BOC - 2007/198. Miércoles 3 de Octubre de 2007 - 1651

II. AUTORIDADES Y PERSONAL - Oposiciones y concursos - Consejería de Sanidad

1651 - Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 4 de septiembre de 2007, del Director, por la que, en ejecución de sentencia, se dispone un cese, un nombramiento, y la conservación de los restantes actos, respecto de las pruebas selectivas para la cobertura de plazas básicas vacantes de Facultativo Especialista de Área en Otorrinolaringología, convocadas por Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

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Primero.- Por sentencia de 10 de marzo de 2004, dictada por la Magistrada Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas, se estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Juan Pedro Díaz Moreno contra la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de 15 de noviembre de 2001, que aprobó nuevo baremo de méritos aplicable a la fase de concurso de las pruebas selectivas para la cobertura de plazas básicas vacantes de Facultativos Especialistas de Área, así como contra la Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de 6 de junio de 2002 por la que se admite como definitiva la relación de aprobados del concurso-oposición convocado por Resolución de la citada Dirección Gerencia para la cobertura de plazas básicas de la especialidad de Otorrinolaringología.

Dicha sentencia fue confirmada por otra de 17 de diciembre de 2004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En la sentencia indicada se ordenó el cómputo de los servicios prestados por D. Juan Pedro Díaz Moreno, desde el 9 de septiembre de 1994, lo que se concretó mediante Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos nº 157, de 2 de agosto de 2005, que dispuso el cumplimiento del fallo de dicha sentencia reconociendo al citado aspirante una puntuación final total de 148,504 puntos en el concurso-oposición, por lo que pasó a ocupar en la relación definitiva del concurso-oposición el número de orden 8º (del 10º que ocupaba), D. José Luis Ramos Díaz el número de orden 9º (del 8º que ocupaba) y D. Manuel Acosta Ramírez el número de orden 10º (del 9º que ocupaba).

Como consecuencia de lo anterior, por Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil nº 850, de 3 de octubre de 2005, se procedió a modificar la relación de aspirantes aprobados y la propuesta de nombramiento, incluyendo en la misma a D. Juan Pedro Díaz Moreno, y excluyendo a D. Manuel Acosta Ramírez, al pasar éste a ocupar el décimo lugar en la relación de aspirantes del concurso-oposición, siendo 9 las plazas convocadas.

A la vista de lo actuado, por Resolución de esta Dirección nº 17, de 3 de enero de 2006, dictada en ejecución de la citada sentencia de 10 de marzo de 2004, se dispuso el cese de D. Manuel Acosta Ramírez, así como al consiguiente nombramiento como personal estatutario fijo de D. Juan Pedro Díaz Moreno, acordándose la conservación de los restantes actos respecto de las mencionadas pruebas selectivas.

Segundo.- El 19 de enero de 2006, y tras personación del señor Acosta Ramírez, la Magistrada Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas dictó Auto por el que acordó la nulidad de las actuaciones seguidas en el procedimiento 147/2003, al no quedar acreditado un correcto emplazamiento del citado aspirante en dicho procedimiento, y convocó a las partes para la celebración de nueva vista el 14 de febrero de 2006, tras lo cual procedió al dictado de nueva sentencia de fecha 15 de febrero de 2006. No obstante, en esta sentencia se mantiene el criterio sentado en la inicialmente dictada, al señalar que "de conformidad con lo ya dispuesto en su día en la sentencia ahora declarada nula por este Juzgado, y confirmada por la Sala de lo Contencioso de este Tribunal Superior de Justicia, ha de valorarse la experiencia profesional del recurrente a partir de septiembre de 1994".

De hecho, el contenido del fallo es del mismo tenor literal que el de la primera sentencia:

"Que estimando parcialmente el recurso interpuesto por la representación en juicio de D. Juan Pedro Díaz Moreno contra la Resolución identificada en el primero de los "Antecedentes de Hecho" de esta sentencia, debo declarar y declaro su nulidad sólo en lo referente a la valoración de los méritos en el Apartado III Experiencia Profesional en el que deberán computarse los servicios prestados como Facultativo Especialista desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 1.776/1994, de 5 de agosto (9 de septiembre de 1994)."

La sentencia de 14 de febrero de 2006 fue confirmada en apelación por sentencia de 12 de diciembre del mismo año de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Tercero.- Mediante Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos nº 331, de 24 de agosto de 2007, se ha dispuesto el cumplimiento del fallo de la nueva sentencia del Juzgado. En dicha Resolución se otorga a D. Juan Pedro Díaz Moreno una puntuación final total en el concurso-oposición de 148,504 puntos y se modifica la relación definitiva del concurso-oposición en la especialidad de Otorrinolaringología, de manera que D. Juan Pedro Díaz Moreno pasa a ocupar el número de orden 8º (del 10º que ocupaba), D. José Luis Ramos Díaz el número de orden 9º (del 8º que ocupaba) y D. Manuel Acosta Ramírez el número de orden 10º (del 9º que ocupaba).

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la citada Resolución, y de acuerdo con lo previsto en las bases de la convocatoria, la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, ha procedido a modificar la relación de aspirantes aprobados y la propuesta de nombramiento mediante Resolución nº 1443, de 29 de agosto de 2007, que ha sido elevada a este Órgano, incluyendo en ambas a D. Juan Pedro Díaz Moreno y excluyendo a D. Manuel Acosta Ramírez, al pasar éste a ocupar el décimo lugar en la relación de aspirantes del concurso-oposición, siendo 9 las plazas convocadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 117.3 de la CE establece que "El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan".

Por su parte, el artículo 103.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dispone que "la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto en primera o única instancia".

Y el artículo 104.1 de la citada Ley señala que "Luego que sea firme una sentencia, se comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez acusado recibo de la comunicación en idéntico plazo desde la recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél".

Segundo.- El artículo 3.4 del Decreto 29/1999, de 25 de febrero, por el que se aprobó la Oferta de Empleo Público de personal estatutario del Servicio Canario de la Salud para 1999, atribuía al Director del Servicio Canario de la Salud el nombramiento del personal seleccionado, regla de competencia ahora reproducida en el artículo 20.1 del Decreto 123/1999, de 17 de junio, sobre selección de personal estatutario y la provisión de plazas básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud. Dicho precepto establece que "finalizada la actuación de los Tribunales y los trámites subsiguientes, el Director del Servicio Canario de la Salud, a propuesta del órgano convocante, dictará resolución que se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, acordando el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con expresión de la plaza adjudicada".

Por tanto, debe entenderse que de la misma forma que le corresponde a este Órgano el nombramiento de personal estatutario fijo tras la celebración de un proceso selectivo, en buena lógica puede acordar el cese del mismo en ejecución de sentencia referida a las mismas pruebas.

En el presente caso, la valoración de los servicios prestados por el señor Díaz Moreno en la forma indicada en la sentencia, siendo ésta del mismo tenor literal que la inicialmente dictada, conlleva el cese de D. Manuel Acosta Ramírez, así como el consiguiente nombramiento como personal estatutario fijo de D. Juan Pedro Díaz Moreno, actos ya adoptados por la Dirección del Servicio Canario de la Salud por Resolución nº 17, de 3 de enero de 2006, dictada en ejecución de esa primera sentencia cuyo fallo ahora se reproduce en su integridad, por lo que corresponde nuevamente al mismo órgano dictar Resolución en idénticos términos.

Tercero.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece en su artículo 66 que en caso de declararse la nulidad o anularse las actuaciones, se dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

En este sentido, cabe recordar que el principio de economía procesal, cuyo ámbito de aplicación se extiende a los procedimientos de toda índole, impone la conservación de los actos o trámites cuyo contenido sería el mismo de repetirse las actuaciones -dilatándose la tramitación en contra del principio de celeridad y eficacia- para llegar a idénticos resultados. Si, racionalmente, puede preverse que se reproducirán los mismos actos, lo lógico es su mantenimiento.

Como queda dicho, la ejecución de la sentencia de 14 de febrero de 2006, al igual que ocurrió con la de 10 de marzo de 2004, ha supuesto la modificación de la relación definitiva del concurso-oposición, así como de la relación de aspirantes aprobados y la propuesta de nombramiento, lo que conlleva necesariamente el cese de D. Manuel Acosta Ramírez y el nombramiento como personal estatutario fijo de D. Juan Pedro Díaz Moreno, pero sin que ello afecte al nombramiento de los restantes aspirantes, cuya puntuación e inclusión entre los aprobados no se ha visto modificada por la sentencia. Por tanto, procede conservar dichos nombramientos, así como los actos posteriores derivados de los mismos.

Cuarto.- El artículo 57.3 de la Ley 30/1992 dispone que "excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas".

Lo señalado en el citado precepto es aplicable a D. Juan Pedro Díaz Moreno, respecto de quien procede su nombramiento como personal estatutario fijo, retrotrayendo los efectos administrativos del mismo a la fecha inicial del nombramiento del resto de aspirantes aprobados que se conserva.

No así los efectos económicos, dado que el señor Díaz Moreno estuvo entre los inicialmente nombrados en el año 2000, por lo que ya ostentó la condición de fijo hasta que fue cesado por la Resolución de este Centro Directivo de 12 de julio de 2002, dictada en ejecución de la sentencia de 8 de junio de 2000 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas, que dio lugar al nuevo baremo de méritos aplicable conforme al cual ahora se deben tener en cuenta sus servicios desde el 9 de septiembre de 1994. Por tanto, los citados efectos deberán computarse desde el 24 de julio de 2002, fecha de publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la mencionada Resolución.

En virtud de lo expuesto de forma razonada y motivada,

R E S U E L V O:

Primero.- Cesar de su condición de personal estatutario fijo de la categoría de Facultativo Especialista de Área en la especialidad de Otorrinolaringología, a D. Manuel Acosta Ramírez, con D.N.I. nº 43.253.410-R, nombrado por Resolución de este Órgano de 12 de julio de 2002 (B.O.C. nº 100, de 24.7.02).

Segundo.- Nombrar personal estatutario fijo de la categoría de Facultativo Especialista de Área en la especialidad de Otorrinolaringología al aspirante D. Juan Pedro Díaz Moreno, con D.N.I. nº 42.749.235-D, seleccionado en las pruebas selectivas a que se refiere el antecedente de hecho primero de la presente Resolución, adjudicándole destino en la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, de acuerdo con la petición de plazas efectuada por aquél.

Los efectos administrativos del citado nombramiento se retrotraen a la fecha 3 de julio de 2000, y los económicos, a la fecha 24 de julio de 2002, por los motivos expuestos en el fundamento de derecho cuarto.

Tercero.- Conservar el nombramiento de los restantes aspirantes seleccionados efectuado por Resolución de este Órgano de 19 de junio de 2000 (B.O.C. nº 82, de 3 de julio), conservando igualmente los actos posteriores derivados de aquellos, así como el destino en la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

Cuarto.- El aspirante a que se refiere el apartado segundo dispondrá del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para efectuar la toma de posesión que se llevará a efecto ante la Dirección Gerencia citada.

Quinto.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, y notificársela a D. Juan Pedro Díaz Moreno, D. Manuel Acosta Ramírez, a la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas.

Contra la presente Resolución no cabe recurso alguno al dictarse en ejecución de sentencia judicial firme, sin perjuicio de las acciones que los interesados puedan promover ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre de 2007.- El Director, Ignacio José Abásolo Alessón.



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