No habiéndose podido practicar la notificación en el domicilio conocido a la Empresa Diloben, S.L. de la Orden de incoación de fecha 12 de abril de 2011, procede la notificación por los medios previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En consecuencia, a continuación se transcribe y para que sirva de notificación, extracto de la citada Orden.
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a la Empresa Diloben, S.L. la Orden nº 345, de la Consejería de Sanidad, de fecha 12 de abril de 2011, recaída en el expediente instruido en esta Consejería de Sanidad y cuya parte dispositiva dice textualmente:
"R E S U E L V O:
Primero.- Ordenar la incoación del expediente sancionador contra la empresa Diloben, S.L. por la comisión de una presunta infracción muy grave establecida en el artículo 101.2.c), regla 14ª de la Ley 29/2006.
Segundo.- Nombrar instructor a D. José Suárez Núñez, funcionario de la Dirección General de Farmacia del Servicio Canario de la Salud, quien podrá ser recusado por los motivos establecidos en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992 y en la forma prevista en el artículo 29 del mismo texto legal.
En cualquier momento del procedimiento, el interesado podrá reconocer su responsabilidad sobre el contenido del presente acto administrativo por el que se acuerda el inicio del referido expediente sancionador, pudiéndose entender dicho acto como propuesta de resolución del expediente y resolviéndose el mismo con la imposición de la sanción que proceda, tal y como establece el artículo 8 del Real Decreto 1398/1993.
Tercero.- Mantener la inmovilización cautelar de los citados productos considerados como medicamentos y que no cuentan con la preceptiva autorización de comercialización por parte de la AEMPS, medida que fue adoptada de manera provisional por el Director del Servicio Canario de la Salud, mediante Resolución de fecha 13 de septiembre de 2007, y ello con el fin de evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales de protección de la salud, así como el aseguramiento de la eficacia de la resolución que se dicte en el procedimiento sancionador de referencia.
Cuarto.- Proceder a la devolución de los productos, preparados, sustancias o combinaciones a su país de origen, o a su destrucción en el caso de que su utilización o consumo constituyera peligro para la salud pública.
Quinto.- Notificar la presente orden de inicio al instructor del procedimiento con el traslado de las actuaciones, y simultáneamente notificarla al interesado para que en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la notificación, aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de los que pretenda valerse, de acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1398/1993, advirtiendo al interesado que de no efectuar alegaciones al contenido de la presente orden, esta podrá ser considerada como propuesta de resolución, a los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del citado Real Decreto 1398/1993."
Segundo.- Remitir la presente Orden al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de anuncios.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de octubre de 2011.- El Secretario General Técnico, Juan Francisco Pérez Ojeda.
© Gobierno de Canarias