BOC - 2008/199. Viernes 3 de Octubre de 2008 - 3847

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

3847 - ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, relativo a notificación del Decreto de 11 de junio de 2008, por el que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40351-I-2007.

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Providencia de 18 de septiembre de 2008, del Jefe de Servicio de Transportes, del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-40351-I-2007.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 11 de junio de 2008, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40351-I-2007.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por Dña. Ana Esther Afonso Herrera, en nombre y representación de la entidad mercantil El Mar Services, S.L. por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 1 de octubre de 2007 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que en el control realizado el día 13 de abril de 2006, en la terminal de llegadas del Aeropuerto Reina Sofía-Tenerife Sur, por los agentes de inspección de transportes con números de D.N.I. 43.827.164-C y 43.615.984-A, a la empresa Viajes Canarios El Mar Services, S.L., y una vez analizada la documentación aportada y demás extremos observados, se han constatado los siguientes hechos: la empresa Viajes Canarios El Mar Services, S.L. (agencia de viajes) cuenta con unos carteles informativos de captación de clientes dentro de la terminal de llegadas, anunciando: (airport mini bus and shuttle service) lo que se tradujo como: (aeropuerto autobús mini y servicio de lanzadera) (se adjunta foto); ofertando así sus servicios dentro del recinto aeroportuario para una mayor captación de clientes, ya que se efectúa de forma aleatoria y destinado a un grupo indeterminado de pasajeros, organizando así transportes de viajeros no turísticos al no ser éstos en paquete combinado como lo que establece la normativa, realizando la mediación con servicios o actividades no autorizadas en establecimientos públicos destinados a otros fines.

Levantandose al efecto la oportuna Acta de Infracción.

Resultando: que el día 16 de julio de 2007 se notificó al interesado la citada Acta y la resolución de incoación del expediente sancionador nº TF-40351-I-2007.

Resultando: que por el expedientado se presentó descargo en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 1 de octubre de 2007 que venía a sancionar a El Mar Services, S.L. con multa que ascendía a 1.001,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 141.16 LOTT, 198.16 R.O.T.T., artº. 122 LOTT, artº. 165 ROTT y en base al artículo artº. 143.1.e) Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, 201.1.e) R.O.T.T.

Notificándose dicha Resolución en fecha 18 de octubre de 2007.

Resultando: que con fecha 19 de noviembre de 2007, Dña. Ana Esther Afonso Herrera, en nombre y representación de El Mar Services interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que es obvio que la Administración no está aplicando debidamente la doctrina constitucional sobre la presunción de inocencia, al renunciar a probar la existencia de infracción, considerando prueba suficiente el simple hecho de que esa parte no haya presentado prueba suficiente. Pero es evidente que a esa parte no le corresponde probar su inocencia, sino a la Administración probar la existencia de la infracción. Esa parte no puede sino insistir en su argumentación apoyada en la sentencia del Tribunal Constitucional nº 45/1997 que estudió el alcance del principio de inocencia aplicado al Derecho Administrativo sancionador, fijando una doctrina que ha sido desconocido y vulnerada por la Administración, transcribiendo los fundamentos 5 a 8 de la citada Sentencia. Que el único hecho probado en el expediente deviene del Acta de Infracción de 17 de abril de 2007 en la que se recoge que la empresa Viajes Canarios El Mar Service, S.L. (agencia de viajes) cuenta con unos carteles informativos de captación de clientes dentro de la terminal de llegadas, anunciando: (airport mini bus and shuttle service) lo que se tradujo como: (aeropuerto autobús mini y servicio de lanzadera), la afirmación contenida al considerando segundo de la Resolución que impone la sanción recurrida, según la cual la exhibición del cartel "no puede significar la oferta de dichos servicios a los usuarios de la terminal" viene ayuna de prueba. Es evidente que la exhibición de un cartel puede significar muchas cosas -entre otras, la única cierta es la sostenida por esa parte -se identifica la empresa para que los viajeros que han contratado en el marco de la L.O.T.T. los servicios ofertados por su representada- puedan acceder a los mismos- y resulta también evidente que no se ha probado que el empleado de su representada ofreciera verbalmente o de cualquier otra forma unos servicios al margen de la L.O.T.T., configurándose la afirmación citada como una mera deducción, citado la sentencia del Tribunal Constitucional 35/06, de 13 de febrero. Que el derecho a la presunción de inocencia comporta que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponde a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia, y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (sentencia del Tribunal Constitucional 76/90, de 26 de abril). Que en el ámbito del derecho administrativo sancionador rige el principio de tipicidad, como manifestación positiva del principio de legalidad (artículo 25 de la Constitución Española), en virtud del que es exigible un perfecto encaje entre la conducta objeto de análisis y la descrita como ilícita y sancionable en la norma. En cuanto al contenido del Acta de Infracción, más que una mera opinión o sospecha del inspector actuante, insuficiente para tenerla por buena, incluso como simple conjetura, citando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de fecha 13 de febrero de 2003, y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 17 de diciembre de 1998, lo cierto es que la filosofía subyacente en el pronunciamiento judicial es que la mediación exige una actuación que no puede colegirse de la publicitación de unos servicios vía exposición de un cartel. Por tanto, es imposible presumir la comisión de la infracción por parte de su mandante, cuando ello no ha quedado acreditado de modo alguno en el expediente, y sin que la eventual presunción de certeza del Acta de Infracción "pueda extenderse a simples deducciones del funcionario, a juicios de valor o calificaciones jurídicas (sentencia del Tribunal Constitucional 76/80, en consonancia con reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo).

Considerando: el órgano instructor del procedimiento sancionador, aparte de tomar en cuenta las pruebas que constaban materialmente en el expediente (Acta de Infracción, fotografías, informes, etc.) ha desplegado la actividad probatoria necesaria para garantizar la adecuada determinación de los hechos infractores y la responsabilidad en la comisión de los mismos por la entidad mercantil recurrente (consulta de archivos, antecedentes infractores de la entidad mercantil interesada, etc.), de conformidad con lo establecido en los artículos 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 209 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; en consecuencia, no se observa, como argumenta la entidad mercantil recurrente, ninguna merma al principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, que exige, ante todo una prueba fehaciente y cumplida de los hechos cuya realización por el infractor sirven de base a la imposición de la sanción, recogido igualmente en el artículo 137.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que dispone que los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario; exigiendo la doctrina jurídica y la jurisprudencia de los Tribunales que la válida imposición de una sanción administrativa haya sido ineludiblemente precedida de la prueba concluyente e inequívoca de los elementos de hecho antijurídicos sobre los que se asienta, sin que la Administración pueda prevalerse en este campo de la presunción de legalidad de los actos administrativos, entendiéndose por tal una exoneración en la realización de las necesarias probanzas.

Considerando: la mediación en el transporte discrecional de viajeros aparece regulada en los artículos 119 y siguientes de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 165 y siguientes del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, añadiendo el artículo 122 de la referida ley que el ejercicio de las funciones correspondientes a la actividad de agencia de transporte de viajeros será realizado por las agencias de viaje. Las agencias de viaje podrán realizar las siguientes funciones: a) organización y contratación de los transportes turísticos regulados en el Capítulo VI del Título I.I.I de esta Ley, pudiendo ser dicha contratación global o individualizada o por plaza. b) mediación en la prestación de servicios de transporte discrecional de viajeros, la cual deberá realizarse contratando con transportistas y usuarios la capacidad total del vehículo, salvo en aquellos transportes en los que, en razón de su específica naturaleza, se les autorice para realizar la contratación individual o por asiento, de conformidad con lo que se disponga en las normas de desarrollo de esta Ley. c) venta de billetes y reserva de plazas por cuenta del transportista en toda clase de medios de transporte. d) las demás que les atribuya su normativa específica. Estableciendo el segundo apartado del artículo 123 del mismo cuerpo legal que el control y ordenación administrativa de las agencias de viaje se realizará por los órganos administrativos competentes en materia de turismo. Esto no obstante, los órganos competentes en materia de transportes podrán ordenar, controlar, y en su caso, sancionar, las actuaciones que en relación con el transporte realicen dichas agencias, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.

Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que la entidad mercantil Viajes Canarias El Mar Services, S.L. realizaba en el momento de ser inspeccionada una función de mediación con servicio o actividades no autorizadas, habiendo incurrido la interesada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1.c) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por la entidad mercantil recurrente haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados por el agente de inspección de transportes en el Acta de Infracción suscrita, a tenor de lo dispuesto en los artículos 33.2 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 22 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; dado que, por los mismos hechos infractores objeto de este expediente sancionador, fue incoado el expediente sancionador de transportes de referencia TF-40041-I-06, a la misma entidad mercantil, donde se recabó informe complementario a los agentes de inspección actuantes, aportando escrito de fecha 25 de enero de 2007 en el que se ratifica en los hechos inspeccionados, en los siguientes términos, "Que aunque en su momento no se aportó la foto del cartel donde queda reflejado (mini bus shuttle service available-vehículo de microbus disponible) cartel que disponen los empleados de la citada agencia y que utilizan en la terminal del Aeropuerto Reina Sofía, no significa que no exista y que no se utilice el mismo para la captación de usuarios (se aporta foto de dicho cartel para mejora del expediente), además, los hechos contratados por los Servicios de Inspección tendrán valor probatorio. Por otro lado, cabe destacar de manera importante que la citada agencia no tiene autorizada una concesión para realizar Servicios de Lanzadera desde el Aeropuerto Reina Sofía y según el cartel que se aportó al Acta de Infracción como captación más importante es el servicio que se está ofertando de manera fija y continuada en la terminal de llegada del Aeropuerto y es por lo que no se entiende que para una contratación previa de 5 personas para ese día, donde constan los siguientes datos -nombre, apellidos, vuelo y agencia de viajes-, como alega la empresa se disponga de un cartel informativo de oferta de una servicio de transportes (Servicios de Lanzadera) de manera fija y continuada, como se ha constatado en las inspecciones realizadas a lo largo del año por ese Servicio de Inspección".

Resulta acreditado que la traducción literal de la expresión Shuttle Service que figuraba en el cartel utilizado por la interesada en la terminal de llegadas del aeropuerto, es la de servicio de lanzadera, para cuya realización se precisa de la preceptiva autorización administrativa establecida en el artº. 154 del Real Decreto 1.211/1990, no habiéndose aportado prueba alguna que acredite la disponibilidad de la misma por parte del transportista contratado, y que el expediente no se ha incoado por la captación ilegal de clientes, como se desprende también del cartel controlado, sino por la mediación en actividad no autorizada, en este caso el servicio de lanzadera ofertado, resultando indudable que tanto la denominación social, como sobre todo el nombre comercial de la interesada figuran de modo predominante en el cartel denunciado.

Considerando: constituyendo el hecho denunciado una infracción grave a la normativa de transportes vigente, debidamente tipificada en el artículo 141.16 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 198.16 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres correspondiendo una sanción que asciende a mil un (1.001) euros de conformidad con lo establecido en el artículo 143.1.e) de la citada Ley y 201.1.e) de su Reglamento de desarrollo, habiéndose ponderado, al imponer esa sanción, los distintos bienes jurídicos en conflicto y atendido a los criterios de graduación establecidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad, también, con la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de diciembre de 1987; al haberse impuesto la cuantía de sanción mínima de las previstas para ese tipo infractor dentro de los límites fijados por el artículo 143.1.e) de la Ley y 201.1.e) del Reglamento; teniendo en cuenta que la potestad sancionadora de la Administración es del tipo reglada, de aplicación del tipo legal al hecho infractor, así, en la graduación de la sanción que se impone a cada tipo, el órgano administrativo debe, dentro de los criterios de graduación que concreta el legislador en las normas sancionadoras (artículo 143 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 201.1 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres) buscar, en atención a las circunstancias que operan en cada caso, de entre las sanciones posibles, la más proporcionada al desvalor antijurídico del comportamiento cometido. Al tratarse de una infracción que afecta a la ordenación de la competencia en el sector del transporte público de viajeros, provocando competencia desleal, y con ánimo defraudador implícito en el hecho de realizar mediación con servicios de transportes o actividades no autorizadas.

Considerando: la especial y reiterada tendencia infractora de la entidad mercantil interesada en la comisión de los citados hechos, fehacientemente probados en múltiples expedientes sancionadores, incoados al efecto, en base a abundantes requerimientos formulados, a la entidad mercantil interesada, por los agentes de inspección de transporte adscritos al Servicio Administrativo de Carreteras y Transportes, Unidad Orgánica de Inspección de Transportes (Unidad funcional de Inspección) del Cabildo Insular de Tenerife; y a hechos constatados personalmente por los referidos agentes, en los controles periódicos de inspección realizados por los mismos en la terminal de llegadas del Aeropuerto Reina Sofía, Tenerife Sur, hechos consignados formalmente en Actas de Infracción suscritas por los citados agentes, que han motivado la incoación de los expedientes sancionadores de referencia TF-40006-I-06, TF-40013-I-06, 40040-I-06, TF-40041-I-06, que se basaron fácticamente en que la entidad mercantil Viajes Canarias El Mar Services, S.L., realizaba mediación con servicios o actividades no autorizadas, considerándolo una infracción grave a la normativa de transportes vigente. Asimismo, las resoluciones sancionadoras dictadas por el Director Insular de Transportes de la misma Corporación Insular, recaídas en los expedientes sancionadores de referencia: TF-40045-I-06, TF-40052-I-06, 40952-I-06, se basaron fácticamente en que la entidad mercantil Viajes Canarias El Mar Services, S.L., organizaba transportes de viajeros no turísticos, considerándolo una infracción muy grave a la normativa de transportes vigente.

Considerando: concretamente, en el expediente sancionador nº TF-40045-I-06 existe constancia documental fehaciente de la comisión de la infracción consistente en la organización, por parte de la entidad mercantil interesada, de transporte de viajeros no turísticos, en base a requerimientos realizados por agente de inspección de transportes del Cabildo Insular de Tenerife a la empresa El Mar Services, S.L. a fin de que aportara relación de servicios de transporte combinado realizados por medio de venta de ticket en el año 2005, según artículo 128 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, con origen y destino en el Aeropuerto Reina Sofía, siendo aportado por la misma una relación de personas que han utilizado este servicio tipo lanzadera (aeropuerto-complejo hotelero o de apartamentos y viceversa). Igualmente constan requerimientos a las empresas que figuran en esta relación cierta documentación sobre la contratación de estos servicios y nuevamente a la agencia de viajes, solicitándole el detalle de los servicios y documentación con respecto a los traslados de sus clientes con origen y destino en el Aeropuerto Reina Sofía. Así como todos los escritos mediante los que dichas empresas responden a los citados requerimientos. De todo lo que se acreditó fehacientemente en el citado expediente sancionador que la empresa Viajes El Mar Services, S.L. organiza transporte de viajeros por carretera, consistentes en traslados a clientes desde el Aeropuerto Reina Sofía (Tenerife Sur) a complejos de apartamentos de la empresa Wimpen Leisure Management, S.A. y viceversa (esta empresa dirige la explotación de los complejos El Marqués, Las Rosas, y Sueño Azul, entre otros), apartamentos ubicados en las zonas turísticas del sur de la isla; no realizándolos en régimen de transporte turístico, ya que éste no forma parte de un paquete combinado con prestaciones complementarias, y, por otro lado, ni siquiera se contrataron conjuntamente con el transporte aéreo, como continuación o antecedente de éste, sin que el precio del transporte por carretera excediera el 40 por ciento del realizado en el otro modo; incumpliendo los artículos 110, 112 y 122 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y los artículos 128, y 165 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Sin que tampoco puedan considerarse ni turísticos, ni como ocasionales y esporádicos, ni que fueran dirigido a un grupo homogéneo de usuarios, con un objetivo común a todos ellos, a los efectos de poder encuadrarlo dentro de la mediación prevista en el artículo 131 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Considerando: la gravedad de las infracciones cometidas, consistentes en la mediación con servicios o actividades no autorizadas en establecimientos públicos destinados a otros fines, así como organizar un tipo de transporte que no se puede encuadrar dentro de lo que la normativa expuesta entiende como transporte turístico, ni siquiera como otro tipo de mediación en el transporte de viajeros atribuido como competencia propia de las agencias de viajes, que afectan profundamente a la ordenación de la competencia en la mediación del sector de transporte público de viajeros y con ánimo defraudador implícito en el hecho de realizar mediación con servicios de transportes o actividades no autorizadas.

En ejercicio de las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de julio, y asignadas a este órgano por el artº. 12.1.o) del Texto Refundido del Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (B.O.P. nº 97, 16.6.05), Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación de fecha 6 de julio de 2007 (B.O.P. nº 121, 27.7.07).

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.r) y 61.2 del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por Dña. Ana Esther Afonso Herrera, en nombre y representación de la entidad mercantil El Mar Services, S.L., confirmando la Resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad, de fecha 1 de octubre de 2007, que determinó la imposición de una sanción de mil uno (1.001,00) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2008.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.



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