BOC - 2011/230. Martes 22 de Noviembre de 2011 - 6052

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

6052 - Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 14 de noviembre de 2011, por la que se suprime el puesto de trabajo denominado Vicesecretario General, Clase 1ª, reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, de la Subescala de Secretaría, categoría superior y vacante en la plantilla del Cabildo Insular de Gran Canaria.

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Examinado el expediente iniciado a solicitud del Cabildo Insular de Gran Canaria, para la supresión del puesto de trabajo denominado Vicesecretario General, clase 1ª, reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, de la Subescala de Secretaría, categoría superior.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Relaciones con la Administración Local y Habilitación Estatal.

Y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES

1º) Mediante oficio de 16 de agosto de 2011 (Registro de Salida nº 24.146, del 23), recibido en esta Dirección General el día 23 siguiente, la Directora General de Recursos Humanos y Régimen Interior del Cabildo Insular de Gran Canaria remitió certificación expedida por el Secretario General del Pleno, comprensiva del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2011, en cuyo punto A.6.3.1 del orden del día, se aprobó inicialmente la Plantilla de Personal y se solicitó de esta Dirección General la amortización de la plaza de Vicesecretario General, identificada con el número 2 de la Plantilla, y código 01.07.1.1.4.002 de la Relación de Puestos de Trabajo.

2º) A solicitud de esta Dirección General, la Consejera de Área de Recursos Humanos, Organización, Patrimonio, Seguridad y Emergencias, mediante oficio de 7 de septiembre de 2011 (Registro de Salida nº 27.244, de 27 siguiente), recibido el día 5 de octubre, remitió la siguiente documentación:

- Propuesta que la Consejera de Gobierno de Presidencia, Economía y Hacienda eleva a la Presidencia de la Corporación, con fecha 13 de julio de 2011, para suprimir la plaza nº 2 de la Plantilla, denominada Vicesecretario General.

- Certificación comprensiva del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de marzo de 2009, punto 6.1.1 del orden del día, sobre modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en cuanto a la diferenciación orgánica, dentro del Área de Presidencia, de la Secretaría General del Pleno, del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular, así como de la Vicesecretaría General.

- Propuesta de Resolución que formula el Servicio de Gestión de Recursos Humanos, sobre la aprobación inicial de la modificación de la Plantilla y solicitud a esta Dirección General de supresión del puesto de trabajo de Vicesecretario General.

- Certificación comprensiva del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de julio de 2011, punto 4.1.1 del orden del día, de aprobación inicial del proyecto de modificación de la Plantilla y de solicitud de supresión a esta Dirección General.

- Informe de la Jefa de Servicio de Presupuestos de 21 de julio de 2011, favorable a la supresión de la plaza desde el punto de vista presupuestario, ya que no supone incremento del gasto.

- Informe favorable de la Intervención General, de 21 de julio de 2011.

- Dictamen de la Comisión del Pleno de Presidencia, Economía, Hacienda, Recursos Humanos, Organización y Seguridad y Emergencias, de 22 de julio de 2011, en sentido favorable a la propuesta de acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la Plantilla y solicitud de supresión a esta Dirección General.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Competencia.

La Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE nº 89, de 13), dispone, en su apartado 3, que la creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal corresponde a cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con los criterios básicos que se establezcan por ley. Dicha competencia no ha sido alterada por el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE nº 126, de 24).

Los expedientes de clasificación serán resueltos por el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva. Las resoluciones habrán de publicarse en los diarios oficiales y remitirse al Ministerio de Administraciones Públicas -en la actualidad, Ministerio de Política Territorial y Administración Pública-, para su publicación conjunta en el Boletín Oficial del Estado, al menos con carácter trimestral, conforme determina el artículo 9º del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional (BOE nº 189, de 9 de agosto).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61, letra b), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad -en la actualidad, Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad en virtud de Decreto 86/2011, de 8 de julio, del Presidente (BOC nº 135, de 11)-, aprobado por Decreto 22/2008, de 19 de febrero (BOC nº 45, de 3 de marzo), corresponde a la Dirección General de la Función Pública el ejercicio de las competencias que, respecto a los funcionarios con habilitación de carácter estatal correspondan a la Comunidad Autónoma de Canarias y no estén atribuidas expresamente a otro órgano.

Segunda.- Naturaleza del puesto de trabajo. Motivación de la supresión.

El puesto de trabajo de Vicesecretario General, actualmente vacante, participa de la naturaleza de los denominados "puestos de colaboración", que son aquellos que las Corporaciones locales pueden crear discrecionalmente para el ejercicio de las funciones de colaboración inmediata a las de secretaría, intervención o tesorería, y a los que corresponde la sustitución de sus titulares en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria, así como para el ejercicio de las respectivas funciones reservadas que, previa autorización de la Alcaldía o Presidencia, les sean encomendadas por dichos funcionarios titulares. Estos puestos de trabajo serán clasificados a propuesta de la Corporación y estarán reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal de la subescala y categoría que proceda [art. 2º.g)] del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

La creación y supresión de estos puestos de trabajo constituye, pues, la manifestación del ejercicio de una potestad discrecional que la normativa estatal atribuye a las entidades locales, enmarcada en sus potestades de autoorganización, exteriorizándose a través del acto de modificación de la plantilla y relación de puestos de trabajo, y cuya eficacia queda, empero, condicionada a la autorización que ha de conferir el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva, de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda, apartado 3, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

La discrecionalidad puede definirse como la facultad de la Administración de actuar libremente cuando la Ley le habilita para ello. El poder discrecional de la Administración siempre fue legítimo, porque siempre fue y será necesario. Sin embargo, para que el acto discrecional no se convierta en un acto arbitrario, precisa la concurrencia de dos elementos o caracteres: la motivación del acto y la necesidad de una justificación objetiva del acto discrecional.

La motivación es la exigencia de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, y, particularmente, la decisión que el mismo contiene. El artículo 54, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común exige que sean motivados los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. El Tribunal Supremo, en sentencia de 13 de febrero de 1992, señalaba que "... la motivación del acto administrativo cumple diferentes funciones. Ante todo y desde el punto de vista interno viene a asegurar la seriedad en la formación de la voluntad de la Administración. Pero en el terreno formal -exteriorización de los fundamentos por cuya virtud se dicta un acto administrativo- no es sólo una cortesía sino que constituye una garantía para el administrado que podrá así impugnar en su caso la decisión administrativa con posibilidad de criticar las bases en que se funda; además y en último término la motivación facilita el control jurisdiccional de la Administración -artº. 106.1 de la Constitución que sobre su base podrá desarrollarse con conocimiento de todos los datos necesarios" (F.J. 6º). Los actos discrecionales precisan un plus de justificación respecto de los actos reglados, porque mientras que en estos la propia norma habilitante delimita todos los elementos del acto, en las decisiones discrecionales, el margen de decisión del órgano es el que exige que se justifiquen el acierto, o, al menos, la razonabilidad de la elección (STS de 26.10.95).

Es preciso, además, para no incurrir en arbitrariedad, que el acto discrecional obedezca a una necesidad de justificación objetiva, es decir, que la motivación sea correcta, que la operación intelectual que lleva al órgano a elegir una de las varias opciones posibles sea la más racional. Como señala el Tribunal Supremo, en sentencia de 7 de diciembre de 1987, en los actos discrecionales, al existir en mayor o menor medida una libertad estimativa, resulta de gran trascendencia el proceso lógico que conduce a la decisión y que esa decisión es la que mejor satisface los intereses a los que el poder ejercitado se ordena.

En el expediente instruido, la Corporación justifica su decisión en las facultades de autoorganización. Argumenta, así, que, como consecuencia del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular, el día 16 de marzo de 2009, se modificó la Relación de Puestos de Trabajo en el particular de los adscritos a la Secretaría General del Pleno, con adaptación de las funciones de determinados puestos con motivo de la entrada en vigor del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración de la Corporación, así como en consideración a lo establecido en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, añadido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. De las unidades resultantes de dicha reestructuración orgánica, el único puesto de trabajo adscrito al Área de Presidencia fue el de Vicesecretario General. Pero la Corporación cuenta con otros tres puestos reservados a habilitados estatales -todos ellos cubiertos por funcionarios-, a saber, el Secretario General del Pleno, el Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular y el de Oficial Mayor, de suerte que está suficientemente garantizado el ejercicio de las funciones de fe pública y de asesoramiento legal preceptivo que la normativa atribuye a la Subescala de Secretaría, a la que se encuentran reservados los tres puestos indicados, así como el puesto cuya supresión se propone. En consecuencia, el puesto de Vicesecretario resulta inoperante dentro de la composición orgánica de la Consejería de que depende.

Esta Dirección General estima, pues, motivada la supresión del puesto de trabajo de Vicesecretario General.

En el ejercicio de la competencia atribuida, esta Dirección General

R E S U E L V E:

1. Suprimir, en la plantilla del Cabildo Insular de Gran Canaria, el puesto de trabajo denominado Vicesecretario General, clase 1ª, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, de la Subescala de Secretaría, categoría superior, actualmente vacante, atendiendo al acuerdo de amortización del referido puesto de trabajo adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2011, punto A.6.3.1.

2. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9º del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes ante esta Dirección General o, directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tengan su sede, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de 2011.- El Director General de la Función Pública, Aarón Afonso González.



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