BOC - 2008/186. Miércoles 17 de Septiembre de 2008 - 1400

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Economía y Hacienda

1400 - Dirección General de Tributos.- Resolución de 5 de septiembre de 2008, de revocación de las resoluciones del Inspector Jefe de Tributos de Las Palmas derivadas del acta de disconformidad A02 nº 2005/0190 y del expediente sancionador nº 2004/110, en concepto de Impuesto General Indirecto Canario, a la entidad mercantil Residencial La Palma, Comunidad de Bienes.

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Con esta fecha el Ilmo. Sr. Director General de Tributos ha dictado la presente Resolución.

HECHOS

Primero.- Con fecha 19 de diciembre de 2005, la Inspección de Tributos de Las Palmas levantó a la entidad mercantil Residencial La Palma, Comunidad de Bienes, C.I.F. E-35501089, acta de disconformidad nº 2005/0190 extendida en concepto de Impuesto General Indirecto Canario (en adelante I.G.I.C.), por la realización de operaciones de promoción de edificaciones, correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003, por un importe de 781.631,13 euros, así como, derivado del anterior, el expediente sancionador nº 2005/0136, por el que se resuelve imponer a la citada Comunidad de Bienes una sanción por importe de 41.011,81 euros.

Segundo.- Mediante escrito dirigido a la Inspección de Tributos Interiores de Las Palmas de 11 de enero de 2008 y registro de entrada nº 39240, Dña. Rosario Esmeralda Antúnez Pérez, en representación de la entidad mercantil Juan Manuel Riera, S.L., N.I.F. B-35384213, comunero de Residencial La Palma, Comunidad de Bienes, solicita:

a) La nulidad de los actos tributarios de liquidación e imposición de sanción dictados por el Inspector Jefe de Tributos de Las Palmas por haber sido dirigidos contra Residencial La Palma, Comunidad de Bienes, sujeto pasivo inexistente desde el día 24 de enero de 2001, fecha de la escritura de liquidación parcial de condominio y concreción de responsabilidad hipotecaria, con número de protocolo 365.

b) La procedencia de la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria por las adjudicaciones de inmuebles realizadas en virtud de la escritura anterior.

Tercero.- El día 22 de febrero de 2008, el Inspector Jefe de Tributos de Las Palmas remite, en unión de una copia del expediente, informe sobre los antecedentes del procedimiento relevantes para resolver la petición de nulidad de pleno derecho contenida en el escrito de 11 de enero.

Cuarto.- El 13 de marzo de 2008, el Ilmo. Director General de Tributos dicta acuerdo de inicio del procedimiento de revocación de las resoluciones del Inspector Jefe de Tributos de Las Palmas nº 43/2006 y 107/2006 derivadas del acta de disconformidad A02 nº 2005/0190 y del expediente sancionador nº 2004/110, en concepto de Impuesto General Indirecto Canario, a la entidad mercantil Residencial La Palma, Comunidad de Bienes.

Quinto.- Con fecha 14 de marzo de 2008, se atribuye la competencia para tramitar el presente procedimiento de revocación a Dña. Mónica Torres Lista, quien con la misma fecha comunica el referido acuerdo de iniciación al órgano que dictó el acto de aplicación del I.G.I.C. y de imposición de sanción objeto del procedimiento de revocación y a la Tesorera Jefe del Servicio de Recaudación a los efectos de suspender de inmediato cualquier procedimiento de apremio que hubiera podido seguirse como consecuencia de los actos administrativos objeto de dicho procedimiento.

Sexto.- El 24 de marzo de 2008, se comunica a la entidad Juan Manuel Riera, S.L., el inicio del procedimiento de revocación de las resoluciones anteriormente referidas en cuanto que dicha entidad era comunera de Residencial La Palma, Comunidad de Bienes y había presentado el escrito referenciado en el hecho segundo de esta resolución, al mismo tiempo que se le concede trámite de audiencia y se le pone de manifiesto el expediente a los efectos oportunos.

Séptimo.- En el Boletín Oficial de Canarias nº 61, de 26 de marzo de 2008, se publica el anuncio de 14 de marzo de 2008, por el que se notifica a Residencial La Palma, Comunidad de Bienes, con C.I.F. E-35501089, el acuerdo de inicio del procedimiento de revocación y se le concede trámite de audiencia.

Octavo.- El 10 de abril de 2008, con RE nº 466619, RGN2 21015, la representación de Juan Manuel Riera, S.L. presenta escrito de alegaciones dando por reproducido lo manifestado en su anterior escrito de fecha 9 de enero de 2008 y por aportada la documentación adjunta al mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director General de Tributos es el órgano competente para acordar la revocación de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.2.u) del Decreto 12/2004, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda, y de lo establecido en el artículo 219.3 de la LGT y 12 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.

Segundo.- Es de aplicación al supuesto que nos ocupa el artículo 219 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante Ley 58/2003) y los artículos 10 al 12 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.

Tercero.- Tal y como se hizo constar en el acuerdo de inicio de este procedimiento de revisión, a la vista del escrito y documentación presentada por la entidad Juan Manuel Riera, S.L., se consideró conveniente iniciar el presente procedimiento de revocación en tanto que se cumplían todos los requisitos exigibles para ello contenidos en el artículo 219 de la Ley 58/2003, considerando a la citada mercantil como parte interesada en el presente procedimiento, de conformidad con el artículo 31.1.a) de la Ley 30/1992, en cuanto que era uno de los comuneros de Residencial La Palma, Comunidad de Bienes y adjudicataria de inmuebles en el momento de su disolución, hecho por el cual debería haber tributado en concepto de I.G.I.C.

Cuarto.- Se entiende que se dan los supuestos contemplados en el artículo 219.1 de la Ley 58/2003, puesto que no sólo se ha producido una infracción manifiesta de la ley sino que concurre una circunstancia sobrevenida, la Sentencia de 11 de julio de 2007 recaída en el procedimiento ordinario nº 896/2007, seguido por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que afecta a una situación jurídica particular poniendo de manifiesto la improcedencia del acto dictado.

En efecto, de la documentación obrante en el expediente se desprende que las actuaciones inspectoras y resoluciones dictadas en virtud de las mismas, así como el expediente sancionador derivado de aquéllas, se han seguido contra un sujeto pasivo del I.G.I.C. que había realizado operaciones sujetas al impuesto en virtud de lo establecido en los artículos 4 y 19.2 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, por lo que el acto tributario era legal. Es una circunstancia sobrevenida con posterioridad, la que hace contrario al ordenamiento jurídico los actos dictados. Esta circunstancia es la declaración de inexistencia de la Comunidad de Bienes Residencial La Palma, con efectos desde el día 24 de enero de 2001 (fecha de otorgamiento de la escritura pública de extinción del condominio y concreción de responsabilidad hipotecaria) contenida en la sentencia de 11 de julio de 2007, dictada en el juicio ordinario nº 896/2007, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Las Palmas.

Dicha Sentencia "declara inexistente la Comunidad de Bienes Residencial La Palma, tras el otorgamiento de la escritura pública otorgada ante el Notario D. Jesús Toledano García el día 24 de enero de 2001, bajo el nº 365 de su protocolo, y nulos todos aquellos actos que puedan derivar de la declaración de existencia de la Comunidad de Bienes, Residencial La Palma, a partir de la referida extinción del condominio y de los actos que pueda haber realizado el Administrador a partir del día 24 de enero de 2001, bajo el nº 365 de su protocolo, y que por ello no puede existir administrador de una comunidad inexistente, lo que lleva a la declaración de que la estipulación tercera de dicha escritura es nula de pleno derecho.

Y, en consecuencia, son nulos todos aquellos actos que puedan derivar de la declaración de existencia de la Comunidad de Bienes Residencial La Palma, a partir de la referida extinción de condominio y de los actos que pueda haber realizado el Administrador a partir del día 24 de enero de 2001".

De lo anterior, se deduce que las actuaciones de la inspección, en tanto se notifican a un sujeto inexistente, en concreto, a una comunidad disuelta, infringen manifiestamente la ley, debiendo dirigirse entonces en exigencia de las obligaciones tributarias pendientes de la misma a sus partícipes o cotitulares como responsables solidarios, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 58/2003.

Esta tesis es avalada por el 177.2 de la mencionada ley al manifestar que, disuelta y liquidada una entidad, el procedimiento de recaudación continuará con los partícipes o titulares, una vez constatada la extinción de la personalidad jurídica.

Quinto.- El 1 de julio de 2008 se recibe informe de los Servicios Jurídicos, solicitado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 219.3 de la Ley General Tributaria y en el apartado 4 del artículo 11 del Real Decreto 520/2005 ya mencionado y en el artículo 83 de la LRJPAC.

En el análisis que realiza el citado informe de los requisitos que deben concurrir para que pueda resultar aplicable como motivo de revocación las circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular y que pongan de manifiesto la improcedencia del acto, se hace notar que dichas circunstancias deben sobrevenir al acto en sí mismo considerado. Pero ello no determina que los hechos o circunstancias producidas deban ser, en todo caso, nuevas, sino que lo que aflora en este momento posterior es su conocimiento por parte de la Administración tributaria (las circunstancias podían existir pero no eran conocidas en el momento en el que se dictó el acto). Asimismo, entiende la letrada que realiza el informe que la revocación es viable aunque dichas circunstancias, conocidas por el obligado tributario, no hubieran sido alegadas o hubieran sido ocultadas en un principio, ya que el interés público que subyace en la anulación de un acto tributario que no se considera legítimo nos lleva a afirmar que el incumplimiento del contribuyente no puede fundamentar el sostenimiento de un acto contrario al ordenamiento jurídico.

El informe solicitado es favorable en cuanto que el Servicio Jurídico considera que la revocación propuesta es conforme al artículo 219 de la Ley 58/2003, si bien deberá procederse, siempre que no haya operado la prescripción, a exigir las obligaciones tributarias a los partícipes o cotitulares de la comunidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 177.2 de la LGT.

Respecto a la salvedad contenida en el informe referido, de no constar la firmeza de la sentencia, que supone la concurrencia de la circunstancia sobrevenida de declarar disuelta la comunidad de bienes con efectos de 24 de enero de 2001, es necesario dejar constancia que esta manifestación no es óbice para revocar el acto que se pretende por considerar que no es trascendente al menos en lo que afecta a este procedimiento de revocación. Ello es así, porque entendemos que dicha manifestación encuentra su razón de ser en el auto de 17 de septiembre de 2007, que rectifica la sentencia y el fallo en el sentido de que donde se dice Comunidad de Bienes Residencial Las Palmas, debe decir Comunidad de Bienes Residencial La Palma, en dicho auto se hace constar que dicha resolución (el auto) no es firme. Por el contrario, el testimonio de la sentencia aportado por la representación de Juan Manuel Riera, S.L., es de fecha 27 de noviembre de 2007, y en el mismo se hace constar por el Sr. Secretario Judicial que "en este Juzgado se siguen autos sobre juicio ordinario con el nº 896/2007, en los que ha recaído sentencia, declarada firme, obrando lo siguientes particulares cuyo tenor literal es ...".

Como consecuencia de lo expuesto, de conformidad con el artículo 11.4 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo y del acuerdo de 14 de marzo de 2008 del Ilmo. Sr. Director General de Tributos,

PROPONGO

La revocación de las resoluciones nº 43/2006 y 107/2006 derivadas del acta de disconformidad nº 2005/0190 y del expediente sancionador nº 2005/0136, por el concepto de I.G.I.C., siendo obligado tributario la entidad mercantil Comunidad de Bienes, Residencial La Palma con C.I.F. E-35501089, dictadas por el Inspector Jefe de Tributos de Las Palmas.- Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de septiembre de 2008.- Puesto Singularizado, Mónica Torres Lista.

RESOLUCIÓN

Conforme se propone resuélvase

Dada para su cumplimiento.

Recurso: contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, según establece el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de septiembre de 2008.- El Director General de Tributos, Francisco Clavijo Hernández.



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