No habiéndose podido practicar la notificación a D. José Yeray Suárez Camacho, de la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2433, de fecha 2 de diciembre de 2010, por la que se acuerda resolución final, procede la notificación por los medios previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En consecuencia, a continuación se transcribe y para que sirva de notificación, extracto de la citada resolución.
R E S U E L V O:
Notificar a D. José Yeray Suárez Camacho, la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2433, de fecha 2 de diciembre de 2010, recaída en el expediente instruido en esta Agencia, por infracción a la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, con referencia R.P. 1605/09, y cuya parte dispositiva dice textualmente:
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer a D. José Yeray Suárez Camacho una multa de treinta mil (30.000,00) euros como responsable de la comisión de una infracción tipificada y clasificada de grave en el artículo 38.3.j), en relación con el artículo 38.2.c) de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, y sancionada en el artículo 42.2 del mismo texto legal con multa de 6.010,13 hasta 300.506,05 euros; cese temporal, total o parcial de las actividades y suspensión de la autorización, en su caso; clausura temporal, total o parcial de las instalaciones e inhabilitación profesional temporal como gestor de residuos, consistente en el abandono de residuos peligrosos (vehículos en estado de desguace sin descontaminar, bidones de aceite usado y filtros de aceite).
Segundo.- Imponer a D. José Yeray Suárez Camacho una multa de quince mil (15.000,00) euros como responsable de la comisión de una infracción tipificada y clasificada de grave en el artículo 38.3.b) de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, y sancionada en el artículo 42.2 del mismo texto legal con multa de 6.010,13 hasta 300.506,05 euros; cese temporal, total o parcial de las actividades y suspensión de la autorización, en su caso; clausura temporal, total o parcial de las instalaciones e inhabilitación profesional temporal como gestor de residuos, consistente en el abandono de residuos no peligrosos (mobiliario doméstico, electrodomésticos, hierros, plásticos, cables, neumáticos, etc.).
Tercero.- Ordenar al expedientado para que, en el plazo de un mes, proceda a corregir la situación ilegal creada como consecuencia de la comisión de la infracción, mediante la retirada y entrega a gestor autorizado de los residuos abandonados (los vehículos se entregarán a un Centro Autorizado de Tratamiento de vehículos al final de su vida útil) debiendo acreditar tal circunstancia ante esta Agencia mediante los justificantes de entrega correspondientes.
Se le comunica que el cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o, directamente, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de la notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 y 46.1 ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estimara procedente interponer.
Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de diciembre de 2010.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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