BOC - 2011/063. Lunes 28 de Marzo de 2011 - 1565

V. ANUNCIOS - Otros anuncios - Presidencia del Gobierno

1565 - Secretaría General.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 21 de marzo de 2011, que notifica la Resolución de la Viceconsejería de Turismo, resolutoria del recurso de alzada nº 123/10, interpuesto por D. Andrés José Fornaro, en representación no acreditada de la entidad mercantil L'Alpistería, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por la entidad recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Andrés José Fornaro, en representación no acreditada de la entidad mercantil L'Alpistería, S.L., la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias de 27 de enero de 2011 (Libro nº 1, Folio 105-111, nº 35), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 123/10 (expediente nº 35/10), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias nº 1213, de fecha 24 de agosto de 2010.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote), la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de marzo de 2011.- El Secretario General Técnico, Fernando Ríos Rull.

A N E X O

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias por la que se resuelve el recurso de alzada nº 123/10, interpuesto por D. Andrés José Fornaro, en representación no acreditada de la entidad mercantil L'Alpistería, S.L.

Visto el recurso de alzada nº 123/10, interpuesto por D. Andrés José Fornaro, en representación no acreditada de la entidad mercantil L'Alpistería, S.L., con C.I.F. B-35986694, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante La Pampa, sito en calle El Moral, nº 2, Urbanización Las Coloradas, término municipal de Yaiza, contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias nº 1213, de fecha 24 de agosto de 2010, recaída en el expediente sancionador nº 35/10 y, teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de dos infracciones administrativas a la normativa turística consistentes en:

"Primero.- Haber cambiado la denominación del establecimiento, sin haberlo comunicado previa y preceptivamente al organismo competente.

Segundo.- No haber comunicado a la administración turística competente, el cambio de titularidad, a favor de L'Alpistería, S.L. que explota turísticamente el establecimiento consignado."

Hechos que determinaron la imposición, por Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística nº 1213, de fecha 24 de agosto de 2010, de una sanción de multa en cuantía de quinientos cuarenta (540) euros, por el primer hecho infractor y, quinientos cuarenta (540) euros, por el segundo hecho infractor.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora recaída en el expediente nº 35/10, se promueve recurso de alzada presentando, con respecto al cambio de titularidad, solicitud de cambio de titularidad, solicitando, asimismo, la revisión de las sanciones de multas dado su elevado importe.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 114.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículo 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- El recurso de alzada promovido contra el acto administrativo sancionador de fecha 24 de agosto de 2010, no reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite al no acreditarse la representación para entablarlo en nombre de la entidad mercantil que se sanciona. No obstante, procederá entrar en el fondo y resolver, en base a las siguientes consideraciones.

Tanto la Resolución de iniciación de expediente sancionador, de 16 de abril de 2010, como la Propuesta de Resolución, 2 de junio de 2010, como en la Resolución sancionadora que se recurre, señalan que en el caso de presentar alegaciones a las respectivas Resoluciones como representante de la entidad mercantil expedientada "deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".

Cuando se formula recurso de alzada mediante escrito presentado por D. Andrés José Fornaro, quien manifiesta actuar en nombre de la entidad expedientada, no se aporta documentación alguna que acredite la representación para entablar el presente recurso en nombre de la interesada. Motivo por el que la instructora del expediente sancionador requirió, mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2010, notificado el día 21 de diciembre de 2010, según consta acreditado en el expediente, para que en un plazo de diez se aportase "escritura de poder de representación o bien copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común". Requerimiento que no fue atendido por parte interesada.

Sin embargo, pese a la falta de acreditación de la representación, procederá admitir a trámite el recurso, toda vez que el requerimiento efectuado no se llevó a cabo teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que dispone lo siguiente "para entablar recursos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado", pudiendo dar lugar a indefensión e inseguridad jurídica. Pero además de lo señalado, se ha de tener en consideración que D. Andrés José Fornaro presentó alegaciones a la Resolución de inicio y a la Propuesta de Resolución, con fecha 6 de mayo y 30 de julio de 2009, respectivamente, y sin aportar la referida acreditación de la representación que se ejercita, siendo sus alegaciones tenidas en cuenta en el expediente, por lo que no cabe en vía de recurso inadmitir éste por falta de acreditación de la representación. Así, como señala la Sentencia de 27 de mayo de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, "frente a las alegaciones que efectúa la representación de la Administración demandada ha de mantenerse por esta Sala el criterio sostenido por la STS de 12 de abril de 1989, entre otras, o la sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de julio de 1998, así como la S.T.S.J.J de Andalucía de 27 de enero de 2000, y reiterado en múltiples pronunciamientos judiciales. Se razona en tales resoluciones que no se ajusta a Derecho la inadmisión por la Administración del recurso si, durante la tramitación del procedimiento administrativo, se han reconocido las actuaciones llevadas a cabo por el representante, ya que en caso de ser admitida tal representación previamente no cabe negársela a "posteriori". Por otra parte la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1, de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 15 de octubre de 2009, en un supuesto similar al de este recurso, reconoce que la admisión a trámite del escrito de alegaciones, constituye un reconocimiento implícito de la condición de representante en quién lo presenta.

En base a las razones anteriormente expuestas procederá entrar en el fondo y resolver el presente recurso de alzada.

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (BOC nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.- Entrando en fondo, procede analizar si la Resolución recaída en el expediente sancionador nº 35/10 se adecua al ordenamiento jurídico.

Los hechos infractores que se consignan en el expediente sancionador tramitado consisten en "Haber cambiado la denominación del establecimiento, sin haberlo comunicado previa y preceptivamente al organismo competente" y "No haber comunicado a la administración turística competente, el cambio de titularidad, a favor de L'Alpistería, S.L. que explota turísticamente el establecimiento consignado", habiéndose consignado, respectivamente, en el expediente como normas sustantivas infringidas la Orden de 19 de octubre de 1988, de la Consejería de Turismo y Transportes, de los nombres y de la publicidad de los establecimientos turísticos y, la Orden de 23 de septiembre de 1988, de la Consejería de Turismo y Transportes, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos. Normativa que si bien ha quedado derogada expresamente por el Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos, de acuerdo con lo establecido en su disposición derogatoria única, en el momento de cometerse las infracciones administrativas resultaban de aplicación sendas Órdenes departamentales.

Los hechos infractores imputados a la titular expedientada se encuentran tipificados en el artículo 76.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, conforme al cual: "El incumplimiento o alteración de las condiciones esenciales de la autorización de que esté provista la empresa o actividad, cuando tales condiciones hayan servido de base para el otorgamiento de dicha autorización o para la clasificación turística del establecimiento o actividad". Tipificación que continua estando prevista en la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, que en todo caso, ha venido a elevar a la categoría de infracción muy grave el referido incumplimiento o alteración de las condiciones esenciales de la autorización de que esté provista la empresa o actividad. Por lo que en aplicación de lo establecido en el artículo 128.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.

Ambos hechos infractores fueron constatados por inspectora de turismo actuante al extender acta de inspección nº 24515, de fecha 5 de agosto de 2009, en el establecimiento de cuya explotación turística es titular la entidad expedientada, habiéndose consignado en ella lo siguiente: "Se ha producido un cambio de titularidad y denominación del establecimiento, denominado La Pampa y la empresa explotadora L'Alpispa, S.L., que no ha sido notificado a la autoridad turística competente".

El acta de inspección vendrá a constituir documento público que acredita, salvo prueba en contrario, la veracidad de los hechos a los que se refieren, dado su valor probatorio amparado legalmente en lo dispuesto por el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo atribuye a los informes de los agentes de la autoridad y dependientes administrativos, un principio de veracidad y fuerza probatoria al responder a una realidad apreciada directamente por los mismos, todo ello, salvo prueba en contrario. En tal sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1979, al razonar sobre la adopción de tal criterio, afirma que la presunción de legalidad y veracidad que acompaña a todo obrar de los órganos administrativos, incluyendo a sus agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse tanto en vía administrativa como contencioso-administrativa, ya que constituye garantía de una actuación administrativa eficaz. En esta línea cabe destacar las Sentencias emitidas por el citado Tribunal con fecha 4 y 25 de febrero de 1998, que se pronuncian siguiendo estas mismas argumentaciones. Por tanto, la carga de la prueba la tiene el actor, que debe probar que los hechos denunciados no se ajustan a la realidad, ya que la presunción de veracidad del Acta de Inspección es "iuris tantum" y, en consecuencia, admite prueba en contrario.

Los hechos constatados por la Inspección de Turismo constituyen prueba de cargo suficiente para acreditar los hechos constitutivos de las infracciones. La mera negación de hechos no sirve para desvirtuar la prueba cumplida del hecho infractor que es valorada legalmente como suficiente o idónea para demostrar la existencia de responsabilidad administrativa en tanto no se pruebe lo contrario o se contradiga el alcance y significado de los hechos percibidos por la Inspección de Turismo. No es prueba tasada con valor probatorio absoluto pero es bastante para trasladar a la parte que niega los hechos la carga de desvirtuarlos mediante alegaciones y pruebas que pongan en entredicho o contradigan las afirmaciones de la Administración de modo que el interesado tiene la necesidad de actuar contra el acto de prueba aportado por la Administración desvirtuando la realidad de los hechos descritos por la Inspección. Tal prueba ha de ser "directa, precisa, eficaz y plenamente convincente". Hechos infractores que, en modo alguno, ha sido desvirtuado por la titular expedientada a través de las alegaciones ni por medios de pruebas capaces de contradecir o poner en entredicho las afirmaciones de la Administración.

Respecto del primero de los hechos infractores, "haber cambiado la denominación del establecimiento, sin haberlo comunicado previa y preceptivamente al organismo competente", la titular expedientada no alega nada en su defensa y, en relación con el segundo de ellos, "no haber comunicado a la administración turística competente, el cambio de titularidad, a favor de L'Alpistería, S.L. que explota turísticamente el establecimiento consignado", se adjunta copia del cambio de titularidad. Sin embargo, visto el escrito de cambio de titularidad resultará que el mismo es de fecha 5 de mayo de 2010, es decir, muy posterior a la fecha de infracción consignada en el expediente sancionador, cual es, el 5 de agosto de 2009, fecha de levantamiento del acta de inspección nº 24515, en la que se constató por inspectora de turismo actuante que no se había comunicado el cambio de titularidad en la explotación turística del establecimiento a la Administración turística competente. En consecuencia, a fecha de inspección, se infringía la normativa turística al no haber comunicado de forma preceptiva a la Administración el cambio de titularidad, ni tampoco el cambio de denominación del establecimiento, de acuerdo con los procedimientos recogidos en las Órdenes departamentales de fechas 19 de octubre de 1988 y 23 de septiembre de 1988, respectivamente.

Por lo expuesto, existirá responsabilidad administrativa de la entidad mercantil por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 76.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, citada, pero que en aplicación del artículo 77.1 del citado texto legal se degradó a leve, al disponer dicho precepto que se calificará de infracción leve cualquier otra infracción que estando tipificada como grave no mereciera esta consideración por razón de su falta de intencionalidad, naturaleza, ocasión o circunstancias. Responsabilidad administrativa exigible a tenor de lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que prevé que "... podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia", en relación con el artículo 2.1.c) del la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, al establecer que la Ley será especialmente aplicable a las empresas que desarrollen actividades o que ofrezcan servicios de restaurante, artículo 73 del citado texto legal, según el cual, "son responsables de las infracciones turísticas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que realicen las acciones u omisiones tipificadas por esta Ley", en concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, citado "Son responsables de las infracciones turísticas, las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, titulares de la autorización correspondiente o quienes ejerzan la actividad turística, que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la Ley 7/1995, de 6 de abril".

A la hora de fijar las cuantías de las sanciones de multas se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad regulado en el artículo 131 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la explicación, en relación al caso concreto, de las circunstancias que llevaron a la Administración a la opción elegida, dentro del amplio recorrido penológico, a la hora de cuantificar las multas, siendo tales circunstancias las de "posición del infractor en el mercado, al ser un establecimiento que se encuentra en una zona eminentemente turística, naturaleza de la infracción al estar tipificada como grave pero por razón de su intencionalidad, naturaleza, ocasión se consideró leve, posición del infractor en el mercado al ser sólo titular de este establecimiento, y no existencia de antecedentes constatados mediante consulta a los archivos correspondientes". Por tanto, la Administración ha motivado los criterios tenidos en cuenta a la hora de fijar las sanciones de multas en las cuantías en que lo ha hecho imponiendo sanciones graduada al haber impuesto cuantías que se corresponde con el tramo inferior de los tres establecidos en el artículo 79.2.a) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, para sancionar con multas por las infracciones leves, habiendo optado, por tanto, por el grado mínimo dentro del recorrido penológico posible, cumpliéndose, en consecuencia, con el principio de proporcionalidad, amén de haber degrado a leves unas infracciones originariamente calificadas de muy graves a la normativa turística.

En consecuencia, procederá desestimar el recurso de alzada promovido contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias nº 1213, de fecha 24 de agosto de 2010, recaída en el expediente sancionador nº 35/10.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 002/11-C , emitido con fecha 17 de enero de 2011, por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.

Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha 21 de enero de 2011 por el Servicio de Régimen Jurídico de Turismo de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de alzada nº 123/10 interpuesto por D. Andrés José Fornaro, en representación no acreditada de la entidad mercantil L'Alpistería, S.L., con C.I.F. B-35986694, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante La Pampa, sito en calle El Moral, nº 2, Urbanización Las Coloradas, término municipal de Yaiza y, confirmar la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias nº 1213, de fecha 24 de agosto de 2010, recaída en el expediente sancionador nº 35/10, que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de quinientos cuarenta (540) euros, por el primer hecho infractor y, quinientos cuarenta (540) euros, por el segundo hecho infractor, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos por ser conformes a Derecho.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Segundo.- La liquidación, en período voluntario, del importe de las mencionadas sanciones, cuyos instrumentos cobratorios (Cartas de Pago) se adjuntan a la correspondiente Resolución, deberá hacerse efectiva en los lugares, formas y plazos que se detallan a continuación:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de Recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda, en metálico o cheque conformado a nombre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en lo que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio:

https://www.gobiernodecanarias.org/tributos.

Plazos de ingreso: (artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canarias):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la Administración Tributaria Canaria efectuará la recaudación de las deudas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse en el Servicio de Recaudación de la Administración Tributaria Canaria.

Recursos que pueden ser ejercitados contra los actos de recaudación. En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el interesado podrá interponer indistinta pero no simultáneamente:

Recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto.

Reclamación económico-administrativa ante la Junta Económico-Administrativa competente (artículos 30 y 33 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias). El escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa deberá presentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).- El Viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente Armas.



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