Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1. Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2. Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de abril de 2009.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 108/08 instruido a Macaronesia Holidays, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamento Complejo Residencial Playa Feliz.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 17 de noviembre de 2008.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: Acta nº 20593, de fecha 6 de noviembre de 2006, Acta nº 21002, de fecha 26 de diciembre de 2006, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por: Playa Feliz 2000, S.L., Melquiades Benito Sánchez y restantes propietarios, Ana María Hernández Sánchez, Rafael Santana Hernández, Jacinto Estupiñán Hernández, y seguido contra la empresa expedientada Macaronesia Holidays, S.L., titular del establecimiento Complejo Residencial Playa Feliz.
2º) El 17 de noviembre de 2008 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 108/08, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
Como consecuencia de todo lo anterior , el Instructor del procedimiento con fecha 4 de marzo de 2009, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía veintiséis mil doscientos noventa y tres (26.293,00) euros.
Correspondiendo la cantidad por el hecho primero: quince mil veinticinco (15.025,00) euros.
Hecho segundo: cuatro mil quinientos siete (4.507,00) euros.
Hecho tercero: tres mil setecientos cincuenta y seis (3.756,00) euros.
Hecho cuarto: tres mil cinco (3.005,00) euros.
3º) No consta en el expediente que se haya presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS:se considera probado, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos: primero: no estar en posesión del Informe Técnico de Conformidad, sobre la adecuación de las obras realizadas al proyecto aprobado.
Segundo: no contar con una recepción suficiente y permanentemente atendida.
Tercero: deficiencias consistentes en: el sótano tiene humedades en el techo que han provocado la caída del recubrimiento dejando a la vista huecos, ladrillos y el hierro forjado. Los cuadros eléctricos de este sótano están en paredes con humedades y los sumideros del garaje están obstruidos. En la sala de máquinas hay pérdidas de agua en la bomba y los cuadros eléctricos están abiertos. Deficiencias en las unidades números 119, 114, 196, 166, 182, 220, 204, 218, 211, 202, 70 y 71, según consta en acta de inspección nº 21002 y sus anexos I y II de 26 de diciembre de 2006.
Cuarto: no haber presentado ante la Administración Turística competente, el título habilitante de 152 unidades alojativas que explota turísticamente en el establecimiento consignado, el cual consta de 222 unidades, incumpliendo las normas respecto al principio de unidad de explotación.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda: en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que se indicarán.
Quinta: debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada en base al contenido de las actas de inspección números 20593 y 21002 de 6 de noviembre y 26 de diciembre de 2006, sin que al Órgano Resolutorio le conste, al dictar la presente Resolución, que la entidad titular consignada haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por la Instructora del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta.
No obstante lo anteriormente expuesto, a la hora de considerar la cuantía de las sanciones, debe tenerse en cuenta la carencia de antecedentes de la entidad titular expedientada, comprobada mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes, así como la obtención del informe favorable sobre el proyecto de incendios, por lo que procede atenuar las sanciones propuestas.
Asimismo, a la hora de ponderar las sanciones correspondientes a cada hecho infractor, se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios previstos en el artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias: la naturaleza de las infracciones, los perjuicios causados, la modalidad, capacidad y categoría del establecimiento, así como el carácter eminentemente turístico del municipio donde ejerce la actividad, toda vez que las infracciones son calificadas como graves, para las que dicha Ley establece que serán sancionadas con multa entre 1.502,54 euros y 30.050,61 euros.
Sexta: los hechos imputados infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:
Normas: hecho primero: artículo 7 del Decreto 305/1996, modificado por el Decreto 39/1997, de 20 de marzo (B.O.C. nº 44, de 7 de abril), y Decreto 20/2003, de 10 de febrero, sobre medidas de Seguridad y Protección contra Incendios en establecimientos alojativos (B.O.C. nº 39, de 26 de febrero).
Hecho segundo: artículo 40.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 5/1999, de 15 de marzo (B.O.C. nº 36, de 24 de marzo), y anexo I A del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente).
Hecho tercero: artículo 43 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Hecho cuarto: artículo 39 en relación con la Disposición Transitoria Única de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 36, de 24 de marzo), y artículo 10.4 de la Ley 2/2000, de 17 de julio, de Medidas Económicas en Materia de Organización Administrativa y Gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de Normas Tributarias, por la que se añade una Disposición Adicional Quinta a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 94, de 28 de julio).
Tipificación: hecho primero: artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril).
Hecho segundo: artículo 76.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Hecho tercero: artículo 76.3 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Hecho cuarto: artículo 76.13 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), y el artº. 4.2.o) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09),
R E S U E L V O:
Imponer a "Macaronesia Holidays, S.L.", con C.I.F. B35898147, titular del establecimiento denominado Apartamento "Complejo Residencial Playa Feliz" sanción de multa por cuantía total de 6.762,00 euros, correspondiendo la cantidad por el hecho primero: mil quinientos tres (1.503,00) euros.
Hecho segundo: dos mil doscientos cincuenta y tres (2.253,00) euros.
Hecho tercero: mil quinientos tres (1.503,00) euros.
Hecho cuarto: mil quinientos tres (1.503,00) euros
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Una vez firme la presente Resolución se procederá, en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de abril de 2009.- La Viceconsejera de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.
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