BOC - 2011/126. Martes 28 de Junio de 2011 - 3595

V. ANUNCIOS - Otros anuncios - Presidencia del Gobierno

3595 - Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 15 de junio de 2011, sobre notificación de Orden/Resolución de expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de junio de 2011.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.

Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 200/10, instruido a Abreu, C.B., titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Restaurante Parada".

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 26 de enero de 2011.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: Acta nº 17515, de fecha 21 de septiembre de 2010, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por: Carlos Jesús Correa Cruz y seguido contra la empresa expedientada Abreu, C.B. titular del establecimiento Parada.

2º) El 26 de enero de 2011 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 200/10, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:

Se considera la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada por el hecho infractor imputado, sin que sus alegaciones lo desvirtúen.

El presente expediente sancionador se inicia sobre la base del acta de inspección nº 17515, de fecha 1 de septiembre de 2010, y denuncia de la Policía Local de la Villa de Candelaria, de fecha 5 de enero de 2010, donde se recoge lo siguiente "el encargado D. Luciano Castro Abreu dice que no posee en esos momentos las hojas de reclamaciones a disposición de los clientes".

Tanto la Ley de Turismo 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5.1.10) en su artículo 20.1 y más detalladamente en el artículo 9 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las mismas, establece que la persona encargada del establecimiento o quien se halle en cada momento al frente del mismo, estará obligado a entregar las hojas de reclamaciones a los clientes cuando estos las soliciten y a facilitarles las explicaciones y datos necesarios para su adecuada cumplimentación, es decir, que esto conlleva también a que la tenencia de las hojas de reclamaciones carece de eficacia si no se les da el uso al que están destinadas, pues la función de las mismas es hacer llegar al conocimiento de la Administración, las anomalías detectadas en los servicios y actividades turísticas y en el disfrute y utilización de establecimientos de esta naturaleza, a los efectos de promover las medidas oportunas para su corrección y, en su caso, represión y sanción por tanto, aunque la empresa expedientada disponga en sus instalaciones de las hojas de reclamaciones, es preceptivo, según establece el artº. 20 de la Ley 7/1995, si estas no son facilitadas al usuario turístico cuando las solicita, la función para la que han sido concebidas queda desvirtuada. Hay que aclarar que el hecho de tener el establecimiento las hojas de reclamaciones no desvirtúa el hecho infractor, es por no entregar o no tener disponibles.

En la determinación de la cuantía de la sanción impuesta en la Resolución de inicio de este expediente sancionador de fecha 26 de enero de 2011, se han tenido en cuenta los criterios que establece el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificado por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5.1.10) como es, desarrollar la actividad de restauración y hallarse ubicado en zona turística.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 22 de febrero de 2011, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía ciento treinta y cinco (135,00) euros.

4º) No consta en el expediente que se hayan presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS:

Se considera probado, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, el siguiente hecho: no facilitar al cliente D. Carlos J. Correa Cruz las hojas de reclamaciones.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19.4.95), que se indicarán.

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada en base al contenido del acta de inspección nº 17515, de fecha 21 de septiembre de 2010, y al no haberse formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución de fecha 22 de febrero de 2011, esta Dirección General de Ordenación y Promoción Turística se ratifica en los fundamentos jurídicos de la citada Propuesta y mantiene la sanción de multa en la cuantía de 135 euros, habiéndose tenido en cuenta para su graduación el contenido normativo del artículo 79.2 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, como son las características de la actividad de que se trata al estar explotando el negocio de restauración y la posición de la infractora en el mercado, es decir, su situación geográfica al encontrarse situado el establecimiento en una zona turística.

Sexta.- El hecho imputado infringe lo preceptuado en las siguientes normas, viene tipificado como se indica:

Normas: artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5.1.10), en relación con el artº. 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones (BOC nº 88, de 22 de julio).

Tipificación: artículo 76.6 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5.1.10), en relación con el artículo 77.8 del mismo cuerpo legal.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 7.2.B).f) del Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (BOC nº 3, de 7.1.09), vigente según lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Decreto 147/2010, de 25 de octubre, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 212, de 27.10.10),

R E S U E L V O:

Imponer a "Abreu, C.B.", con C.I.F. E38975009, titular del establecimiento denominado Restaurante "Parada" sanción de multa por cuantía total de 135,00 euros.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99).

Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquel, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 10 de mayo de 2011.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.



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