BOC - 2008/147. Miércoles 23 de Julio de 2008 - 1152

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

1152 - ORDEN de 14 de julio de 2008, por la que se convocan para el ejercicio de 2008 las ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña y las dificultades especiales en zonas distintas de las de montaña.

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Examinada la iniciativa de la Dirección General de Desarrollo Rural para convocar para el año 2008 las ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña y las dificultades especiales en zonas distintas de las de montaña, así como la propuesta formulada por la Secretaría General Técnica en relación con dicha iniciativa, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2008, existe crédito suficiente para atender las ayudas que se convocan. Estos créditos están cofinanciados por la Unión Europea en un 75 por ciento a través del FEADER.

Segundo.- Estas ayudas están incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias, para el período de programación 2007 al 2013 (en adelante PDR), presentado ante la Comisión Europea para su aprobación el 27 de septiembre de 2007, concretamente en el eje 2, medidas 211 (Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña) y 212 (Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas distintas de las de montaña).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), indica que corresponde aprobar las bases y efectuar las convocatorias a los titulares de los Departamentos, a iniciativa de los órganos gestores y a propuesta de la Secretaría General Técnica.

Segundo.- El Decreto 82/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 84, de 20.6.89), regula la colaboración por parte de los Cabildos, a través de las Agencias de Extensión Agraria, en la divulgación, información, asesoramiento y tramitación de los programas y líneas de auxilios económicos a los que pueden acceder los agricultores.

Tercero.- Las actividades objeto de ayuda con arreglo a esta convocatoria se ajustan a las disposiciones del Tratado Constitutivo de la Unión Europea y a los actos derivados en virtud de éste, así como a las políticas y acciones comunitarias, en concreto, las relativas a la competencia, a la contratación pública, a la protección y mejora del medio ambiente, a la eliminación de las desigualdades y al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

Vistos los hechos y fundamentos enunciados, y en uso de las facultades que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio 2008, las ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña y las dificultades naturales en zonas especiales distintas de las de montaña, previstas en el PDR.

Segundo.- Las bases que rigen la presente convocatoria son las que aparecen recogidas en anexo a esta Orden.

Tercero.- Se delega en el Director General de Desarrollo Rural la resolución de la presente convocatoria y de cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo de la misma.

Cuarto.- La presente Orden producirá sus efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso potestativo de reposición, ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma, con los efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,

GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS DESTINADAS A INDEMNIZAR A LOS AGRICULTORES POR LAS DIFICULTADES NATURALES EN ZONAS DE MONTAÑA Y LAS DIFICULTADES ESPECIALES EN ZONAS DISTINTAS DE LAS DE MONTAÑA.

Base 1.- Objeto y finalidad.

El objeto de las presentes bases es establecer las normas que han de regir la concesión de las ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña y las dificultades especiales en zonas distintas de las de montaña, incluidas en el PDR.

Base 2.- Definiciones.

A los efectos de la presente Orden, se entiende por:

1. Explotación Agraria.

El conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica.

2. Titular de la Explotación.

La persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidad civil, social y fiscal que pueden derivarse de la gestión de la explotación.

3. Agricultor a título principal.

El agricultor profesional que obtenga al menos el 50% de su renta de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total.

4. Explotaciones agrarias prioritarias.

Son aquellas explotaciones agrarias familiares y las asociativas que están calificadas como prioritarias conforme a la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

5. Módulo base.

Es la cantidad unitaria a pagar por hectárea de superficie indemnizable.

6. Unidad de Ganado Mayor (U.G.M.).

Se entiende por U.G.M., los toros, vacas y otros animales de la especie bovina de más de 2 años y los équidos de más de 6 meses. Para otras edades y especies de ganado se establece la siguiente equivalencia:

a) Bóvidos de 6 meses a dos años equivalen a 0,6 U.G.M.

b) Ovino y caprino equivalen a 0,15 U.G.M.

7. Buenas Prácticas Agrarias.

Se entienden como tales las que aplica un agricultor responsable en su explotación y que incluyen el cumplimiento de los requisitos medioambientales obligatorios que figuran en el Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, que establece medidas complementarias al Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento de la Política Agraria Común, y, complementariamente, las que se han definido expresamente por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación por Orden de 11 de febrero de 2000 (B.O.C. nº 23, de 23.2.00), por la que se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Base 3.- Dotación presupuestaria.

Se destinan a la presente convocatoria créditos por importe de 550.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 13.04.531.A. 470.00, L. A.: 13.416002 "Apoyo al Desarrollo Rural (FEADER) 2007-2013-M 211, 212 y 214". Dichas cuantías podrán verse incrementadas con los créditos que pudieran destinarse a tales fines, siempre que dicho incremento se produzca antes de dictarse la resolución que pone fin al procedimiento.

Base 4.- Requisitos.

Para ser beneficiario de las ayudas que se convocan se han de reunir los siguientes requisitos:

4.1. Del solicitante.

1. Podrán ser beneficiarios de las indemnizaciones compensatorias los agricultores que reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener ubicadas sus explotaciones, total o parcialmente, en los municipios incluidos en la lista de zonas agrícolas desfavorecidas que se especifica en anexo 1. La ayuda sólo puede recaer sobre la superficie de la explotación incluida en la zona desfavorecida.

b) Ser agricultor a título principal o titular de una explotación agraria calificada como prioritaria, bien a título individual o como socio de una explotación agraria constituida como cooperativa o sociedad agraria de transformación.

c) Comprometerse formalmente a mantener la actividad agraria, al menos, durante los cinco años siguientes a la fecha en que cobre la ayuda, salvo jubilación o causa de fuerza mayor.

d) Comprometerse formalmente a ejercer la agricultura sostenible empleando métodos de buenas prácticas agrícolas habituales, en la forma establecida en el apartado 7 de la base 2.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma.

f) No haber recibido o solicitado ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente público cuyo importe sea superior al coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

g) No haber recibido o solicitado ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de las entidades privadas o particulares para el mismo destino cuyo importe exceda en su cuantía del coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

h) No hallarse inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

2. En el supuesto de que el beneficiario de la ayuda sea socio de una explotación agraria constituida como cooperativa o sociedad agraria de transformación, percibirá la ayuda correspondiente a su cuota de participación, la cual podrá acumularse, en su caso, a la que pudiera otorgársele como titular individual de una explotación agraria, a los efectos del cálculo de una indemnización única.

4.2. De la explotación.

Las explotaciones agrarias para las que se solicite esta indemnización deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener una carga ganadera mínima de 0,1 Unidades de Ganado Mayor (U.G.M.) por hectárea de superficie forrajera y máxima de 1 U.G.M. En los municipios de Garafía, Barlovento y San Andrés y Sauces la carga ganadera máxima podrá llegar a 2 U.G.M. por hectárea.

b) Tener una superficie agrícola superior a 1 hectárea.

c) Cumplir las buenas prácticas agrarias habituales en la forma establecida en el apartado 7 de la base 2.

4.3. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas en quienes concurra alguno de los siguientes requisitos:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

i) Asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

j) Asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

Base 5.- Módulos de base.

Los módulos base serán los que se relacionan en el punto 1 del anexo 2, a los que serán de aplicación los coeficientes correctores que allí se indican.

Base 6.- Superficie agrícola indemnizable.

1. Superficies no computables.

A efectos del cómputo de las hectáreas de la superficie agrícola indemnizable, sólo se computará un máximo de 5 hectáreas de cultivo de regadío por explotación.

2. Superficie forrajera.

a) Es la superficie agrícola destinada a la alimentación del ganado, en forma de pastoreo o siega. Igualmente, se definen como tales, aquellas que el titular de la explotación utilice para el pastoreo del ganado, de forma individual o conjunta, por tener derecho a un aprovechamiento estacional. El cómputo de estas superficies forrajeras se realizará aplicando los coeficientes reductores del punto 2 del anexo 2.

b) En el caso de pastos comunes, la superficie computable será proporcional a la superficie forrajera utilizada por cada beneficiario y que le sea asignado por el órgano competente.

3. Unidades equivalentes de cultivos.

Para homogeneizar los diferentes tipos de cultivos, se establecen coeficientes correctores, que permiten determinar las Unidades Equivalentes de Cultivo (U.E.C.).

Se entiende por U.E.C. la hectárea de superficie agrícola, a la que se aplican los coeficientes establecidos en el punto 3 del anexo 2.

4. Cálculo de la Superficie Indemnizable (S.I.).

Para el cálculo de las superficies de cultivo y forrajeras de la explotación se utilizará la tabla de equivalencias respecto del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) que figura en el anexo 5.

El cálculo de la Superficie Indemnizable se hará de acuerdo con el procedimiento descrito en el punto 4 del anexo 2.

Base 7.- Cuantía de las ayudas.

La cuantía de la indemnización compensatoria se calculará, para cada explotación, de acuerdo con el procedimiento descrito en el punto 5 del anexo 2.

Base 8.- Solicitudes y documentación.

1. La solicitud para acogerse a la presente convocatoria se ajustará al modelo que figura como anexo 3 a estas bases.

2. A las solicitudes se acompañará la siguiente documentación:

a) Al objeto de acreditar la personalidad del solicitante, D.N.I.

b) Documento de identificación fiscal del solicitante.

c) La declaración de parcelas agrícolas que figura en la solicitud, servirá para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 4.1.a) y 4.2.a) y b) de la base 4. A los efectos de esta declaración, sólo se considerarán aquellas parcelas que estén incluidas en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

d) Al objeto de acreditar el requisito establecido en el apartado b) de la base 4.1.1:

- Fotocopia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) correspondiente al ejercicio 2006.

- Fotocopia de los tres últimos cupones de la Seguridad Social, o Informe de Vida Laboral emitido por la Seguridad Social.

3. Los solicitantes de las ayudas reguladas en las presentes bases podrán presentar con la solicitud, dado el elevado número de potenciales beneficiarios, escrito en el que declaren que aceptan expresamente la ayuda, en el supuesto de que les sea concedida, ajustado al modelo que figura como anexo 4 a estas bases.

4. El plazo para la presentación de solicitudes para acogerse a estas ayudas será de un mes contado desde que surta efecto esta Orden.

5. La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicionada de las presentes bases y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas.

Base 9.- Criterios de concesión.

1. Las ayudas se adjudicarán, dentro de las disponibilidades presupuestarias, por el procedimiento de convocatoria pública sin concurso.

2. En el supuesto de que la dotación resultara insuficiente para atender a todos los solicitantes, se aplicará concurso con las siguientes prioridades:

a) Que el titular de la explotación reúna los requisitos para ser calificado como agricultor joven, conforme lo define el artículo 2.2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, sobre Modernización de las Explotaciones Agrarias.

b) Que el titular de la explotación sea una mujer.

c) Que el titular de la explotación realice en la explotación alguna medida agroambiental de las establecidas en el artículo 36 del Reglamento (CE) 1698/2005, e incluidas en el PDR, concretamente en el eje 2, medida 214 (Ayudas agroambientales).

d) Agricultores que desarrollen sistemas de producción integrada o ecológica y en el caso de explotaciones de montaña, que se encuentren dentro o próximos a espacios incluidos en la Red Natura 2000.

En el supuesto de que fuese necesario aplicar los criterios de prioridad b) y c), la Dirección General de Desarrollo Rural será la encargada de estudiar y comprobar dichos aspectos, y una vez valorados emitirá el correspondiente informe.

Base 10.- Procedimiento de concesión.

1. La solicitud, acompañada de la documentación que resulte preceptiva, se presentará ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, o en cualquiera de las dependencias o formas previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo establecido en el punto 4, de la base 8 de esta convocatoria.

Las solicitudes presentadas en las Agencias de Extensión Agraria deberán remitirse a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Quinta y en el artículo 3 del Decreto 105/2000, de 26 de junio, por el que se regulan determinados aspectos de los registros de la Administración Autonómica de Canarias, con carácter inmediato y siempre dentro de las 24 horas siguientes a la de su recepción.

Además de lo expuesto en el apartado anterior, las Agencias de Extensión Agraria deberán remitir, al finalizar el plazo de presentación de solicitudes, una base de datos en la que conste la relación de parcelas agrícolas de todos los solicitantes, de acuerdo con el anexo 3 de esta Orden. Para ello, la Dirección General de Desarrollo Rural facilitará con la suficiente antelación la aplicación informática correspondiente.

2. La Dirección General de Desarrollo Rural llevará a cabo los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, y si se acompaña a la misma la documentación preceptiva, requiriéndose en caso contrario, al interesado, mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias, para que en el plazo de 10 días, subsane y/o complete los documentos y/o datos que deben presentarse, advirtiéndole de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Para la evaluación de las solicitudes se constituirá un Comité de Evaluación, como órgano colegiado, con la siguiente composición:

a) Un Presidente, que será el Jefe de Servicio de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural. En ausencia del Presidente, actuará como suplente el Jefe de Sección designado al efecto.

b) Tres Vocales, elegidos entre el personal adscrito al Servicio, uno de los cuales será un Jefe de Sección (salvo que actúe como suplente del Presidente). El vocal de menor edad actuará además como Secretario.

El régimen jurídico de dicho órgano colegiado será el previsto con carácter general en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Será función del Comité de Evaluación analizar y valorar las solicitudes presentadas, tras lo cual emitirá un informe-propuesta en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, que será elevado al órgano concedente a través del órgano instructor.

4. Una vez llevadas a cabo las actuaciones señaladas en el apartado anterior, la Dirección General de Desarrollo Rural dictará y notificará la resolución que proceda antes del 30 de noviembre de 2008, salvo que el Acuerdo de Gobierno que se adopte en cumplimiento de lo establecido en el apartado 13.1 del Decreto 337/1997 fije uno menor, en cuyo caso se estará a este último plazo. Dicha resolución será notificada a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

5. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se entenderán desestimadas las solicitudes presentadas por los interesados, sobre las que no recaiga resolución expresa en el plazo de que dispone la Administración para resolver.

6. La efectividad de la Resolución de concesión de la ayuda está supeditada a su aceptación expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla, en el supuesto de que no la hubiera otorgado con la solicitud, dentro del plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En caso de que no se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto la ayuda concedida.

7. La Dirección General de Desarrollo Rural modificará la Resolución de concesión de la ayuda, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda.

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas y otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos establecidos.

En ningún caso dicha modificación podrá variar el destino o finalidad de la ayuda concedida.

8. La Dirección General de Desarrollo Rural podrá acordar asimismo, a solicitud del interesado y previo informe del órgano competente de la Intervención General, la modificación de las Resoluciones de concesión de las ayudas, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la finalidad prevista en la línea de actuación o proyecto de inversión prevista en la Ley de Presupuestos y de las actividades o conductas previstas en las bases de la convocatoria.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario inicial.

c) Que la modificación no afecte al principio de concurrencia.

d) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la ayuda concedida.

9. A tenor de lo establecido en el artículo 15.2 del Decreto 337/1997, citado, la previsión contenida en este apartado es también condición específica a la que se sujeta la concesión y disfrute de la ayuda.

Base 11.- Abono.

Las ayudas se harán efectivas en su totalidad a los beneficiarios, una vez concedidas éstas, siempre y cuando se haya aprobado el Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el período 2007-2013 y se materializarán mediante transferencias bancarias, sirviendo como justificante de dicha transferencia la certificación de la entidad pagadora de que se les ha abonado en su cuenta.

El plazo de que dispone la entidad bancaria para emitir dicha certificación será de un mes contado desde la transferencia.

Base 12.- Obligaciones de los beneficiarios.

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta de Resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, citada.

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de las ayudas.

Base 13.- Control de las ayudas.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación realizará controles administrativos a todas las solicitudes presentadas y controles sobre el terreno, al menos, al 5 por 100 de los beneficiarios.

Estos controles se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 796/2004, de la Comisión, de 21 de abril, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control (SIGC) previstos en el Reglamento (CE) nº 1782/2003.

En el supuesto de que los datos de censo ganadero que figuren en la solicitud difieran en ± 10% o en una cabeza de ganado bovino de los que obran en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGA) se deberá aportar certificado emitido por técnico competente. En caso contrario se tomarán para evaluar la carga ganadera de la explotación los que figuran en dicho registro.

Base 14.- Reintegro.

a) No será exigible el abono de la ayuda o procederá su reintegro cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 47 del Reglamento (CE) nº 1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), así como en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) No será exigible el abono de la ayuda o procederá su reintegro cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación del siguiente criterio: se reintegrará la parte de ayuda cobrada en exceso, incrementada con los intereses legalmente establecidos.

Base 15.- Cesión de información por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, al objeto de hacer las comprobaciones necesarias respecto de la renta agraria de los solicitantes de la ayuda, y previa autorización por parte de los mismos, podrá obtener de la Agencia Tributaria información puntual en relación con sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.).

Dicha información se ajustará a lo siguiente:

1. Para las personas que presenten declaración del I.R.P.F. se tendrá en cuenta el importe de su renta disponible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, previa a la aplicación del mínimo personal y familiar.

2. Para las personas que sin tener obligación de declarar por I.R.P.F. soliciten devolución del exceso de los ingresos a cuenta, según lo previsto en el artículo 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la renta disponible previa a la aplicación del mínimo personal y familiar se determinará sobre la base de los datos utilizados por la Agencia Tributaria para calcular el importe de la devolución.

3. Para las personas que no tengan obligación de declarar y que no hayan solicitado devolución, se tendrá en cuenta la suma de los ingresos íntegros obtenidos, minorados en una cuantía de 3.606,07 euros. En cualquier caso, el resultado de la diferencia entre los ingresos íntegros y la minoración efectuada no podrá ser negativo.

Base 16.- Régimen jurídico.

Para lo no establecido en estas bases se estará a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), Reglamento (CE) nº 1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y Reglamento (CE) nº 1975/2006, de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural.

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, así como a lo establecido en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo lo que no se oponga o contradiga a los mencionados preceptos básicos.

Ver anexos - páginas 13892-13901



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