Providencia de 23 de junio de 2008, del Jefe de Servicio de Transportes, del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40159-O-2007.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 11 de marzo de 2008, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40159-O-2007.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
"Visto escrito presentado por Dña. Eulogia Tacoronte Suárez, en nombre y representación de la entidad mercantil Transportes Méndez Prieto, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 13 de noviembre de 2007 recaída en el expediente de referencia, y
Resultando: que con fecha y hora 22 de febrero de 2007, 18,15, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el conjunto articulado formado por la cabeza tractora matrícula TF-4265-AF y el semirremolque matrícula R-8997-BBN, del que es titular Transportes y Logística Trébol, S.L., y Transportes Méndez Prieto, S.L., respectivamente, por realizar transporte de mortero y hormigón en un contenedor desde Santa Cruz de Tenerife hasta El Chorrillo, 20.000 kg según carta de porte, con un documento de control donde no son exactos los datos de la empresa transportista, figura otra empresa distinta. En el documento de control figura Transtrébol, S.L. Se diligencia documento de control con referencia 7B NO838.
Resultando: que el día 8 de octubre de 2007 se notificó al interesado la citada denuncia y la Resolución de incoación del expediente sancionador nº TF-40159-O-2007.
Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.
Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 13 de noviembre de 2007 que venía a sancionar a Transportes Méndez Prieto, S.L. con multa que ascendía a 4.601,00 euros, y retirada de todas las autorizaciones de la misma clase, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 140.4 LOTT y artº. 197.4 ROTT; Orden Ministerial de 24 de agosto de 1999 (B.O.E. de 7.9) y en base al artº. 143.1.i), 143.2 LOTT y artº. 201.1.i) ROTT.
Notificándose la citada resolución en fecha 26 de noviembre de 2007.
Resultando: que con fecha 24 de diciembre de 2007, Dña. Eulogia Tacoronte Suárez, en nombre y representación de Transportes Méndez Prieto, S.L., interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, consideran a la situación objeto de este expediente incorrecta, pues el transporte se realizaba con el vehículo matrícula TF-4265-AF, a nombre de Transportes Méndez Prieto, con su tarjeta acreditativa y sus documentos en regla. Teniendo en cuenta que la administradora de dicha empresa (Dña. María de los Ángeles Méndez Prieto) y el Administrador de Transportes y Logística Trébol (D. Antonio Castillo Sánchez) son esposos en régimen de gananciales, no fue su intención en ningún momento el cometer ningún tipo de infracción, pues no hubo mala fe, ni abuso al hacerlo ya que las dos empresas vinculadas entre sí no tienen ni desean estar fuera de la ley, de hecho, debido a esa situación, el vehículo ha sido cedido a Transportes y Logística Trébol, aportando copias simples, aparte de la documentación adjunta al pliego de alegaciones en descargo, de ficha de características técnicas y el permiso de circulación del vehículo denunciado, TF-4265-AF, de la autorización de transporte público discrecional de mercancías para vehículo pesado adscrita a ese vehículo, emitida por el Área de Transportes del Cabildo Insular de Tenerife el 30 de junio de 2005, a la entidad mercantil Transportes Méndez Prieto, S.L. de escrituras públicas de constitución de las dos entidades mercantiles interesadas Transportes y Logística Trébol, S.L. y Transportes Méndez Prieto, S.L., donde se comprueba que los Administradores Únicos de las mismas, D. Juan Antonio Castillo Sánchez y Dña. María de los Ángeles Méndez Prieto, respectivamente, están casados en régimen de gananciales.
Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.
Considerando: a tenor de lo dispuesto en el artículo 48.1 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres: la prestación de los transportes deberá ser realizada por los transportistas que hayan contratado la misma con los cargadores o usuarios, con los medios personales y materiales integrantes de su propia organización empresarial, utilizando vehículos con capacidad de tracción propia de los que dispongan bien en propiedad, usufructo, arrendamiento financiero, arrendamiento ordinario, o a través de otra forma jurídica autorizada por el Ministerio de Fomento, los cuales deberán estar amparados por los títulos habilitantes a nombre del propio transportista y ser conducidos, salvo casos expresamente exceptuados, por trabajadores de su empresa en régimen laboral. En idéntico sentido se pronuncia el artículo 54 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Considerando: estableciendo los artículos 1 y 2 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías, en vigor en la fecha de la denuncia, la obligación de contar con una autorización administrativa a cada persona que pretenda llevar a cabo el transporte público discrecional de mercancías en vehículo pesado, obligación que viene confirmada por los artículos 47 y 90 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 41 y 109 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; recogiéndose los requisitos para la novación subjetiva de las autorizaciones de transporte público de mercancías en vehículos pesados de ámbito autonómico en el artículo 24 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías; constituyendo el supuesto de la cesión o autorización expresa o tácita de títulos habilitantes por parte de sus titulares a favor de otros mismos una infracción muy grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en los artículos 140.4 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 197.4 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, a la que corresponde una sanción económica que asciende a 4.601 euros y retirada de todas las autorizaciones de la misma clase que disponga el cedente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 143.1.i) y 143.2, 3er párrafo, de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 201.1.i) y 201.2.3º del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo TF-4265-AF, titular de Transportes Méndez Prieto, S.L., transportaba mortero y hormigón en un contenedor desde Santa Cruz de Tenerife hasta El Chorrillo, amparado en la autorización administrativa de transporte público de mercancías en vehículo pesado nº 10649247, a nombre del mismo titular; habiendo cedido su titular tanto la misma autorización como el vehículo a la entidad mercantil Transportes y Logísticas Trébol, S.L., como el mismo reconoce en el recurso de alzada interpuesto, habiendo incurrido la expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1.a) de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por el mismo haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 76 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial), formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 y 3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones; habida cuenta, que el límite de la culpa, como presupuesto para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, reside en el deber de informarse según las obligaciones de cada profesión y en la diligencia debida en su actuación. Y ello, dada la extrema gravedad de la infracción consistente en la realización de un transporte público de mercancías en vehículo pesado, donde ha sido cedida la autorización administrativa habilitante del citado transporte por su verdadero titular a otra entidad que no reúne los requisitos preceptivos para ello; al tratarse de una infracción que afecta a la ordenación en el sector del transporte de mercancías, provocando ánimo defraudador implícito en el hecho de fomentar la realización de transportes de tal importancia mediante la cesión ilegal de su título habilitante, creándose una apariencia falsa de legalidad.
Considerando: no obstante lo anteriormente expuesto, habida cuenta que de la documentación aportada por la entidad mercantil interesada (escrituras públicas de constitución de las dos entidades mercantiles referidas) se acredita fehacientemente que la Administradora única de la entidad mercantil recurrente y el Administrador único de la entidad mercantil Transportes y Logística Trébol, S.L., están casados en régimen de gananciales; en consecuencia, procede rebajar la cuantía de la sanción impuesta a dos mil (2.000) euros en base a lo dispuesto en el artículo 143.1.K), en relación con el 143.1.F) de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 201.1.k), en relación con el 201.1.F) del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; rebajando igualmente la gravedad de la infracción cometida en base a lo determinado en los artículos 140.4, en relación con el 141.31 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 197.4, en relación con el 198.31 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y al tener en cuenta que no se trataba de un transporte público de mercancías en sentido estricto, estando vinculadas las dos empresas implicadas en esta infracción, tal como se acreditó anteriormente; no realizando, en consecuencia, actividad alguna que pudiera constituir competencia desleal en el transporte público de mercancías; resultando, por tanto, de escasa incidencia en el sistema general de transportes, motivo por el que, en virtud del artículo 143 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en atención a las circunstancias que operan en cada caso, de entre las sanciones posibles, se ha dispuesto la más proporcionada al desvalor antijurídico del comportamiento cometido, señalando, por demás, que la proporcionalidad es principio informador y de aplicación general a la actividad administrativa, como así es reconocido en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en estimar en parte el recurso de alzada interpuesto por Dña. Eulogia Tacoronte Suárez, en nombre y representación de la entidad mercantil Transportes Méndez Prieto, S.L. modificando la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad, de fecha 13 de noviembre de 2007, en el sentido de rebajar la sanción pecuniaria a dos mil (2.000,00) euros, revocar la sanción accesoria consistente en retirada de todas las autorizaciones de la misma clase, de las que fuera titular la entidad mercantil interesada.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de junio de 2008.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.
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