Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por el recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Chander Mansukhani Mansukhani, en representación de la entidad mercantil Essar Canary Island, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Hotel Mónica Sur", la Resolución de 9 de marzo de 2009 (Libro nº 1, Folio 302/318, número 128), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 022/09 (expediente nº 153/08), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 390, de fecha 27 de octubre de 2008.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Granadilla de Abona (Tenerife), la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 30 de abril de 2009.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo, por la que se resuelve el recurso de alzada nº 22/09 interpuesto por D. Chander Mansukhani Mansukhani, en representación de la entidad mercantil Essar Canary Island, S.L.
Visto el recurso de alzada nº 22/09 interpuesto por D. Chander Mansukhani Mansukhani, en representación de la entidad mercantil Essar Canary Island S.L., con C.I.F. B-38673851, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Hotel Mónica Sur", sito en calle Benchijigua, 4, San Isidro, término municipal de Granadilla de Abona, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 390, de fecha 27 de octubre de 2008, recaída en el expediente sancionador nº 153/08, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de cuatro infracciones administrativas a la normativa turística consistentes en:
"Primero.- Incumplir las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, establecidas en los Decretos 305/1996, de 23 de diciembre, y 39/1997, de 20 de marzo.
Segundo.- Carecer en el establecimiento de referencia del libro de inspección a nombre del actual titular.
Tercero.- Carecer en el establecimiento de las hojas de reclamaciones obligatorias a nombre del actual titular.
Cuarto.- Deficiencias en el estado de las instalaciones del establecimiento de referencia consistentes en: el pasillo de la planta 1ª, en la zona de acceso a la habitación nº 118, faltan 9 baldosas de granito del piso, el mueble del lavabo de la habitación es de contrachapado cubierto de formica, en la zona próxima a la bañera y por la humedad se ha levantado y ha roto la capa de formica".
Hechos que determinaron la imposición de las sanciones de multas en cuantías de veinticinco mil (25.000) euros, por el primer hecho infractor, mil quinientos cuatro (1.504) euros, por el segundo hecho infractor, mil quinientos cuatro (1.504) euros, por el tercer hecho infractor y cuatrocientos treinta (430) euros, por el cuarto hecho infractor.
Segundo.- Interpuesto recurso de alzada contra el acto administrativo sancionador, se vendrá a solicitar la anulación del mismo por no ser sancionable la actuación de la entidad mercantil y, de forma subsidiaria, la aminoración de la sanción.
En defensa de sus derechos e intereses la entidad expedientada aduce, en síntesis, los siguientes argumentos:
1º) La Resolución que se dicta incumple el deber de motivación, sin que haya decidido sobre todas la cuestiones planteadas por la entidad. Asimismo, se produce falta de motivación del acta y de la Resolución de inicio del expediente sancionador.
2º) En relación con el primer hecho infractor imputado, cabe señalar que la entidad ha realizado todas aquellas actuaciones necesarias para el cumplimiento de la normativa sobre seguridad y protección contra incendios. Acreditativo de tal extremo, se aportan ejemplares del correspondiente proyecto técnico y actuaciones administrativas relacionadas con el mismo. Respecto a las demás imputaciones, cambio de titularidad, libro de inspección y hojas de reclamaciones, significar que no existe intencionalidad, existiendo el libro de inspección, que cumple su finalidad, y las hojas de reclamaciones.
3º) Caducidad del procedimiento sancionador. El artículo 6.2 del Real Decreto 1.398/1993 que aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, establece que transcurridos dos meses desde la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse practicado notificación de éste al imputado, se procederá al archivo de las actuaciones. En cuanto al momento en que se entiende iniciado el procedimiento sancionador, de acuerdo con el artículo 81.2.a) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y artículo 9.1.a) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, desde las actas de inspección hasta la fecha de notificación de la resolución de iniciación del expediente sancionador ha transcurrido más del tiempo previsto en el Real Decreto 1.398/1993.
4º) Las pruebas solicitadas resultan pertinentes y esclarecedoras para determinar el cumplimiento del bien protegido en la normativa turística.
5º) Vulneración del principio de legalidad y de tipicidad.
6º) Vulneración del principio de presunción de inocencia.
7º) Inobservancia del principio de proporcionalidad.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la que se mantiene en el Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo la delegación de la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos de este Departamento en materia de turismo y costas.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si bien, en relación con el principio de proporcionalidad, regulado en el artículo 131 del citado cuerpo normativo como principio de la potestad sancionadora, cabe señalar que se ha producido una vulneración del mismo en relación con el primero y cuarto hecho infractor, al igual que se ha producido una vulneración del principio de presunción de inocencia respecto del tercer hecho infractor.
Por otra parte hay que hacer constar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias "La imposición de sanciones por infracciones graves y leves se hará por el órgano que determine el Reglamento Orgánico de la Consejería con competencias turísticas". En este sentido, el Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (disposición vigente y aplicable durante la tramitación y resolución del expediente sancionador), prevé, respectivamente, en los artículos 4.2.m) y 7.2.B).f) que a la Viceconsejería de Turismo corresponde "la imposición de sanciones por infracciones a la normativa turística calificadas como graves" y a la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística "la resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones turísticas leves". En la Resolución sancionadora, ahora recurrida, los tres primeros hechos infractores son calificados como de infracciones graves, mientras que el último cuarto hecho lo es de infracción leve a la normativa turística. No obstante, pese a lo señalado, se impone por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias las respectivas sanciones de multas. Entre ellas, la sanción por la infracción leve impuesta por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias al haber avocado para sí el conocimiento del asunto de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. No obstante, de la documentación obrante en el expediente sancionador tramitado se constata la existencia de un defecto formal al no figurar realizada la avocación para la imposición de la sanción de multa impuesta por la infracción calificada como leve en los términos exigidos en el apartado 2 del referenciado artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Dicho defecto formal hay que considerarlo como una irregularidad no invalidante que no ha ocasionado, en momento alguno, indefensión a la entidad expedientada, no concurriendo, en consecuencia, causa que pueda conllevar a la nulidad de pleno derecho ni a la anulabilidad según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Finalmente, se constatan en el expediente sancionador los errores materiales que se señalan a continuación, procediéndose en la resolución de este recurso a su subsanación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, "Las Administraciones Públicas podrán rectificar, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos".
Tanto en la Resolución de iniciación del expediente sancionador, como en la Propuesta de Resolución y en la Resolución sancionadora, se consigna "... del anexo al Decreto 84/2004 ...", en lugar de "... Decreto 84/2004 ...". Asimismo, en la Resolución de inicio como en la Propuesta de Resolución, se fija como dirección del establecimiento "Santa Cruz, 171 Avenida ...", en lugar de " calle Benchijigua, 4 ..." y al hacer referencia al titular del establecimiento debe consignarse que lo es como titular de la explotación turística del mismo. Por último en la Resolución sancionadora, antecedente de hecho primero, donde dice "... establecimiento Mónica Sur", debe decir "... establecimiento Hotel Mónica Sur".
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente vendrán a modificar en parte los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora nº 390, de fecha 27 de octubre de 2008.
Toda vez que la entidad ha alegado caducidad del procedimiento sancionador, y teniendo en cuenta que la posible caducidad del mismo es cuestión sobre la que, como ha advertido el Tribunal Supremo (STS de 7 de noviembre de 2001 EDJ 2001/51553), procede resolver con carácter previo respecto de cualquier motivo sobre irregularidades invalidantes en el procedimiento, prescripción de la acción o vulneración de la garantía en el ejercicio de la potestad sancionadora, puesto que estas irregularidades parten de que dicha potestad se haya ejercitado en plazo legal, procederá por tanto resolver en primer término la posible caducidad del procedimiento que, de haber operado, determinaría sin más el archivo de las actuaciones recaídas en el expediente sancionador.
Como advierte el Tribunal Supremo en relación al ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración competente: "... para que la sanción administrativa sea válida en derecho es preciso no sólo que los actos realizados estén incluidos en la norma sancionadora, sino que, además, la sanción se imponga de acuerdo con la norma de procedimiento y en el plazo exigido por la ley. El transcurso de ese plazo sin que se imponga la sanción, determina la imposibilidad legal de efectuarlo, y si se ha hecho, determina la nulidad radical de la sanción impuesta". Y es que estamos ante una potestad administrativa sometida a los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. La aplicación de dicho precepto, en cuanto regulador del ejercicio del régimen general de la caducidad, a todo procedimiento sancionador, no ofrece duda alguna, si bien, dado que el legislador estatal ha renunciado a un procedimiento sancionador común, habrá que estar al procedimiento específico previsto en las correspondientes normativas (estatales, autonómicas o locales), sin perjuicio de la aplicación directa de las normas de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en los aspectos reguladores de la misma, y de la aplicación supletoria del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en defecto, total o parcial, del procedimientos específicos (artº. 1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto).
En el ámbito de las infracciones turísticas, la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, establece, en su Título VI, unas reglas especiales del procedimiento sancionador, que han sido desarrolladas por el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.
Existe, por tanto, un procedimiento específico en relación a las infracciones en materia turística, sin perjuicio de aplicación de las normas de la legislación estatal sobre garantías del procedimiento y sobre terminación del mismo, en particular, lo relativo a la caducidad.
Se alega por la entidad mercantil, a efectos de combatir la Resolución impugnada, la caducidad del procedimiento sancionador de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81.2.a) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, estando acreditada la caducidad si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión de la infracción (6 de octubre de 2003). Sin embargo, tal pretensión no puede prosperar por cuanto se argumenta a continuación. El artículo 81.2.a) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, dispone que "se levantará un acta de inspección turística, que en caso de estimarse que existe infracción, constituirá el inicio del expediente, ...". Tal y como ha reiterado en numerosas ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sentencias de fecha 30 de enero de 2003, 30 de julio de 2003, 11 de mayo de 2004, y 22 de junio de 2004, entre otras, "el artículo 81.2.a) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, si bien es un precepto del que podría inferirse que el Acta de Inspección turística constituye el inicio del expediente sancionador, no procede, sin embargo, anteponerlo en su aplicación al artículo 4.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, al constituir esta última normativa, como indica su Preámbulo, un desarrollo reglamentario, en cuanto a sus trámites, de los principios generales del procedimiento sancionador establecidos en la Ley 7/1995, de 6 de abril, y ser, por otra parte, cosas bien distintas el levantamiento del acta de inspección, que precede a la iniciación de oficio del procedimiento sancionador mediante resolución del órgano competente (artº. 9.1 del Decreto 190/1996), y la notificación al interesado de la resolución del inicio del procedimiento, que es el momento a partir del que ha de computarse el plazo de caducidad de seis meses a que se refiere el artículo 4.1del citado Decreto". A tenor de esta línea jurisprudencial, sin olvidar que es el citado Decreto 190/1996, de 1 de agosto, el que desarrolla los principios generales del procedimiento sancionador recogidos en la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, cabe afirmar que el levantamiento de las actas de inspección por los inspectores de turismo pueden dar origen a la incoación del procedimiento, al igual que las denuncias, quejas, reclamaciones, orden superior o por petición razonada de cualquier órgano administrativo, a tenor de lo establecido en el artículo 9 del citado Decreto territorial 190/1996, de 1 de agosto, pero sin que ninguna de estas circunstancias den lugar al inicio del procedimiento sancionador que siempre tendrá lugar, como así lo establece el indicado artículo 9, de oficio por resolución del órgano competente, en la que se harán constar los siguientes datos: a) identificación de la persona o entidad presuntamente responsable de los hechos que se imputan y del establecimiento o actividad de que se trate, b) los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación jurídica y las sanciones precisas que pudieran corresponderle, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del procedimiento sancionador, c) el instructor, y en su caso, secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos, d) el órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia, e) la indicación de la posibilidad de que el presunto responsable pueda abonar voluntariamente la sanción pecuniaria, f) la propuesta de medidas de carácter provisional que puedan acordarse, y g) la indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento, así como los plazos para su ejercicio.
Dejando claro que las actas de inspección no inician el expediente sancionador, sólo las Resoluciones del órgano competente, procede comprobar si desde la fecha en que fue adoptada la Resolución de inicio del expediente sancionador nº 153/08, y la fecha de notificación de la Resolución sancionadora, transcurrió el plazo de los seis meses reglamentariamente establecido para la tramitación y resolución del expediente.
El artículo 4.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, señala que "el procedimiento ordinario deberá ser tramitado y resuelto en el plazo máximo de seis meses, contado desde la notificación al interesado de la resolución de iniciación del mismo", mientras que el artículo 6.1 de la indicada disposición mantiene que "si no hubiese recaído resolución transcurridos los plazos previstos en el artículo 4 del presente Decreto, se producirá la caducidad del procedimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común", precepto este último que tras la entrada en vigor de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pasa a ser el 44.2 del citado texto legal, disponiendo el apartado tercero del artículo 6 del citado Decreto 190/1996, de 1 de agosto, que "el cómputo de los plazos a que se refiere este artículo, se interrumpirá por la práctica de actuaciones que deban de figurar en el expediente de forma expresa, encaminadas a determinar la identidad o domicilio del denunciado, la naturaleza del hecho infractor o cualquier otra circunstancia necesaria para comprobar y calificar la infracción, siempre que de ellas tenga conocimiento el interesado".
Dichos preceptos reglamentarios, hay que ponerlos en relación con la nueva regulación de la caducidad tras la reforma de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En virtud de esta nueva regulación, el plazo máximo para resolver todo procedimiento sancionador será el que determine su normativa específica, si bien nunca podrá ser superior a seis meses -plazo que viene recogido en el artículo 4.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto -de forma que por el transcurso de dicho plazo sin resolver se producirá la caducidad, y consiguiente archivo, contándose el plazo desde la fecha del acuerdo de iniciación y no desde su notificación, al haberlo establecido así la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el artículo 42.3.a).
La normativa común a todo procedimiento sancionador contenida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras la reforma introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, conlleva, en lo que respecta al cómputo del plazo de caducidad, a una nueva interpretación de los preceptos contenidos en el Decreto territorial 190/1996, de 1 de agosto, en el sentido de que este plazo se cuenta desde la incoación ("dies a quo") o, en terminología de la Ley, desde la fecha del acuerdo de iniciación, criterio que es mantenido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sus sentencias de fecha 3 de septiembre de 2003, 18 de marzo de 2004, 7 de octubre de 2004, 3 de febrero de 2005 y 17 de marzo de 2005, entre otras, así como por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 2 y 3 de Santa Cruz de Tenerife, en sus respectivas sentencias de 12 de enero de 2005 y 23 de marzo de 2004, y Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, en sentencia de 21 de octubre de 2004.
En razón de lo expuesto, no ha operado la caducidad en el expediente sancionador nº 153/08, al no haberse excedido la Administración turística competente, a la hora de resolver y tramitar el procedimiento sancionador, del plazo de los seis meses normativamente establecido, entre la fecha de la Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística, que constituye el acuerdo de iniciación, adoptada el 30 de junio de 2008, y la fecha de notificación de la Resolución sancionadora, acto finalizador del procedimiento sancionador, el 3 de noviembre de 2008, según acuse de recibo que obra en el expediente sancionador.
Cabe señalar que la entidad aduce, en defensa de sus derechos, que el artículo 6.2 del Real Decreto 1.398/1993 que aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, establece que transcurridos dos meses desde la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse practicado notificación de éste al imputado, se procederá al archivo de las actuaciones. Si bien dicho precepto es de aplicación supletoria, toda vez que existe un procedimiento específico en relación a las infracciones en materia turística, regulado en el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, citado, sin perjuicio de aplicación de las normas de la legislación estatal sobre garantías del procedimiento y sobre terminación del mismo, cabe señalar que el plazo de los dos meses desde la fecha en que se inició el procedimiento, lo que tuvo lugar el 30 de junio de 2008, momento en que se dicta la Resolución de iniciación del expediente sancionador, hasta su notificación a la entidad, efectuada el 2 de julio de 2008, según acuse de recibo que obra en el expediente, no ha transcurrido el indicado plazo de los dos meses, de aplicación, en todo caso, supletoria.
Por otra parte argumenta la mercantil que la Resolución sancionadora que se dicta incumple el deber de motivación, sin que haya decidido sobre todas la cuestiones planteadas por la entidad, produciéndose, asimismo, falta de motivación del acta y de la Resolución de inicio del expediente sancionador. A este respecto cabe señalar que la Resolución sancionadora ha venido a dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 138.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y artículo 17.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, en cuanto está motivada y ha resuelto todas las cuestiones planteas en el procedimiento. A la vista del contenido de la Resolución sancionadora no puede dudarse que éste se ajustó a la doctrina del Tribunal Supremo que reflejada, entre otras sentencias, en la de 31 de octubre de 1995, establece que la motivación exigible a los actos administrativos, artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no presupone necesariamente un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos sus aspectos y perspectivas, considerándose suficientemente motivados aquellos actos apoyados en razones que permitan conocer los criterios esenciales fundamentadores de la toma de decisión, es decir, la "ratio dicendi" determinante del acto, sirviendo así adecuadamente de instrumento necesario para acreditar su conformidad al ordenamiento jurídico aplicable y para facilitar a las partes la propia convicción sobre su corrección o incorrección jurídica a efectos de los posibles recursos tanto administrativos como jurisdiccionales. La Resolución sancionadora contiene los criterios esenciales fundamentadores de la toma de decisión de sancionar a la entidad, concretando cuáles son los hechos imputados, la normativa que ha sido vulnerada, las infracciones en que se incardina el hecho imputado, hecho que resulta probado por la Administración a través de acta de inspección, decidiendo dicho acto todas las cuestiones planteadas por la entidad recurrente durante la sustanciación del procedimiento sancionador. Motivación del acto administrativo sancionador que, en modo alguno, ocasiona indefensión a la recurrente al ser conocedora de la "ratio dicendi" determinante del acto. En cuanto se refiere a la falta de motivación de las actas de inspección, significar que las mismas, en cuanto no son actos administrativos, sino documentos públicos, no han de estar motivadas, pero sí cumplir una serie de requisitos a los que hace mención el artículo 27 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, citado, todos ellos contenidos en las Actas de Inspección de las que trae causa el expediente sancionador nº 153/08, y que son: la identificación del inspector actuante; lugar, fecha y hora en que el acta se formalice; identificación del establecimiento, de la persona presuntamente responsable, así como de aquellos en cuya presencia se realiza la inspección; los hechos sucintamente expuestos y la diligencia de notificación al interesado. La Resolución de inicio, de la que la titular expedientada aduce también falta de motivación, la misma, en cuanto es el acto de iniciación del expediente, se limita a consignar los datos que se enumeran en el ya citado artículo 9 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto.
Las pruebas solicitadas por la entidad, a juicio de ésta, hubieran resultado pertinentes y esclarecedoras para determinar el cumplimiento del bien protegido en la normativa turística. La prueba solicitada por la entidad en el escrito de alegaciones a la Propuesta de resolución vino a consistir en documental para que por la Administración turística competente remitiera para su constancia en el expediente sancionador las actuaciones del expediente de apertura y puesta en funcionamiento de la actividad de la mercantil y, documental que se aporta para su incorporación al expediente. De un lado, cabe señalar que la prueba solicitada y aportada no se realiza en el correspondiente momento procedimental, toda vez que conforme a los artículos 11, 13 y 14 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, la proposición o presentación de pruebas o documentos en que base su defensa la parte interesada, debe efectuarse una vez notificada la Resolución de inicio del expediente sancionador y antes de emitirse la Propuesta de resolución por el instructor del expediente. Sin embargo, pese a que la entidad fue advertida de cómo efectuar este trámite de proposición o presentación de prueba en el momento de practicarse la notificación de la Resolución de inicio, dicha proposición o presentación tuvo lugar con posterioridad a la Propuesta de resolución. No obstante, pese a ello, de haberse admitido la prueba propuesta, la misma no hubiera venido a desvirtuar los hechos imputados a la mercantil, pues el estado de tramitación del expediente de apertura y funcionamiento no hubiera venido a eximir de responsabilidad a la entidad mercantil que ya tiene abiertas las puertas al público, explotando turísticamente un establecimiento hotelero, con incumplimiento de la normativa sobre seguridad y protección contra incendios, que no dispone de libro de inspección a su nombre y que presenta deficiencias leves. La documental que aporta la entidad, referida a las medidas de seguridad y protección contra incendios, como lo es el proyecto de detección y extinción y el informe favorable sobre el correspondiente proyecto, sólo vendrá a demostrar que la entidad no ha culminado aún con el procedimiento para el cumplimiento de estas medidas, a falta de ejecución de obras y de dictamen técnico de conformidad, como seguidamente se fundamentará.
El primero de los hechos imputados a la mercantil consiste en "incumplir las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, establecidas en los Decretos 305/1996, de 23 de diciembre, y 39/1997, de 20 de marzo", de lo que resultará un incumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, todo ello con base en lo dispuesto por el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos en la redacción dada con anterioridad a la modificación operada en virtud del Decreto 20/2003, de 10 de febrero, aplicable al referido expediente a tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto 20/2003, de 10 de febrero, al no constar que con anterioridad a las fechas de infracción consignadas en el citado expediente sancionador, esto es, el 5 de noviembre de 2007 y 4 de abril de 2008, fechas en que fueron extendidas, por funcionarios de la Inspección de Turismo en el establecimiento de cuya explotación turística es titular la entidad expedientada, las Actas de Inspección números 12989 y 13913, respectivamente, de las que trae causa el referido expediente, la entidad explotadora del establecimiento consignado se hubiera acogido en los términos previstos en la citada normativa al procedimiento establecido en el Decreto 20/2003, de 10 de febrero.
Por tanto, el hecho infractor imputado comprende, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera, apartados uno, dos y tres del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, no sólo la presentación del proyecto correspondiente, ajustado a lo regulado en el artículo 5 del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, la obtención del informe de adecuación del proyecto a la normativa de aplicación en materia de seguridad y protección contra incendios según lo dispuesto en el artículo 6 del citado Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sino también la ejecución de las obras necesarias y la obtención del Informe Técnico de Conformidad recogido en el artículo 7 del mismo Decreto 305/1996, de 23 de diciembre.
De la documentación obrante en el expediente sancionador tramitado consta acreditado el hecho constitutivo de la infracción sancionada al deducirse de las mentadas Actas de Inspección. Actas que contienen el resultado de la comprobación efectuada por funcionarios de la Inspección de Turismo consignándose, expresamente, en dichos documentos públicos que: "no se acredita el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios impuestas por el Decreto 305/1996". Acredita igualmente la inobservancia de la normativa sobre seguridad y protección contra incendios el escrito que con fecha 8 de septiembre de 2008 emite el Cabildo Insular de Tenerife, que obra en el expediente sancionador, según el cual, la entidad tiene informe favorable del proyecto sobre medias de seguridad y protección contra incendios en el correspondiente establecimiento, emitido por el Instituto Canario de Seguridad Laboral con fecha 11 de junio de 2001, pendiente aún de obtener el informe técnico de conformidad sobre el proyecto, que pone fin al procedimiento regulado en el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre.
Las Actas de Inspección de las que trae causa el expediente, constituyen documento público que acredita, salvo prueba en contrario, la veracidad de los hechos a los que se refieren. En consecuencia, tienen un valor probatorio amparado legalmente en lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, precepto que hay que poner, también, en relación con el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, citado, que determina el valor probatorio de las Actas de Inspección que extienden los inspectores de turismo en cumplimiento de sus funciones según prevé el artículo 83 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo atribuye a los informes de los agentes de la autoridad y dependientes administrativos, un principio de veracidad y fuerza probatoria al responder a una realidad apreciada directamente por los mismos, todo ello, salvo prueba en contrario. En tal sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1979, al razonar sobre la adopción de tal criterio, afirma que la presunción de legalidad y veracidad que acompaña a todo obrar de los órganos administrativos, incluyendo a sus agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse tanto en vía administrativa como contencioso-administrativa, ya que constituye garantía de una actuación administrativa eficaz. En esta línea cabe destacar las Sentencias emitidas por el citado Tribunal con fechas 4 y 25 de febrero de 1998 que se pronuncian siguiendo estas mismas argumentaciones. Por tanto, la carga de la prueba la tiene el actor, que debe probar que los hechos denunciados no se ajustan a la realidad, ya que la presunción de veracidad del Acta de Inspección es "iuris tantum" y, en consecuencia, admite prueba en contrario.
El hecho que ha sido constatado por la Inspección de Turismo constituye prueba de cargo suficiente para acreditar el hecho constitutivo de la infracción. La mera negación de hechos no sirve para desvirtuar la prueba cumplida del hecho infractor que es valorada legalmente como suficiente o idónea para demostrar la existencia de responsabilidad administrativa en tanto no se pruebe lo contrario. El interesado debe actuar contra el acto de prueba aportado por la Administración, y, consecuentemente, su prueba de descargo ha de ser "directa, precisa, eficaz y plenamente convincente", tal y como ha señalado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife en Sentencia de fecha 20 de junio de 2006. Hecho infractor que, en momento alguno, ha sido desvirtuado por la entidad expedientada que durante la tramitación del expediente no aportará prueba de descargo directa, precisa, eficaz y plenamente convincente que contradiga o desvirtúe las pruebas de cargos aportadas por la Administración.
Por cuanto antecede, en el expediente sancionador tramitado existen elementos probatorios suficientes que sirven de apoyo fáctico para demostrar la existencia del hecho infractor imputado, esto es, que en las fechas de infracción, 5 de noviembre de 2007 y 4 de abril de 2008, fechas en que fueron extendidas, por funcionarios de la Inspección de Turismo en el establecimiento de cuya explotación turística es titular la entidad expedientada, las Actas de Inspección números 12989 y 13913, respectivamente, no se habían cumplimentado las correspondientes medidas de seguridad y protección contra incendios establecidas en el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, modificado por el Decreto 39/1997, de 20 de marzo, a pesar de haber transcurrido sobradamente los plazos determinados reglamentariamente.
De lo anteriormente expuesto se deriva la existencia de una responsabilidad administrativa imputable a la entidad expedientada con base a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que prevé que "... podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia", en relación con los artículos 73, 2.1.b) y 18.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, y ello toda vez que según dispone el artículo 2.1.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias "La presente Ley será especialmente aplicable a: las empresas que desarrollen actividades o que ofrezcan servicios de alojamiento turístico de cualquier tipo, así como los establecimientos donde los realicen". Por otra parte, el artículo 13.2 del citado texto normativo prevé que para el establecimiento y desarrollo de la actividad turística en el ámbito del Archipiélago Canario, las empresas están sometidas al cumplimiento de una serie de deberes, entre ellos, los deberes que, expresamente, la propia Ley de Ordenación del Turismo de Canarias impone. Deberes tales como el que contempla el ya aludido artículo 18.1 de la misma Ley, consistente en la obligación de cumplir con la normativa sobre seguridad de las instalaciones y protección contra incendios.
El hecho infractor es subsumible en el artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que considera como infracción muy grave a la disciplina turística "El incumplimiento de la normativa sobre prevención de incendios en los establecimientos turísticos alojativos", si bien, desde el inicio del expediente, la infracción fue degradada a grave al amparo de lo establecido en el artículo 76.19 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que permite calificar de infracción grave a las muy graves que por razón de su intencionalidad, naturaleza, ocasión o circunstancias no debieran considerarse como tales.
La entidad es sancionada en segundo término por el hecho infractor consistente en "carecer en el establecimiento de referencia del libro de inspección a nombre del actual titular". Este hecho se vendrá a imputar a la mercantil dado el valor probatorio y certeza de la Acta de Inspección nº 12989, de fecha 5 de noviembre de 2007, en la que por el inspector de turismo actuante se hace constar que "en el libro de inspección, que se nos aporta, aparece como titular Mónica Sur, S.L. (B-38248845). En el libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 19 de mayo de 2005, se refleja como titular Essar Canary Island, S.L. (B-38673851)". De lo que resultará que si a fecha 19 de mayo de 2005, aparece como titular de la explotación turística del establecimiento la mercantil en el libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a fecha 5 de noviembre de 2007, que es cuando se levanta Acta de Inspección nº 12989, por la Inspección de Turismo del Gobierno de Canarias, y se constata por el inspector de turismo actuante que la mercantil es la titular de la explotación turística del establecimiento, la entidad que tenía que figurar en el libro de inspección es la parte recurrente y no otra diferente a ésta.
La prueba de cargo no vendrá a ser destruida por la mercantil, que se limita a aducir, en su defensa, pero sin aportar medio de prueba que lo acredite, que existe libro de inspección, pero sin probar que dicho libro esté a su nombre, de lo que resultará la responsabilidad administrativa imputable a la entidad expedientada con base a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada, en relación con los artículos 73 y 2.1.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, citado. Responsabilidad exigible por inobservancia de lo preceptuado por el artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, y artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, en cuya virtud, las personas físicas o jurídicas titulares de una empresa, actividad o establecimiento turístico, dispondrán obligatoriamente de un libro de inspección que tendrán a disposición de los inspectores de turismo en todo momento, en el lugar en que se desarrolle la actividad turística. La titular expedientada no posee dicho libro de inspección, de acuerdo con lo comprobado por el inspector de turismo actuante cuando levanta el Acta de Inspección nº 12989, de fecha 5 de noviembre de 2007, pero sí la tenencia del libro de inspección de otra mercantil, lo que no la exime de responsabilidad administrativa. Hecho infractor que se incardina en el tipo descrito en el artículo 76.9 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, que califica de infracción grave a la normativa turística "carecer de libro de inspección".
En cuarto lugar la titular expedientada es sancionada por la comisión del hecho infractor consistente en "deficiencias en el estado de las instalaciones del establecimiento de referencia consistentes en: el pasillo de la planta 1ª, en la zona de acceso a la habitación nº 118, faltan 9 baldosas de granito del piso, el mueble del lavabo de la habitación es de contrachapado cubierto de formica, en la zona próxima a la bañera y por la humedad se ha levantado y ha roto la capa de formica". El hecho constatado por el inspector de turismo actuante cuando levanta el Acta de Inspección nº 13776, de fecha 9 de abril de 2008, constituye prueba de cargo suficiente para acreditar el hecho constitutivo de la sanción impuesta "sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan aportar los interesados", en relación con el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dado que el mencionado precepto legal no impide la prueba de otros hechos o la contradicción o discusión sobre su fuerza probatoria por la parte recurrente. La mera negación de hechos, como ocurre en el caso que nos ocupa, no es suficiente frente a la prueba cumplida del hecho constitutivo de la infracción sancionada que es valorada legalmente como suficiente o idónea para demostrar la existencia de responsabilidad administrativa en tanto no se pruebe lo contrario o se contradiga el alcance y significado de los hechos percibidos por la Inspección de Turismo. En definitiva no es prueba con valor probatorio absoluto pero es bastante para trasladar a la parte que niega los hechos la carga de desvirtuarlos mediante alegaciones y pruebas que pongan en entredicho o contradigan las afirmaciones de la Administración demandada de modo que el interesado tiene la necesidad de actuar contra el acto de prueba aportado por la Administración desvirtuando la realidad de los hechos descritos por la Inspección. Tal prueba de descargo ha de ser directa, precisa, eficaz y plenamente convincentes. Prueba de descargo que no aporta la entidad a los efectos de desvirtuar el hecho probado e imputado por la Administración. El singular valor probatorio de las actas de inspección está justificado en la presunción de legalidad de la actividad administrativa de comprobación o constatación del cumplimiento de la normativa vigente y en la imparcialidad y especialización que, en principio, deba tener al inspector de turismo actuante pues de otro modo no podría actuar la Administración con la eficacia que le exige el artículo 103 de la CE. El hecho imputado resulta por tanto probado al no haber sido desvirtuado por la mercantil, ni por alegaciones ni por la aportación de pruebas.
Queda probado que en el momento de la inspección el establecimiento hotelero no cumplía con el deber que el artículo 43 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, impone a todos los establecimientos turísticos, cualquiera que sea su modalidad alojativa, concerniente a la conservación de las instalaciones y ofrecer los servicios al menos con la calidad que fue tenida en cuenta para concederles las autorizaciones turísticas pertinentes. Incumplimiento de este deber que da lugar a su consideración por la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, de infracción a la normativa turística. Existe pues una responsabilidad administrativa de la entidad mercantil titular de la explotación turística del establecimiento consignado en el expediente sancionador nº 153/08, en base a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 2.1.b) del citado texto legal, en concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, siendo responsable del hecho infractor constitutivo de la infracción leve que se encuentra tipificada en el artículo 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, citada, "Las deficiencias leves en la prestación de los servicios, decoro de los establecimientos y funcionamiento o limpieza de sus locales, instalaciones y enseres".
En relación con los hechos infractores primero, segundo y cuarto, cabe señalar que en ningún momento se han vulnerado los principios de tipicidad, legalidad y de presunción de inocencia, aducidos por la mercantil. A tenor de lo establecido en el artículo 129 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del Ordenamiento Jurídico previstas como tales infracciones por una Ley. Principio de tipicidad que no se vulnera en el presente procedimiento sancionador, habida cuenta que las infracciones que se imputan a la entidad se encuentran previstas como tales infracciones en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias -artículo 75.8, en relación con los artículos 76.19, 76.9 y 77.4, anteriormente referenciados-. Como tampoco se vulnera el principio de legalidad regulado en el artículo 127 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada, toda vez que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en materia de turismo, atribuida por el artículo 148.118ª de la Constitución Española, en relación con el artículo 30.21 del Estatuto de Autonomía de Canarias, correspondiendo el ejercicio de la potestad sancionadora a la Consejería de Turismo de la Administración autonómica, según Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, teniendo atribuida la potestad para sancionar en los casos de infracciones graves a la normativa turística canaria, como ha ocurrido en el presente caso la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias a tenor de la facultad que le viene atribuida por el artículo 4.2.m) del Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04), disposición vigente durante la tramitación del procedimiento sancionador, órgano sancionador que, como ya se expuso en el fundamento de derecho tercero de la presente Resolución, sancionó por la comisión de infracción leve al haber avocado para sí la competencia.
Por otra parte, tampoco se vulnera la presunción de inocencia. El derecho fundamental a dicha presunción viene establecido en el artículo 24 de la Constitución. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, sobre la referida presunción de inocencia, establece que este derecho fundamental es un derecho reaccional y por ello no precisado de un comportamiento activo por parte de su titular, pues toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley. Es la parte acusadora quien tiene la carga de la prueba de la culpabilidad del acusado, teniendo dicha presunción de inocencia naturaleza "iuris tantum". En el presente caso, la Administración, parte acusadora, ha probado, a través de las Actas de Inspección de las que trae causa el expediente sancionador nº 153/08, y documental obrante en el mismo, la comisión, por parte de la entidad recurrente, de los hechos infractores que se le imputan, sin que ésta haya aportado prueba de descargo directa, precisa y eficaz dirigida a desvirtuar tales hechos, Por todo ello, la parte acusadora ha venido a destruir la presunción de inocencia de la entidad mercantil que, en relación con los hechos infractores primero, segundo y cuarto no los llega a desvirtuar, siendo culpable de su comisión.
Si bien las infracciones a la normativa turística han sido calificadas correctamente, a la hora de cuantificar la multas impuestas como sanción por la comisión de los hechos infractores primero y cuarto se ha vulnerado, como así lo aduce la parte recurrente, el principio de proporcionalidad de indudable arraigo penal en el seno del procedimiento sancionador, que debe presidir el derecho administrativo sancionador. Principio que, por el contrario, no se ha vulnerado con respecto al segundo de los hechos infractores, cuya sanción de multa es de mil quinientos cuatro (1.504) euros, habida cuenta que la cuantía de la sanción de multa ha sido fijada en el mínimo del legalmente permitido. Así, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de fecha 15 de septiembre de 2004, cuando la sanción se impone en el grado mínimo y en el mínimo del recorrido posible no cabe apreciar la existencia de falta de proporcionalidad, pues no es necesaria mayor motivación cuando se opta por el mínimo posible dentro del recorrido penológico.
Vulneración de dicho principio que, como ya se ha advertido en relación con los hechos primero y cuarto, se ha cometido al no existir una mínima motivación adaptada a las circunstancias particulares del caso. Según viene manteniendo el Tribunal Supremo, en sentencias de 24 de noviembre de 1987, 23 de octubre de 1989, 14 de mayo de 1990, 26 de septiembre de 1990, 30 de octubre de 1990, y 3 de mayo de 1995, entre otras, la discrecionalidad que se otorga a la Administración en la imposición de sanciones dentro de los límites legalmente previstos, debe ser desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado que toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas del hecho, proporcionalidad que constituye un principio normativo que se impone como un precepto más a la Administración y que reduce al ámbito de sus potestades sancionadoras.
Cuando la norma establece para una infracción varias sanciones o señala un margen cuantitativo para la fijación de la sanción pecuniaria, la cuantía de la sanción que se fija debe motivarse, constituyendo esta falta de motivación un defecto formal. La exigencia de motivación ha sido reconocida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de Las Palmas de Gran Canaria, en sentencia de fecha 19 de septiembre de 2003, y por la de Santa Cruz de Tenerife, en sentencia de fecha 2 de diciembre de 2004.
En la Resolución sancionadora, ahora recurrida, se afirma que en el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley de 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios que para la graduación de la cuantía de la sanción de multa se establece en el artículo 79.2 "in fine" de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 3.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto. De los criterios que se regulan en el indicado artículo 79.2 "in fine", de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, para la graduación de la cuantía de las sanciones de multa, a saber "la naturaleza de la infracción, los perjuicios causados, la trascendencia social, la reincidencia, la intencionalidad especulativa, el lucro ilícito obtenido, la posición del infractor en el mercado y la repercusión sobre la imagen turística, la modalidad y categoría del establecimiento o características de la actividad de que se trate y las repercusiones para el sector", la Resolución sancionadora, al fijar la cuantía de la sanción de multa en veinticinco mil (25.000) euros, por el primer hecho infractor, aduce solamente la carencia de antecedentes y, al fijar cuatrocientos treinta (430) euros, por el cuarto hecho infractor, ningún criterio de los indicados viene a señalar. La obligación de motivación no es algo meramente formal sino que entronca directamente con el ejercicio del derecho de defensa de quien, a los efectos de su ejercicio en vía de recurso administrativo, o, en su caso, en vía judicial, tiene derecho a conocer las razones por las que se le impuso una determinada multa en una determinada cuantía y los criterios en los que se basó para ello la Administración. Hay que motivar por qué se impone la cantidad concreta, si no estaríamos ante una arbitrariedad. En el caso que nos ocupa, se hace una referencia general a la hora de fijar la cuantía de la multa. El artículo 79.2 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, a efectos de individualizar la sanción, obliga a tener en cuenta unos criterios pero no, simplemente, a efectos de su repetición mecánica, como se hace en el presente caso, sino a efectos de su valoración a través de la motivación o explicación de las razones a favor de la opción elegida de manera que podamos apreciar que no existe arbitrariedad en su aplicación.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de Las Palmas de Gran Canaria, en sentencia de fecha 2 de junio de 2008, viene a señalar que "Esta Sala en sentencia de 3 de abril de 2008 en el recurso contencioso-administrativo número 186/05 ha considerado que se vulnera abiertamente el principio de proporcionalidad por cuanto no existe una mínima motivación adaptada a las circunstancias particulares del caso, que es la motivación exigida en el control judicial del cumplimiento del principio en ejercicio de la potestad sancionadora, afirmando que si el artículo 79.2 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias establece un conjunto o parámetros en el proceso de individualización a los efectos de cumplir la justificación de la adecuación entre gravedad del hecho constitutivo y sanción aplicada, ello exige de la Administración actuante un esfuerzo explicativo, no de manera genérica o abstracta, a modo de fórmula de estilo, sino en relación a las circunstancias del caso concreto. La obligación de motivación no es algo meramente formal sino que entronca directamente con el ejercicio del derecho de quien, a los efectos de su ejercicio en vía de recurso administrativo o, en su caso, en vía judicial, tiene derecho a conocer las razones por las que se le impuso una determinada multa en una determinada cuantía y los criterios en los que se basó para ello la Administración". Criterio este igualmente mantenido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de Las Palmas de Gran Canaria, en sus sentencias de 29 de enero de 2007, 15 de mayo, 31 de octubre y 28 de noviembre de 2008, y por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4, de Las Palmas de Gran Canaria, de 10 de junio de 2008.
En razón de lo expuesto, se ha incumplido el principio de proporcionalidad respecto a la cuantificación de la multa toda vez que no ha sido suficientemente motivada la imposición de la sanción de multa en la cuantía anteriormente señalada lo que lleva a aminorar la sanción y a la opción por un recorrido más próximo al mínimo del grado mínimo, es decir, a la imposición, para el primer hecho infractor, de una sanción de multa en cuantía de mil quinientos dos euros con cincuenta y cuatro céntimos (1.502,54 euros), el mínimo previsto para las infracciones graves en el artículo 79.2.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y una sanción de apercibimiento, para el cuarto hecho infractor, al tratarse de una infracción leve no existiendo reincidencia, todo ello a tenor de lo establecido en el artículo 79.1 del citado cuerpo legal.
Finalmente, respecto del tercer hecho infractor "carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones obligatorias a nombre del actual titular", la Resolución sancionadora no se ajusta al ordenamiento jurídico, pues del examen exhaustivo de la documentación que da soporte al expediente sancionador del que trae causa la referida Resolución no existen elementos que prueben la comisión, por parte de la titular expedientada, del hecho infractor que se le imputa. La Administración no llega a probar que el establecimiento carezca de las hojas de reclamaciones a través de ninguna de las Actas de Inspección de las que trae causa el expediente sancionador. La Administración cuando describe el hecho imputado a la mercantil dice que el mismo se deduce del Acta de Inspección nº 12989. De una lectura detenida de la indicada resulta que por el inspector de turismo actuante no se consigna el hecho imputado, de ahí que de la indicada Acta no se derive presunción de certeza, pues esta presunción opera respecto de los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el inspector, pero no se extiende, como así lo hace la Administración en el presente caso, a meras suposiciones y conjeturas o suposiciones que suponen valoraciones y calificaciones o juicios de valor o apreciaciones subjetivas del funcionario. Por lo expuesto, resultará que se sanciona a la entidad sin que existan elementos probatorios que acrediten esta carencia. No existe prueba de cargo que demuestre plenamente la responsabilidad de la expedientada por el hecho infractor imputado, prevaleciendo la presunción de inocencia de la titular expedientada. Presunción de inocencia establecida en el artículo 24.2 de la Constitución española. La doctrina general de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sobre la referida presunción, establece que el derecho fundamental a la presunción de inocencia es un derecho reaccional y por ello no precisado de un comportamiento activo por parte de su titular. La parte acusadora ha de tener la carga de la prueba de la culpabilidad del acusado, y así se declara en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 31/1981, 107/1983, 17/1984, 138/1992, 303/1993, 102/1994, 3471996, entre otras), lo que es consecuencia de la norma contenida en el artículo 1251 del Código Civil, al tener la presunción de inocencia la naturaleza "iuris tantum". Es necesario, para que no prevalezca la presunción de inocencia, la existencia real de ilícito penal y la culpabilidad del acusado, entendiendo este término como sinónimo de intervención o participación en el hecho y no el sentido normativo de reprochabilidad jurídico-penal. Este principio, en los términos expuestos, rige, sin excepciones, según doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, en el ordenamiento administrativo sancionador garantizando el derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad (STC, entre otras, números 76/90, 138/90 y 212/90). Actividad probatoria que no se ha llevado a cabo por parte de la Administración. En razón de lo expuesto, procederá anular la sanción de multa impuesta por este tercer hecho infractor, al haberse imputado a la titular expedientada, sin prueba de cargo directa, precisa, eficaz y plenamente convincente y, en consecuencia, exigido responsabilidad administrativa, por un hecho que no resulta del todo probado. Lo que determina que se haya cometido en el expediente sancionador tramitado vicio que viene a determinar la anulación de la indicada sanción.
En razón de todo cuanto se ha expuesto, procede estimar en parte el recurso de alzada y modificar la Resolución sancionadora en el sentido de rebajar la sanción de multa impuesta por el primer hecho infractor, mantener la sanción de multa impuesta por el segundo hecho infractor, anular la multa impuesta por el tercer hecho infractor e imponer la sanción de apercibimiento por el cuarto hecho infractor.
Visto el dictamen nº HAB.I.TUR 22/09-C, emitido con fecha 27 de febrero de 2009 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha 4 de marzo de 2009 por el Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Estimar en parte el recurso de alzada nº 22/09 interpuesto por D. Chander Mansukhani Mansukhani, en representación de la entidad mercantil Essar Canary Island, S.L., con C.I.F. B-38673851, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Hotel Mónica Sur", sito en calle Benchijigua, 4, San Isidro, término municipal de Granadilla de Abona, y modificar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 390, de fecha 27 de octubre de 2008, recaída en el expediente sancionador nº 153/08, en el sentido de rebajar la cuantía de la sanción de multa impuesta de mil quinientos dos euros con cincuenta y cuatro céntimos (1.502,54 euros), por el primer hecho infractor, mantener la sanción de multa de mil quinientos cuatro (1.504) euros, por el segundo hecho infractor, anular la sanción de multa impuesta por el tercer hecho infractor e imponer la sanción de apercibimiento por el cuarto hecho infractor.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Segundo.- La liquidación, en período voluntario, del importe de las mencionadas sanciones, cuyo instrumento cobratorio (Carta de Pago) se adjunta a la correspondiente Resolución, deberá hacerse efectiva en los lugares, formas y plazos que se detallan a continuación:
LUGAR Y FORMA DE INGRESO:
a) En el Servicio de Caja de los órganos de recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda, en metálico o cheque conformado a nombre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los que no se precisa tener cuenta abierta.
c) Por Internet a través del dominio: https://www.gobiernodecanarias.org/tributos.
PLAZOS DE INGRESO: (artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria):
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la Administración Tributaria Canaria efectuará la recaudación de las deudas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse en el Servicio de Recaudación de la Administración Tributaria Canaria.
RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CONTRA LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN. En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el interesado podrá interponer indistinta pero no simultáneamente:
Recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto.
Reclamación económico-administrativa ante la Junta Económico-Administrativa competente (artículos 30 y 33 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias). El escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa deberá presentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.
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