BOC - 2011/143. Jueves 21 de Julio de 2011 - 4135

V. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

4135 - Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anuncio de 5 de julio de 2011, por el que se hace público el Decreto de 21 de junio de 2011, de la Presidencia, que resolvió iniciar el procedimiento de deslinde del dominio público hidráulico de un tramo del barranco de San Juan, en el término municipal de Tacoronte.- Expte. 339-DESL.

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"Vista la resolución dictada por la Gerencia de este Organismo de fecha 25 de febrero de 2009, mediante la que se archivó el procedimiento de legalización tramitado en el expediente 62-C.C.P., de legalización de las obras denunciadas en el expediente 745-DEN, consistentes en la construcción, sin autorización de la Administración Hidráulica, de una cancha de bolas, ocupando el cauce del barranco de San Juan, desistiendo a D. Ismael Pacheco Mesa y D. José Antonio García Noda, de su solicitud; así como se declaró prescrita de obligación de reponer las cosas a su estado primitivo, al estar las obras datadas en el año 1987, sin perjuicio de que la Administración pueda ejercitar la acción de recuperación posesoria del dominio público hidráulico; y teniendo en cuenta que:

ANTECEDENTES

1. Previa tramitación del oportuno procedimiento sancionador en el expediente 745-DEN, con fecha 5 de enero de 1988, el Servicio Hidráulico de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, del Gobierno de Canarias, dictó resolución mediante la que declaró fundada la denuncia formulada por D. José Pérez Díaz, contra el Ayuntamiento de Tacoronte, por la ejecución de una cancha de bochas o bolas dentro del cauce del barranco de San Juan, en el término municipal de Tacoronte.

A su vez, se ordenó a la citada Corporación Local que informara a los vecinos autores de la obra, de la clandestinidad de esta y procediese, en colaboración de ellos, a su destrucción y posterior restitución del cauce a su primitivo estado, o bien solicitaran, en el plazo de un mes, la legalización de la obra ejecutada, si hubiera lugar.

2. Así, en consecuencia de lo anterior, se registró de entrada en la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, con fecha 1 de marzo de 1988, escrito remitido por D. Ismael Pacheco Mesa, y D. José Antonio García Noda, en calidad de presidente y Secretario del Club de Bolas San Jerónimo, respectivamente, mediante el que se solicitó la legalización de las obras denunciadas en el expediente 745-DEN. La citada solicitud dio lugar al expediente 62-C.C.P.

3. Una vez publicada la solicitud de legalización en el Boletín Oficial de Canarias de 2 de junio de 1989, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Tacoronte, se registró de entrada en la Consejería de Obras Públicas, Viviendas y Aguas, escrito de oposición remitido por D. José Pérez Díaz, mediante el que expone, entre otros particulares, lo siguiente:

"Que así mismo, presumo se pretende legalizar fuera del plazo de un mes, dado por ese Servicio en Resolución de fecha 5 de enero de 1988 y que además de lo citado, la citada obra me perjudica al ser objeto de lanzamiento de objetos y basuras de la citada cancha de bolas, dentro de los muros de mi finca."

4. Posteriormente, la Dirección General de Aguas remitió oficio de insuficiencia de documentación de fecha 7 de marzo de 1990, a D. Ismael Pacheco Mesa, mediante el que se le otorgó un plazo de quince (15) días, para aportar la documentación técnica consistente en:

a) Plano de planta de las obras sobre el barranco, donde se determine perfectamente tanto el espacio ocupado por la cancha, como el que queda libre sobre el cauce.

b) Estudio hidrológico que determine si la sección de cauce que queda desocupada es capaz de desaguar la avenida de 500 años.

Por último, se apercibió al solicitante de que, si en el plazo indicado no aportaba la documentación requerida, se procedería al archivo de su solicitud.

5. Con fecha de registro de entrada en este Organismo de 3 de noviembre de 2005, el Ayuntamiento de Tegueste remitió escrito de denuncia formulada por D. José Pérez Díaz, de la que cabe extractar lo siguiente:

"En el terreno de mi propiedad sito en Tacoronte, conocido por "Jesús Nazareno" o "Banco", lindando con el "Barranco de San Juan", una Asociación de Vecinos tiene construido en el cauce del Barranco una edificación y cancha de bolas, cuyas cenizas y desperdicios están esparcidos en dicho barranco."

La citada denuncia ocasionó la apertura del expediente con referencia 3.862-DEN, en el que existen posteriores reiteraciones de la misma, la última con fecha de registro de entrada de 29 de septiembre de 2008, donde D. José Pérez Díaz insta a este Organismo a que realice una recuperación posesoria de los terrenos de dominio público hidráulico usurpados por las obras clandestinas.

6. De esta forma, con fecha 25 de febrero de 2009, la Gerencia de este Organismo dictó resolución mediante la que se archivó el procedimiento tramitado en el expediente 62-C.C.P., de legalización de las obras denunciadas en el expediente 745-DEN, consistentes en la construcción, sin autorización de la Administración Hidráulica, de una cancha de bolas, ocupando el cauce del barranco de San Juan, desistiendo a D. Ismael Pacheco Mesa y D. José Antonio García Noda, de su solicitud de legalización, en virtud de lo dispuesto en el artº. 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958.

A su vez, se declaró prescrita de obligación de reponer las cosas a su estado primitivo, al estar las obras datadas en el año 1987, sin perjuicio de que la Administración pueda ejercitar, en cualquier momento, la acción de recuperación posesoria del dominio público hidráulico, prevista en la legislación de patrimonio, en concreto la acción de recuperación posesoria de los bienes de dominio público prevista en el artº. 55.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como en el artº. 70 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.

Tal resolución fue notificada por los servicios de Correos a D. José Pérez Díaz, así como al Ayuntamiento de Tacoronte, sin que se haya podido notificar a D. Ismael Pacheco Mesa y a D. José Antonio García Noda, realizándose mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2009, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Tacoronte.

7. Ante la falta de datos en este Organismo, sobre los actuales usuarios/ocupantes de la citada cancha de bolas, con fecha 28 de abril de 2009, se remitió oficio al Ayuntamiento de Tacoronte solicitando su colaboración, haciéndose necesaria la realización de labores de investigación por la policía local, con la posterior remisión de los datos obtenidos, a la mayor brevedad, con objeto de tramitar el oportuno procedimiento de recuperación posesoria.

A fecha de la presente resolución no se ha recibido contestación alguna al citado oficio.

8. La remisión del anterior oficio al Ayuntamiento se puso en conocimiento de D. José Pérez Díaz (denunciante en el expediente 3.862-DEN) mediante oficio de la misma fecha.

9. D. José Pérez Díaz dio respuesta al oficio mediante escrito registrado de entrada con fecha 20 de mayo de 2009, en el que expuso que el usuario actual de la cancha de bolas es D. Erasmo Pacheco Mesa, aportando una dirección.

10. Los servicios técnicos adscritos al departamento de Aguas Superficiales elaboraron nuevo informe de fecha 4 de febrero de 2011, del que cabe destacar lo siguiente:

"/.../CONSIDERACIONES:

Los hechos objeto del expediente se localizan en torno al punto de coordenadas U.T.M. de situación, de la cartografía digital del año 2002 de X=362.722,83; Y=3.152.960,64; Z=460 y X=362.765,59; Y=3.152.885,75; Z=466.

De la información de parcelas disponible en este Organismo, del catastro de rústica y urbana del término municipal de Tacoronte, se destaca que:

Actualmente el cauce del Barranco de San Juan a unos 100 metros aguas arriba de la cancha de bochas, discurre con parcela catastral propia, según el catastro de rústica entre las parcelas 144 en la margen derecha y 9003 que corresponde con la calle Barranco de San Juan, en la margen izquierda.

Las referencias catastrales de las parcelas ubicadas en ambos márgenes del tramo del Barranco objeto de informe son:

* Parcela 144: 38043A008001440000QZ.

* Parcela 9003: 38043A007090030000QH.

Visto lo anterior, y atendiendo a que se ha producido la ocupación del dominio público hidráulico, se propone que:

Se inicie el procedimiento de deslinde, de un tramo del Barranco de San Juan, en el término municipal de Tacoronte, en sus dos márgenes, que se ubica entre las coordenadas de referencia X=362.722,83; Y=3.152.960,64; Z=460 y X=362.765,59; Y=3.152.885,75; Z=466. La longitud total del tramo a deslindar es de 100 m."

11. Por último, los servicios técnicos adscritos al departamento de Aguas Superficiales elaboraron informe complementario al anterior, de fecha 8 de junio de 2011, del que procede destacar lo siguiente:

"/.../I.- El Barranco de San Juan en el tramo en el que se promueve su deslinde, conforme a las coordenadas de referencia X = 362.723; Y = 3.152.961; Z = 460 y X = 362.766; Y = 3.152.886; Z = 466, está incluido en el Catálogo Provisional de Cauces de Titularidad Pública. Según se extrae de su contenido los motivos de su inclusión en ese catálogo son:

* "Catastro rústica, Catastro urbana, CCP en trámite".

II.- El criterio de "catastro de rústica" hace referencia a que aguas arriba del tramo a deslindar, y en ese mismo tramo, el catastro de rústica establece fincas en ambos márgenes con diferente referencia catastral. El barranco sirve de linde entre ellas.

El criterio de "catastro de urbana" hace referencia a que en el tramo objeto del deslinde el barranco cuenta con parcela catastral propia de las denominadas "de descuento".

El criterio "CCP en trámite" hace referencia a que aguas arriba del lugar objeto de la solicitud se tramita una concesión administrativa de ese dominio público hidráulico.

III.- Las determinaciones expuestas, que aparecen cartografiadas en el Catálogo Provisional de Cauces de Titularidad Pública, resultan de superponer digitalmente la información de la traza del barranco con el catastro de urbana y rústica vigente. Esto se apoya, además, en la base de datos de expedientes administrativos georeferenciada del Área de Recursos del CIATF."

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Normativa aplicable al procedimiento de deslinde del dominio público hidráulico.

* Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

* Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante LPAP).

* Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto.

* Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias.

* Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Decreto 86/2002, de 2 de julio.

* Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (en adelante RDPHC).

* Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (en adelante RDPHE).

* Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.

Segundo.- Justificación del deslinde.

La justificación del inicio del presente procedimiento de deslinde se encuentra regulada en el artº. 50 (básico) de la LPAP, que dispone lo siguiente:

"Artículo 50. Potestad de deslinde.

1. Las Administraciones públicas podrán deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros cuando los límites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpación.

2. Una vez iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, y mientras dure su tramitación, no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión."

En concreto el deslinde se realizará para delimitar los terrenos de dominio público hidráulico del cauce de un tramo del barranco de San Juan de 100 m de longitud, en el término municipal de Tacoronte, en sus dos márgenes, que se ubica entre las coordenadas según la cartografía de GRAFCAN de 2002 de X=362.722,83; Y=3.152.960,64; Z=460 y X=362.765,59; Y=3.152.885,75; Z=466.

El barranco de San Juan se encuentra incluido en el borrador de catálogo de cauces públicos, no cumpliendo así los requisitos previstos en el artº. 5.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, referentes a los cauces privados, ya que no atraviesa desde su origen únicamente fincas de dominio particular. Aguas arriba del tramo a deslindar, y en ese mismo tramo, el catastro de rústica establece fincas en ambos márgenes con diferente parcela catastral, sirviendo el barranco de linde entre ellas.

Como fundamento de lo anterior debe hacerse mención a la sentencia 267/2005 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3, de Santa Cruz de Tenerife, en el rec. 483/2004, de la que procede destacar lo siguiente:

"(...) Primero.- Como se señala con acierto por la representación legal de la Administración demandada, el objetivo de la controversia se limita a la calificación de la naturaleza pública o privada del afluente del Barranco de los Guirres y a si las obras realizadas en el mismo disminuyen su caudal, siendo necesaria su legalización, o la restitución del cauce a su situación anterior. Por lo que hace a la primera de las cuestiones controvertidas se afirma por el recurrente que el afluente del Barranco de Los Guirres, en el término municipal de Candelaria, no es de dominio público sino de naturaleza privada, fundándose para ello en el artículo 58.1 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, que señala que "En Canarias el dominio privado de los cauces por los que ocasionalmente discurren aguas pluviales no se interrumpe por el hecho de cruzar una vía pública, pero no permite hacer obras que puedan variar el curso natural de las aguas sin autorización administrativa del Consejo Insular de Aguas, que será previa a cualquiera otra que se precise". Asimismo se señala por el mismo que el artículo 5.1 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, especifica que: "1. Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. 2. El dominio privado de estos cauces no autoriza para hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas". De acuerdo con ello, tanto la normativa estatal como la regulación autonómica sectorial en materia hidráulica, reserva la calificación de cauces privados exclusivamente a aquellos que desde su origen atraviesen únicamente fincas de dominio particular, por lo que el elemento esencial para la calificación de un cauce como de dominio privado no es que en algún momento atraviese una propiedad privada sino que esta característica (atravesar dominios privados y no simplemente lindar con los mismos) debe darse durante todo el discurrir del mismo, desde su origen. En el caso de autos, el análisis de la documentación obrante en el expediente acredita que el afluente del Barranco de los Guirres, en una parte de su tramo, no atraviesa propiedades particulares sino que sirve de linde a las mismas, rompiendo el requisito fundamental para ser catalogado como dominio privado/.../".

El presente procedimiento de deslinde determinará la parte del cauce que está siendo ocupada, tramitándose posteriormente el oportuno procedimiento de recuperación posesoria del tramo de cauce que haya sido objeto de usurpación.

La jurisprudencia exige como requisito, para iniciar un procedimiento de recuperación de oficio, que no exista confusión de límites, siendo este el caso que nos ocupa. Tal requisito se deduce de la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) de 13 de febrero de 2006:

"/.../Constituye doctrina reiterada de este Tribunal (así la sentencia de 22 de noviembre de 1988 con cita de otras muchas desde la de 3 de junio de 1985 a la de 1 de diciembre de 1987 [RJ 1987, 9336]; también la sentencia de 18 de julio de 1988 [RJ 1988, 6081]) que la viabilidad de la acción administrativa de recuperación posesoria exige una acreditación de la posesión pública del bien y de la perturbación posesoria del mismo. La justificación indiciaria de la antedicha posesión administrativa resulta incontrovertible (sentencias de 25 de febrero de 2003 [RJ 2003, 2614] y 13 de enero de 2004 [RJ 2005, 2828]). La acreditación de un efectivo estado posesorio (sentencia de 25 de abril de 1994) es, por tanto, innegable salvo que la demanialidad del bien fuere incontrovertible (sentencia de 3 de marzo de 2004 [RJ 2004, 1456]).

También es preciso en el procedimiento de recuperación de oficio que los bienes municipales se encuentren perfectamente identificados sobre el terreno (sentencias de 8 de mayo de 1986 [RJ 1986, 3054] y 23 de marzo de 1987 [RJ 1987, 3791]) pues cuando no hay confusión de límites no es necesario un deslinde previo (sentencia de 23 de noviembre de 1998 [RJ 1998, 9605]). Facultad de recuperación de oficio que exige una prueba plena y acabada (sentencias de 12 de julio de 1982, 20 de julio de 1984 [RJ 1984, 4248], 24 de abril de 1985 [RJ 1985, 2233], 3 de junio de 1985 y 1 de junio de 1988). La claridad en la posesión administrativa del bien sobre el que se ejerce aquella facultad ha de ser inequívoca (sentencias de 22 de mayo de 1985 [RJ 1985, 2935], 12 de diciembre de 1996 [RJ 1996, 9213] y 30 de marzo de 1999 [RJ 1999, 2856])./.../".

Así con el presente procedimiento de deslinde de lo que se trata es de determinar y configurar sobre el terreno las pertenencias demaniales en función de su definición legal, como operación jurídica que lleva las definiciones legales a su plasmación física en el tramo concreto a deslindar (STS de 19 de junio de 2007).

Tercero.- Incoación y procedimiento.

El plazo para resolver la aprobación del deslinde y notificar dicha resolución será de un año previsto en la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Su incoación será siempre de oficio en función de lo previsto en el artº. 241 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril:

"Artículo 241. Incoación del procedimiento de apeo y deslinde.

1. El procedimiento se iniciará mediante acuerdo del Organismo de cuenca, ya sea por propia iniciativa o a instancia de los interesados. En este último caso, todos los gastos que se deriven de la tramitación del procedimiento y de las operaciones sobre el terreno que correspondan correrán a cargo del solicitante."

La competencia para iniciar el procedimiento, teniendo en cuenta que el Estatuto del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, aprobado por el Decreto 115/1992, de 9 de julio, no especifica expresamente qué órgano la tiene encomendada, aquella corresponderá al Presidente en aplicación del artículo 21.2.f) del mencionado Decreto.

A su vez el artículo 17.f) del citado Estatuto estipula que corresponde a la Junta de Gobierno del Consejo el establecimiento de servidumbres y deslindes, siendo la competente, por tanto, para acordar su aprobación final.

Cuarto.- Suspensión cautelar de los procedimientos de concesión y autorización.

"Artº. 241.3. El acuerdo de incoación definirá claramente el tramo de cauce que se ha de deslindar, referido a puntos fijos sobre el terreno, y dispondrá la suspensión cautelar del otorgamiento de concesiones y autorizaciones que puedan afectar al dominio público hidráulico o dificulten los trabajos que deben realizarse para su delimitación."

En consecuencia,

R E S U E L V O:

I. Iniciar el procedimiento de deslinde del Dominio Público Hidráulico de un tramo del barranco de San Juan, de 100 m de longitud, que discurre por el término municipal de Tacoronte, en sus dos márgenes, que se ubica entre las coordenadas según la cartografía de GRAFCAN de 2002 de X=362.722,83; Y=3.152.960,64; Z=460 y X=362.765,59; Y=3.152.885,75; Z=466.

II. Proceder a la apertura de un período de información pública de veinte (20) días hábiles, contados al partir del siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, para que cualquier persona física o jurídica pueda presentar las reclamaciones que estime pertinentes, en aplicación del artículo 20 del RDPHC.

III. Comunicar la presente resolución a los titulares registrales de las parcelas colindantes al tramo de dominio público hidráulico a deslindar, otorgándoles un plazo de un (1) mes, desde su notificación, para que puedan aportar cuanta información estimen conveniente sobre el tramo de cauce que se ha de deslindar, en función de lo dispuesto en el artº. 242.2.2 del RDPHE.

IV. Dar traslado de la presente resolución al Ayuntamiento de Tacoronte, a D. Erasmo Pacheco Mesa, así como al Registro de la Propiedad de Tacoronte a fin de que se identifique el inmueble, para que posteriormente y por medio de nota marginal de la inscripción de dominio, se tome razón de su incoación [artº. 52.b) LPAP]."

Lo que se comunica a los interesados a través del Boletín de Oficial de Canarias, así como del tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20.1 del Decreto 86/2002, de 2 de julio, del Gobierno de Canarias, por el que se aprobó el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de julio de 2011.- El Secretario Delegado, Filiberto González Hernández.



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