BOC - 2009/061. Lunes 30 de Marzo de 2009 - 1088

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

1088 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18 de marzo de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Ángel Manuel Cabrera Salazar, de la Resolución de incoación recaída en el expediente 1332/05-U (IU-2/05).

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No habiéndose podido practicar la notificación a D. Ángel Manuel Cabrera Salazar de la Resolución de incoación nº 392, de fecha 11 de febrero de 2009, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; a continuación se transcribe y para que sirva de notificación, extracto de la citada resolución, de conformidad con el apartado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Ángel Manuel Cabrera Salazar, la Resolución de incoación nº 392, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 11 de febrero de 2009, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por infracción de la legalidad urbanística con referencia 1332/05-U (IU-2/05) y cuya parte dispositiva dice textualmente:

R E S U E L V O:

"Primero.- Incoar procedimiento sancionador a D. Ángel Manuel Cabrera Salazar, en calidad de promotor, como presunto responsable por la comisión de una infracción administrativa tipificada y calificada de grave en el 202.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y sancionada conforme preceptúa el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal, con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros.

Segundo.- Nombrar Instructora a Dña. María Luisa Valverde Jiménez y suplente a Dña. María Ojeda González y Secretaria a Dña. María Reyes García y suplente a Dña. Ángeles Bouza Cruz, quienes podrán ser recusados en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento, los interesados disponen de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el presente acuerdo de iniciación podrá considerarse como Propuesta de Resolución, toda vez que contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

b) De conformidad con el artículo 8.1 del Real Decreto 1.398/1993 por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de la realidad física alterada prevista en el artículo 179 del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo del precitado artículo el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.

c) Una vez notificada la Propuesta de Resolución, los interesados dispondrán de un plazo de Audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente. Por tanto, el expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano, de Santa Cruz de Tenerife, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

e) Según preceptúa el artículo 191 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.

f) El artículo 182.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto 1/2000, de 8 de mayo, dispone que si los responsables de la alteración de la realidad física repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un noventa por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.

Conforme el apartado segundo del citado artículo si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.

Cuarto.- Requerir al interesado para que ajuste las obras consistentes en la construcción de una estructura de hormigón diáfana para alojar lagar a las condiciones que le fueron impuestas en la calificación territorial y la licencia municipal de obras que le fueron concedidas al interesado por el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Fuencaliente respectivamente (mediante Decreto del Consejero Delegado de Planificación, Sanidad e Innovación Tecnológica del Cabildo de La Palma de fecha 18 de enero de 2005 y el Decreto municipal nº 60/05, de 7 de marzo de 2005), en el plazo de tres meses, prorrogable por una sola vez por otros tres meses en atención de la complejidad del proyecto advirtiéndole que si al tiempo de formularse la Propuesta de Resolución no se hubiera procedido aún a ajustar dichas obras a los títulos legitimantes, se propondrá y en la resolución definitiva se acordará la imposición mientras no se formule efectivamente la solicitud pertinente de hasta doce multas sucesivas coercitivas por plazo de un mes e importe en cada ocasión de 5% del coste de las obras en su caso, y como mínimo de 601,01 euros, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.3 y 178.3 del citado Texto Refundido.

Comuníquese la presente Resolución a los nombrados Instructor y Secretario, así como al denunciado, demás interesados y el Ayuntamiento."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de marzo de 2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.



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