No habiéndose podido practicar la notificación de la referida Resolución de fecha 14 de abril de 2008 a D. Miguel Robaina Carmona, se procede -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999- a la publicación de la citada Resolución a través del Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:
Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, de fecha 14 de abril de 2008, por la que se pone fin al procedimiento sancionador incoado a D. Miguel Robaina Carmona, por la comisión de infracción administrativa en materia de comercialización de productos pesqueros (expediente PV-171/06-TF).
Vista la Propuesta de Resolución del expediente sancionador PV-171/06-TF incoado a D. Miguel Robaina Carmona, por la presunta comisión de infracción administrativa grave en materia de comercialización de productos pesqueros, y de conformidad con lo previsto en el artº. 20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presente Resolución con base a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Al prestar servicio la Patrulla Fiscal Territorial, en el Puerto Comercial (Santa Cruz de La Palma), el día 7 de junio de 2006, siendo las 23,00 horas, inspeccionan un vehículo Isotermo que transportaba diferentes clases de productos pesqueros frescos, para su posterior venta, observándose diversas cajas conteniendo un total de 250 kilogramos de sardinas (pilchardus), cuya tallas se encuentra entre 8 y 10 centímetros, por lo tanto, no respetando las tallas mínimas exigidas por la legislación vigente. Al solicitarse por parte de los agentes las facturas de la mercancía, presentan nota de primera venta nº 812, de fecha 7 de junio de 2006, de la Cofradía de Pescadores de Agaete. El pescado que no cumple con la talla mínima se entrega a los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca (Breña Alta), se realiza informe fotográfico.
Segundo.- Que el denunciado es D. Miguel Robaina Carmona (N.I.F. 42.032.171-Q), con domicilio en la Urbanización Miramar, bloque 29, 7º-D, Santa Cruz de Tenerife.
Tercero.- Que mediante Resolución del Viceconsejero de Pesca de fecha 22 de octubre de 2007, se acuerda iniciar procedimiento sancionador por la presunta comisión de la infracción administrativa grave del artº. 99 de la Ley 3/2001, por incumplimiento de su apartado c).
Cuarto.- Que intentada la notificación personal de la anterior Resolución la misma es devuelta por el Servicio de Correos y Telégrafos por dirección incorrecta, motivos por los que se llevó a cabo la misma mediante publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma nº 254, de fecha 21 de diciembre de 2007, y en el tablón de edictos del Iltre. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, último domicilio conocido del interesado. Transcurrido el plazo establecido para la presentación de alegaciones y proposición o aportación de prueba, no consta en el expediente que el interesado haya hecho uso de este derecho.
Quinto.- Se formula Propuesta de Resolución con fecha 21 de enero de 2008, por la Instructora del presente procedimiento sancionador en la que se propone la imposición de una sanción pecuniaria por importe de setecientos cincuenta (750) euros, la cual se intentó notificar personalmente, siendo devuelta por el Servicio de Correos y Telégrafos por dirección incorrecta, llevándose a cabo la misma mediante publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma nº 61, de fecha 26 de marzo de 2008, y el tablón de edictos del Iltre. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, último domicilio conocido del interesado, no constando en el expediente que se haya presentado alegaciones ni proposición o aportación de pruebas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La competencia para la incoación y resolución del presente expediente sancionador le viene atribuida a la Viceconsejería de Pesca, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.2, apartado j), del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de 13 de febrero).
Segundo.- El artículo 76 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28 de marzo), dispone que: "a los efectos de la presente Ley, se entiende por comercialización de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, cada una de las operaciones que transcurren desde la primera venta hasta su consumo final, y que comprende, entre otras, la tenencia, transporte, almacenamiento, exposición y venta, incluida la que se realiza en los establecimientos de restauración".
Tercero.- La Disposición Adicional Primera de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de fecha 23.4.03), relativa a la ordenación del sector pesquero y comercialización de los productos pesqueros, dispone que: "sin perjuicio de la aplicación directa de la normativa básica estatal, en materia de ordenación pesquera relativa a la flota pesquera, establecimientos de puertos base y cambio de base, puertos de desembarque y primera venta de los productos pesqueros, así como en materia de comercialización de productos pesqueros, será de aplicación la restante legislación del Estado".
Las infracciones en materia de ordenación del sector pesquero y de comercialización de productos pesqueros vienen recogidas en el Título V, Capítulo III de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28 de marzo).
Cuarto.- En cuanto a la tenencia de 250 kilogramos de pescado inferior a la talla reglamentaria (sardinas), el artículo 79 de la Ley 3/2001 establece que: "quedan prohibidas las operaciones de comercialización de productos de la pesca y del marisqueo de cualquier origen o procedencia, cuya talla o peso sea inferior al reglamentario de cada modalidad o su modo de obtención no haya sido conforme a la normativa internacional, comunitaria, estatal y autonómica de aplicación en la materia o incumplan la normativa sanitaria que en cada momento se establezca".
El Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que se establecen las tallas mínimas para la captura de peces en aguas interiores del Archipiélago Canario (B.O.C. nº 125, de 17 de octubre), establece como talla mínima para la sardina (sardina pilchardus) 11 centímetros [tallas mínimas que recoge, igualmente, el anexo III del Real Decreto 560/1995, de 7 de abril (B.O.E. nº 84, de 8 de abril)].
Quinto.- El ilícito administrativo constatado constituye una infracción calificada como grave en el artículo 99 de la Ley 3/2001, al considerar como tal en su apartado c) la tenencia, la consignación, el transporte, el tránsito, el almacenamiento, la transformación, la exposición y la venta, en cualquiera de las formas previstas legalmente, de productos pesqueros prohibidos o de talla o peso inferior a la reglamentada. El artículo 102.2 del texto legal citado establece que las sanciones graves en materia de comercialización serán sancionadas con multa de 301 a 60.000 euros.
Sexto.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como el artículo 17.5 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), establecen que los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.
De conformidad con lo señalado, ante la falta de alegaciones y aportación de prueba en contrario, y teniendo por probados los hechos denunciados es por lo que,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer a D. Miguel Robaina Carmona (N.I.F. 42.032.171-Q), una sanción pecuniaria por importe de setecientos cincuenta (750) euros por la comisión de la presunta infracción de comercialización de productos pesqueros de talla inferior a la reglamentada.
Segundo.- Notificar la presente Resolución al interesado, haciéndole saber que contra la misma, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al que se produzca la notificación de la presente Resolución y ello sin perjuicio de cualquier otro que estime conveniente. El recurso podrá presentarse bien directamente ante el órgano competente para resolver o ante el que ha dictado este acto.
Transcurrido dicho plazo esta Resolución devendrá firme iniciándose el correspondiente procedimiento recaudatorio para el cobro de la sanción. No obstante, y en caso de querer proceder al abono del importe de la sanción impuesta antes del inicio de dicho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efectivo en la C/C 0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Central Hispano, debiendo remitir, en este caso, a esta Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pesquera), el resguardo justificativo del ingreso emitido por la citada entidad bancaria o copia del mismo debidamente compulsada, para su incorporación al presente expediente sancionador e indicando el número de expediente o interesado que efectúa el ingreso.
Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de mayo de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán González de Chaves.
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