No habiéndose podido practicar la notificación en el domicilio conocido a la entidad "Advisory R.J. Service Américas, S.L." de la Resolución de incoación, de fecha 16 de marzo de 2011, procede la notificación por los medios previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En consecuencia, a continuación se transcribe y para que sirva de notificación, extracto de la citada Resolución.
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a la entidad "Advisory R.J. Service Américas, S.L.", la Resolución de incoación de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 493, de fecha 16 de marzo de 2011, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por infracción a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, con referencia nº RP-76/2011 y cuya parte dispositiva dice textualmente:
R E S U E L V O:
"Primero.- Incoar procedimiento sancionador a la entidad Advisory R.J. Service Américas, S.L. en calidad de promotor, como presunto responsable por la comisión de una infracción administrativa consistente en ampliación de vivienda, muros de contención y muros perimetrales de cerramiento de parcela tipificada y calificada de grave en el artículo 91.2.e) de la Ley de Costas y sancionada en el artículo 97.1.b) del mismo Texto legal con multa del 25 por 100 del valor de las obras, al no estar la actuación denunciada legitimada por lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Costas.
Segundo.- Nombrar instructora a Dña. María Ojeda González y suplente Dña. Sonia Gómez Castro, y secretaria a Dña. María Reyes García, suplente Dña. María del Carmen Báez Cejas, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la LRJ-PAC.
Tercero.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia:
a) De conformidad con el artículo 194.8 del Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, a partir de la notificación de la presente y del correspondiente Pliego de Cargos se abre un plazo de diez días para que por el interesado se formulen las alegaciones pertinentes y proponga, en su caso, la práctica de las pruebas que sean pertinentes para la determinación de los hechos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
b) De conformidad con el artículo 8.1 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de la realidad física alterada prevista en el 95 de la Ley de Costas. Asimismo, según dispone el apartado segundo del precitado artículo el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.
c) Una vez notificada la propuesta de resolución, los interesados dispondrán de un plazo de audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.
d) El presente procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente. Por tanto, el expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sito en Rambla de Santa Cruz, nº 149, Edificio Mónaco, entresuelo, en Santa Cruz de Tenerife, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.
e) Conforme a lo dispuesto en los artículos 97.3 de la Ley de Costas y 187 de su Reglamento, de proceder en el plazo de quince días a corregir la situación ilegal creada, la multa que resulte pertinente, podrá reducirse hasta la mitad de su importe.
f) El plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su resolución es de doce meses conforme a lo establecido en el artículo 102 de la Ley de Costas, introducido por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo y consecuente archivo de las actuaciones, sin perjuicio de una nueva iniciación, de no haber prescrito la infracción.
g) Advertir que de conformidad con el artículo 95 de la Ley de Costas, la resolución del presente expediente acordará, sin perjuicio de la sanción que corresponda en su caso, el restablecimiento de la realidad física alterada mediante la demolición por no contar las mismas con la preceptiva autorización del Ilmo. Sr. Director General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente.
Cuarto.- Advertir al interesado que de no solicitar la autorización prevista en el artículo 26 de la Ley de Costas ante la Dirección General de Ordenación del Territorio, en el plazo de quince días la propuesta de resolución, propondrá, y la resolución definitiva acordará la restitución de las cosas y reposición a su estado anterior a la comisión de la infracción mediante la demolición de dichas obras de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194.13 del Reglamento de Costas.
Comuníquese la presente resolución a las nombradas instructora y secretaria del expediente, y notifíquese al expedientado, Ayuntamiento y a la Demarcación de Costas.
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de mayo de 2011.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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