No habiéndose podido notificar a D. Carmelo Domingo Dámaso Araña y Dña. María del Carmen Dámaso Araña, en la forma prevista en el artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92) la Resolución del Director del Instituto Canario de la Vivienda de fecha 14 de abril de 2010 sobre expediente sancionador S-019/10, tramitado en este Instituto y siendo necesario notificar dicho trámite, al ser partes interesadas, conforme a lo previsto en el apartado 5º del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Carmelo Domingo Dámaso Araña y Dña. María del Carmen Dámaso Araña, la Resolución de incoación, de fecha 14 de abril de 2010, dictada en el expediente sancionador S-019/10, instruido por infracción del artº. 83.w) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:
Incoar procedimiento sancionador S-019/10, por la presunta comisión de hechos tipificados como infracción grave en el artículo 83, apartado w), de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, contra D. Carmelo Domingo Dámaso Araña y Dña. María del Carmen Dámaso Araña.
Asimismo se nombra Instructor y Secretaria del mismo a D. Edgar Montesdeoca García y Dña. María Carmen Ríos Agraso, respectivamente, siendo su régimen de recusación el contemplado en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Comuníquense estos Acuerdos de iniciación al Sr. Instructor del procedimiento con traslado de las actuaciones y notifíquese simultáneamente a los interesados; advirtiéndoles que queda puesto de manifiesto el expediente y que de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo éste podrá ser considerado como propuesta de resolución a los efectos previstos en el artículo 18 del Real Decreto 1398/1993, así mismo se hace saber que conforme a lo establecido en el artículo 16.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (BOE nº 189, de 9.8.93), los interesados disponen de un plazo de quince días hábiles a contar desde la notificación del presente acuerdo para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y en su caso proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2010.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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