BOC - 2011/065. Miércoles 30 de Marzo de 2011 - 1625

V. ANUNCIOS - Otros anuncios - Presidencia del Gobierno

1625 - Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 15 de marzo de 2011, sobre notificación de Propuestas de Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Propuesta de Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Propuesta de Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados a partir de esta notificación, para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes o, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretende valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de marzo de 2011.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.

Resolución de publicación de propuesta de expediente sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 16 de diciembre de 2010 se dictó Resolución de iniciación del procedimiento sancionador nº 226/10, notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 32, de fecha 14 de febrero de 2011, seguido contra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Eloy Sosa Almeida.

ESTABLECIMIENTO: Bar Cafetería Randy.

DIRECCIÓN: C.C. Águila Roja, Playa del Inglés, 35100-San Bartolomé de Tirajana.

Nº EXPEDIENTE: 226/10.

N.I.F.: 43266515L.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/denuncias formuladas por: Antonio Delgado Dieppa (Inversiones Jardín Tropical, S.L.) y de las siguientes actuaciones de la Inspección de Turismo: 25167, de fecha 28 de enero de 2010, formulándose los siguientes

HECHOS:

Primero: utilizar equipos electrónicos de amplificación de sonido en el establecimiento no estando adaptados para ello ni insonorizados, haciendo que los ruidos que emiten se proyecten al exterior.

Segundo: carecer en el establecimiento del libro de inspección.

Tercero: carecer en el establecimiento de las hojas de reclamaciones obligatorias.

Cuarto: no anunciar en el establecimiento la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de los clientes.

FECHA DE INFRACCIÓN

Hecho primero: 28 de enero de 2010.

Hecho segundo: 28 de enero de 2010.

Hecho tercero: 28 de enero de 2010.

Hecho cuarto: 28 de enero de 2010.

ALEGACIONES:

El expedientado en escrito de fecha 3 de marzo de 2011, recibido en esta Consejería con fecha 3 de marzo de 2011 y número de registro 235980, en síntesis alega lo siguiente: se adjunta fotocopia del contrato de arrendamiento en la cual en esas fechas no explotaba el negocio D. Eloy Sosa Almeida, sino D. Alan Regan. Les adjunto declaración censal de fecha 26 de noviembre de 2008, donde se refleja el fin de la actividad, así como la fotocopia de la Seguridad Social donde podrán comprobar la baja correspondiente.

FUNDAMENTACIÓN:

Examinadas las razones esgrimidas por el expedientado y los documentos aportados se expone lo siguiente:

Las alegaciones formuladas por la mercantil expedientada y la documentación presentada no comportan justificación legal, toda vez que según consta en el acta de inspección nº 25167, de 28 de enero de 2010, los inspectores actuantes manifiestan, que según factura de cargo a la empresa Heineken distribuidora de cerveza de fecha 31 de diciembre de 2009, la titularidad del establecimiento corresponde a D. Eloy Sosa Artiles, fecha que es posterior a la fecha de la firma del contrato de arrendamiento presentado, por lo que queda demostrado quién es el titular del establecimiento, al tenerse en consideración en estos casos el artículo 44 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, que concede el carácter de agente de la autoridad, constituyendo prueba de cargo suficiente para acreditar el hecho constitutivo de la infracción, dado el valor probatorio que a las actas de inspección atribuye el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como el artículo 25.2 del Decreto antes citado.

Por lo que se refiere al primer hecho imputado la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, en su artículo 19.2 establece que en los núcleos turísticos, todas las actividades productoras de ruido y especialmente aquellas que utilicen equipos electrónicos de amplificación de sonido, se producirán en recintos adaptados para ello e insonorizados, para evitar que el ruido se proyecte al exterior. Consta dicho hecho acreditado por el valor probatorio de la citada Acta de Inspección en la que se indica la existencia y apreciación de ruidos y vibraciones que los aparatos musicales de la industria turística emiten al exterior, ya que el establecimiento no tiene materiales acústicos absorbentes o sistemas de insonorización que eviten la proyección de estos al exterior, por lo que existe responsabilidad administrativa de la mercantil por incumplimiento de la normativa vigente, sin que proceda desvirtuar el hecho objeto de la infracción.

Con respecto al segundo hecho imputado, cabe significar que el establecimiento carece de las hojas de reclamaciones, existiendo responsabilidad administrativa que le es atribuible a la entidad expedientada por vulneración de la normativa turística, toda vez que, conforme a lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, es preceptivo que las empresas turísticas tengan en cada establecimiento las hojas de reclamaciones a disposición de sus clientes, obligación que ha sido incumplida, por lo que no procede desvirtuar el hecho infractor.

Con respecto al tercer hecho imputado, consta también acreditado por el valor probatorio de la mencionada Acta de Inspección nº 25167, levantada el 28 de enero de 2010 y en la que se indica expresamente que el establecimiento carece de Libro de Inspección de Turismo, al haberlo verificado los inspectores actuantes. Este hecho infractor no le exonera de la responsabilidad administrativa que le es imputable por contravenir lo establecido en el artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, que es preceptivo que las empresas turísticas dispongan de un Libro de Inspección que deben tener a disposición de los Inspectores de Turismo, en todo momento, en el lugar en que se desarrolle la actividad, obligación que no ha sido cumplida por la entidad expedientada por lo que no procede desvirtuar el hecho infractor.

Con respecto al cuarto hecho infractor la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en su artículo 20.2 establece que en el establecimiento se anunciará de forma bien visible e inequívoca, expresada en castellano, inglés, alemán y otro idioma a elegir, la existencia de hojas de reclamación a disposición de los clientes, normativa que ha sido vulnerada, por lo que existe responsabilidad administrativa del titular del establecimiento, sin que proceda desvirtuar el hecho infractor.

A la hora de considerar la cuantía de la sanción de multa, cabe significar que se ha respetado el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que la cuantía de la sanción ha sido fijada en el mínimo del previsto para las infracciones graves en el artículo 79.2.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, al tener en cuenta la posición del infractor en el mercado al ser un establecimiento que se encuentra en un municipio considerado eminentemente turístico, los perjuicios causados a los usuarios turísticos porque al no disponer de las hojas de reclamaciones, no se facilita uno de los medios de defensa necesarios para protegerse ante las deficiencias en la prestación de las actividades o servicios turísticos, igualmente el ruido producido al exterior afecta al descanso de los usuarios en su vacaciones y repercute sobre la imagen turística, y no existencia de antecedentes constatado mediante consulta a los archivos correspondientes, se propone atenuar la sanción impuesta inicialmente, disminuyendo su importe en cuantía de: por el primer hecho infractor 480,00 euros, por el segundo hecho infractor 390,00 euros, por el tercer hecho infractor 90,00 euros y por el cuarto hecho infractor 90,00 euros.

Los hechos imputados, infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica y están calificados como se recoge seguidamente:

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS:

Hecho primero: artículo 19.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre.

Hecho segundo: artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).

Hecho tercero: artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 30 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre.

Hecho cuarto: artículo 20.2 de la Ley 7/1995, de 30 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre.

TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN:

Hecho primero: artículo 76.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, en relación con el artículo 77.8 del mismo cuerpo legal.

Hecho segundo: artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, en relación con el artículo 77.8 del mismo cuerpo legal.

Hecho tercero: artículo 76.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, en relación con el artículo 77.8 del mismo cuerpo legal.

Hecho cuarto: artículo 77.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre.

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES:

Hecho primero: leve.

Hecho segundo: leve.

Hecho tercero: leve.

Hecho cuarto: leve.

Para las infracciones calificadas como leves es competente para su resolución la Ilma. Sra. Directora General de Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril) y el artículo 7.2.B).f) del Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (BOC nº 3, de 7.1.09), vigente según lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Decreto 147/2010, de 25 de octubre, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 212, de 27.10.10).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Eloy Sosa Almeida, con N.I.F. 43266515L, titular del establecimiento denominado Bar Cafetería Randy, la sanción de mil cincuenta (1.050,00) euros. Correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: cuatrocientos ochenta (480,00) euros.

Hecho segundo: trescientos noventa (390,00) euros.

Hecho tercero: noventa (90,00) euros.

Hecho cuarto: noventa (90,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente propuesta, como trámite de audiencia según se establece en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la Intervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la presentación de esta Propuesta de Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de marzo de 2011.- La Instructora, Carmen Rebollo Sanz.



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