No habiéndose podido practicar la notificación a la entidad Rodríguez Hernández e Hijos, S.L., de la Propuesta de Resolución, de fecha 25 de junio de 2008, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a la entidad Rodríguez Hernández e Hijos, S.L., la Propuesta de Resolución, de fecha 25 de junio de 2008, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, con referencia I.M. 1890/05, y cuyo texto es el siguiente:
Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador de referencia, el Instructor emite la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
ANTECEDENTES
I
Por Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 371, de fecha 18 de febrero 2008, se acordó el inicio de procedimiento sancionador a la entidad Rodríguez Hernández e Hijos, S.L., en calidad de promotora, por la presunta comisión de una infracción administrativa tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y sancionada, conforme preceptúa el artículo 218 del mismo cuerpo legal, con multa de 601,01 a 612.012,10 euros que se graduará teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, la extensión de suelo afectado y el volumen de la extracción, siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de trescientos mil doscientos cinco euros con cincuenta y cinco céntimos (300.205,55 euros). Dicha resolución fue debidamente notificada, el 13 de marzo de 2008.
II
Con fecha de registro de entrada en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el 2 de abril de 2008, D. Narciso Rodríguez Chirino, en nombre y representación de la entidad mercantil Rodríguez Hernández e Hijos, S. L., presentó un escrito de alegaciones, argumentando, en síntesis, lo siguiente:
1.- El titular de la planta de trituración y machaqueo de áridos a que se refiere este expediente no es "Rodríguez Hernández e Hijos, S.L." sino la entidad "Áridos Reciclados 2000, S.L", y sobre todo, ninguna de las dos citadas sociedades han realizado obras de instalación de extracción de áridos en los terrenos a que se refiere. Que además debe señalarse que tal y como se acredita con la copia del "Convenio Urbanístico" suscrito con el Alcalde de Agüimes, el 25 de junio de 2007, que se acompaña, la titular de la central de machaqueo de áridos existente en los referidos terrenos es la entidad " Áridos Reciclados 2000, S.L.", de la que también es administrador quien suscribe, siendo "Rodríguez Hernández e Hijos, S.L." exclusivamente la dueña de los terrenos sitos en la Carretera Los Corralillos, donde llaman "La Goleta" del referido término municipal en que se encuentran tales instalaciones.
2.- Que las "excavaciones" referidas en las letras r) y v) del informe técnico de 21 de enero de 2008, obrante en el expediente no son extracciones de áridos, sino simples "Movimientos de Tierra", una mera obra civil de la propia instalación industrial, cuyo objeto y finalidad no es el aprovechamiento de los áridos extraídos del suelo o subsuelo en el que se realizaron, sino el racional acondicionamiento de la parcela para su concreto uso industrial, creando un hueco o vacío en la misma que posibilitase el acopio de los materiales que se procesan en la planta de machaqueo y el acopio del producto de la actividad de trituración y clasificación de áridos, única realizada en la parcela. Y que, por tanto, la instalación de que se trata es únicamente una planta de machaqueo, trituración y clasificación de áridos y no de una planta de extracción de áridos.
3.- Que las obras habían concluido en el mes de abril del año 2000, según se acredita con el Estudio Detallado de Impacto Ecológico visado el 17 de abril de 2000, en el que se dice expresamente que en la actualidad se encuentra construido en su totalidad y con el propio informe técnico de 21 de enero de 2008, emitido por la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, Dña. Carmen Válido Pérez, figuran en la fotografía aérea de Grafcan del año 2002. Por tanto, la supuesta infracción grave objeto de este expediente consiste en que se han realizado obras de las instalación de planta de trituración y machaqueo de áridos, tipificada en el artículo 202.3.b) del TRLOTC, ha prescrito, ya que tal y como se acreditó, las obras de las instalaciones se encontraban totalmente terminadas en el mes de abril del año 2000, habiendo transcurrido sobradamente el plazo de dos años, a que se refiere el artículo 205 TRLOTC, para la prescripción de las infracciones graves, sin que durante ese período de tiempo concurra interrupción efectiva por parte de esa administración del referido plazo de prescripción, por lo que ha prescrito la supuesta infracción.
4.- Que resulta improcedente encuadrar los hechos que se me imputan en el tipo específico de infracción del artículo 218 del TRLOTC, para el que se prevén sanciones de multa de 100 a 100.000.000 de pesetas (601,01 a 612.012,10 euros), puesto que dicha tipificación se basa en la errónea consideración de que nos encontramos ante una actividad de extracción de áridos y por tanto, según lo establecido en el artículo 202.3.b) TRLOTC, se considera infracción "grave" la realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de las aprobaciones, calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias u órdenes de ejecución preceptivas o contraviniendo las condiciones de las otorgadas, disponiéndose en el último inciso del citado apartado que aquéllas tendrán la consideración de infracción leve cuando se trate de obras menores con escasa repercusión en el ámbito urbano, rural o natural.
5.- Que en base al principio de proporcionalidad, consagrado en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su caso debe fijarse la sanción en su mínimo grado y cuantía, ya que concurren las posibles circunstancias atenuantes que el TRLOTC recoge en sus artículos 198 y 199 del TRLOC. Además debe señalarse la ausencia de intencionalidad, la falta de reiteración y por último no existe incumplimiento de advertencia u orden del Agente denunciante de paralización de las obras.
6.- Que habiéndose acudido a la técnica del convenio urbanístico, para incluir en el documento de Revisión del Plan General de Ordenación -adaptación a la Ley 19/2003, de Directrices de Ordenación de Canarias, del Ayuntamiento de Agüimes, una alteración de la categorización de los terrenos objeto del presente expediente que permita la legalización de su instalación, y debiendo ser considerado tal convenio como iniciación de un proceso de legalización, de conformidad con lo previsto en el artículo 179.2 TRLOC procede dejar pendiente expresamente la orden de restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada y transformada, con la medida de demolición de las obras, hasta que se tramite y se apruebe definitivamente el documento de revisión del planeamiento general municipal de Agüimes.
7.- Que se proceda a la apertura y práctica de un período de prueba.
Solicito que admita el presente escrito con el documento acompañado y, en mérito a sus consideraciones y previos los trámites que procedan, resuelva el archivo del expediente por concurrencia de prescripción, o subsidiariamente la tipificación de la infracción por el tipo básico, con la calificación de leve y, en cualquier caso, en razón de todas las circunstancias alegadas en este escrito, la fijación de la sanción, en el mismo grado y cuantía posible. Y que habiéndose suscrito y encontrándose actualmente en tramitación un convenio urbanístico con el Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Agüimes, que tiene como objeto preparar una revisión del planeamiento en vigor que permitirá la legalización de las instalaciones, suplico también que resuelva suspender o dejar pendiente el requerimiento de restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada y transformada de las obras denunciadas, inclusive demolición de las obras, mientras se tramita y se resuelve el documento de Revisión del Plan General de Ordenación-Adaptación a las Directrices (Ley 19/2003) del término municipal de Agüimes, en el que está inserto el referido Convenio.
III
Por Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2715, de fecha 10 de octubre de 2006, se requirió a la entidad Rodríguez Hernández e Hijos, S.L. para que instase la legalización de las obras denunciadas, mediante la solicitud de la correspondiente Calificación Territorial en el plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente a la notificación de la citada Resolución. Dicha resolución fue debidamente notificada el 18 de octubre de 2006.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para iniciar, instruir y resolver el presente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.c).2.3 y 229 del TRLOTC aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el artículo 19 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II
A continuación se hace un resumen de las circunstancias que originaron la incoación del procedimiento sancionador:
· Informe técnico emitido el 18 de noviembre de 2005, por personal adscrito a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, relativo a la confirmación de la denuncia efectuada el 30 de agosto de 2005, D. Rafael Fernández Aller, en nombre y representación de la Asociación Nacional de empresarios fabricantes de áridos, donde se confirma que se trata de una actividad de tratamiento de áridos, cuyo promotor es Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.
· Decreto dado por la Ilma. Sr. Presidenta del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, de fecha 23 de enero de 2001, por la que se deniega la calificación territorial solicitada por Narciso Rodríguez Chirino, en representación de Rodríguez Hernández e Hijos, S.L., para la instalación de una central, compuesta por dos plantas, de machaqueo de materiales procedentes de excavaciones, situada en Los Corralillos, del término municipal de Agüimes.
· Informe técnico emitido el 7 de julio de 2006, por personal adscrito a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, donde constata que la planta de machaqueo de áridos cuenta con Declaración de Impacto Ecológico, Autorización de la Dirección General de Industria y Energía, sin embargo se le ha denegado la calificación territorial y la licencia urbanística.
· Resolución nº 2715 , de 10 de octubre de 2006, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de esta Agencia por la que se suspendieron las obras y se le requirió a la afectada para que en el plazo de tres meses instara la legalización.
· El 18 de diciembre de 2006, se procedió al precinto, por no encontrarse terminadas las mismas.
· Informes técnicos emitidos por personal adscrito a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el 17 de enero de 2007 y 12 de abril del citado año, que constatan que se han llevado a cabo modificaciones, continuando con la actividad denunciada y por tanto incumpliendo la orden de precinto.
· Informe técnico emitido el 21 de enero de 2008, por una ingeniera técnica de obras públicas, adscrita a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, donde constata que realizada visita técnica al lugar de las obras, se comprueba las siguientes actuaciones:
a) Invernadero 1, donde se ubican parte de las instalaciones de obra, la superficie ocupada es de unos 1.600 m2, aproximadamente y una altura de unos 7 m. Parte de la superficie del invernadero se encuentra a cota más baja que la zona de la entrada del mismo, esto es resultado de una excavación que se estima en unos 2.126 m3.
b) Nave para camiones, la superficie ocupada es de unos 315 m2.
c) Muro 1. Muro de contención de bloques prefabricados de hormigón vibrado, de 9 cm de ancho, con una longitud aproximada de unos 50 ml, y una altura que varía entre los 75 cm y los 3,30 m. Otro muro perimetral, con una longitud de unos 50 ml, una altura de 1 m y un ancho de 30 cm.
d) Muro 2. Muro perimetral de hormigón de unos 24 ml, aproximadamente, y una altura de unos 3,5 m.
e) Muro 3. Muro de hormigón que tiene dos funciones, hasta 1,5 m de altura, es de hormigón armada para contención, y los 2,5 m restantes es perimetral de bloques prefabricados de hormigón vibrado y una longitud de unos 65 ml, aproximadamente.
f) Edificio de dos plantas, donde se ubican las oficinas de administración en la planta alta, y en la planta baja un almacén de maquinaria. La superficie ocupada por cada planta es de unos 80,5 m2, lo que en total hace una superficie de unos 161 m2, aproximadamente. Delante de este edifico se ubica un muelle de carga de hormigón, que consiste en dos muros de contención, uno de forma rectangular y el otro triangular, el primero tiene una altura de 1,20 m, un ancho de unos 30 cm y una longitud aproximada de unos 3,90 ml; el segundo tiene una longitud de unos 5 ml, una altura que va creciendo hasta llegar a 1,20 m y un ancho de 20 cm.
g) Cobertizo, la superficie cubierta es de unos 1.110 m2, aproximadamente, y tiene una altura de unos 4,75m, el pavimento del cobertizo es de hormigón.
h) Nave, la superficie ocupada es de unos 98 m2, aproximadamente.
i) Muro 4, perimetral al invernadero que tiene una altura de unos 2,5 m, un ancho de 20 cm y una longitud de unos 19,5 ml.
j) Muro 5, de hormigón vibrado de unos 20 cm de ancho, una longitud de unos 10 ml y una altura de unos 2,5.
k) Solera de hormigón, con una superficie de unos 1.600m2, aproximadamente.
l) Cuarto para lavado de maquinaria, con una superficie de unos 6,5 m2, aproximadamente y una altura de unos 2,20 m.
m) Edificación para baños de los trabajadores, que ocupa una superficie de unos 17,5 m2, aproximadamente y tiene una altura de unos 2, 20 m.
n) Tres containers, uno con 14 y los otros 2 con una superficie de 12 m. Cuarto de herramientas que ocupa una superficie de unos 3 m2, aproximadamente. Oficina de control de la báscula, con una superficie de unos 10 m2. Todos estos elementos se ubican sobre una solera de hormigón de unos 120 m2, aproximadamente.
o) Cobertizo para aparcamiento de coches, ocupando una superficie total de unos 160 m2, aproximadamente.
p) Instalación de maquinaria, que ocupa una superficie aproximada de unos 6.200 m2.
q) Vallado perimetral de la finca, de unos 2 m de altura, con longitud total del vallado es de unos 1.000 ml.
r) Excavación 1, que ocupa una superficie aproximada de unos 4.350 m2, estimándose un volumen de tierras extraído de unos 32.810 m3, aproximadamente. También se observa la instalación de una machacadora y clasificación de áridos. En la fotografía aérea del año 2002 se observan extracciones en esta zona siendo la superficie afectada menor, aproximadamente unos 2.300 m2.
s) Zona de depósito de áridos, la superficie ocupada es de unos 7.000 m2, aproximadamente.
t) Zona de depósito de inertes, habilitada para almacenar los áridos no válidos del machaqueo, y que ocupan una superficie de unos 8.500, aproximadamente.
u) Machacadora y clasificación áridos, la máquina está colocada en una zona que ha sido excavada, y bajo un invernadero que consiste en una tela de rafia sustentada por una estructura de tubos de hierro galvanizado, y que ocupa una superficie de unos 2.850 m2, aproximadamente y la excavación supone unos 4.750 m3.
v) Excavación 2. La superficie afectada es de unos 2.100 m2, y el volumen extraído puede estimarse en unos 2.100 m2.
w) Depósito de basuras y escombros, la superficie ocupada por este depósito es de unos 900 m2.
x) Instalación de invernaderos, en tres zonas diferenciadas a, b, y c, en la zona de invernaderos a) se observa que existe recintos con diversas plantaciones además de varios chamizos donde se albergan animales, que en total ocupan una superficie aproximada de unos 1.200 m2. La zona de invernadero b) está dedicada a la plantación, según nos informó el promotor y ocupa una superficie aproximada de unos 2.350 m2. Y en la zona de invernaderos c) tiene una superficie aproximada de unos 254 m2.
y) Depósito de materiales de obras como estructuras de grúas, tubos de conducción de P.V.C., encofrados metálicos y puntales metálicos, en total ocupa una superficie aproximada de unos 3.000 m2.
z) Balsa de agua, con una superficie de unos 315 m2. Cerca de ella se ubica el cuarto de la bomba de impulsión, con una altura de unos 2 m, y que ocupa una superficie aproximada de unos 4 m2.
III
Las alegaciones planteadas por el interesado no motivan el archivo del procedimiento sancionador, toda vez que:
1.- En ningún momento queda acreditado que el titular de la planta de trituración y machaqueo de áridos no sea la entidad Rodríguez Hernández e Hijos, S.L., sino la entidad Áridos Reciclados 2000, S.L., puesto que, de los documentos obrantes en el presente expediente y de las manifestaciones reseñadas por el recurrente se deduce que la entidad Rodríguez Hernández e Hijos, S.L. no sólo es la propietaria de los terrenos sino la promotora, quedando reflejada en los siguientes documentos:
· Informe técnico emitido el 18 de noviembre de 2005 por personal adscrito a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de confirmación de la denuncia efectuada por D. Rafael Fernández Aller, el 30 de agosto de 2005, en la que aparece como promotor la entidad Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.
· Declaración de Impacto Ecológico formulada por Resolución de la Viceconsejero de Medio Ambiente nº 1024, de 28 de septiembre de 2001, que resultó ser condicionada y de carácter no vinculante en el que figura expresamente que el promotor es Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.
· Autorización de la Dirección General de Industria y Energía por medio de la Resolución nº 10897, de 1 de febrero de 2005, para la instalación de una planta de trituración y clasificación de áridos, en el lugar conocido como Los Corralillos, término municipal de Telde, en el que, de nuevo aparece como promotor la entidad denunciada.
· Decreto del Consejero de Política Territorial del Cabildo Insular de Gran Canaria nº 111/01, por el que se deniega la calificación territorial (C.T 20.215/00) para la instalación de una central de machaqueo de materiales procedentes de excavaciones en Los Coralillos, solicitada por Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.
· Nota simple informativa del Registro de la Propiedad de Telde, donde se refleja como titular de la misma la entidad Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.
Por tanto, no procede estimar la alegación vertida por el recurrente, en tanto que ha quedado sobradamente acreditado que el promotor es la entidad Rodríguez Hernández, S.L, y no se ha aportado prueba suficiente que lo desvirtúe, no sólo como promotora y sino también como propietario tal como se establece en el artículo 189.2 del TRLOTC que dispone que "se considerará también como promotor al titular del derecho a edificar o usar el suelo sobre el cual se cometa o hubiera cometido la infracción, cuando haya tenido conocimiento de las obras, instalaciones, construcciones, actividades o usos infractores".
2.- Tampoco procede la manifestación vertida por la reseñante de que no estamos ante una planta de extracción de áridos, sino ante la instalación de una planta de machaqueo, trituración y clasificación de áridos, en la medida que por un lado, entre los documentos obrantes en el presente expediente nos encontramos con el informe técnico emitido por personal adscrito a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el 21 de enero de 2008, donde se constata que nos encontramos ante una planta de extracción, trituración y machaqueo de áridos, reflejando además el volumen de la misma, informe que se acompaña de fotografías.
Por otro lado, y siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, tanto las actividades de movimientos de tierras consistentes en desmontes, excavaciones y explanaciones constituyen actividad minera y además, está sujeta a la doble exigencia de obtención de licencia urbanística, acompañada en el presente caso de calificación territorial, pues se trata de una actuación en suelo rústico, que ha sido denegada expresamente y la autorización pertinente de la autoridad minera que no es objeto del presente procedimiento sancionador. Además, y siguiendo en la misma línea jurisprudencial, las características de las actividades extractivas están inmersas en una realidad técnica y jurídica que concierne a la industria (porque precisa de determinada maquinaria industrial), a la minería (porque cabe hablar de recursos mineros), y al medio ambiente (por las repercusiones negativas que ese tipo de actividad puede generarle). De lo expuesto se reitera, que efectivamente cuenta con la Declaración de Impacto Ecológico, con la autorización del Director General de Industria y Energía para la instalación, pero, sin embargo no cuenta con la calificación territorial, la cual fue expresamente denegada por Decreto del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, el 23 de febrero de 2001, ni con la correspondiente preceptiva Licencia Urbanística.
3.- En lo que concierne a la terminación de obras, en relación a la prescripción de la infracción manifestando que las mismas habían concluido en el mes de abril de 2000, según se acredita con el Estudio Detallado de Impacto Ecológico, visado el 17 de abril de 2000, se significa que el objeto del sancionador es la instalación de una planta de extracción, trituración y machaqueo, lo que incluye no sólo las obras necesarias para la instalación, sino su posterior explotación en tanto en cuanto, la instalación y el desarrollo de la actividad están íntimamente ligados y responden a un fin único que no puede separarse. De lo expuesto se deduce que no es de aplicación la prescripción de la infracción de conformidad con lo preceptuado en el artículo 205 del TRLOTC, en relación con el artículo 201 del citado cuerpo legal, en la medida que se trata de una actividad que se está desarrollando tal y como se refleja los informes técnicos obrantes en el expediente, emitidos por personal adscrito a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el 12 de abril de 2007 y el 21 de enero de 2008. En consecuencia, no sólo no cabe apreciar la prescripción, sino ni siquiera cabe entender que se haya hincado el cómputo de la misma, al no quedar probado siquiera, el cese de la actividad.
Este criterio tiene también su apoyo legal en el artículo 4.6 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y en la propia jurisprudencia a la hora de definir los requisitos que deben concurrir para apreciar una infracción continuada. De acuerdo con la misma los requisitos son:
a) Pluralidad de hechos sometidos a enjuiciamiento: invernadero 1, nave, muro 1, otro muro perimetral, muro 2, muro 3, edificio de dos plantas, muelle de carga, cobertizo, nave, muro 4, muro 5, solera de hormigón, cuarto para lavado de maquinaria, edificación para baños de los trabajadores, tres container, cuarto de herramientas, oficina de control de la báscula, solera de hormigón, cobertizo para aparcamientos de coches, instalación de maquinaria, vallado perimetral, excavación 1, zona de depósito de áridos, zona de depósito de inertes, machacadora y clasificación de áridos, excavación 2, depósito de basuras y escombros, instalación de invernaderos, depósito de materiales de obras y balsa de agua.
a) Homogeneidad del bien jurídico lesionado: la ordenación territorial y urbanística, esto es el TRLOTCENC.
b) Conexión espacial y temporal: se localizan en el mismo lugar de modo continuado en el tiempo tal y como ha sido constatado en la resolución de suspensión, en el precinto, en los informes de seguimiento de precinto y en los informes obrantes en el presente expediente.
c) Identidad de propósito: todas las actuaciones realizadas tienen como fin la explotación de una planta de extracción, trituración y machaqueo de áridos.
d) Identidad subjetiva: todas las actuaciones se realizan por la entidad Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.
Por todo lo anterior, se ratifica la circunstancia de la comisión de una infracción continuada, que, por virtud de lo establecido en el artículo 205, en relación con el artículo 201, ambos del TRLOTENC, al no quedar probada la finalización de la citada actividad que impide el inicio del cómputo de la prescripción de la infracción.
4.- En lo que concierne a la tipificación y sanción propuesta, la misma se efectuó conforme a derecho, puesto que del informe técnico obrante en el expediente emitido por personal adscrito a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el 21 de enero de 2008, y la doctrina del Tribunal Supremo anteriormente citada, nos encontramos ante una extracción de áridos tipificada correctamente en el artículo 202.3.b) del TRLOTECN y sancionada en el artículo 218 del citado cuerpo legal, por lo que no procede apreciar la manifestación vertida de que nos encontramos ante una infracción leve.
5.- Respecto a la aplicación del principio de proporcionalidad, a las circunstancias atenuantes de los artículos 198 y 199 del TRLOTC, a la ausencia de intencionalidad, falta de reiteración y la no existencia de incumplimiento de advertencia u orden del Agente denunciante de paralización de las obras, reseñadas por la recurrente debe señalarse que no cabe apreciar la atenuante prevista en el artículo 198.1, consistente en la ausencia de intención de causar daño grave a los intereses públicos y privados, debido a que, aun conociendo la denegación expresa de la calificación territorial y el carácter ilegalizable de las actuaciones, continuó con la actividad infractora. Tampoco son de aplicación las previstas en los apartados b) y c) del artículo 198 porque no ha habido reparación voluntaria, ni mucho menos paralización, sino todo lo contrario, al haberse acreditado la continuación de las mismas.
6.- Respecto a la práctica de la prueba, la misma no procede al ser manifiestamente improcedente o innecesaria (artículo 80.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), en la medida que la posible legalización se podrá efectuar con la aprobación de un nuevo instrumento planeamiento y la obtención de los correspondientes títulos habilitantes y no con el convenio suscrito por D. Antonio Morales Méndez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Agüimes y por D. Narciso Rodríguez Chirino, en representación de la entidad denunciada. Que en todo caso, es posterior al momento en que se detectó la infracción.
En concordancia con lo anterior, tampoco procede la suspensión del restablecimiento del orden jurídico perturbado, dado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179.b) del TRLOTCENC, la misma ha sido expresamente denegada por Decreto del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, de 23 de enero de 2001 y por ello procede la orden de demolición.
III
De la documentación y de los informes obrantes en el expediente, se extrae que no procede el archivo del presente procedimiento sancionador, toda vez que la infracción cometida consistente en la instalación de planta de extracción, trituración y machaqueo de áridos en el lugar denominado Cruce de Arinaga, del término municipal de Agüimes, en suelo clasificado como Rústico, sin que en el momento de su realización contase con los preceptivos títulos habilitantes exigidos para su ejecución en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. Y la apreciación de la presunta comisión de una infracción al citado Texto Refundido dará lugar siempre a la incoación, instrucción y resolución del correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables las obras, actos, actividades o usos objeto de éste (artículo 177.2 del citado Texto Refundido), con independencia en su caso, de haber paralizado la ejecución de las obras en curso suspendidas.
IV
El artículo 178.3 del TRLOTCENC aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, modificado por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, recoge literalmente que "si al tiempo de formularse la Propuesta de Resolución o de dictar la resolución definitiva del procedimiento sancionador, se hubiese obtenido la legalización de la edificación o resolución judicial firme suspensoria de la orden de demolición, se propondrá o acordará la multa que deba imponerse, con aplicación sobre la misma de una reducción del sesenta por ciento."
V
De la documentación obrante en el presente expediente administrativo, se derivan los siguientes hechos probados:
1.- Se han realizado obras de instalación de planta de extracción, trituración y machaqueo de áridos mediante la instalación de invernaderos, nave para camiones, muros perimetrales, edificio de dos plantas, muelle de carga, cobertizo, nave, soleras de hormigón, cuarto para lavado de maquinaria, edificación para baños de los trabajadores, tres containers, cuarto de herramientas, oficina de control de la báscula, cobertizo para aparcamiento de coches, instalación de maquinaria, excavaciones, zona de depósito de áridos, zona de depósito de inertes, machacadora y clasificación de áridos, depósito de basura y escombros, depósitos de materiales de obras y balsa de agua, sitas en el lugar denominado Cruce de Arinaga, del término municipal de Agüimes, en suelo clasificado como Suelo Rústico en el momento de realización de las obras, sin los preceptivos títulos habilitantes para su ejecución en ese momento (calificación territorial y licencia urbanística), exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
2.- De la mencionada infracción se considera responsable directa, a título de promotora, a la empresa Rodríguez Hernández e Hijos, S.L., en base a lo estipulado en el artículo 189 del mentado Texto Refundido.
3.- El 23 de enero de 2001, mediante Decreto del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, se denegó la calificación territorial solicitada por D. Narciso Rodríguez Chirino, en representación de Rodríguez Hernández e Hijos, S.L., para la instalación de una central, compuesta por dos plantas, de machaqueo de materiales procedentes de excavaciones, la actuación se ubica en una parcela situada en Los Corralillos, del término municipal de Agüimes.
4.- Las obras realizadas han sido valoradas en trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta euros y noventa y siete céntimos (386.430,97 euros).
VI
Los indicados hechos probados son constitutivos de una infracción tipificada como muy grave en el artículo 202.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
El artículo 218 del citado Texto Refundido, dispone que la referida infracción será sancionada con multa de 100 a 100.000.000 de pesetas (601,01 a 612.012,10 euros) las extracciones de áridos ...
VII
Se aprecian en el presente caso las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad:
- Como agravante, se aprecia, la circunstancia prevista en el artículo 197.d) del TRLOTC la resistencia a las órdenes emanadas de la Administración relativas a la protección de legalidad o su cumplimiento defectuoso. Este incumplimiento se detectó desde el momento del precinto de las obras el 18 de diciembre de 2006, momento en el que ya se le había notificado la orden de paralización. El 16 de enero de 2007, se constató la continuación, que se volvió a constatar el 10 de abril de 2007 y por último el 12 de diciembre de 2007.
- Como circunstancias mixtas, por un lado, se aprecia como agravante, la circunstancia prevista en el artículo 199.a) del mencionado Texto Refundido, en cuanto del expediente se desprende el conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria observancia por razón del oficio, profesión o actividad habitual, por parte de la entidad denunciada, puesto que su objeto social es la actividad de construcción, urbanización, promoción, venta, arrendamiento, administración y explotación, de solares, viviendas, locales y centros comerciales, apartamentos, bungalows, residencias, villas, entre otras. Por otro lado, se aprecia como agravante la circunstancia prevista en el artículo 199.b) del TRLOTCENC, por el beneficio económico derivado de la infracción, dado que toda instalación de planta de extracción, trituración y machaqueo de áridos se realiza como consecuencia de una actividad industrial con ánimo de lucro.
Ponderando la incidencia de dichas circunstancias y teniendo en cuenta la entidad global de la infracción, de conformidad con el artículo 196 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y en virtud del principio proporcionalidad, es ajustado imponer a la entidad Rodríguez Hernández e Hijos, S.L. una sanción por cuantía de trescientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y seis euros con treinta y ocho céntimos (345.236,38 euros).
VIII
De conformidad con lo previsto en el artículo 188.2, en relación con el artículo 179 del citado Texto Legal, en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción, incluida la demolición. Es por ello que, habiéndose instado y denegado la legalización de las obras en cuestión, procede ordenar el restablecimiento de la realidad física alterada al estado anterior a la comisión de la infracción, mediante la demolición de tales actuaciones.
IX
El artículo 182 del TRLOTCENC aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en la redacción dada al mismo a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción de un noventa por ciento de la multa que se haya interpuesto, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación.
Vistos el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación, y, habiéndose observado todas las prescripciones legales.
SE PROPONE
Primero.- Imponer a la entidad Rodríguez e Hijos, S.L. la multa de trescientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y seis euros con treinta y ocho céntimos (345.236,38 euros), como responsable de una infracción administrativa consistente en la instalación de planta de extracción, trituración y machaqueo de áridos mediante la instalación de invernaderos, nave para camiones, muros perimetrales, edificio de dos plantas, muelle de carga, cobertizo, nave, soleras de hormigón, cuarto para lavado de maquinaria, edificación para baños de los trabajadores, tres containers, cuarto de herramientas, oficina de control de la báscula, cobertizo para aparcamiento de coches, instalación de maquinaria, excavaciones, zona de depósito de áridos, zona de depósito de inertes, machacadora y clasificación de áridos, depósito de basura y escombros, depósitos de materiales de obras y balsa de agua, sitas en el lugar denominado Cruce de Arinaga, del término municipal de Agüimes, en suelo clasificado como Suelo Rústico en el momento de realización de las obras, sin los preceptivos títulos habilitantes para su ejecución en ese momento (calificación territorial y licencia urbanística), sancionada en el artículo 218 del TRLOTC con multa de 601,01 a 612.012,10 euros teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, la extensión de suelo afectada y el volumen de la extracción.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada y transformada mediante el cese, la reposición y retirada de la instalación de planta de extracción, trituración y machaqueo de áridos, del término municipal de Agüimes, promovidas por la entidad Rodríguez Hernández e Hijos, S.L., a tal efecto, requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole de que de no cumplimentar el antedicho requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición conforme al artículo 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Tercero.- Notificar la presente Propuesta de Resolución al interesado, poniendo en su conocimiento, de conformidad con el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, lo siguiente:
a) Que frente a esta Propuesta de Resolución puede presentar alegaciones, documentos e informaciones, en el plazo de quince días, durante los cuales queda de manifiesto el expediente.
b) A esta notificación se acompaña una relación de los documentos obrantes en el expediente a fin de que pueda obtener copia de los que estime convenientes.
c) Una vez evacuado este trámite, y vistas las alegaciones, informaciones y pruebas aportadas, se elevará todo lo actuado al Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para que resuelva lo que proceda.
A los efectos del artículo 19 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, se le informa que los documentos obrantes en el expediente sancionador iniciado contra usted son los indicados con una X en la siguiente relación:
X Denuncia de particular, 25 de agosto de 2005.
X Informe APMUN, 18 de noviembre de 2005.
X Informe APMUN y documentos adjuntos, 7 de julio de 2006.
X Informe APMUN, 29 de agosto de 2006.
X Resolución de la APMUN nº 2715, de suspensión y notificaciones de la misma, 10 de octubre de 2006.
X Diligencia de precinto y fotos adjuntas, 18 de diciembre de 2006.
X Solicitud y entrega copia expediente al promotor, 19 de diciembre de 2006.
X Seguimiento de precinto y fotos adjuntas, 17 de enero de 2007.
X Inspección APMUN y fotos adjuntas, 12 de abril de 2007.
X Nota de régimen interior a la Sección de Apoyo a la Instrucción, 18 de mayo de 2007.
X Informe técnico APMUN y fotos adjuntas, 21 de enero de 2008.
X Proyecto calificación territorial, C.T. 20.215/00.
X Resolución de la APMUN nº 371 de incoación y notificaciones de la misma, 18 de febrero de 2008.
X Solicitud y entrega copia expediente al promotor, 26 de marzo de 2008.
X Diligencia, 31 de marzo de 2008.
X Alegaciones del promotor y documentos adjuntos, 2 de abril de 2008.
X Propuesta de Resolución, 25 de junio de 2008.
Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de julio de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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