BOC - 2008/187. Jueves 18 de Septiembre de 2008 - 3657

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Lanzarote

3657 - ANUNCIO de 1 de septiembre de 2008, relativo a notificación de Propuesta de Resolución recaída en expediente sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera.

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Providencia de 1 de septiembre de 2008, del Consejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre notificación de Propuesta de Resolución recaída en expediente sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación a interesados intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita la Propuesta de Resolución formulada con ocasión del expediente que le ha sido instruido por este Cabildo por infracción administrativa en materia de transporte.

Mediante denuncia/acta razonada de la que se dio traslado al infractor se puso en conocimiento de este órgano administrativo el hecho infractor.

Por Orden del Sr. Consejero de Transportes del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote se acordó incoación de expediente sancionador, mediante Resolución, en la que se contenía la identidad de la autoridad competente para resolver el expediente y la del Instructor del procedimiento y demás contenido establecido en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres; el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero) en relación con el artº. 13.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Por el Instructor del expediente, se notificaron debidamente los hechos imputados, las infracciones cometidas y las sanciones que en su caso podían recaer, con objeto de que pudiera el infractor contestar la acusación realizada, tomar audiencia y vista del expediente, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en orden a la mejor defensa de su derecho.

Dentro del plazo establecido para ello, se formula pliego de descargo en el que se efectúan las alegaciones que se creyó oportunas en defensa de los derechos del expedientado. Y, a requerimiento del Instructor de este procedimiento, el funcionario/agente denunciante se afirma y ratifica en los extremos de la denuncia por él realizada.

En base a las alegaciones y documentos obrantes en el presente expediente y por lo que a continuación se expone, quedan desvirtuadas las manifestaciones vertidas por el inculpado y se derivan los siguientes hechos probados: las guaguas que se utilicen para realizar transporte público discrecional de viajeros deberán llevar a bordo del mismo una copia certificada de la autorización de transporte en la que están amparados. Sólo podrán entenderse amparados por la correspondiente autorización cuando los vehículos se encuentren matriculados y habilitados para circular, se halle vigente la última inspección técnica periódica que legalmente les corresponda y el titular de la autorización disponga de los mismos en virtud de propiedad o usufructo, arrendamiento financiero o leasing o arrendamiento ordinario en las condiciones previstas legales. Por tanto, la guagua destinada al transporte público discrecional de viajeros que no haya pasado la inspección técnica favorable no podrá circular hasta que subsane los defectos y la inspección sea favorable. El hecho de circular y realizar transporte público de viajeros teniendo la inspección técnica desfavorable o caducada equivale a que ese vehículo carece de autorización de transporte siendo objeto de infracción administrativa. Los boletines de denuncia poseen presunción de veracidad de los hechos en ellos reflejados y valor probatorio al tener los funcionarios actuarios carácter de autoridad pública, pero no presunción de certeza de la culpabilidad del denunciado, correspondiéndole a éste probar su inocencia, siendo el órgano instructor y sancionador el que, una vez valoradas las pruebas existentes y aportadas al expediente, el que estimará o no su culpabilidad. Dichos boletines tienen mayor vinculación para el órgano competente, que está obligado a motivar la no iniciación del expediente sancionador, en aplicación supletoria del artº. 11.2 del Real Decreto 1.398/1993. Si bien el valor probatorio de las denuncias y la presunción de veracidad de su contenido es un asunto doctrinalmente controvertido, el T.C. ha concluido con la exigencia de una valoración de las pruebas en cuanto a la certeza de la culpabilidad, por una parte, y la imposición de la carga probatoria al acusador, por otra. De lo practicado hasta el día de hoy se deduce que el vehículo denunciado se encontraba realizando un transporte de 77 viajeros sin tener la ITV en vigor, incumpliendo una de las condiciones de su autorización administrativa; ratificado por el propio agente denunciante. De contrario no se prueba lo que se expone y lo dicho no supone el haber cumplido con la obligación de pasar en plazo la ITV -siendo incluso la revisión fuera de plazo sancionable por tráfico- pudiendo haber obtenido de la ITV Informe de los defectos que dice la denunciada tener la guagua sancionada matrícula 9744-CRB, y subsanarlos en plazo; pero nunca llevar a 77 pasajeros; que pudieran incluso verse desamparados pues los vehículos con la ITV caducada no quedan incluidos en la cobertura del seguro del vehículo. Si bien se conocen los problemas alegados de contrario en la Estación ITV 3502 de Lanzarote, el resto de vehículos dedicados al transporte en la isla han presentado el vehículo en plazo en la ITV, a partir de cuyo momento han tenido que detener el servicio en el mismo y lo han puesto en conocimiento de los organismos competentes teniendo los mismos informe desfavorable de la ITV pasada en plazo para subsanación; extremo que no prueba el que alega que haya efectuado como prueba de buena fe o por lo menos no lo ha probado en esta fase; pudiendo antes de dictar resolución presentar la documentación pertinente o la vigencia actual de la ITV a la hora de modificar la sanción inicialmente impuesta que se pretende de contrario.

Por todo lo señalado y en base a las pruebas obrantes, entendemos que el expedientado infringe la legalidad vigente, proponiendo seguir con el procedimiento en los términos que aquí se exponen.

En virtud de las competencias delegadas por el Consejo de Gobierno Insular por acuerdo de aquel Órgano de fecha 17 de octubre de 2007, el Consejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de esta Corporación es el órgano competente para la incoación, tramitación y resolución de expedientes sancionadores en materia de transporte; todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y vistos los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas y las demás normas de general y pertinente aplicación, y que el procedimiento seguido ha observado todos los trámites legales y reglamentarios establecidos y los principios informadores de la potestad sancionadora, respetando los derechos del presunto responsable.

De la mencionada infracción es responsable el expedientado en base a lo dispuesto en el artº. 102 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 138 de la Ley 16/1987, de 30.7 (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10) y artículos 193 y siguientes del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre.

El pago voluntario de la sanción implicará la terminación del procedimiento, debiéndose efectuar mediante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de Canarias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en el que se haga constar el número de expediente y el titular al que corresponde.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30447/P/2007; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Bus Leader, S.L.; C.I.F.: B35470947; MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: 9744-CRB; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de la denuncia nº 003035/07 formulada por el Agente de la Policía Local de Tías nº 13099, de fecha 20 de diciembre de 2007 (9,35,00) (donde se hacen constar los hechos que se imputan y que motivan la incoación del presente procedimiento), en la vía Avenida Juan Carlos I, 23, dirección LZ-2, cuya copia se adjunta, y de las actuaciones practicadas se aprecia la comisión de una infracción a la normativa reguladora de los transportes terrestres, consistente en realizar transporte de viajeros (VD) desde Puerto del Carmen con finalidad de excursión sur y norte de la isla. Transportando 57 viajeros. Teniendo la ITV caducada desde el 21 de noviembre de 2007, siendo requisito para el permiso administrativo de transporte tener la ITV en vigor; PRECEPTOS INFRINGIDOS: artículos 104.1.9 y 60 y siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 140.1.9 y artículos 47, 55 y 90 de la Ley 16/1987, de 30.7 (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); artº. 197.1.9 y artículos 41 y 109 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre). Artº. 3 Orden de 4 de febrero de 1993, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte discrecional de viajeros por carretera (modificada por Orden Ministerial de 20.5.95 y por Orden Ministerial de 26 de junio de 2001, y parcialmente derogada por la Ley 13/1996, 30.12 y por Orden Ministerial 23 de julio de 1997) (B.O.E. de 16, rect. 11.3). Artº. 15.3 Orden de 23 de julio de 1997, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización (modificada por Real Decreto 1.830/1999, de 3 de diciembre) (B.O.E. de 30). Artº. 9, Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías; CUANTÍA DE LA SANCIÓN: cuatro mil seiscientos un (4.601) euros (765.542 pesetas) y precinto del vehículo 9744-CRB durante seis meses; PRECEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i) y 109.4 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artº.143.1.i) y 143.2, párrafo 5º de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 201.1.i) y 201.2, párrafo 5º del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre), que la califica de muy grave.

Arrecife, a 1 de septiembre de 2008.- El Consejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón Bermúdez Benasco.



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