BOC - 2009/210. Martes 27 de Octubre de 2009 - 1591

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

1591 - ORDEN de 8 de octubre de 2009, por la que se inicia procedimiento de revisión de oficio del Plan General de Ordenación de El Rosario respecto a la ordenación del sector de suelo urbanizable "El Varadero".

Descargar en formato pdf

Examinado el expediente administrativo.

Visto el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, adoptado en sesión de 15 de octubre de 2007.

Visto el informe de la Dirección General de Urbanismo de 27 de septiembre de 2007.

Vista la propuesta formulada por el Viceconsejero de Ordenación Territorial, de fecha 15 de julio de 2009.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Mediante Orden nº 564, de 6 de noviembre de 2007, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, se inició expediente de revisión de oficio (196/07-V) del Plan General de Ordenación de El Rosario, respecto a la ordenación del sector de suelo urbanizable "El Varadero".

Dicho procedimiento quedó archivado mediante Orden nº 258, de 24 de noviembre de 2008, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que declaró la caducidad del mismo.

2º) Mediante Orden nº 259, de 26 de septiembre de 2008, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, se incoa nuevo procedimiento de revisión de oficio, en el seno del expediente 162/08-V.

3º) Mediante Orden de fecha 8 de octubre de 2009, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, se ha declarado la caducidad del procedimiento de revisión de oficio por haber transcurrido el plazo legalmente establecido para la resolución y notificación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- En cuanto a la competencia funcional para abordar la revisión de oficio, y dado que la disposición objeto de revisión ha sido objeto de un procedimiento bifásico de aprobación, corresponde dicha autotutela a la Administración competente para la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación, esto es, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias [artículo 32.3.b)] del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, atribuyéndosele tal potestad en el artículo 34.a) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Respecto a la competencia orgánica, corresponde la incoación y resolución del procedimiento al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.1.g) de la citada Ley 14/1990. No obstante, en cuanto la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias es el órgano del cual ha emanado la disposición objeto de revisión, procede la petición razonada de éste en cuanto a la iniciación del procedimiento de revisión de oficio (artículo 69.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común-LRJPAC), la cual ha tenido lugar en virtud del mencionado Acuerdo de 15 de octubre de 2007.

Hay que precisar que la utilización del procedimiento de revisión de oficio en relación con un instrumento de ordenación sometido a un procedimiento bifásico de formulación y aprobación no supone en modo alguno vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, toda vez que mediante el mismo se pretende simplemente constatar y declarar la nulidad de la disposición en cuestión, sin sustituir las competencias urbanísticas ni las potestades legalmente atribuidas al Ayuntamiento. La actividad de ordenación a que dé lugar la eventual declaración de nulidad parcial del Plan General de Ordenación de El Rosario, seguirá en su caso los cauces legal y reglamentariamente previstos.

Segunda.- La caducidad del procedimiento iniciado mediante la Orden nº 259, de 26 de septiembre de 2008, no obsta a que pueda iniciarse un nuevo procedimiento de revisión de oficio, al no existir límite temporal para ello por concurrir una causa de nulidad de pleno derecho.

En consecuencia, dada la imprescriptibilidad de la acción de nulidad y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 92.3 LRJPAC, procede acordar la incoación de un nuevo procedimiento de revisión de oficio del Plan General de Ordenación de El Rosario (PGO) en relación con la ordenación del sector de suelo urbanizable "El Varadero".

Tercera.- La naturaleza normativa de los planes e instrumentos de ordenación es un criterio, ya una realidad, consolidado en la doctrina mayoritaria y por la jurisprudencia, sin perjuicio de las peculiaridades que modulan dicha naturaleza. En este sentido pueden citarse, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1970 [RJ 1970\229], 4 de noviembre de 1972 [RJ 1972\4.692], 10 de junio de 1977 [RJ 1977\3.358], 11 de mayo de 1979 [RJ 1979\2.450], 29 de septiembre de 1980 [RJ 1980\3.463], 12 de abril y 23 de mayo de 1985 [RJ 1985\3.524 y 2.942 respectivamente], 1 de diciembre de 1986 [RJ 1986\415], 7 de febrero, 15 de junio y 16 de noviembre de 1987 [RJ 1987\2.750, 6.130 y 9.220 respectivamente], 22 de enero, 17 de octubre y 7 de noviembre de 1988 [RJ 1988\330, 7.848 y 8.783 respectivamente], 10 de abril, 6 de junio y 30 de octubre de 1990 [RJ 1990\3.593, 4.814 y 8.428], 12 de marzo y 24 de diciembre de 1991 [RJ 1991\1.988 y RJ 1992\372 respectivamente], 20 de enero, 13 de febrero, 14 de julio, 22 de septiembre y 1 de diciembre de 1992 [RJ 1992\715, 2.828, 5.753, 6.974 y 9.737], 6 de marzo, 5 de abril y 5 de mayo de 1993 [RJ 1993\1.591, 2.602 y 3.476 respectivamente] y 26 de diciembre y 27 de diciembre de 1995 [RJ 1995\9.357 y 9.358 las dos primeras y 9.359 la última].

Por tanto, toda vez que resulta claro que el PGO es una disposición de carácter general, el artículo de referencia es el 62.2 de la citada Ley, y no el 62.1, que se refiere a las causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos.

Cuarta.- Dicho artículo 62.2 señala que "serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales".

En este concreto caso se constata que sí concurre uno de esos vicios de nulidad radical, que no es otro que la vulneración de una disposición de rango superior. El PGO de El Rosario clasifica y categoriza el suelo que nos ocupa como urbanizable sectorizado ordenado, asignándole un uso predominantemente residencial (parámetro 5.3 de la normativa de ordenación pormenorizada del Anexo Sectoriado Ordenado SUSO C-1 El Varadero), en contra de lo dispuesto en los artículos 1.1.3.1-AD y 2.3.2.5.4-AD de la normativa del Plan Insular de Ordenación de Tenerife, aprobado por Decreto 150/2002, de 16 de octubre, que prohíben todo tipo de edificación en el Área de Regulación Homogénea de Protección Ambiental 1/Laderas.

Por tanto, el PGO vulnera claramente las determinaciones del PIO, que es un instrumento de rango superior, como expresa el artículo 17 del TRLOTENC, siendo además los preceptos vulnerados de aplicación directa (AD). En consecuencia, concurre una causa de nulidad de pleno derecho en el PGO de El Rosario que justifica, en abstracto, la revisión de oficio.

Hay que clarificar, no obstante, la cuestión derivada de la existencia de un Plan Parcial supuestamente aprobado por silencio en el sector que nos ocupa. El artículo 1.1.3.3.1-AD de la normativa del PIO, dispone que "en tanto no se haya producido la adaptación del planeamiento vigente, no se autorizará la ejecución de actos de uso del suelo o intervenciones en terrenos que, en el Plano de Distribución Básica de los usos del PIOT, se encuentren incluidos en una categoría de Área de Regulación Homogénea en la que tal uso o intervención resulte incompatible, salvo las expresamente permitidas por el planeamiento vigente en suelo clasificado como urbano o urbanizable con Plan Parcial vigente".

Así, la vigencia del Plan Parcial queda descartada, toda vez que la aprobación por silencio administrativo ha sido anulada mediante Sentencia 304/2007, de 17 de julio, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En consecuencia, las previsiones del PIO son plenamente aplicables a la porción de territorio que nos ocupa al no existir plan parcial vigente, originándose la nulidad de pleno derecho que ahora invocamos y justificando, por tanto, la revisión de oficio del PGO.

Quinta.- Sin perjuicio de los argumentos expuestos en la consideración jurídica anterior, y a mayor abundamiento, conviene aclarar qué quiere decir el artículo 1.1.3.3.1 cuando habla de "Plan Parcial vigente".

Al respecto es relevante la manera en que se expresa la Memoria del PIO, que en su página 127 señala que "en el Capítulo 1º del Título I se describe con carácter meramente expositivo el contenido de la ordenación del PIOT, y se fija un conjunto de disposiciones de directa aplicación que afectan al planeamiento vigente. Estas disposiciones tienen por objeto establecer una aplicación de carácter transitorio del PIOT en tanto no sea adaptado el planeamiento vigente que evite la realización de actos o la consolidación de situaciones o derechos urbanísticos que vayan en contra de las disposiciones del planeamiento insular. Se ha elaborado un régimen normativo desde el criterio general de no afectar a ningún derecho consolidado. En concreto, tal criterio se refleja especialmente sobre los planes parciales en curso de ejecución (con derecho a urbanizar adquirido, en la terminología legal). Tales planes parciales podrán continuar su tramitación en base a la ordenación aprobada, pero si incumplen sus obligaciones urbanísticas, les será de aplicación, además de las medidas que fija para estos casos la legislación vigente, las determinaciones del PIOT que sean de aplicación a los terrenos en que se sitúan. De esta manera, se evita la generación de cualquier derecho indemnizatorio y se garantiza la seguridad jurídica de los agentes que intervienen sobre el territorio".

Cuando la Memoria habla de "Capítulo I del Título I" se está refiriendo, entre otros preceptos, al antes transcrito artículo 1.1.3.3.1. Por tanto, debemos interpretar que donde el citado precepto 1.1.3.3.1 habla de "Plan Parcial vigente", se está refiriendo a "Plan Parcial vigente y en curso de ejecución". En este caso (en curso de ejecución) sí se podrá hablar de "derecho a urbanizar adquirido", pero no en cambio cuando el Plan Parcial está simplemente aprobado o, incluso, vigente, pero no en ejecución.

Esta filosofía se refleja en el Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que en su artículo 7.2 señala que "la previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística".

Por lo tanto, y dado que el Plan Parcial " El Varadero" no se encuentra en ejecución, no existe aún derecho a urbanizar adquirido o patrimonializado en sentido estricto, sino una mera expectativa de derecho que no es equiparable a derecho subjetivo, como señala reiterada jurisprudencia que avala la tesis de que la mera aprobación del planeamiento no patrimonializa por sí sola aprovechamientos que puedan entenderse indemnizables, siendo necesario el previo cumplimiento de los deberes inherentes a la actividad urbanizadora (STS de 12 de mayo de 1987 [RJ 1987/5255], 24 de julio de 1990 [RJ 1990/6675], 19 de febrero de 1991 [RJ 1991/959], 9 de diciembre de 1997 [RJ 199/667], y 27 de octubre de 1999 [RJ 1999/7930]), debiendo destacarse la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1992 [RJ 1992/8033], que expresa que "[É] esta Sala ha declarado la improcedencia de la indemnización alguna como consecuencia del cambio de planeamiento, llevado a cabo por la Revisión de Planes Generales de Ordenación, porque los propietarios de los terrenos, afectados por el nuevo planeamiento, no habían adquirido ningún derecho de contenido patrimonial, al no haberse iniciado la ejecución de los proyectos urbanísticos presentados, en su día, a la aprobación de la Administración y, consiguientemente, no haber soportado aquéllos carga alguna impuesta por la anterior ordenación, requisito imprescindible, según la citada jurisprudencia, para estimar que la modificación o revisión del planeamiento implica lesión de un derecho adquirido".

Así, y de acuerdo con la filosofía expresada en la Memoria del PIO, que gira en torno a la necesidad de evitar la mutilación de derechos ya consolidados, no podemos entender cumplido el requisito fijado por el PIO de que el Plan Parcial esté "vigente" (y en ejecución), confirmándose que el referido PIO sí se aplica en todos sus términos al sector de suelo urbanizable "El Varadero".

A mayor abundamiento, el criterio de no afectar a ningún derecho consolidado es, como dice la propia memoria, una pauta "general", de suerte que ésta cede ante el también importante objetivo de evitar la producción de situaciones contrarias al PIO. El límite se encuentra en los Planes Parciales en ejecución, que sí serán respetados para evitar responsabilidades indemnizatorias; pero no es éste, como hemos visto, el caso que nos ocupa.

Todo ello sin perjuicio del principal argumento para invocar la nulidad del PGO, y que antes se ha expuesto, relativo a la anulación del Plan Parcial en cuestión.

Sexta.- Declarada la caducidad del procedimiento de revisión de oficio, decae automáticamente la medida cautelar de suspensión del PGO en lo relativo a la ordenación del sector de suelo urbanizable "El Varadero".

Por lo tanto, procede adoptar nuevamente y de forma expresa esta medida suspensiva, amparada en el apartado tercero de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 12 de diciembre de 1960, por la que se establece el trámite para decidir sobre la nulidad de pleno derecho de disposiciones administrativas, aplicable supletoriamente dado el silencio que guarda la LRJPAC en relación con la revisión de oficio de las disposiciones de carácter general.

Asimismo procede adoptar esta medida de conformidad con el artículo 72 LRJPAC, en cuanto medida provisional conducente a garantizar la eficacia de la resolución que, eventualmente, declare la nulidad parcial del PGO. Ello, además, conecta con la antes reproducida filosofía del PIO, consistente en evitar la realización de actos o la consolidación de situaciones o derechos urbanísticos que vayan en contra de las disposiciones del planeamiento insular.

Séptima.- Dada la naturaleza normativa del instrumento de ordenación afectado por la suspensión y potencial declaración de nulidad, procede publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Asimismo, procede su notificación individual a los interesados identificados durante la tramitación administrativa de los anteriores procedimientos de revisión de oficio ya caducados, concediéndoseles nuevo trámite de audiencia por un período de diez (10) días hábiles, de conformidad con el artículo 84 LRJPAC.

A tal efecto, se considera identificados a los interesados que alegaron en los procedimientos ya caducados, así como a los indicados en el informe de alegaciones del Ayuntamiento de El Rosario de fecha 26 de noviembre de 2007 (páginas 7 y 8).

En su virtud, y en ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar nuevo procedimiento de revisión de oficio del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de El Rosario, en lo relativo a la ordenación del Sector de Suelo Urbanizable "El Varadero", por vulnerar las determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Tenerife sobre las Áreas de Regulación Homogénea de protección ambiental 1 (laderas).

Segundo.- Disponer la suspensión del Plan General de Ordenación de El Rosario en relación con la ordenación del sector de suelo urbanizable "El Varadero".

Tercero.- Conceder trámite de audiencia, por plazo de diez (10) días hábiles, a los siguientes interesados:

- Ayuntamiento de El Rosario.

- Amador Díaz Ramos, S.L.

- D. Ignacio Hernández Marrero.

- D. José P. Mesa Hernández.

- Dña. Eusebia Rodríguez Rodríguez.

- Cía. Española E. Kirchner, S.L.

- Dña. Gisela Zifferer Weigel.

- Dña. Crisanta C. Baute Ramos.

- D. Francisco Hernández Reyes.

- Dña. Amelia Carlos Alonso.

- Herederos de Francisco González del Carmen (Dña. Antonia María González García-Estrada y otros).

- D. Agustín Rodríguez González.

Cuarto.- Notificar la presente Orden a los interesados.

Quinto.- Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de octubre de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE

Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.



© Gobierno de Canarias