BOC - 2009/178. Jueves 10 de Septiembre de 2009 - 3537

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

3537 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 2 de septiembre de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Garajonay Express, S.L., de la Resolución nº 1768 de incoación recaída en el expediente RP-725/2009.

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No habiéndose podido practicar la notificación en el domicilio conocido a Garajonay Express, S.L., de la Resolución de incoación nº 1768, de fecha 28 de julio de 2009, procede la notificación por los medios previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En consecuencia, a continuación se transcribe y para que sirva de notificación, extracto de la citada resolución

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Garajonay Express, S.L., la Resolución de Incoación, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1768, de fecha 28 de julio de 2009, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por infracción a la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias con referencia RP-725/2009 y cuya parte dispositiva dice textualmente:

R E S U E L V O:

"Primero.- Incoar procedimiento administrativo sancionador a la entidad Garajonay Express, S.L., como presunto responsable de la comisión de una infracción administrativa cometida en el lugar conocido como Muelle Puerto de las Vueltas, del término municipal de Valle Gran Rey, consistente en Infracción tipificada y clasificada como grave en el artículo 38.3.d), en relación con el artículo 19 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, consistente en el incumplimiento de las determinaciones legales en la gestión y manejo de los residuos peligrosos, en lo relativo a no acreditar la entrega a gestor autorizado de los residuos peligrosos generados (bidones, filtros usados, aguas oleosas, materiales impregnados de hidrocarburos) y el almacenamiento inadecuado de los mismos, y sancionada conforme preceptúa el artículo 42.2, del mismo cuerpo legal, con multa de seis mil diez con doce céntimos (6.010,13 euros) hasta trescientos mil quinientos seis euros con cinco céntimos (300.506,05 euros), siendo en el presente caso la sanción propuesta de treinta mil (30.000,00) euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

Segundo.- Requerir al expedientado para que proceda a la reposición de las cosas al estado anterior a la comisión de la infracción mediante el correcto almacenamiento de los residuos peligrosos generados en el desarrollo de la actividad (etiquetados, sobre suelo impermeable y techado), la entrega de los mismos a gestor autorizado mediante la aportación de los correspondientes justificantes de entrega ante esta Agencia y la posesión de un Libro-Registro en las instalaciones, de conformidad con el artículo 43.3 de la Ley 1/1999, en un plazo no superior a un mes, a contar a partir de la notificación de la presente resolución de iniciación, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la legislación en materia de residuos.

Tercero.- Nombrar Instructora a Carmen Pradas Montilla, y suplente a Dña. Sonia Gómez Castro y Secretaria a Dña. María Reyes García y suplente a Dña. Ángeles Bouza Cruz, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento, los interesados disponen de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el presente acuerdo de iniciación podrá considerarse como Propuesta de Resolución, toda vez que contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

b) De conformidad con el artículo 8.1 del Real Decreto 1.398/1993 por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de la realidad física alterada prevista en el artículo 179 del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo del precitado artículo el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.

c) Una vez notificada la Propuesta de Resolución, los interesados dispondrán de un plazo de audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente. Por tanto, el expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sito en la Rambla de Santa Cruz, 149, Edificio Mónaco, en Santa Cruz de Tenerife, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

e) Según preceptúa el artículo 20.6 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su resolución es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.

Comuníquese la presente Resolución a las nombradas Instructora y Secretaria, así como al denunciado, demás interesados y el Ayuntamiento."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de septiembre de 2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.



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