El Decreto 220/2000, de 4 de diciembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, los sistemas de evaluación de la calidad y los premios anuales a la calidad del servicio y mejores prácticas, y a las mejores iniciativas o sugerencias de los empleados públicos, establece en sus artículos 15 y 16 que la composición y designación del jurado que concederá los citados premios corresponde al titular del departamento competente en materia de modernización, calidad de los servicios y régimen general de la función pública.
Por Orden de 26 de mayo de 2010, del Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, se convocaron los citados premios y se publicaron las bases que rigen su concesión, estableciéndose en su base tercera la composición y funcionamiento del Jurado, y preceptuando que los vocales no contemplados en dicha base tercera serían designados por orden posterior.
En su virtud, y conforme a lo establecido en los citados preceptos reglamentarios,
R E S U E L V O:
Designar a los miembros del Jurado de los Premios a la Calidad y a las Mejores Prácticas, y de los Premios a las Mejores Iniciativas o Sugerencias de los Empleados Públicos del año 2010, que tendrá la siguiente composición:
PRESIDENTE: Excmo. Sr. D. José Miguel Ruano León, Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
VICEPRESIDENTE: Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Santana Pérez, Viceconsejero de Administración Pública.
VOCALES:
1. Ilma. Sra. Dña. María del Socorro Beato Castellano, Inspector General de Servicios.
2. Ilmo. Sr. D. Urbano Medina Hernández, Director de la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria.
3. Sr. D. Francisco José Eugenio Baute, Consultor de Servicios, Responsable funcional Oficina para la Modernización Administrativa de la Inspección General de Servicios y evaluador en EFQM.
SECRETARIO:
Un funcionario adscrito a la Inspección General de Servicios designado por el titular de este centro directivo.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso potestativo de reposición ante este órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden, con los efectos previstos en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En caso de tratarse de administraciones públicas se podrá acudir al requerimiento previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de diciembre de 2010.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,
José Miguel Ruano León.
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