Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de enero de 2011.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 129/10 instruido a La Orchilla Beer Café, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar-Cafetería Orchilla.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 17 de junio de 2010.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: acta nº 16237 de fecha 5 de noviembre de 2009 con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por: Ayuntamiento de La Laguna, Policía Local y seguido contra la empresa expedientada La Orchilla Beer Café, S.L. titular del establecimiento Orchilla.
2º) El 17 de junio de 2010 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 129/10, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
Por lo que se refiere al primer hecho infractor, el artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril) y, más detalladamente, el artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto), reflejan la obligatoriedad de tener a disposición de los inspectores de turismo en todo momento y en el lugar donde se desarrolle la actividad turística el libro de inspección, ya que éste proporciona a aquéllos el conocimiento de los datos de la empresa o establecimiento turístico de que se trate, de los cambios experimentados en la misma como pueden ser la titularidad, la categoría y demás datos que procedan e, igualmente, los inspectores de turismo pueden realizar diligencias sobre su visita e, incluso, detallar en el mismo aquellas observaciones que tengan por conveniente, tipificándose tal hecho en el artículo 76.9 de la referida Ley 7/1995, como una infracción grave a la disciplina turística, aunque degradada a leve en la Resolución de iniciación del presente expediente sancionador, al relacionar el citado artículo 76.9 con el 77.7 de dicho texto legal.
Respecto al segundo hecho infractor, debe tenerse en cuenta que la función de las hojas de reclamaciones consiste en dar a conocer a la Administración las anomalías detectadas en los servicios y actividades turísticas y en el disfrute y utilización de los establecimientos de esta naturaleza, a efectos de promover las medidas oportunas para su corrección, al mismo tiempo que dichas hojas suponen una garantía de defensa del usuario turístico ante la prestación de un servicio que, a su juicio, no haya sido el adecuado, estando tipificado el referido hecho en el artículo 76.6 de la citada Ley 7/1995 como una infracción grave a la normativa turística, aunque también degradada a leve en la Resolución de iniciación del presente expediente sancionador, al relacionar tal artículo con el 77.7 del indicado texto legal.
En consecuencia, se considera la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada por los hechos infractores imputados, sin que sus alegaciones los desvirtúen, ya que en ellas se reconoce su comisión y, en este sentido, cabe indicar que, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto), son responsables de las infracciones turísticas, las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, titulares de la autorización correspondiente o quienes ejerzan la actividad turística, que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la repetida Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, omisiones que quedan plenamente acreditadas en el acta de inspección nº 16237 de fecha 5 de noviembre de 2009, al constatarse la carencia de una documentación (libro de inspección y hojas de reclamaciones), cuya tenencia y disponibilidad en el establecimiento turístico son preceptivas, dadas las características de la actividad desarrollada, desde el mismo momento en que éste se encuentre abierto al público, situación que no se da cuando, en el propio escrito de descargo de fecha 30 de junio de 2010, la empresa expedientada alega que "la documentación que se le estaba requiriendo (refiriéndose a la visita efectuada por el Servicio de Inspección Turística el 5 de noviembre de 2009) se estaba tramitando".
Junto al criterio señalado de las características de la actividad desarrollada, recogido en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, para la imposición de las sanciones de multa inicialmente propuestas también se ha tenido en cuenta, de conformidad, igualmente, con lo establecido en el citado artículo 79.2, el de las repercusiones para el resto del sector, al ubicarse el establecimiento en una zona del municipio de La Laguna calificada como turística.
No obstante lo expuesto, a la hora de considerar las cuantías de dichas sanciones, ha de atenderse a la circunstancia de que el referido establecimiento carece de antecedentes, no existiendo constancia de que se le hayan instruido otros expedientes sancionadores por los mismos hechos infractores, motivo por el que se propone su minoración.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 9 de agosto de 2010, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de ciento ochenta (180,00) euros.
Correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: noventa (90,00) euros.
Hecho segundo: noventa (90,00) euros.
4º) No consta en el expediente que se hayan presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS
Se consideran probados, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos
Primero: no tener a disposición de la inspección de turismo el correspondiente libro de inspección.
Segundo: no tener disponibles las hojas de reclamaciones.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 .1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Segunda: en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19.4.95), que se indicarán.
Quinta: debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada sobre la base del acta de inspección nº 16237, de 5 de noviembre de 2009 y del acta de la Policía Local de La Laguna nº A-16566, formulada el 11 de octubre de 2008, y no habiéndose presentado alegaciones que desvirtúen los hechos infractores imputados, esta Dirección General se ratifica en los fundamentos de la Propuesta de Resolución de fecha 9 de agosto de 2010 y mantiene la sanción propuesta en la cuantía de ciento ochenta (180,00) euros, teniéndose en cuenta para su imposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), el criterio de las características de la actividad desarrollada, al constatarse la carencia de una documentación (libro de inspección y hojas de reclamaciones), cuya tenencia y disponibilidad en el establecimiento turístico son preceptivas desde el mismo momento en que éste se encuentre abierto al público, situación que no se da cuando, en el propio escrito de descargo de fecha 30 de junio de 2010 aportado a la Resolución de inicio, la empresa expedientada alega que "la documentación que se le estaba requiriendo (refiriéndose a la visita efectuada por el Servicio de Inspección Turística el 5 de noviembre de 2009) se estaba tramitando"; así como el criterio de las repercusiones para el resto del sector, al ubicarse el establecimiento en una zona del municipio de La Laguna calificada como turística, indicándose igualmente que, conforme a las pautas contenidas en el citado artículo 79.2, se ha graduado el importe de la sanción en el tramo inferior de la escala que corresponde a las infracciones leves, cuyas cuantías se establecen hasta un máximo de 1.500,00 euros.
Sexta: los hechos imputados infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:
Normas: hecho primero: artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril). Artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto). Hecho segundo: artículo 20 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril). Artículo 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones (BOC nº 88, de 22 de julio).
Tipificación: hecho primero: artículo 76.9, en relación con el artículo 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril). Hecho segundo: artículo 76.6, en relación con el artículo 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 7.2.B).f) del Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (BOC nº 3, de 7.1.09), vigente según lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Decreto 147/2010, de 25 de octubre, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 212, de 27.10.10),
R E S U E L V O:
Imponer a La Orchilla Beer Café, S.L., con C.I.F. B38528576, titular del establecimiento denominado Bar-Cafetería Orchilla sanción de multa por cuantía total de 180,00 euros, correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: noventa (90,00) euros. Hecho segundo: noventa (90,00) euros.
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99).
Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 2010.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
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