Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por el recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Deeraj Ramnani Ramnani, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Agencia de Viajes Zafiro Tours", la Resolución de 2 de octubre de 2009 (Libro nº 1, Folio 1453/1457, nº 567), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se declara la caducidad del procedimiento sancionador, ordenando el archivo de las actuaciones recaídas en el expediente sancionador 159/08.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Teguise (Lanzarote) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de 2009.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo por la que se declara la caducidad del procedimiento sancionador ordenando el archivo de las actuaciones recaídas en el expediente sancionador nº 159/08.
Visto el recurso de alzada nº 149/09 interpuesto por D. Deeraj Ramnani Ramnani, con D.N.I. nº 78.588.397 L, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Agencia de Viajes Zafiro Tours", sito en calle Las Olas, s/n, Costa Teguise, término municipal de Teguise, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 222, de fecha 28 de mayo de 2009, recaída en el expediente sancionador nº 159/08, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de una infracción administrativa a la normativa turística consistente en: "Estar abierto al público el establecimiento de referencia, sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Agencia de Viajes".
Hecho por el que el titular expedientado fue sancionado con multa en cuantía de veintiocho mil ochocientos cuarenta y ocho (28.848) euros.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora se promueve recurso de alzada ante la Consejera de Turismo solicitando su revocación.
En defensa de sus derechos e intereses, el titular expedientado aduce, en síntesis, los siguientes argumentos:
1º)La Resolución impugnada incurre en un error patente: la sucursal que es objeto de este expediente y la de la Avenida del Jablillo, 12, C.C. Océano, local 2b, son la misma.
2º) Caducidad del expediente sancionador, habida cuenta que el expediente se inició el 9 de diciembre de 2008 y la resolución que puso fin al mismo se notificó al interesado el 30 de junio de 2009. La actuación complementaria se solicitó el 27 de marzo practicándose el 30 de ese mismo mes, de modo que el plazo para resolver el expediente se reanudó el 30 de marzo, adoptándose la resolución impugnada el 28 de mayo, notificada el 30 de junio de 2009. De conformidad con los artículos 4 y 6 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artículo 44.2 de la LRJAP-PAC, debe estimarse el recurso, declarando la caducidad del expediente y el correspondiente archivo de las actuaciones.
3º) Subsidiariamente, se aduce error de prohibición y manifiesta desproporción de la sanción impuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la que se mantiene en el Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo la delegación de la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos de este Departamento en materia de turismo y costas.
Segundo.- Alegada por el titular recurrente, en defensa de sus derechos, la posible caducidad del procedimiento sancionador, cuestión ésta sobre la que, como ha advertido el Tribunal Supremo (STS de 7.11.01 EDJ 2001/51553), procede resolver con carácter previo respecto de cualquier motivo sobre irregularidades invalidantes en el procedimiento, prescripción de la acción o vulneración de las garantías en el ejercicio de la potestad sancionadora, puesto que estas irregularidades parten de que dicha potestad se haya ejercitado en plazo legal, corresponderá, en consecuencia, resolver en primer término la posible caducidad del procedimiento que, de haber operado, determinaría sin más el archivo de las actuaciones recaídas en el expediente sancionador nº 159/08.
Como advierte el Tribunal Supremo en relación al ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración competente: "... para que la sanción administrativa sea válida en derecho es preciso no sólo que los actos realizados estén incluidos en la norma sancionadora, sino que, además, la sanción se imponga de acuerdo con la norma de procedimiento y en el plazo exigido por la ley. El transcurso de ese plazo sin que se imponga la sanción, determina la imposibilidad legal de efectuarlo, y si se ha hecho, determina la nulidad radical de la sanción impuesta". Y es que estamos ante una potestad administrativa sometida a los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. La aplicación de dicho precepto, en cuanto regulador del ejercicio del régimen general de la caducidad, a todo procedimiento sancionador, no ofrece duda alguna, si bien, dado que el legislador estatal ha renunciado a un procedimiento sancionador común, habrá que estar al procedimiento específico previsto en las correspondientes normativas (estatales, autonómicas o locales), sin perjuicio de la aplicación directa de las normas de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en los aspectos reguladores de la misma, y de la aplicación supletoria del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en defecto, total o parcial, de procedimientos específicos (artº. 1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto).
En el ámbito de las infracciones turísticas, la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, establece, en su Título VI, unas reglas especiales del procedimiento sancionador, que han sido desarrolladas por el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.
Existe, por tanto, un procedimiento específico en relación a las infracciones en materia turística, sin perjuicio de aplicación de las normas de la legislación estatal sobre garantías del procedimiento y sobre terminación del mismo, en particular, lo relativo a la caducidad.
El artículo 4.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, señala que "el procedimiento ordinario deberá ser tramitado y resuelto en el plazo máximo de seis meses, contado desde la notificación al interesado de la resolución de iniciación del mismo", mientras que el artículo 6.1 de la indicada disposición mantiene que "si no hubiese recaído resolución transcurridos los plazos previstos en el artículo 4 del presente Decreto, se producirá la caducidad del procedimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común", precepto este último que tras la entrada en vigor de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pasa a ser el 44.2 del citado texto legal, disponiendo el apartado tercero del artículo 6 del citado Decreto 190/1996, de 1 de agosto, que "el cómputo de los plazos a que se refiere este artículo, se interrumpirá por la práctica de actuaciones que deban de figurar en el expediente de forma expresa, encaminadas a determinar la identidad o domicilio del denunciado, la naturaleza del hecho infractor o cualquier otra circunstancia necesaria para comprobar y calificar la infracción, siempre que de ellas tenga conocimiento el interesado".
Dichos preceptos reglamentarios, hay que ponerlos en relación con la nueva regulación de la caducidad tras la reforma de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En virtud de esta nueva regulación, el plazo máximo para resolver todo procedimiento sancionador será el que determine su normativa específica, si bien nunca podrá ser superior a seis meses -plazo que viene recogido en el artículo 4.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto- de forma que por el transcurso de dicho plazo sin resolver se producirá la caducidad, y consiguiente archivo, contándose el plazo desde la fecha del acuerdo de iniciación y no desde su notificación, al haberlo establecido así la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el artículo 42.3.a).
La normativa común a todo procedimiento sancionador contenida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras la reforma introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, conlleva, en lo que respecta al cómputo del plazo de caducidad, a una nueva interpretación de los preceptos contenidos en el Decreto territorial 190/1996, de 1 de agosto, en el sentido de que este plazo se cuenta desde la incoación ("dies a quo") o, en terminología de la Ley, desde la fecha del acuerdo de iniciación, criterio que es mantenido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sus sentencias de fechas 3 de septiembre de 2003, 18 de marzo de 2004, 7 de octubre de 2004, 3 de febrero de 2005 y 17 de marzo de 2005, entre otras, así como por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo nº 2 y 3 de Santa Cruz de Tenerife, en sus respectivas sentencias de 12 de enero de 2005 y 23 de marzo de 2004, y Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, en sentencia de 21 de octubre de 2004.
En razón de lo expuesto, es clara la concurrencia de la caducidad en el expediente sancionador nº 159/08, al haberse excedido la Administración turística competente, a la hora de resolver y tramitar el procedimiento sancionador del plazo de los seis meses normativamente establecido, entre la fecha de la Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística, que constituye el acuerdo de iniciación, adoptada el 9 de diciembre de 2009, y la fecha de notificación de la Resolución sancionadora, acto finalizador del procedimiento sancionador, el 30 de junio de 2009, según acuse de recibo que obra en el expediente sancionador. Caducidad que se produce aun teniendo en cuenta la causa de suspensión que supuso la realización de actuaciones complementarias para la resolución del procedimiento, prevista en el artículo 17.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo. De la documental que obra en el expediente resultará que la realización de actuación complementaria para la resolución del procedimiento fue acordada el 27 de marzo de 2009, notificado, según acuse de recibo el 19 de mayo de 2009, actuación que terminó el 30 de marzo de 2009 con la emisión, por parte del Servicio de Acción Turística, del informe solicitado a través del referido acuerdo. Por lo tanto, el plazo de resolución del procedimiento quedó suspendido, a tenor de lo establecido en el artículo 17.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, citado, desde el 27 de marzo de 2009, fecha de adopción del acuerdo, al 30 de marzo de 2009, día en que fue emitido por el Servicio de Acción Turística el informe solicitado, habiéndose reanudado, a partir de esa fecha, el plazo para resolver que finalizó el 30 de junio de 2009, momento en que se notificó el acto administrativo impugnado. De lo expuesto resultará que pese a la suspensión del plazo de resolución, la Administración se sobrepasó del plazo de los seis meses normativamente establecidos para tramitar y resolver el mismo.
La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones de la Administración, sin que los procedimientos caducados interrumpan el plazo de prescripción, conforme establece el artículo 92.3 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
A la vista de cuanto se ha expuesto, procederá la estimación del recurso de alzada, declarando la caducidad del procedimiento sancionador, ordenando el archivo de las actuaciones recaídas en el expediente sancionador nº 159/08, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 6 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, y artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 92.3 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de no haber prescrito la infracción a la normativa turística, deba nuevamente incoarse al titular recurrente expediente sancionador por el mismo hecho infractor.
Tercero.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestión de Derecho (la caducidad del procedimiento sancionador), ya resuelta en anteriores recursos (Dictamen nº 106/05-C, emitido con fecha 12 de agosto de 2005 por la Letrada Habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico), de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto 232/1998, de 18 de diciembre.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Estimar el recurso de alzada nº 149/09 interpuesto por D. Deeraj Ramnani Ramnani, con D.N.I. nº 78.588.397 L, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Agencia de Viajes Zafiro Tours", sito en calle Las Olas, s/n, Costa Teguise, término municipal de Teguise, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 222, de fecha 28 de mayo de 2009, recaída en el expediente sancionador nº 159/08, declarando la caducidad del procedimiento sancionador ordenando el archivo de las actuaciones recaídas en el expediente sancionador nº 159/08.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.
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