BOC - 2011/112. Miércoles 8 de Junio de 2011 - 3120

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

3120 - Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 23 de mayo de 2011, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 27 de abril de 2011, relativo al Plan Territorial Especial de Ordenación Extractiva y Vertidos (PTE-12), Gran Canaria.- Expte. 2009/049.

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En aplicación de la legislación vigente, por la presente,

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha 27 de abril de 2011, relativo al Plan Territorial Especial de Ordenación Extractiva y Vertidos (PTE-12) Gran Canaria, cuyo texto figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de mayo de 2011.- El Director General de Ordenación del Territorio, Jesús Romero Espeja.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 27 de abril de 2011, en su sede de Santa Cruz de Tenerife, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- De conformidad con el artº. 27.1.e).II del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, aprobar la memoria ambiental del Plan Territorial Especial de Ordenación Extractiva y Vertidos (PTE-12). Gran Canaria (expediente 2009/049) condicionada a que se incorporen las siguientes correcciones o modificaciones:

1. La Memoria ambiental deberá explicar el método de evaluación de los impactos potenciales que puedan derivar de las determinaciones del Plan.

2. Deberá incorporarse el fichero completo de las canteras activas.

3. La Memoria Ambiental debe realizar un análisis sintético sobre la previsión de impactos estudiada en el Informe de Sostenibilidad Ambiental. Es este último documento el que debe contener dicha evaluación de los impactos previstos y la Memoria Ambiental aludir a ella de forma sintética. Así se expone en el apartado f) del anexo de la Ley 9/2006.

4. El ISA debe realizar una valoración ambiental de los ámbitos específicos afectados con un grado suficiente de detalle que permita identificar los posibles efectos sobre los distintos elementos del medio que pudieran verse afectados (punto 3 del anejo del Documento de referencia).

5. Dado que se han seleccionado una serie de alternativas, el apartado que las analiza debe ser conclusivo y exponer con claridad la alternativa finalmente seleccionada para todo tipo de materiales.

6. En aras de una mayor claridad de las alternativas propuestas y seleccionadas, deberá incluirse entre los planos de ordenación las diferentes alternativas, incluyendo todos los contenidos de la propuesta de ordenación (las canteras que permanecen, las que se habilitan, etc.).

7. El ISA deberá proponer medidas correctoras que se ajusten a las establecidas en el punto 7 del documento de referencia. Estas medidas deberán concretarse respecto a los posibles impactos potenciales que pudieran generarse a tenor del análisis previamente realizado.

8. Una vez se hayan definido las medidas correctoras o compensatorias específicas sobre las localizaciones de las áreas extractivas, debe incluirse la valoración económica de las medidas propuestas tal y como señala el apartado k) del anexo I de la Ley 9/2006 y el Documento de referencia (apartado 7 del anejo).

9. Deberá justificarse el plan de seguimiento y los indicadores propuestos, haciendo mención expresa al sistema de indicadores para el seguimiento de las Directrices de Ordenación General, así como la propuesta de indicadores del Banco Público de indicadores ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y los expuestos específicamente en el Documento de referencia.

10. Deberán completarse las determinaciones finales a incorporar al plan en concordancia con lo expuesto en el epígrafe 3.3 de la Memoria Ambiental, además de completar las medidas correctoras que se establezcan en el ISA, una vez subsanado este.

11. Deben revisarse y corregirse las referencias a páginas y epígrafes, así como utilizar la misma denominación para cada material a lo largo de los documentos, o en su caso, establecer su equivalencia.

12. Se recuerda que si en sucesivas fases de tramitación, al darse cumplimiento al artº. 122 de la Ley de Minas, surgieran nuevas áreas de posible implantación de actividades extractivas, estas deberán ser convenientemente evaluadas desde el punto de vista ambiental y deben estar sujetas al proceso de evaluación ambiental.

Segundo.- En cuanto al pronunciamiento preceptivo y no vinculante, sobre las cuestiones sustantivas territoriales y urbanísticas, en virtud del artº. 27.1.c) del Reglamento de Procedimientos, para el documento que se redacte para la fase de aprobación inicial se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Deberá incorporarse en el Plan la motivación expresa de la prohibición del uso minero en cada área considerada por el mismo como no susceptible de realizar tales aprovechamientos de los recursos, en cumplimiento del artículo 122 de la Ley de Minas.

2. Además de lo previsto en el punto anterior, deberá incluirse la excepción que para los ENP se prevé en la Directriz 34.2 de las DOG.

3. Deberán aportarse los planos de ordenación general a una escala no inferior a 1:25.000 y los de ordenación específica no inferior a 1:10.000.

4. En cumplimiento del artº. 146.5 del PIO-GC deberá diferenciarse de forma clara que AIE o sectores de las mismas, de las que establece el PIO-GC se consideran en las redes propuestas por el Plan, con objeto de evidenciar cuales de ellas dejan de tener tal condición. Estos casos se deberán justificar de la manera que se establece en la Ley de Minas.

5. En fases sucesivas del plan, se deberá aportar la estrategia de restauración y se programarán las actuaciones de restauración priorizadas, según lo dispuesto en el artº. 146.7 del PIO-GC.

6. Deberán revisarse las remisiones a páginas y apartados del plan que se realizan. Asimismo deberá corregir la falta de concordancia de los documentos en cuanto a las alternativas seleccionadas. En la Memoria justificativa debe aportarse la tabla resumen que muestra las áreas resultantes para la implantación de actividades de valorización y reciclaje corregida, además de corregirse el error en la leyenda del plano de análisis 3.1, donde se dice que la mancha rosa corresponde a los ámbitos situados fuera de las zonas PIO-GC, cuando se entiende que es al contrario.

7. En aras de una mayor comprensión del documento, debe utilizarse la misma denominación para cada uno de los materiales o establecer su equivalencia en todos los documentos.

8. En el área agrícola de valor estructurante según PIO-GC, establecida para depósitos de barranco, se deberá estudiar la compatibilidad con el PTE Agropecuario (PTE9) y el PTP-6b al objeto de evitar futuras contradicciones entre el planeamiento territorial. Asimismo, se deberá justificar más ampliamente la selección de esta localización.

9. Debe aclararse el alcance y vinculación que tienen los criterios excluyentes y complementarios, de los que resultan las áreas prohibidas para la implantación de actividades extractivas y, en su caso, aquellas que no estando prohibidas no sean preferentes.

10. En el caso de los ENP, deberá motivarse la prohibición de la implantación de áreas extractivas o su condición de fuera de ordenación, caso por caso, de manera análoga habrá de proceder en el caso de los incluidos en la Red Natura 2000 y ZECs.

11. Se deberán incorporar como fichas de ordenación todas las áreas que forman parte de la propuesta general de ordenación. Deben evitarse las remisiones a fichas de ordenación, en tanto no existan como tales.

12. Debe aclararse la vinculación que las alternativas seleccionadas tienen con respecto a la actividad extractiva.

13. Deben aportarse los planos de ordenación que contengan el modelo o propuesta general de ordenación, es decir la alternativa seleccionada con todos los contenidos que conformen dicha propuesta y que responda a los objetivos del plan.

14. En el documento Normativo se deberá subsanar para la siguiente fase, entre otros lo siguiente: debe quedar suficientemente claro el carácter de las determinaciones de los ENP, se deberá establecer la concreta relación entre las determinaciones normativas y las que se expresan en el documento de ordenación, debe incluirse en la Normativa las medidas preventivas, protectoras o compensatorias, deberán determinarse cuáles son las zonas aptas de implantación, aclarando si se excluyen las restantes impidiendo la actividad extractiva en las mismas o no. Asimismo, deberán establecerse la relación entre las áreas finalmente excluidas y los criterios excluyentes y complementarios y aclarar que conlleva la selección de las áreas de implantación.

Tercero.- El presente Acuerdo será notificado al Cabildo de Gran Canaria.

Cuarto.- El presente Acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto de trámite no cabe interponer recurso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La presente notificación se expide a reserva de los términos exactos que resulten de la ratificación del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- Belén Díaz Elías, Secretaria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.



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