Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de agosto de 2011.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 49/11 instruido a explotaciones Koka, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Apartamento Koka".
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 15 de marzo de 2011.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: Acta nº 25517, de fecha 27 de abril de 2010, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por: Leticia Cortés Abad y seguido contra la empresa expedientada Explotaciones Koka, S.A. titular del establecimiento Koka.
2º) El 15 de marzo de 2011 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 49/11, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
Toda vez que no se han presentado alegaciones a la resolución de inicio que puedan desvirtuar los hechos imputados, se confirma la vulneración de las normas infringidas.
En aplicación al principio de proporcionalidad que se regula en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artículo 79 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con la posición del infractor en el mercado, al tratarse de un establecimiento situado en Playa del Inglés en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana considerado una zona eminentemente turística, la categoría de 3 llaves, con 150 unidades alojativas, naturaleza de las infracciones que aún estando tipificadas en el primer y segundo hecho infractor como graves no se encuadra dentro de las que causan un gran riesgo para el usuario turístico, pero el incumplimiento del principio de explotación sí afecta a una de las aspiraciones de la ordenación turística de Canarias, ya que esta inobservancia no garantiza la responsabilidad y calidad en la prestación de los servicios que se ofrezcan a los clientes, los perjuicios causados al no facilitarle la hoja de reclamaciones, toda vez que no se le permite contar con uno de los medios de defensa reconocidos al consumidor en la legislación para que pueda protegerse al usuario turístico ante las deficiencias en la prestación de las actividades o servicios turísticos o en el disfrute y utilización de establecimientos o bienes de esta naturaleza, proporcionándoles los cauces e instrumentos precisos para hacer llegar al conocimiento de la Administración las anomalías que puedan detectar en el establecimiento a los efectos de promover las medidas oportunas para su corrección, e igualmente al disponer de unidades alojativas con deficiencias leves, hace que no puedan sentirse cómodos durante su estancia en el mismo, e incluso la situación de encontrarse en estas condiciones el establecimiento, repercute en la imagen turística, y no existencia de antecedentes efectuada mediante consulta a los archivos correspondientes, procede atenuar las sanciones inicialmente impuestas en cuantía de, por el primer hecho infractor, 1.503,00 euros, por el segundo hecho infractor 1.503,00 euros, por el tercer hecho infractor 300,00 euros y por el cuarto hecho infractor 180,00 euros.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento, con fecha 16 de mayo de 2011, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía tres mil cuatrocientos ochenta y seis (3.486,00) euros.
Correspondiendo la cantidad por el: hecho primero: mil quinientos tres (1.503,00) euros.
Hecho segundo: mil quinientos tres (1.503,00) euros.
Hecho tercero: trescientos (300,00) euros.
Hecho cuarto: ciento ochenta (180,00) euros.
4º) No consta en el expediente que se hayan presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS: se considera probado, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos: primero: explotar turísticamente 150 unidades alojativas del establecimiento consignado, el cual consta de 304 unidades, incumpliendo el principio de unidad de explotación legalmente establecido.
Segundo: no haber remitido la documentación requerida por el inspector actuante, según se refleja en el acta de inspección nº 25517, de 27 de abril de 2010.
Tercero: no facilitar a su cliente Dña. Leticia Cortés Abad, la hoja de reclamaciones, a solicitud de esta, según consta en el acta nº 25517 de 27 de abril de 2010 y del informe emitido por la policía local de San Bartolomé de Tirajana nº registro 128 de 2 de abril de 2010.
Cuarto: deficiencias leves en el decoro de las unidades alojativas números 2201, 2207, 2210 y 1306, según se refleja en el acta de inspección nº 25517.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Segunda: en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5.1.10), que se indicarán.
Quinta: debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada. Dado que no se han presentado alegaciones ni documentos en el trámite de audiencia que puedan desvirtuar los hechos objeto de las infracciones, se confirma la fundamentación jurídica formulada en la Propuesta de Resolución evacuada por la Instructora.
Sexta: los hechos imputados, infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:
NORMAS:
Hecho primero: artículo 38 en relación con la Disposición Transitoria Única de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 36, de 24 de marzo), y el artículo 10.4 de la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias, por la que se añade una Disposición Adicional Quinta a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre.
Hecho segundo: artículo 31 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Hecho tercero: artículo 9 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones (BOC nº 88, de 22 de julio),
Hecho cuarto: artículo 43 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre.
TIPIFICACIÓN:
Hecho primero: artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, en relación con el artículo 76.18 del mismo cuerpo legal.
Hecho segundo: artículo 76.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre.
Hecho tercero: artículo 76.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, en relación con el artículo 77.8 del mismo cuerpo legal.
Hecho cuarto: artículo 77.5 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 4.2.o) del Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (BOC n° 3, de 7.1.09) vigente según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica así como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 138, de 14 de julio),
R E S U E L V O:
Imponer a "Explotaciones Koka, S.A.", con C.I.F. A35357508, titular del establecimiento denominado Apartamento "Koka", sanción de multa por cuantía total de 3.486,00 euros, correspondiendo la cantidad por el: hecho primero: mil quinientos tres (1.503,00) euros, hecho segundo: mil quinientos tres (1.503,00) euros, hecho tercero: trescientos (300,00) euros, hecho cuarto: ciento ochenta (180,00) euros.
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr . Presidente del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99).
Una vez firme la presente Resolución se procederá, en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquel, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de agosto de 2011.- El Viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente Armas.
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