documentación presentada, redactada por el Arquitecto Técnico don Avelino Concepción Hernández nº colg: 2.368), y según catastro de 64,00 m2 (existiendo en el mismo un error con la realidad)".
Según la reclamante y el Ayuntamiento, dicha diferencia entre la superficie que consta en el Catastro Inmobiliario (64 m2) y la actualmente construida (110,61 m2), se debe a un error del citado registro administrativo, afirmación que, sin embargo, no viene acompañada de prueba alguna que la sustente.
Parece deducirse, por tanto, que en algún momento no identificado, ha existido un incremento de la superficie construida de la edificación originaria, incremento cuya legalidad no habría sido acreditada por la recurrente. En este sentido, es preciso aclarar que, si bien en el informe técnico emitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 19 de octubre de 2011, se señala que "no ha habido un aumento de superficie", ello se afirma exclusivamente en relación a "las fotografías presentadas y la cartografía consultada" (página 3, penúltimo párrafo de dicho informe). Ello, atendiendo a las fechas manejadas en dicho informe, supone restringir dicha conclusión al intervalo de años 2007-2010 [En dicho informe se manejan una ortofoto del año 2007 y otra del año 2009 (página 4), así como las fotografías aportadas por la interesada, y que según esta misma afirma, se corresponden con los años 2008 y 2010]. No se descarta, por tanto, que haya podido haber una ampliación anterior a esas fechas (cuya legalidad, como acabamos de señalar, no habría sido acreditada por la interesada, motivo suficiente como para denegar la autorización solicitada).
Cuarta.- A mayor abundamiento, suponiendo que existiera el alegado error en el catastro y se lograra acreditar la legalidad de la edificación con arreglo a la normativa vigente en el momento de su construcción, lo cierto es que en el presente caso resultaría de aplicación de todos modos el apartado 2.c) de la Disposición Transitoria cuarta de la LC, toda vez que dicha edificación se ubica en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
Recordemos que dicho precepto dispone que en la mencionada zona de servidumbre "podrán realizarse, previa autorización de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o, en su caso, de los Ayuntamientos, obras de reparación y mejora, siempre que no impliquen aumento de volumen de las construcciones existentes". Asimismo, en esa misma Disposición se advierte que "en caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta Ley".
En este sentido, es la propia interesada la que ha aportado un informe de 4 de julio de 2011, en el cual figuran insertas diversas fotografías que resultan esclarecedoras y que se reproducen en el informe del Servicio de Régimen Jurídico de 17 de mayo de 2012. Efectivamente, estas fotos aportadas por la interesada permiten deducir que ha existido una demolición parcial de la edificación y ejecución de un nuevo muro estructural, así como aumento de volumen derivado del incremento de la altura y de la adición de una escalera. Todo ello, además, arroja la evidente conclusión de que existen obras en curso de ejecución.
Procede, por tanto, desestimar el primero de los motivos de impugnación antes relacionados.
Quinta.- En la segunda de las alegaciones relacionadas en el apartado de antecedentes de esta Orden, la recurrente afirma que las obras ejecutadas se corresponden con las autorizadas en virtud de la licencia concedida por el Ayuntamiento de Barlovento mediante Decreto 198/2008, de 14 de noviembre, del cual aporta copia. Añade asimismo que, al caducar dicha licencia, debió ser solicitada nuevamente, momento en el cual el Ayuntamiento advirtió de la preceptividad de la autorización previa de la Viceconsejería de Ordenación Territorial.
Aunque no es posible determinar con claridad en qué medida la citada licencia se refería a las obras realmente ejecutadas (pues en el Decreto de concesión de la misma -año 2008- no se explicitó cuáles eran las concretas actuaciones autorizadas), lo cierto es que el propio Ayuntamiento afirma, en su informe de 30 de junio de 2011, que la solicitud de licencia comprende la "impermeabilización de la cubierta, sustitución de carpinterías, arreglos de enfoscados y pintura"; nada se dice, como puede observarse, de la demolición parcial de la edificación ni de la ejecución de un nuevo muro estructural, así como de forjado, parapeto y escalera de acceso a la azotea. En cualquier caso, dicha licencia sería nula de pleno derecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170.5 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLOTENC), por haberse concedido sin la previa autorización de la Viceconsejería de Ordenación Territorial.
En conclusión, de la información obrante en el expediente se deduce que actualmente existen obras en curso de ejecución, las cuales:
- No están amparadas (al menos una parte de ellas) por la licencia municipal aportada, que además sería nula de pleno derecho en virtud del mencionado artículo 170.5 del TRLOTENC.
- Implican incremento de volumen de la edificación a consecuencia de la adición de una escalera y del incremento de la altura de la misma, razón por la cual no podrían ser objeto de autorización en virtud de la Disposición Transitoria cuarta, apartado 2.c), de la LC.
- Revelan la existencia de una demolición parcial, cuestión que se analiza en la siguiente Consideración Jurídica de la presente Orden.
Procede, por tanto, desestimar la alegación de la recurrente.
Sexta.- Por lo que se refiere a la afirmación de que la vivienda no se encontraba en ruinas, procede señalar lo siguiente:
Hay que comenzar reconociendo que es cierto que no consta que la edificación se encuentre en la situación legal de "ruina" con arreglo al artículo 155 del TRLOTENC, así como que tampoco obra en el expediente informe alguno que avale que esta se encuentra en situación de "ruina inminente" con arreglo al artículo 156 del citado Texto Refundido. Por otro lado, la descripción literal contenida en la escritura de 10 de septiembre de 2009 no puede considerarse determinante en este sentido, puesto que al hablar de "una casa antigua en ruinas", lo hace a efectos meramente descriptivos del inmueble, sin que necesariamente ello deba corresponderse con los conceptos legal o técnico de "ruina" de una edificación.
Ahora bien, lo que parece obvio según la información fotográfica obrante en el expediente y el informe técnico de la Dirección General de Ordenación del Territorio de 19 de octubre de 2011, es que ha existido una demolición parcial y posterior reconstrucción de la edificación preexistente (fotos 1 y 2 aportadas por la recurrente), concretamente de un muro estructural. Con este dato solamente cabe concluir que la denegación de la autorización ha sido ajustada a Derecho, pues de conformidad con lo especificado en la Disposición Transitoria cuarta, apartado 2.c), de la LC, en caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de dicho texto legal.
Así, al aplicarse íntegramente la LC a la actuación proyectada, queda vetada la concesión de la autorización, pues por un lado el artículo 25.1.a) de la LC prohíbe las edificaciones destinadas a uso residencial en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, y por otro lado, no existiendo en el municipio planeamiento de referencia anterior a la entrada en vigor de la LC [En las páginas 6 a 8 de la Memoria de Ordenación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Barlovento se describe la situación del planeamiento con anterioridad a su entrada en vigor], no puede invocarse la aplicación la Disposición Transitoria tercera de dicho texto legal, apartado 3.2, que sí permite la autorización de determinadas edificaciones de uso residencial en suelos que estuvieran clasificados como urbanos con anterioridad a dicha entrada en vigor.
Por tanto, lo que la Resolución recurrida ha pretendido acentuar al hablar de la "ruina" de la edificación, es la existencia de una demolición parcial y posterior reconstrucción de la misma, y no tanto su incardinación en este u otro concepto legal o técnico de "ruina legal" o "ruina física".
Séptima.- A la vista de todo lo expuesto, solamente cabe concluir que la resolución recurrida no incurre en causa alguna de nulidad o anulabilidad con arreglo a los artículos 62 y 63 de la LRJPAC, por lo que procede desestimar íntegramente el recurso interpuesto.
Asimismo, debe señalarse que es improcedente la solicitud de corrección de error que la recurrente formula al amparo del artículo 105 de la LRJPAC, puesto que las cuestiones aquí analizadas (como no podía ser de otra manera tratándose de un recurso administrativo ordinario como es el de alzada) versan exclusivamente sobre la legalidad de la resolución, lo cual conlleva un análisis técnico-jurídico que queda totalmente al margen de la figura de la corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho.
En su virtud, y en ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Dña. María Erlinda Cecilia del Pino Rodríguez Cruz contra la Resolución nº 202, de 16 de junio de 2011, del Viceconsejero de Ordenación Territorial (expediente nº 2010/2332), confirmándola por tanto en todos sus términos por ser ajustada a Derecho.
Segundo.- Notificar la presente Orden a la recurrente.
Tercero.- Dar traslado de la Orden que se dicte a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, al Ayuntamiento de Barlovento y al Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife.
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.- Las Palmas de Gran Canaria.- El Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel Martínez.
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