Examinado el expediente iniciado a solicitud del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para la modificación de la clasificación del puesto de trabajo de Oficial Mayor.
Visto el informe emitido por el Servicio de Relaciones con la Administración Local y Habilitación Estatal.
Y teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Por oficio nº 2010015670, de 5 de agosto de 2010, el Jefe de Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife remitió copia de la siguiente documentación:
- Copia de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 27, de 7 de febrero de 2008, de anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General de la Corporación para 2008, junto con la Plantilla del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, en virtud de acuerdo del Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de enero de 2008. En la Plantilla, figura la plaza de Oficial Mayor como reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal.
- Copia de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 29, de 13 de febrero de 2009, de anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General para 2009, junto con la Plantilla del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de febrero de 2009. En la Plantilla, desaparece la plaza de Oficial Mayor de entre las reservadas a funcionarios con habilitación de carácter estatal.
- Copia de la certificación expedida por el Secretario General del Pleno, con fecha 8 de junio de 2010, acreditativa del contenido del acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de junio anterior, en cuya virtud fue aprobado, con carácter definitivo, el Presupuesto General para 2010.
- Copia de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 115, de 10 de junio de 2010, de anuncio relativo a la aprobación definitiva del Presupuesto General para 2010, así como de la Plantilla del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, en virtud del antedicho acuerdo plenario de 7 de junio de 2010.
En la Plantilla figura, nuevamente, la plaza de Oficial Mayor, como reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal.
- Certificación expedida con fecha 20 de julio de 2010 por el Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno Local de la Corporación, acreditativa del acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2009, punto 4º del orden del día, por el que se acordó la supresión del puesto de Oficial Mayor.
- Certificación expedida con fecha 20 de julio de 2010 por el Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno Local de la Corporación, acreditativa del acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 14 de junio de 2010, punto 6º del orden del día, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Corporación y se crea el puesto nº F153, con la denominación de Oficial Mayor, y las características siguientes:
* Grupo/Subgrupo: A1.
* Escala/Subescala: HN/SI (Habilitación de carácter estatal/Secretaría-Intervención).
* Vínculo: F (Funcionario).
* Complemento de destino: 30.
* Complemento específico: 1363.
* Forma de provisión: LD (libre designación).
En el anexo I, se detallan, además, otras características del puesto de trabajo, tales como la dificultad técnica, la responsabilidad, las condiciones de trabajo y su contenido funcional.
2º) Por oficio nº 502.981, de 16 de agosto de 2010, esta Dirección General formuló determinadas observaciones a la propuesta de creación formulada por la Corporación respecto del puesto de Oficial Mayor y del puesto de Adjunto a la Intervención, ambos reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.
3º) La Corporación expresa su parecer sobre las observaciones formuladas mediante oficio nº 2010017828, de 1 de septiembre de 2010.
4º) Esta Dirección General, por oficio nº 703.724, de 1 de diciembre de 2010, solicitó de la Corporación una memoria acreditativa del marcado carácter directivo que, en el seno de la organización municipal, tiene el puesto de trabajo de Oficial Mayor o la especial responsabilidad que haya de asumir su titular, que justifique su provisión por el sistema de libre designación, así como aclaración acerca de la titulación académica que resultare exigible.
5º) Por oficio nº 2011000118, de 3 de enero de 2011, la Alcaldía-Presidencia cumplimenta dicho trámite.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- La Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público -en adelante, EBEP-, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 89, del 13 siguiente, dispone, en su apartado 3, que la creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal corresponde a cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con los criterios básicos que se establezcan por ley.
Los expedientes de clasificación serán resueltos por el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva. Las resoluciones habrán de publicarse en los diarios oficiales y remitirse al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública para su publicación conjunta en el Boletín Oficial del Estado, al menos con carácter trimestral, conforme determina el artículo 9º del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional (BOE nº 189, de 9 de agosto).
Segunda.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61, letra b), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 22/2008, de 29 de febrero (BOC nº 45, de 3 de marzo), corresponde a la Dirección General de la Función Pública el ejercicio de las competencias que, respecto a los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter estatal, correspondan a la Comunidad Autónoma y no estén atribuidas expresamente a otro órgano.
Tercera.- El procedimiento instruido a solicitud del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no tiene por objeto, propiamente, la creación del puesto de trabajo de Oficial Mayor, sino la modificación de su clasificación, a fin de reservarlo a funcionarios de la Subescala de Secretaría-Intervención, mantener inalterable, como sistema de provisión, el de libre designación.
En efecto, según figura en los antecedentes, el indicado puesto de trabajo, que existió en la Plantilla y en la Relación de Puestos de Trabajo como puesto de colaboración, reservado a funcionarios de la Subescala de Secretaría, categoría superior, fue formalmente suprimido por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2009, punto 4º del orden del día que lleva por rúbrica "Expediente relativo a la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo". Ya en la Plantilla de la Corporación para el ejercicio 2009, aprobada inicialmente, junto con el Presupuesto, por el Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de enero de 2009 (BOP nº 29, de 13 de febrero), no figura dicha plaza de entre las reservadas a funcionarios con habilitación de carácter estatal. Sin embargo, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ejercicio de la competencia que le atribuye la Disposición Adicional Segunda, número 3, del EBEP y el artículo 61, letra b), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, no llegó a autorizar la supresión del puesto de trabajo, ya que, en ningún momento, la Corporación formuló propuesta en tal sentido -tratándose de un procedimiento que ha de iniciarse a solicitud de la entidad local interesada-, autorización que opera como condición de eficacia del acto.
Cuarta.- El artículo 2º g) del citado Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, define los puestos de colaboración como aquellos que las Corporaciones locales pueden crear discrecionalmente para el ejercicio de las funciones de colaboración inmediata a las de secretaría, intervención o tesorería y a los que corresponde la sustitución de sus titulares en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria, así como para el ejercicio de las respectivas funciones reservadas que, previa autorización de la Alcaldía o Presidencia, les sean encomendadas por dichos funcionarios titulares.
Añade que dichos puestos serán clasificados a propuesta de la Corporación y estarán reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal de la subescala y categoría que proceda.
Como se ha indicado, el puesto de trabajo de Oficial Mayor estuvo reservado a funcionarios de la Subescala de Secretaría, categoría superior, y se pretende, ahora, modificar su clasificación, con fundamento en el ejercicio de la potestad discrecional que reconoce a la Corporación la normativa vigente, para reservarlo la Subescala de Secretaría-Intervención.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife (Sección 2ª), en sentencia nº 103, de fecha 16 de marzo de 2007, recaída en recursos números 699/2003 y 190/2006, enjuició la legalidad del acuerdo plenario de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo -publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 31 de marzo de 2003-, en cuya virtud se clasificó el puesto de Vicesecretario en la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, mientras que el puesto de Oficial Mayor se mantuvo en categoría superior. Sostenía el demandante que, estando dotados ambos puestos de trabajo con igual nivel y dotación, se introducía un trato desigual al exigir la categoría de entrada para uno y la categoría superior para el otro. En su fundamento jurídico tercero, la Sala consideró que, en el Real Decreto 1732/1994, no existe norma que determine la categoría de los puestos de colaboración y señala que el criterio de diferenciación aplicado por la Corporación, en relación con el puesto de Oficial Mayor -que, en el caso enjuiciado, no fue objeto de modificación- no incorpora criterios ajenos a los principios de objetividad y generalidad. Añade que la clasificación de los puestos -y la determinación de su contenido funcional- obedece a criterios de organización en los que la Administración goza de un amplio margen de actuación para consolidar, modificar o completar sus estructuras y configurar o concretar organizativamente el estatus del personal a su servicio.
No existe, pues, obstáculo para la clasificación de la Oficialía Mayor en la Subescala de Secretaría-Intervención, Subescala que, como las demás que conforman la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, quedó integrada en el Grupo A, Subgrupo A1, de los grupos de clasificación profesional de los funcionarios previstos en el artículo 76 del EBEP, conforme a la redacción que dio, al artículo 22.2 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, sobre régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, el artículo primero del Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. Para el acceso a dicho Subescala, el artículo 22.1.c) exige que los aspirantes estén en posesión del título de Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía o Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras.
Quinta.- En cuanto a la forma de provisión del puesto de trabajo, debe destacarse, en primer término, que mediante Resolución de 13 de enero de 2000, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 15, de 4 de febrero, esta Dirección General, a propuesta de la Corporación, ya se clasificó el puesto de trabajo de Oficial Mayor como puesto a proveer por el sistema de libre designación, junto con los puestos de trabajo de Tesorero, Interventor, Secretario, Vicesecretario y Viceinterventor.
El apartado 5.2 de la Disposición Adicional Segunda del EBEP, en la redacción dada por el artículo 15 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, dispone que, excepcionalmente, para los municipios de gran población previstos en el artículo 121 de la Ley 7/1985 -entre los que se halla el de Santa Cruz de Tenerife-, así como las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, podrán cubrirse por el sistema de libre designación, entre funcionarios con habilitación de carácter estatal de la subescala y categoría correspondientes, los puestos a ellos reservados que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública.
La legislación básica sobre función pública, en relación con los funcionarios locales y, en concreto, con los funcionarios con habilitación de carácter estatal, se encuentra contenida, además de en el Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en el Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, así como en las normas reglamentarias de desarrollo que tengan carácter básico, tal y como se deduce del artículo 3.1 del Estatuto.
La Disposición Derogatoria del Estatuto Básico deroga el artículo 92 y el Capítulo III del Título VII de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y el Capítulo III del Título VII del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; pero con el alcance previsto en la Disposición Final Cuarta, número 3, esto es, hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo.
Subsisten, pues, los requisitos que, para la provisión por libre designación, establece el artículo 27 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, a saber: marcado carácter directivo o especial responsabilidad que hayan de asumir sus titulares; asignación de nivel 30 de complemento de destino; tratándose de puestos de intervención y tesorería, además de los requisitos anteriores, cuantía mínima del presupuesto vigente ordinario superior a 18.030.363,13 euros, y previa modificación de la relación de puestos de trabajo.
Todos los requisitos enunciados concurren en el presente expediente. En efecto, en virtud de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de junio de 2010, punto 6º del orden del día, con ocasión de la modificación de la relación de puestos de trabajo, configuró el puesto de trabajo de Oficial Mayor, identificado con la clave F153, con nivel 30 de complemento de destino, dependencia orgánica directa del Secretario General del Pleno y el siguiente contenido funcional: a) En el ejercicio de la titulación requerida para el acceso al puesto de trabajo, efectúa tareas de gestión, redacción de informes, propuestas, estudios, proyectos derivados de las funciones propias de la Secretaría General del Pleno; b) Estudia y analiza cada situación o problema planteado, opinando y dando solución, siendo responsable de la decisión adoptada; c) Desarrolla las atribuciones de gestión administrativa derivadas del ejercicio de sus funciones profesionales; d) Colabora con su inmediato superior en la planificación y gestión administrativa del Servicio al que está adscrito, ayudando con sus opiniones técnicas a la mejora global del servicio prestado; e) Se mantiene permanentemente actualizado en los estudios que ha realizado y en las especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado servicio; f) Estudia, cuando es requerido, la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos; g) Ejerce sus funciones en equipos de trabajo, aportando sus conocimientos profesionales; h) Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría, dentro de las funciones del Servicio; i) Colaboración con el Secretario General del Pleno en las funciones de Secretaría, comprensiva de la fe pública y del asesoramiento legal preceptivo.
En la Memoria de 3 de enero de 2011, la Alcaldía-Presidencia justifica, con suficiencia a juicio de esta Dirección General, el carácter directivo que, en el seno de la organización municipal, tiene la Oficialía Mayor y la especial responsabilidad que ha de asumir su titular. Copiada a la letra, dice así:
El artículo 130, apartados 1.B y 2, de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), en relación con la Disposición adicional octava, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, determina los órganos directivos municipales, entre los que se encuentra, en relación con el supuesto que nos ocupa, el Secretario General del Pleno y los directores generales u órganos similares que culminen la organización administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías.
El Secretario General del Pleno ejerce funciones de redacción, supervisión, autorización con el visto bueno del Presidente y custodia de sus actas; la expedición de las certificaciones de los actos y acuerdos que se adopten con este mismo visto bueno; la asistencia al Presidente del Pleno para asegurar la convocatoria de las sesiones, el orden en los debates y la correcta celebración de las votaciones, así como la colaboración en el normal desarrollo de los trabajos del Pleno y de las comisiones; la comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios y el asesoramiento legal al plenario y a las Comisiones. Estas funciones quedan reservadas a Funcionarios de habilitación estatal, correspondiendo su nombramiento al Presidente en los términos previstos en la Disposición adicional octava de LBRL, añadida por la Ley 57/2003. Conforme a la letra c) de la misma, las funciones que la legislación electoral general asigna a los Secretarios de Ayuntamiento, así como la llevanza y custodia del Registro de intereses de miembros de la Corporación, serán ejercidas por el Secretario General del Pleno.
Siendo indudable el carácter directivo del Secretario General del Pleno, por estar así establecido en la vigente legislación de régimen local, las normas organizativas municipales no pueden más que respetar dicho carácter, y así se hace tanto en el artículo 17.1 del Reglamento Orgánico del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento (BOP nº 9, de 18 de enero de 2006) como en la vigente Estructura organizativa municipal cuyos niveles esenciales fueron determinados mediante acuerdo del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de fecha 12 de julio de 2007 con motivo del inicio del presente mandato corporativo. Los Decretos organizativos posteriores, que en ningún caso modifican tales niveles esenciales, contemplan al órgano directivo Secretaría General del Pleno con las funciones establecidas en la Ley de Bases del Régimen Local y en el Reglamento Orgánico del Pleno. Además, a nivel organizativo, en el ámbito de la Secretaría General del Pleno se desarrollan determinadas funciones de gestión por parte de la unidad administrativa a su cargo, que incluyen el ejercicio de funciones de soporte administrativo a órganos tales como la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, el Tribunal Económico-Administrativo Municipal y el Consejo Social de la Ciudad, debiendo asumir igualmente el ejercicio de funciones de fe pública, asesoramiento legal preceptivo y secretaría de los Consejos Rectores de tres organismos autónomos locales, conforme a su regulación estatutaria, así como el asesoramiento legal de sociedad de capital íntegramente municipal.
Debe tenerse en cuenta que, en el ámbito de este Ayuntamiento, el ejercicio de las funciones de la Secretaría General (antes de la entrada en vigor de la Ley 57/2003, de modernización del gobierno local) disponía de una organización interna basada en la existencia de dos órganos de apoyo directo a su titular: la Oficialía Mayor y la Vicesecretaría. Estos órganos asumían un reparto de funciones propias de la Secretaría General que incluían genéricamente funciones de colaboración e, incluso, sustitución del Secretario General. Tras la entrada en vigor de la citada Ley de modernización y por la aplicación de las especialidades introducidas por el nuevo Título X de la LBRL respecto de los municipios de gran población, este Ayuntamiento realizó las adaptaciones organizativas necesarias de tal manera que, a los efectos previstos en su Disposición adicional octava, las funciones de apoyo al secretario de la Junta de Gobierno Local fueran asumidas por el titular de la Vicesecretaría, con lo que el único puesto de apoyo especializado reservado a funcionario con habilitación de carácter estatal que en la actualidad existe en el ámbito de la Secretaría General del Pleno sería precisamente el de Oficial Mayor.
Por ello, si bien la Oficialía Mayor no está específicamente regulada ni contemplada como un órgano directivo en el ámbito de la organización municipal de este Ayuntamiento, lo cierto es que su titular debe ejercer funciones con un marcado carácter directivo y de especial responsabilidad, en tanto que, enmarcándose en el ámbito general de actuación de la Secretaría General del pleno y conforme se prevé en el acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Ciudad, de 14 de junio de 2010, colabora con la Secretaría General del Pleno en sus funciones (fe pública, asesoramiento legal preceptivo; tareas de gestión, redacción de informes, propuestas estudios y proyectos; planificación y gestión administrativa ...); si dichas funciones se ponen, a su vez, en relación con el ámbito directivo del órgano en el que queda enmarcado el puesto de Oficial Mayor y con la amplitud de atribuciones que en dicho ámbito han de acometerse, relacionadas además con otros órganos, entes y organismos igualmente necesarios, entre los que se encuentran los que fueron introducidos por la Ley de modernización del gobierno local respecto de los municipios acogidos al régimen previsto en el Título X de la LBRL (como es el caso de Santa Cruz de Tenerife), el alcance directivo y de especial responsabilidad de las funciones queda claramente justificado.
Esta tesis ha de apoyarse, además, en el hecho de que en los supuestos de sustitución legal del titular de la Secretaría General del Pleno en el ejercicio de sus funciones -supuesto éste específicamente regulado en el artículo 17.2 del Reglamento Orgánico del Pleno de este Ayuntamiento, siendo además dicha sustitución de carácter preferente ordinalmente-, o en las propias delegaciones o encomiendas que pudiere recibir de aquél, se trata de supuestos que evidencian tal carácter directivo de sus funciones, puesto que no puede pensare en que dicho carácter pueda ser de distinta naturaleza dependiendo del funcionario que, en cada momento, deba ejercerlas.
En suma, las funciones que ha de ejercer el titular del puesto de Oficial Mayor son de marcado carácter directivo y de especial responsabilidad, en tanto que se constituye en un puesto destinado a prestar no sólo una colaboración y apoyo directo y especializado al titular de la Secretaría General del Pleno, sino también a su sustitución legal.
Sexta.- El artículo 28.2 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, en la redacción dada por el artículo 9º del Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, dispone que la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo reservados a habilitados estatales por el procedimiento de libre designación se efectuará por el Presidente de la Corporación en el plazo máximo de tres meses desde que el puesto de trabajo hubiese resultado vacante, y será remitida por aquél al órgano competente de la comunidad autónoma para su publicación en el diario oficial correspondiente y remisión al Ministerio de Administraciones Públicas -en la actualidad, Ministerio de Política Territorial y Administración Pública- en el plazo máximo de 10 días, con referencia precisa del número y fecha del diario en el que ha sido publicada.
En su virtud, y en el ejercicio de la competencia que ostento,
R E S U E L V O:
1. Modificar la clasificación del puesto de trabajo denominado Oficial Mayor, que queda reservado a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, Subescala de Secretaría-Intervención.
2. Disponer su clasificación por el sistema de libre designación.
3. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9º del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, citado.
4. Requerir a la Presidencia de la Corporación para que, en el plazo de tres meses desde la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, apruebe la convocatoria para la provisión, por libre designación, del indicado puesto de trabajo.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes ante esta Dirección General o, directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tengan su sede, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución.
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de febrero de 2011.- La Directora General de la Función Pública, Ana María Roldán Vives.
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