No habiéndose podido practicar la notificación a D. Hartmuth Sinnhoefer de la Propuesta de Resolución de fecha 9 de abril de 2012, en los términos fijados en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado quinto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Hartmuth Sinnhoefer la Propuesta de Resolución de fecha 9 de abril de 12, recaída en el expediente instruido en esta Agencia por infracción del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, con referencia IU 2292/2008, que dice textualmente:
"Primero.- Imponer a D. Hartmuth Sinnhoefer la multa de cincuenta y nueve mil doscientos dieciséis euros con cincuenta y dos céntimos (59.216,52 euros) como responsable en calidad de Promotor, de una infracción administrativa muy grave consistente en la ejecución de obras de rehabilitación y ampliación de un antiguo cuarto aislado de cubierta plana y 20 m2, consistiendo el incremento de varios cuerpos de bloque de hormigón y cubierta inclinada de madera que conforman una edificación residencial de unos 90 m2 y una terraza con dos muros cortavientos de 4 m2 en su fachada sur sitas en el lugar denominado Los Roques-Los Lajares, del término municipal de La Oliva, sin los preceptivos títulos legitimantes necesarios para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), tipificada en el artículo 202.4.a) del TRLOTENC y sancionada en el artículo 203.1.c) del mismo texto legal.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada y transformada mediante la demolición de las obras de de rehabilitación y ampliación de un antiguo cuarto aislado de cubierta plana y 20 m2, consistiendo el incremento de varios cuerpos de bloque de hormigón y cubierta inclinada de madera que conforman una edificación residencial de unos 90 m2 y una terraza con dos muros cortavientos de 4 m2 en su fachada sur sitas en el lugar denominado Los Roques-Los Lajares, del término municipal de La Oliva, promovidas por D. Hartmuth Sinnhoefer.
A tal efecto se requiere al expedientado para que en un plazo de un mes presente, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto de restauración/demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar, a que esta Administración ejecutará subsidiariamente la orden de reposición, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999.
En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y así constase en el acta levantada a tal efectos por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento.
Tercero.- Advertir al interesado que el artículo 182.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto 1/2000, de 8 de mayo, dispone que si los responsables de la alteración de la realidad física repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un noventa por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
Conforme al apartado segundo del citado artículo si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.
Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución al interesado, poniendo en su conocimiento, de conformidad con el artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, lo siguiente que no la conocía.
Que frente a esta propuesta de resolución puede presentar alegaciones, documentos e informaciones, en el plazo de quince días, durante los cuales queda de manifiesto el expediente.
A esta notificación se acompaña una relación de los documentos obrantes en el expediente a fin de que pueda obtener copia de los que estime convenientes.
Una vez evacuado este trámite, y vistas las alegaciones, informaciones y pruebas aportadas, se elevará todo lo actuado al Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para que resuelva lo que proceda."
Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.
RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Nº IU - 2292/2008 (2008002292).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado mediante del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección General de Tributos en su Resolución de 1 de febrero de 2012, por la que se informa sobre el importe actualizado de la cuantía fija de las tasas de la comunidad Autónoma de Canarias para el año 2012.
Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de mayo de 2012.- El Director Ejecutivo, Emiliano Coello Cabrera.
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