BOC - 2010/217. Jueves 4 de Noviembre de 2010 - 6100

V. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

6100 - ANUNCIO de 25 de octubre de 2010, sobre notificación del Decreto de 19 de abril de 2010, por el que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40317-I-2009.

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Providencia de 25 de octubre de 2010, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 19 de abril de 2010, resolutorio de recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40317-I-2009.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación al interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 19 de abril de 2010, desestimatorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40317-I-2009.

Contra este Decreto, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por Dña. Begoña Díaz Cano, en nombre y representación de la entidad mercantil: Sociedad General Española de Librería, S.A., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha: 2 de noviembre de 2009 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora: 17 de marzo de 2009, 9,45, por agente de Inspección de transportes se procedió a inspeccionar el vehículo matrícula: 2883-DPG, del que es titular: D. José Juan García Galván, constatándose los siguientes hechos: la falta de datos obligatorios en la documentación en que deben materializarse los contratos de transporte de mercancías celebrados con transportistas u operadores. Transporta prensa faltando en la carta de porte de servicio público la matrícula y el nombre del transportista desde el Aeropuerto Los Rodeos hasta varios puntos de la isla.

Levantándose al efecto la oportuna Acta de Infracción.

Resultando: que el día: 30 de septiembre de 2009 se notificó al interesado la citada Acta y la resolución de incoación del expediente sancionador nº TF-40317-I-2009.

Resultando: que por el expedientado se presentó escrito de descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses, en síntesis, que es ajena a la actuación de las personas implicadas en los hechos denunciados. Así, las mercancías transportadas (prensa) no es propiedad suya, ni era la encargada de llevar a cabo su transporte. Su representada actúa entre ambas partes, siendo ajena a la actividad de transporte que da lugar a los hechos denunciados, que corre a cargo de la empresa Acciona Forwarding, S.A., tal como se desprende del Acta, el vehículo no es propiedad de Acciona Forwarding, S.A., porque ésta está llevando a cabo la distribución de la mercancía, contratando al efecto con terceras personas, careciendo la entidad mercantil recurrente de responsabilidad alguna respecto a dicha contratación y la documentación derivada de la misma. La consideración de estos datos como esenciales es por tanto, un criterio que, a la vista de la corroboración posterior, no es posible subsumir en los preceptos que se dicen infringidos, entendiendo por tanto que, tal como se desprenden de las manifestaciones recogidas en el propio Acta, la documentación se encontraba conforme a la legislación aplicable. A mayor abundamiento, y aunque como han señalado, esos artículos no señalan los documentos que deben tener el carácter de esenciales, el propio 198.19 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en su apartado segundo, menciona un concreto tipo de carencia que se considerará constitutivo de la infracción y que no se corresponde con el recogido en el Acta de Infracción. De igual modo, se dice infringida la Orden FOM/238/2003, de 31 de octubre, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de mercancías por carretera, cuyo artículo único establece la documentación de control de los envíos de transporte por carretera, recogiendo los tipos de transporte que quedarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en la misma, señalando, entre otros, el transporte de reparto y recogida de mercancías en régimen de carga fraccionada. El artículo 47.7 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, define el transporte de cargas fraccionadas como aquellos transportes de mercancías para cuya realización resultan precisas actividades previas o complementarias inherentes al carácter fragmentario de las mercancías, tales como la manipulación, almacenamiento, grupaje, clasificación, embalaje o distribución por parte del transportista. En el Acta de Infracción se hace constar expresamente por el agente que: "transporta prensa ... desde el aeropuerto de Los Rodeos hasta varios puntos del sur de la isla". Esta descripción de la actividad lo que está realizando es definir la actuación que realiza el transportista que no es otra que la distribución de la mercancía, según el diccionario del R.A.E.: entregar una mercancía a los vendedores y consumidores. Tal como se establece en la definición anterior, el transporte de cargas fraccionadas lleva aparejado otras actividades entre éstas, y recogidas expresamente, la distribución, para ser considerada como tal. Parece claro que los hechos descritos en el Acta de Infracción se ajustan, por tanto, a una actividad de transporte de cargas fraccionadas, donde el transportista, además, precisa de la realización de la distribución de la prensa, siendo perfectamente identificable con la misma, y, por tanto, debe ser excluida de la aplicación de esta normativa.

Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha: 2 de noviembre de 2009 que venía a sancionar a: Sociedad General Española de Librería, S.A. con multa que ascendía a: 1.001,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 105.19 y 89.1 LOTCC; artículos 198.19 y 222 ROTT; O. FOM 238/2003, de 31.1 (BOE de 13.2) y en base al artículo 108.e) LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT.

Notificándose dicha Resolución en fecha: 23 de noviembre de 2009.

Resultando: que con fecha: 18 de diciembre de 2009, Dña. Begoña Díaz Cano, en nombre y representación de: Sociedad General Española de Librería, S.A., interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, reiterándose en lo ya expuesto en el pliego de alegaciones interpuesto en descargo por la entidad mercantil interesada, añadiendo que en el Acta de Infracción se hace constar expresamente por el agente que "transporta prensa ... desde el Aeropuerto de Los Rodeos hasta varios puntos de la isla", pero olvida consignar que, además de la distribución de la mercancía, el conductor con anterioridad había manipulado la mercancía, había procedido al almacenaje de parte de ella, realizando tareas de grupaje y clasificación, convirtiendo el transporte en un transporte de carga fraccionada. El transporte de cargas fraccionadas lleva aparejado otras actividades entre éstas y recogida expresamente, la distribución para ser considerada como tal y en el presente caso, el transportista, en la persona del conductor del vehículo, recogió del aeropuerto diferentes paquetes de prensa, realizó la operación de descarga, realizó tareas de control mediante la separación y agrupación por rutas, títulos y clientes, entregando una vez realizada esta manipulación a diferentes destinatarios a lo largo de la isla. Parece claro, a la vista de lo expuesto, que se realizó un transporte de cargas fraccionadas, y por ello, de conformidad con la Orden FOM/238/2003, de 31 de octubre, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de mercancías por carretera, el transporte realizado quedará exento del cumplimiento de lo dispuesto en la misma, aportando como fundamento a sus argumentaciones copia simple de certificado del conductor del vehículo inspeccionado de fecha 16 de diciembre de 2009, asegurando que el día de la inspección, con el citado vehículo realizaba reparto para SGAEL, consistiendo en los siguientes servicios: recoger en el aeropuerto la mercancía consistente en diferentes paquetes de prensa, cuyas operaciones de carga y descarga corrieron de su cuenta. Estos paquetes de prensa, transportados, previamente han sido controlados, separados y agrupados por rutas, títulos y clientes y entregados en sus instalaciones a otros transportistas. Continuando después de la manipulación de los paquetes de prensa, con la entrega a diferentes destinatarios a lo largo de la isla, en base a los albaranes de entrega, donde se pormenoriza las distintas cantidades.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo matrícula -2883-DPG realizaba en el momento de ser denunciado un servicio de transporte público de mercancías, llevando a bordo del vehículo un documento de entrega de mercancías que acompañaba a las mercancías durante su desplazamiento, que no reunía los requisitos reglamentariamente exigidos por el artículo 1 de la Orden Fom/238/2003, de 31 de enero, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de mercancías por carretera; tal como consignó el agente denunciante en la denuncia, que consta documentalmente en el expediente sancionador; habida cuenta que, una vez analizado el citado documento por el agente de inspección actuante, se observa la omisión de los datos establecidos como preceptivos para configurar el documento de control aludido, tales como: matrícula del vehículo denunciado y nombre o denominación social y domicilio de la empresa transportista; incumpliendo la obligación determinada en el artículo incumpliendo la obligación determinada en el artículo 89.3 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias "Las personas que realicen los servicios y actividades previstos en esta Ley deberán cumplimentar y conservar en su domicilio empresarial, durante el plazo que se establezca, la documentación de carácter administrativo o estadístico, que, en su caso, se determine reglamentariamente".

En este mismo sentido se pronuncia el artículo 222, 4º párrafo del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, constituyendo tal hecho una infracción grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en el artículo 105.19 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y 198.19 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, donde tipifican claramente como tal hecho infractor: "la carencia, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la documentación de control, estadística o contable cuya cumplimentación resulte obligatoria ...".

Considerando: habiendo incurrido la entidad mercantil expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.1.c) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, en responsabilidad administrativa, cuya imputación se realiza en el artículo único de la mencionada Orden de documentos de control, al establecer que "la documentación de control será de libre edición, pudiendo ajustarse al modelo, formato y denominación que más convenga a las partes intervinientes en el contrato, debiendo expedirse tantas copias como partes intervengan en el transporte. La obligación de confeccionar y expedir la documentación corresponderá al cargador ...", sin que lo alegado por la entidad mercantil recurrente constituyera causa alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la comisión de la infracción, recogidas en el artículo 194.2 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, ni hubiera desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el Acta de Infracción (artículos 98.2 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, 33.2 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres), formulada por agente adscrito al Servicio Administrativo de Carreteras y Transportes, Unidad Orgánica de Inspección de Transportes (Unidad funcional) del Cabildo Insular de Tenerife, que tiene la consideración de autoridad a tenor de lo dispuesto en los artículos 98.1 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; y el 17 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Habida cuenta que por la entidad mercantil interesada no se ha acreditado fehacientemente lo argumentado acerca de que el transporte se realizara en régimen de carga fraccionada; tal como exige, a efectos de eximir el cumplimiento de la obligación de portar el citado documento de control, el artículo único de la Orden FOM/238/2003, de 31 de octubre, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de mercancías por carretera; más bien, al contrario, pues de los hechos consignados en el Acta de Infracción; de la documentación que acompañaba a la mercancía transportada y del certificado emitido el 15 de julio de 2009, por la Directora de la entidad mercantil interesada, que, igualmente, figura incorporado al expediente sancionador de referencia, se traduce que el transporte controlado tenía origen en el Aeropuerto de Los Rodeos y destinatario: S.G.A.E.L. Tenerife, en la Carretera Las Chafiras, s/n, El Guincho, San Miguel, tal como se describe textualmente en la documentación que acompañaba a la mercancía transportada, al consignar esos datos en el apartado: nombre y dirección del destinatario. Sin haberse acreditado que, previamente al transporte inspeccionado, el transportista hubiera tenido que realizar operaciones de manipulación, grupaje, almacenamiento, clasificación etc., de la carga transportada, tal y como exige el artº. 22.3 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y el artículo 47.7 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, sin que resulte suficiente para ello el solo hecho de que existan multiplicidad de destinatarios de la mercancía transportada, tal como argumenta la entidad mercantil interesada.

Lo cierto es que en el supuesto analizado, la entidad mercantil interesada incumplió una obligación establecida en normativa de transporte vigente, consistente en confeccionar y expedir documento de control con los requisitos reglamentarios, residiendo el límite de la culpa, como presupuesto para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, en el deber de informarse según las obligaciones de cada profesión y en la diligencia debida en su actuación.

Residiendo el límite de la culpa, como presupuesto para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, en el deber de informarse según las obligaciones de cada profesión y en la diligencia debida en su actuación. Sin que lo expuesto por la entidad mercantil recurrente constituyera causa alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, prevista en el artículo 194.2 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, R.O.T.T.

Considerando: constituyendo el hecho denunciado una infracción grave a la normativa de transportes vigente, debidamente tipificada en el artículo 105.19 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y 198.19 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, correspondiendo una sanción que asciende a mil un (1.001) euros de conformidad con lo establecido en el artículo 108.e) de la referida Ley Autonómica de Transportes, y 201.1.e) de su Reglamento; habiéndose ponderado, al imponer esa sanción, los distintos bienes jurídicos en conflicto y atendido a los criterios de graduación establecidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad, también, con la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de diciembre de 1987; al haberse impuesto la cuantía de sanción mínima de las previstas para ese tipo infractor dentro de los límites fijados por el artículo 108.e) de la citada Ley y 201.1.e) de ese Reglamento; al tratarse de una infracción donde se incumplen las exigencias mínimas de transparencia en la prestación del servicio previstas normativamente; para, así, poder evitar, por ejemplo, la inseguridad e indefensión en su relación con los usuarios del servicio y la competencia desleal; entorpeciendo a los órganos administrativos competentes un conocimiento suficiente de las operaciones mercantiles realizadas para alcanzar un eficaz desarrollo de las funciones de control, inspección y saneamiento del mercado; teniendo en cuenta que la potestad sancionadora de la Administración es del tipo reglada, de aplicación del tipo legal al hecho infractor, así, en la graduación de la sanción que se impone a cada tipo, el órgano administrativo debe, dentro de los criterios de graduación que concreta el legislador en las normas sancionadoras (artículo 108 de la misma Ley y 201 del citado Reglamento) buscar, en atención a las circunstancias que operan en cada caso, de entre las sanciones posibles, la más proporcionada al desvalor antijurídico del comportamiento cometido.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por Dña. Begoña Díaz Cano, en nombre y representación de la entidad mercantil: Sociedad General Española de Librería, S.A. confirmando la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 2 de noviembre de 2009, que determinó la imposición de una sanción de mil un (1.001,00) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada mediante el documento de pago, que se adjunta, por los medios de pago y dentro del período que se establece en el mismo, de conformidad con el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Si el interesado no efectúa el pago al vencimiento del plazo otorgado, se procederá a su cobro por vía de apremio, con el recargo correspondiente, y en su caso, los intereses de demora, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Lo que se notifica, advirtiendo que contra el anterior Decreto cabe interponer el recurso indicado en el mismo."

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de octubre de 2010.- El Jefe de Servicio, Pedro Luis Campos Albarrán.



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