No habiéndose podido notificar como promotor a D. Juan Carlos Hernández Morales en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el oficio (requerimiento legalización) dictado en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia nº 1410/06-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Juan Carlos Hernández Morales, el oficio (contestando alegaciones) dictado por el Jefe de Sección de Actuaciones Previas de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural número de registro 577342, de fecha 17 de septiembre de 2007, recaída en el expediente referencia 1410/06-U, y que dice textualmente:
"Contestando alegaciones:
Visto su escrito de alegaciones de fecha 21 de agosto de 2007, al requerimiento de retirada de contenedor del Espacio Natural Protegido del Monumento Natural de Montaña de la Centinela, de fecha 2 de julio de 2007, en el que en síntesis manifiesta:
· Que le parece injusta y desafortunada la decisión de abrir un expediente en su contra.
· Que el contenedor y la estructura anexa se encuentran en el interior de una finca agrícola, y son parte imprescindible de la misma, pues en ella se encuentra el cabezal de riego.
· Que dichas estructuras están perfectamente integradas en la finca y no se rompe el paisaje y no han sido necesarias obras para colocar dichas instalaciones y éstas llevan al menos siete años colocadas, y que además no se tienen en cuenta los beneficios de esa actividad para el medio ambiente.
· Que se les persigue como a delincuentes y que la Agencia tendría que colaborar más con los agricultores.
· Que la compañía Unelco hizo un destrozo importante por la zona y no conocen de ningún expediente que se haya abierto contra esta empresa.
Con respecto a las alegaciones presentadas se pone en su conocimiento lo siguiente:
En primer lugar decir que el artículo 166.1.ñ) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, somete a licencia urbanística, la ubicación provisional o permanente de edificaciones y construcciones prefabricadas e instalaciones similares, y el artículo 203.3.b) del mismo texto legal, tipifica como infracción la realización de instalaciones sin contar con las oportunas autorizaciones administrativas. Por tanto la denuncia de tales hechos, es una obligación legal para la fuerza denunciante (Guardia Civil), así como para el personal de esta Agencia el tramitar los procedimientos que sean competencia de la mima, tal como ocurre en el presente caso.
En cuanto a las finalidades perseguidas con las instalaciones denunciadas, éstas no justifican la inexistencia de autorizaciones administrativas para la instalación de las mismas.
Por último, significarle de que aún no se ha abierto expediente sancionador por tales hechos, sino que se ha requerido al interesado a que retire las instalaciones denunciadas y sólo en el caso que no se atienda el citado requerimiento se abrirá el correspondiente expediente sancionador."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de septiembre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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