Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de julio de 2012.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 37/12 instruido a Javier Alonso Mateo, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Vivienda Turística Vivienda-Casa de Campo-Rural".
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 16 de enero de 2012.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: Acta nº 26227, de fecha 27 de septiembre de 2010 con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por: José Santana Pérez y Andrés Rodríguez Berriel (Dorabime, S.L.) y seguido contra la empresa expedientada Javier Alonso Mateo titular del establecimiento Vivienda-Casa de Campo-Rural.
2º) El 16 de enero de 2012 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 37/12, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
No se desvirtúan los hechos imputados, toda vez que traen causa del acta de inspección nº 26227, de 27 de septiembre de 2010 e Informe del Jefe de Servicio de Inspección y Sanciones de 28 de septiembre de 2010, donde los inspectores actuantes manifiestan que el establecimiento se oferta turísticamente, careciendo de Libro de Inspección de Turismo y de Hojas de Reclamaciones. Sin que lo argumentado por el expedientado constituya causa que le exima de responsabilidad administrativa. La constatación de estos hechos por parte de los inspectores de turismo, a quienes el artículo 44 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, atribuye el carácter de agentes de la autoridad, constituye prueba de cargo suficiente para acreditar el hecho constitutivo de la infracción, dado el valor probatorio que a las actas de inspección atribuye el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En este sentido, añadir la manifestación realizada al inspector actuante, por el compareciente, D. Javier Alonso Mateo que es el propietario del citado establecimiento y se detalla en el punto 41 del acta nº 26227 mencionada: que viene ofertando el alojamiento a través de internet, cobrando por noche 39 euros, no presta la limpieza durante la estancia, a los actuales clientes no les ha realizado ningún tipo de contrato y que les ha cobrado 390 euros por su estancia, sin haber expedido recibo por ello.
Referente al primer hecho infractor, el artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, establece que las empresa turísticas vienen obligadas a tener en cada establecimiento las hojas de reclamaciones a disposición de sus clientes y la persona encargada del establecimiento será obligada a facilitar la hoja de reclamación al usuario turístico que lo solicite. Según el artículo 15.1 de la citada Ley, se entiende por usuario turístico o turista a la persona que utiliza los establecimientos y bienes turísticos o recibe los servicios que le ofrezcan las empresas de esa naturaleza y que como cliente los demanda y disfruta. En el artículo 15.2.d) se reconoce su derecho a formular quejas y reclamaciones.
En cuanto a la segunda infracción, la citada Ley 7/1995, en su artículo 84, establece que, a los efectos de permitir el cumplimiento de la labor inspectora, las empresas turísticas dispondrán de un libro de inspección que tendrán en todo momento a disposición de los inspectores.
No obstante lo anteriormente expuesto, a la hora de considerar la cuantía de las sanciones, debe tenerse en cuenta la carencia de antecedentes del titular expedientado, comprobada mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes, la inexistente trascendencia social de los hechos, la falta de intencionalidad de infringir la normativa turística, la posición del infractor en el mercado, el restablecimiento inmediato de la legalidad, ya que consultada la web lascasascanarias.com, donde se anunciaba, se ha retirado la publicidad de la citada vivienda, así como la documentación aportada, en la que se comprueba que se está alquilando mediante los correspondientes contratos de arrendamiento, por lo que procede atenuar las sanciones iniciales.
Asimismo, a la hora de ponderar las sanciones correspondientes a los hechos infractores, se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios previstos en el artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias: la naturaleza de las infracciones, la modalidad y capacidad del establecimiento, el carácter turístico del municipio donde está situado el mismo, así como perjuicios causados tanto al Inspector de Turismo como a los usuarios turísticos por carecer de la citada documentación, toda vez que las infracciones son calificadas como graves, fijándose la cuantía de las multas dentro de los intervalos establecidos en la Ley 7/1995, de 6 de abril, para sancionar las infracciones graves.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 10 de mayo de 2012, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía tres mil seis (3.006,00) euros.
Correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: mil quinientos tres (1.503,00) euros.
Hecho segundo: mil quinientos tres (1.503,00) euros.
4º) El expedientado en escrito de 6 de junio de 2012 recibido en esta Consejería el 6 de junio de 2012 y número de registro 8782, en síntesis alega lo siguiente a la propuesta de resolución:
Reitera el contenido de su anterior escrito de alegaciones de fecha, 4 de febrero de 2012.
HECHOS PROBADOS
Se considera probado, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos
Primero.- Estar explotando turísticamente la denominada Vivienda-Casa de Campo-Rural, careciendo de las Hojas de Reclamaciones obligatorias.
Segundo.- Estar explotando turísticamente la denominada Vivienda-Casa de Campo-Rural, careciendo del Libro de Inspección de Turismo.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5.1.10), que se indicarán.
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada en base al contenido del acta de inspección nº 26227, de 27 de septiembre de 2010, sin que el titular de la explotación turística del establecimiento consignado, haya presentado alegaciones que no hayan sido tenidas en cuenta por la Instructora del procedimiento en el momento de formular la Propuesta de Resolución, considerándose que deben mantenerse los fundamentos jurídicos de dicha Propuesta, por lo que nos ratificamos en ella.
A la hora de ponderar las sanciones correspondientes a los hechos infractores, se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios previstos en el artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias: la naturaleza de las infracciones, la modalidad y capacidad del establecimiento, el carácter turístico del municipio donde está situado el mismo, así como perjuicios causados tanto al Inspector de Turismo como a los usuarios turísticos por carecer de la citada documentación, toda vez que las infracciones son calificadas como graves, fijándose la cuantía de las multas dentro de los intervalos establecidos en la Ley 7/1995, de 6 de abril, para sancionar las infracciones graves.
Sexta.- Los hechos imputados, infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:
Normas: hecho primero: artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril) y artículo 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones (BOC nº 88, de 22 de julio). Hecho segundo: artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril) y artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Tipificación: hecho primero: artículo 76.4 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995 de, 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 2, de 5.1.10). Hecho segundo: artículo 76.9 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 2, de 5.1.10).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 16.2.r) del Decreto 27/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 75, de 17 de abril),
R E S U E L V O:
Imponer a Javier Alonso Mateo, con N.I.F. 12331903Q, titular del establecimiento denominado Vivienda Turística "Vivienda-Casa de Campo-Rural" sanción de multa por cuantía total de 3.006,00 euros, correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: mil quinientos tres (1.503,00) euros. Hecho segundo: mil quinientos tres (1.503,00 euros).
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99).
Una vez firme la presente Resolución se procederá, en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquel, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de junio de 2012.- El Viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente Armas.
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