Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por la recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a la entidad mercantil Papagayo Arena, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Papagayo Arena, la Resolución de 17 de octubre de 2008 (Libro nº 1, Folio 1841/1848, nº 743), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 152/08 (expediente nº 394/07), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 158, de fecha 14 de mayo de 2008.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote), la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de 2008.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.
A N E X O
RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO DE ALZADA Nº 152/08, INTERPUESTO POR D. MANUEL CONCEPCIÓN PÉREZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL PAPAGAYO ARENA, S.L.
Visto el recurso de alzada nº 152/08 interpuesto por D. Manuel Concepción Pérez, en representación de la entidad mercantil Papagayo Arena, S.L. con C.I.F. nº B-38484796, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Hotel Papagayo Arena", sito en Urbanización Las Coloradas, Playa Blanca, término municipal de Yaiza, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 158, de fecha 14 de mayo de 2008, recaída en el expediente sancionador nº 394/07, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en:
"Estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Hotel, constando de 488 unidades alojativas."
Hecho que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de treinta mil cincuenta (30.050) euros.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando "se dicte otra que declare la nulidad o, subsidiariamente, la anulabilidad de la impugnada, revocándola y dejándola sin efecto por ser contraria a derecho y declare la caducidad del procedimiento y archivo de las actuaciones".
En defensa de su derecho la entidad recurrente esgrime, en síntesis, la siguiente argumentación:
1.- Caducidad del procedimiento sancionador por cuanto se inició mediante Acta de Inspección nº 21196, de 23 de enero de 2007, habiendo ya transcurrido el plazo máximo de seis meses previsto en la normativa vigente.
2.- La Resolución sancionadora ha vulnerado la normativa ordinaria relativa a la prueba en los procedimientos administrativos en general y en los procedimientos sancionadores en particular, así como los derechos fundamentales de la entidad expedientada a la defensa, a un procedimiento con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes a su defensa. La instructora mediante acuerdo de 21 de febrero de 2008 en lugar de decidir la apertura del oportuno período de prueba, que habría que versar sobre los puntos de hecho reseñados en el "OTROSI DIGO" del escrito de alegaciones formalizado por la entidad expedientada frente a la Resolución de inicio de fecha 19 de diciembre de 2007, denegó lo que ella consideró que eran dos pruebas interesadas por la entidad expedientada, siendo así que se trataba de la indicación de hechos esenciales sobre los que había de versar la prueba. Aún si se considerara que el acuerdo de la Instructora de 21 de febrero de 2008 tan solo se limitó a denegar la práctica de dos concretas pruebas propuestas en el escrito de alegaciones, con dicho actuar se habría vulnerado lo establecido en los artículos 137.4 y 80.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común puesto que las pruebas rechazadas patentemente eran adecuadas para la determinación de los hechos acaecidos y de las posibles responsabilidades, tenían evidente relación con los hechos y podían alterar la resolución final adoptada y no es que no fueran manifiestamente improcedentes o innecesarias sino que, aún más, eran manifiestamente procedentes y necesarias. La denegación de la acreditación fehaciente de los hechos esenciales y básicos sustentados por la entidad expedientada se fundamenta en el incongruente argumento de que la Instructora puede solicitar del Cabildo Insular de Lanzarote, de oficio, los informes que considere relevantes para determinar las responsabilidades susceptibles de sanción, facultad que no se pone en duda pero que no puede sustituir, en perjuicio del expedientado, la acreditación de los hechos sustantivos que aduce impidiéndole su prueba. En lugar de un informe, que iba a ser sesgado y parcial, lo que tenía que haber solicitado del Cabildo era el testimonio del expediente de la licencia de apertura turística interesada por la entidad expedientada. En la instrucción del procedimiento sancionador se le ha impedido acreditar los hechos esenciales y básicos en los que funda la obtención de la autorización para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Hotel por silencio administrativo positivo con anterioridad al 16 de agosto de 2005.
3.- La Resolución sancionadora es inválida porque se ha dictado sin desvirtuar la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental reconocido por el artículo 24.2, párrafo primero, de la Constitución vigente, lo que determina que se incurra en la causa de nulidad de pleno derecho del artículo 61.1.a) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4.- La entidad expedientada dispone de la licencia de apertura y clasificación del Hotel Papagayo Arena obtenida por vía de silencio administrativo positivo por lo que no puede ser sancionada como si careciera de ella. Debiéndose de tener en cuenta que dicha licencia ya había sido obtenida en la fecha del Acta de Inspección de la que trae causa el expediente sancionador nº 394/07.
5.- La sanción impuesta infringe el principio de proporcionalidad.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95) en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03) por la que se mantiene en el Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo la delegación de la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos de este Departamento en materia de turismo y costas.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- En primer lugar, y dada la alegación realizada por la entidad recurrente relativa a la caducidad del procedimiento al considerar dicha entidad recurrente como fecha de inicio del expediente sancionador la fecha del levantamiento del Acta de Inspección nº 21196, esto es, el 23 de enero de 2007, hay que hacer constar en relación con el contenido del artículo 81.2.a) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, aducido a tal efecto por la entidad recurrente, que dicho precepto establece que "Se levantará un acta de inspección turística, que en caso de estimarse que existe infracción, constituirá el inicio del expediente, debiendo contener la misma los requisitos formales previstos en la normativa vigente sobre el ejercicio de la potestad sancionadora". De este modo, para que dicha acta de inspección pudiera dar lugar al inicio del expediente, deberá contener todos los datos requeridos en el apartado segundo del artículo 9 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, referente a la iniciación del procedimiento sancionador, y que se establecen en cumplimiento del principio de seguridad jurídica y en garantía de los derechos que reconoce al presunto responsable el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En este sentido, la mentada acta de inspección no determina, entre otros, la posible calificación jurídica y las sanciones precisas que pudieran corresponder por los hechos realizados, ni la persona del instructor y, en su caso, del secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos, ni la indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento, así como a los plazos para su ejercicio. Por tanto, la iniciación del procedimiento sancionador se produce, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, con la Resolución de iniciación del expediente sancionador. La Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las Palmas de Gran Canaria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Sentencia nº 448, de fecha 28 de septiembre de 2001, se ha pronunciado en este sentido haciendo constar, expresamente, que "... El acta carece de potencialidad suficiente para iniciar el procedimiento, ya que su función procesal es la de provocar el acuerdo que mina el procedimiento. El acto que inicia de oficio el procedimiento es el acuerdo del órgano competente ...", en esta misma línea la Sentencia nº 586, de 6 de septiembre de 2002, emitida por el aludido Tribunal.
Por cuanto antecede, la normativa de aplicación es la prevista en el Decreto 190/1996, de 1 de agosto. El artículo 4.1 del aludido Decreto 190/1996, de 1 de agosto, señala que "el procedimiento ordinario deberá ser tramitado y resuelto en el plazo máximo de seis meses, contado desde la notificación al interesado de la resolución de iniciación del mismo", mientras que el artículo 6.1 de la indicada disposición mantiene que "si no hubiese recaído resolución transcurridos los plazos previstos en el artículo 4 del presente Decreto, se producirá la caducidad del procedimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común", actualmente tras la modificación por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dicha remisión debe entenderse referida al artículo 44.2 de la citada Ley, disponiendo el apartado tercero del mismo artículo que "el cómputo de los plazos a que se refiere este artículo, se interrumpirá por la práctica de actuaciones que deban de figurar en el expediente de forma expresa, encaminadas a determinar la identidad o domicilio del denunciado, la naturaleza del hecho infractor o cualquier otra circunstancia necesaria para comprobar y calificar la infracción, siempre que de ellas tenga conocimiento el interesado".
Dichos preceptos reglamentarios, hay que ponerlos en relación con la nueva regulación de la caducidad tras la reforma de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En virtud de esta nueva regulación, el plazo máximo para resolver todo procedimiento sancionador será el que determine su normativa específica, si bien nunca podrá ser superior a seis meses -plazo que viene recogido en el artículo 4.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto-, de forma que por el transcurso de dicho plazo sin resolver se producirá la caducidad, y consiguiente archivo, contándose el plazo desde la fecha del acuerdo de iniciación y no desde su notificación, al haberlo establecido así la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el artículo 42.3.a).
La normativa común a todo procedimiento sancionador contenida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras la reforma introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, conlleva, en lo que respecta al cómputo del plazo de caducidad, a una nueva interpretación de los preceptos contenidos en el Decreto territorial 190/1996, de 1 de agosto, en el sentido de que este plazo se cuenta desde la incoación ("dies a quo") o, en terminología de la Ley, desde la fecha del acuerdo de iniciación, criterio que es mantenido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sus Sentencias de fecha 3 de septiembre de 2003, 18 de marzo de 2004, 7 de octubre de 2004, 3 de febrero de 2005 y 17 de marzo de 2005, entre otras, así como por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 2 y 3 de Santa Cruz de Tenerife, en sus respectivas Sentencias de 12 de enero de 2005 y 23 de marzo de 2004, y Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria en Sentencia de 21 de octubre de 2004.
En razón de lo expuesto, ha de concluirse que no se ha producido la caducidad del procedimiento al no haberse excedido la Administración Turística competente a la hora de resolver y tramitar el procedimiento sancionador del plazo de los seis meses normativamente establecidos, entre la fecha de la Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística, que constituye el acuerdo de iniciación, adoptada el 19 de diciembre de 2007 y la fecha de notificación de la Resolución sancionadora, el 29 de mayo de 2008, según consta acreditado en el expediente sancionador tramitado.
Tras estas consideraciones previas, debe seguidamente analizarse la alegación esgrimida por la entidad recurrente en defensa de su derecho y para enervar la eficacia de la Resolución sancionadora sobre que "se ha vulnerado la normativa ordinaria relativa a la prueba en los procedimientos administrativos en general y en los procedimientos sancionadores en particular, así como los derechos fundamentales de mi mandante a la defensa, a un procedimiento con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes a su defensa".
Hay que indicar a tal efecto que la posición del ciudadano en sus relaciones con la Administración sancionadora se configura en un estatuto jurídico de garantías que comprende el derecho de defensa en el marco del expediente administrativo como consecuencia de la aplicación al procedimiento administrativo sancionador de los principios que rigen en el procedimiento penal, principios contenidos en el artículo 24 de la Constitución Española. Por tanto, la prohibición de indefensión es la cláusula de cierre del sistema de garantías del ciudadano en el procedimiento administrativo sancionador, acogiendo el conjunto de derechos del mentado artículo 24 de la Carta Magna, entre otros, el derecho de proponer y practicar las pruebas convenientes para salvaguardar las posibilidades reales de defensa en el ámbito del mismo. En este sentido el artículo 135 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común reconoce entre los derechos del presunto responsable el derecho a "formular las alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes". No se trata, sin embargo, de un derecho absoluto e incondicionado a que se lleven a cabo en el procedimiento sancionador todas aquellas pruebas que se propongan, de manera que el instructor del expediente no se encuentra desapoderado para enjuiciar la pertinencia de las mismas ponderando la necesidad de la utilización de los medios probatorios propuestos en función de los elementos de cargo que ya obren en el procedimiento. Así y conforme con lo previsto, respectivamente, en los artículos 137.4 y 80.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero "... se admitirán a propuesta del presunto responsable cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de hechos y posibles responsabilidades. Sólo podrá declararse improcedentes aquellas pruebas que por su relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable" y "El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada". Asimismo en el artículo 13, apartados 1 y 2, del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, se regula que "Recibidas las alegaciones a que hace referencia el artículo 11.2 del presente Decreto o transcurrido el plazo para ello, el instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común" y "En el acuerdo, que se notificará a los interesados, se podrá rechazar de forma motivada la práctica de las pruebas que, en su caso, hubiesen propuesto aquéllos, cuando sean improcedentes". En el mentado artículo 80 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al que se remite el artículo 13.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, se indica en su apartado segundo que "Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes".
De la verificación de los actos que conforman el expediente sancionador nº 394/07 se comprueba que la sustanciación del procedimiento sancionador no se ajusta, en cuanto a la fase probatoria del mismo, a las determinaciones contenidas en los mencionados artículos de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, habida cuenta que el referenciado expediente sancionador nº 394/07 incoado a la entidad mercantil Papagayo Arena, S.L. por la comisión de infracción a la normativa turística, se inició mediante Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de fecha 19 de diciembre de 2007, que fue notificada, según acuse de recibo que obra en el referido expediente, el 14 de enero de 2008. A través de la citada Resolución, a tenor de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 11 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, se concedió a la entidad expedientada un plazo de quince días para realizar alegaciones y proponer pruebas concretando los medios de que pretenda valerse. Dentro del plazo conferido a tal efecto, la entidad expedientada formuló alegaciones e instó que se "acuerde la apertura del oportuno período de prueba" mediante OTROSI DIGO en el que, expresamente, indica que "interesa al derecho de esta parte que el mismo se reciba a prueba, que versará, mediante la documental, sobre la obtención de la licencia de apertura y clasificación turística del Hotel Papagayo Arena por silencio administrativo positivo en general y en particular sobre el expediente administrativo tramitado por el Cabildo Insular de Lanzarote a consecuencia de la solicitud de dicha licencia, el Acta nº 1.7723/2004, de 11 de mayo de 2004, de la Inspección de esa Consejería de Turismo, la Propuesta de Resolución formulada por la instructora del procedimiento sancionador nº 176/04, de esa Dirección General, la solicitud de 4 de mayo de 2005 formalizada por mi mandante ante el Cabildo Insular de Lanzarote sobre obtención de la licencia por silencio administrativo, así como sobre cualesquiera otros hechos relacionados con el procedimiento que nos ocupa, cuya acreditación podrá realizarse mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho".
Con fecha 21 de febrero de 2008 se dicta por la Instructora del procedimiento "Acuerdo de la prueba propuesta" por el que se rechazan las pruebas 1 y 4. Esto es, documental sobre 1.- la obtención de la licencia de apertura y clasificación turística del Hotel Papagayo Arena por silencio administrativo positivo en general y en particular sobre el expediente administrativo tramitado por el Cabildo Insular de Lanzarote a consecuencia de la solicitud de dicha licencia y 4.- solicitud de la entidad sancionada de 4 de mayo de 2005 formalizada ante el Cabildo Insular de Lanzarote sobre obtención de la licencia por silencio administrativo. El acuerdo emitido por la Instructora del procedimiento sancionador funda la denegación de la práctica de las pruebas propuestas por la entidad expedientada en que "el procedimiento administrativo llevado a cabo por el Cabildo de Lanzarote para la autorización de apertura del establecimiento es distinto al procedimiento sancionador de la Consejería de Turismo, haciéndose constar la mutua colaboración entre ambas Administraciones, pudiendo esta instructora de oficio solicitar los informes que sean relevantes a fin de determinar la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción de acuerdo con el artículo 12.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo". Dado el contenido del acuerdo de inadmisibilidad de la prueba propuesta éste no resulta suficientemente motivado y ello, si tenemos en cuenta que la instructora del procedimiento sólo puede rechazar las pruebas propuestas por los interesados, mediante resolución motivada, cuando dichas pruebas sean manifiestamente improcedentes e innecesarias. En este sentido, dadas las alegaciones efectuadas por la entidad expedientada en defensa de su derecho y a fin de acreditar la certeza de lo esgrimido, disponiendo la Administración actuante de los elementos fácticos suficientes a fin de verificar las circunstancias concurrentes en el procedimiento en cuestión, se estima que las pruebas propuestas, en plazo, por la entidad expedientada, concretamente, la relativa al correspondiente expediente de autorización de apertura y clasificación del establecimiento hotelero tramitado por el Cabildo Insular de Lanzarote no era prueba irrelevante para la decisión del procedimiento sancionador, sin que quepa considerar suficiente a tal efecto el Informe obrante en el expediente sancionador nº 394/07 emitido con fecha 27 de febrero de 2008 por la Oficina de Ordenación Turística del Cabildo de Lanzarote, en contestación a la solicitud de informe, hecha de oficio, por la instructora del referenciado expediente sancionador nº 394/07 con fecha 26 de febrero de 2008, al amparo de lo previsto en el artículo 12 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, por no contener el referido informe todos los datos necesarios para motivar fundadamente el acto administrativo resolutorio habida cuenta las alegaciones realizadas por la entidad expedientada relativas a que en la fecha de infracción consignada en la Resolución de inicio y en la Propuesta de Resolución, 23 de enero de 2007, fecha del levantamiento del Acta de Inspección nº 21196 de la que trae causa el expediente sancionador nº 394/07, había obtenido por silencio administrativo positivo la preceptiva autorización para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Hotel. La propia entidad sancionada durante la sustanciación del procedimiento sancionador y, ahora, en vía de recurso expone de forma convincente la relevancia de las pruebas inadmitidas al efecto de probar su argumento de la inexistencia de la infracción que se imputa. La entidad sancionada no se limita a negar los hechos sino que discrepa solicitando la prueba documental del expediente de autorización de apertura y clasificación del establecimiento hotelero tramitado por el Cabildo Insular de Lanzarote al considerar que la referida documental resulta esencial para poder acreditar los hechos alegados en su defensa y así desvirtuar las pruebas de cargo en los que se sustenta la actuación sancionadora de la Administración actuante.
El defecto formal existente en la sustanciación del procedimiento anula el acto administrativo sancionador, habida cuenta que constituye una irregularidad determinante de indefensión material que quiebra el principio de contradicción y el derecho de defensa. Es doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual la vulneración o infracción de normas procesales puede producir indefensión en sentido jurídico-constitucional, cuando con aquella vulneración o infracción se priva al justiciable de alguno de los instrumentos que el ordenamiento pone a su alcance para la defensa de sus derechos o se impide la aplicación efectiva del principio de contradicción, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado. La indefensión, según Sentencia del Tribunal Constitucional 89/1986, fundamento jurídico 2º (RTC 1986/89), "consiste en un impedimento del derecho a alegar y de demostrar en el proceso a los propios derechos, y en su manifestación más trascendente, es la situación en la que se impide a una parte, por el órgano judicial en el curso del proceso, el ejercicio del derecho de defensa, privándole de su potestad de alegar y, en su caso, justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción. Los contendientes, en posesión de igualdad, tienen que disponer de las mismas oportunidades de alegar y probar cuanto estimaren conveniente" (STC 48/1986 - RTC 1986/48).
Igualmente, es doctrina del Tribunal Supremo la que determina que no todos los vicios o imperfecciones padecidas en la tramitación de un procedimiento administrativo, tienen entidad jurídica y trascendencia suficiente para amparar una pretensión de anulatoria por causa formal, dado que sólo los defectos muy graves que impidan al acto formal alcanzar su propia finalidad o que produzcan indefensión de los afectados podría lograr los efectos invalidatorios pretendidos.
En el presente caso, el citado defecto formal vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción ya aludido, situando a la entidad sancionada en un plano de desigualdad frente a la Administración a la hora de articular la debida defensa en el correspondiente expediente sancionador.
Por cuanto antecede, en virtud de lo establecido en el artículo 113.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que determina que "cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio fue cometido salvo lo dispuesto en el artículo 67", en relación con el artículo 63.2 del citado texto legal que dispone que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
Por tanto, en aras de subsanar la indefensión causada a la entidad expedientada, y en evitación de toda posible inseguridad jurídica, resulta procedente estimar el recurso interpuesto, sin entrar en el fondo del mismo, y anular la Resolución sancionadora recurrida, ordenando retrotraer el expediente al momento en que fue solicitada la apertura del período de prueba (escrito de fecha 28 de enero de 2008), conservando aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido dicho defecto de forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a tales efectos y toda vez que a tenor de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la citada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común "Las Administraciones Públicas podrán, rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos", se procede, por tanto, a subsanar los errores materiales existentes.
Se constata en la Propuesta de Resolución de 4 de diciembre de 2007, Resolución de inicio, Propuestas de Resolución de 28 de febrero y 8 de mayo de 2008 y Resolución sancionadora, el mismo error material ya que se consignó "... del anexo al Decreto ..." en vez "... del Decreto ...".
En las Propuestas de Resolución de 28 de febrero y 8 de mayo de 2008 y en la Resolución sancionadora se produce en iguales términos un error material ya que se consignó "... titular del establecimiento ...", debiendo figurar "... titular de la explotación turística del establecimiento".
Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 140/08-C, emitido con fecha 7 de octubre de 2008 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha 15 de octubre de 2008 por el Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación.
R E S U E L V O:
Estimar el recurso de alzada nº 152/08 interpuesto por D. Manuel Concepción Pérez, en representación de la entidad mercantil Papagayo Arena, S.L. con C.I.F. nº B-38484796, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Hotel Papagayo Arena", sito en Urbanización Las Coloradas, Playa Blanca, término municipal de Yaiza y anular la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 158, de fecha 14 de mayo de 2008, recaída en el expediente sancionador nº 394/07, ordenando retrotraer el expediente sancionador nº 394/07 al momento en que fue solicitada la apertura del período de prueba (escrito de fecha 28 de enero de 2008), y declarar la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido el defecto de forma, todo ello de conformidad con lo expuesto en el fundamento de derecho tercero de la presente Resolución.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.
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