BOC - 2007/192. Martes 25 de Septiembre de 2007 - 3744

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

3744 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 14 de septiembre de 2007, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Juan Sebastián Martín Rivero de la resolución recaída en el expediente nº 1143/02-U.

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No habiéndose podido notificar a D. Juan Sebastián Martín Rivero en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1143/02-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Juan Sebastián Martín Rivero la Resolución de fecha 16 de agosto de 2007, recaída en el expediente referencia 1143/02-U, y que dice textualmente:

"IMPONE MULTA Y SE ACUERDA DEMOLICIÓN

Examinado el expediente sancionador instruido por esta Agencia para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. Juan Sebastián Martín Rivero, por la ejecución en Suelo Rústico, de obras consistentes en la construcción de una edificación de dos alturas con una superficie total construida de 360 m2 teniendo la planta baja destinada a garaje-almacén de 180 m2 aproximadamente y la planta alta destinada a vivienda de 180 m2 aproximadamente, careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial) y sin la preceptiva licencia urbanística, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC), en el lugar conocido por "La Pedrera 24 A, Tijoco Bajo", en el término municipal de Adeje en la isla de Tenerife.

Vistos informes técnicos, y demás documentos obrantes en el expediente y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado "La Pedrera 24 A, Tijoco Bajo", en suelo clasificado como rústico, en el término municipal de Adeje, se realizaron obras consistentes en la construcción de una edificación de dos alturas con una superficie total construida de 360 m2 teniendo la planta baja destinada garaje-almacén de 180 m2 aproximadamente y la planta alta destinada a vivienda de 180 m2 aproximadamente, promovidas por D. Sebastián Martín Rivero, careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial o, en su caso, proyecto de actuación territorial) y sin la preceptiva licencia urbanística, tal y como establecen los artículos 27, 166, y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).

Segundo.- Con fecha 11 de octubre de 2005, por Resolución nº 1918, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, se acordó la suspensión de las citadas obras, habiéndose procedido a su precinto el siguiente día 21 de noviembre de 2002.

Tercero.- Con fecha 28 de octubre de 2003 se realizó un primer seguimiento del precinto habiéndose comprobado que las obras han continuado completándose con el enfoscado de la pared oeste de la vivienda colocándose una acera en ese lugar y asfaltándose la explanada situada frente a la casa. Como consecuencia del referido incumplimiento se impuso al interesado una multa coercitiva por importe de 601,01 euros, por Resolución nº 171, de fecha 22 de enero de 2004.

Cuarto.- Con fecha 3 de marzo de 2004 el interesado interpuso recurso de reposición contra la resolución por la que se imponía la citada multa coercitiva habiendo sido desestimado por la Resolución nº 2212, de fecha 8 de julio de 2004, que fue debidamente notificada el siguiente día 22 de julio de 2004.

Quinto.- Con fecha 14 de octubre de 2005 se realizó informe por la Oficina Técnica de la Agencia en donde se valoraron las obras en la cantidad de ciento treinta y cinco mil ciento treinta y ocho (135.138) euros.

Sexto.- El 19 de abril de 2007 se dictó la Resolución nº 1285 por el Director Ejecutivo de esta Agencia en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D. Juan Sebastián Martín Rivero, promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción urbanística tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del TRLoTENC y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal con multa de 6.010,13 a 150.352,03 euros, sin perjuicio de lo que resultara de la instrucción del correspondiente expediente.

Dicha Resolución se notificó al interesado con fecha 7 de mayo de 2007.

Séptimo.- Con fecha 23 de mayo de 2007 tuvo registro de entrada en este Organismo el escrito de alegaciones suscrito por el interesado en el que sucintamente expone que:

- Que la infracción ha prescrito por cuanto han transcurrido más de dos años desde que se ha producido el hecho objeto de infracción hasta el momento en que se incoa el procedimiento administrativo sancionador.

- Que se incurre en causa de nulidad de pleno derecho en la resolución de inicio por cuanto no se determina la fecha ni momento en el que se comete la infracción, lo cual se considera por el denunciado importante para determinar el momento de inicio del cómputo.

- Que concurre indefensión para el denunciado por cuanto no se da oportunidad de instar la legalización de la vivienda, sino que se inicia el expediente sancionador directamente contraviniendo así el Decreto legislativo 1/2000, ya que dicho texto legal indica que se deben iniciar dichos expedientes paralelamente.

- Que la competencia para incoar el expediente sancionador no es de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

- Que la edificación objeto del expediente sancionador es la residencia familiar careciendo de ningún otro inmueble en la isla susceptible de ser utilizado como vivienda.

- Que es previsible que con la ampliación del suelo urbano en la elaboración del plan general de ordenación del municipio se incluya la edificación a los efectos de legalizar la situación, ya que se encuentra a escasos metros del límite urbano de Tijoco Bajo.

Octavo.- En relación con las citadas alegaciones por la instrucción del expediente se señaló:

Que las alegaciones planteadas por el interesado no desvirtúan la determinación de los hechos contenidos en la resolución de iniciación del presente procedimiento sancionador, ni su calificación, toda vez que:

En cuanto a la prescripción de la presunta infracción urbanística, se ha de decir que en modo alguno ha operado el referido Instituto por cuanto en virtud del artículo 201 "in fine" del TRLoTENC éste nunca comenzará a correr antes de la total terminación de las obras. Así, basta un simple examen del informe técnico de fecha 14 de octubre de 2005, y que trae causa de la visita de inspección efectuada el pasado día 7 de octubre de 2005, para constatar que las obras denunciadas se encontraban sin finalizar. A mayor abundamiento las fotografías anexas al citado informe técnico constatan rotundamente que las obras se encuentran inacabadas. Consiguientemente, no ha podido operar el plazo de prescripción establecido en la ley para la presunta infracción urbanística.

En cuanto a la falta de determinación por parte de la Administración del momento en que tienen lugar los hechos, reseñar que es el interesado quien debe probar el "dies a quo". La carga de esa prueba no la soporta la administración, como ha establecido numerosa jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1991, 27 de mayo de 1998, 24 de diciembre de 1996, y 8 de julio de 1996), ya que es el administrado el que voluntariamente se ha colocado en una situación de clandestinidad en la realización de las obras y que por tanto ha creado la dificultad para el conocimiento del "dies a quo". Y el principio de la buena fe, impide que el que crea una situación de ilegalidad pueda obtener ventaja de las dificultades probatorias originadas por esa ilegalidad.

Asimismo se ha de hacer constar que en la resolución de incoación se detallan perfectamente las fechas de resolución de suspensión de las obras, de la diligencia de precinto, así como de sus correspondientes seguimientos y del informe técnico, por lo que no se puede entender que se hayan vulnerado las normas del procedimiento sancionador ni que se le haya producido indefensión al interesado.

Respecto a la falta de trámite u oportunidad de instar la legalización de la edificación; dicha afirmación es incierta por cuanto en la resolución nº 1918 por la que se acuerda la suspensión de las obras dictada con fecha 11 de octubre de 2002, debidamente notificada al interesado, en el punto quinto de su resuelvo se le requirió expresamente para que en el plazo de tres meses procediera a instar la legalización de las obras, lo que hace que decaigan las alegaciones que de adverso efectúa la contraparte.

Relativo a la competencia de la Agencia para incoar el presente procedimiento sancionador, la misma viene expresamente atribuida en el artículo 190.c).2 del TRLoTENC al tratarse de una infracción contra la ordenación territorial al carecer las obras denunciadas de la preceptiva calificación territorial, a mayor abundamiento el apartado 3 del citado artículo establece una "vis atractiva" a favor de la Agencia al establecer que "Cuando en un mismo supuesto concurran presuntas infracciones de la competencia municipal o insular y de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural la competencia le corresponderá a ésta última".

La alegación formulada por el denunciado acerca de que carece de otra edificación que pueda ser utilizada como vivienda, carece de trascendencia jurídica alguna, en este momento del procedimiento y por ello debe ser desestimada.

Asimismo en cuanto a la posibilidad de que el Plan General de Ordenación de Adeje cambie la clasificación o la calificación del suelo donde se ubica la edificación, ha de indicarse que no existe fundamento legal alguno que permita actualmente a la Administración el no ordenar la reposición del terreno al estado anteriormente a la comisión de la infracción, mediante la demolición de las obras, al ser éstas en la actualidad manifiesta e indudablemente ilegalizables. Y no es óbice para ello el que hipotéticamente en un futuro el Plan General de Ordenación de Adeje cambie la clasificación o la calificación del suelo donde se ubica ésta, ya que no cabe posponer indefinidamente el cumplimiento de la legalidad (en este caso, el atender el mandato establecido en el artículo 179 TRLoTENC, según el cual, en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de reposición de la realidad física alterada) en espera de que eventualmente tuviese lugar un hecho (el cambio de clase o categoría de suelo) que en la actualidad es futuro e incierto. Así vemos como para que una licencia de legalización pueda ser otorgada válidamente es preciso que lo ejecutado se ajuste a la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicables (artº.165.5 a) TRLoTENC por remisión del artº. 178.2 TRLoTENC, no siendo posible, por tanto, concederla al amparo de una ordenación futura. De la misma forma el artículo 179.1 del TRLoTENC exige que la Propuesta de Resolución del expediente sancionador incluya la medida de reposición de la realidad física alterada si de la instrucción del procedimiento resulta la incompatibilidad de lo realizado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables (es decir vigentes en el momento de emitir ésta) no siendo posible por tanto el posponer la adopción de esta medida como se propone de adverso, en espera de un futuro e hipotético cambio de clase o de categoría de suelo.

Asimismo por la Instrucción del Procedimiento se formuló como Propuesta de Resolución la imposición de una multa de setenta y cinco mil (75.000) euros a D. Juan Sebastián Martín Rivero como responsable de una infracción tipificada en el artículo 202.3 del TRLOTENC y sancionada en el 203.1.b) del mismo cuerpo legal consistentes en la construcción de una edificación de dos alturas con una superficie total construida de 360 m2 teniendo la planta baja destinada a garaje-almacén de 180 m2 aproximadamente y la planta alta destinada a vivienda de 180 m2 aproximadamente en el lugar conocido como "La Pedrera, 24 A, Tijoco Bajo" en el término municipal de Adeje en la isla de Tenerife.

Noveno.- Con fecha 26 de julio de 2007 el interesado presentó escrito de alegaciones contra la Propuesta de Resolución en el que sucintamente expuso:

- Incompetencia de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural para incoar el presente procedimiento sancionador.

- Irregularidad en el procedimiento al ser el Instructor del expediente el mismo funcionario que notifica el Acuerdo de inicio del mismo. Estima que no existe distinción entre la fase de inicio, la de instrucción y la de resolución al estar inicialmente viciada la voluntad del Instructor que es conocedor de los hechos desde el inicio, lo que vulnera el principio de legalidad en concordancia con la quiebra de las garantías del administrado en el procedimiento sancionador.

- No se ha hecho caso alguno a la prueba propuesta en el expediente que demostraba el plazo de prescripción de la infracción, pues tal y como se ha indicado se está viviendo en la casa desde hace ya bastantes años basándose el Instructor del expediente en un informe técnico de 14 de octubre de 2005. Como prueba se aportan con este escrito facturas de la construcción de la vivienda que muestran que la vivienda se construyó en el año 2000 simplemente inacabado el garaje en cuanto no está revestido cuestión que no afecta en nada a la vivienda, pues se trata de elementos constructivos separados, siendo la vivienda en una planta que se usa desde el inicio y el garaje en otra planta que no se usa pero que reúne condiciones de habitabilidad ya que no es exigible por ninguna normativa que los garajes se deban encontrar revestidos interiormente.

- Reitera que existe clara inconcreción de los hechos que se le imputan puesto que en la exposición de los mismos no se determina ni la fecha ni el momento en el que se comete la supuesta infracción contraviniendo lo dispuesto en el Real Decreto 1.398/1993, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración.

- Vulneración del principio de proporcionalidad establecido en el artº. 131 de la Ley 30/1992. No se han estimado las atenuantes del desconocimiento de la normativa y la de la no existencia de causar un daño tan grave como el que se le imputa, ya que la vivienda la hizo para residir con su familia en un terreno heredado, no teniendo ninguna otra en la que residir.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Decreto 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la misma.

II

Las actuaciones a realizar en suelo rústico requieren, con carácter previo al otorgamiento de la licencia municipal de obras, de la preceptiva calificación territorial o proyecto de actuación territorial, de conformidad con los artículos 25, 27, 66, 166, 168 y 170 del TRLoTENC.

III

En cuanto a las alegaciones efectuadas por el interesado hay que señalar:

Que se reitera íntegramente lo referido en la Propuesta de Resolución por la Instrucción cuando se establece que la competencia de la Agencia viene expresamente atribuida en el artículo 190.c).2 del TRLOTENC al tratarse de una infracción contra la ordenación territorial al carecer las obras denunciadas de la preceptiva calificación territorial. A mayor abundamiento el apartado 3º del citado artículo establece una "vis atractiva" a favor de la Agencia al establecer que "Cuando en un mismo supuesto concurran presuntas infracciones de la competencia municipal o insular y de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural la competencia le corresponderá a ésta última."

En lo relativo a la alegación de inexistencia de la debida separación entre los órganos instructor y sancionador, se ha de decir que la misma se rechaza totalmente al no ser cierta la citada aseveración por cuanto el presente procedimiento sancionador ha cumplido escrupulosamente con el procedimiento establecido en la ley no habiéndose infringido precepto legal alguno, así como con las garantías que ha de tener cualquier procedimiento administrativo, no siendo cierto que no exista distinción entre la fase de inicio, instrucción y resolución, puesto que la resolución que inicia el procedimiento sancionador está firmada por el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, siendo el Instructor D. Felipe Sosa Plasencia, en su calidad de Jefe de Sección el encargado de comunicar al interesado la citada resolución, ello sin embargo no significa que no exista la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora preceptuada en el artº. 134.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya que a pesar de la dependencia jerárquica alegada de adverso, la misma no conculca la antes citada garantía procedimental de la separación entre las fases de instrucción y sancionadora puesto que se han encomendado a órganos distintos.

Al respecto no se puede dejar de mencionar numerosa jurisprudencia en donde se pone de manifiesto que la estricta imparcialidad e independencia de los órganos del Poder Judicial no es por esencia predicable en la misma medida de un órgano administrativo (SSTC 22/1990, de 15 de febrero, y 47/1983, de 31 de mayo). También el T.S. ha reconocido la inaplicabilidad del referido derecho al ámbito administrativo sancionador (S.T.S. 3ª 9ª, 4 de diciembre de 1990). En definitiva encontrándose la organización administrativa informada no por el principio de la independencia sino por el de jerarquía (artº. 103.1 C.E.) carece de sentido trasladar las garantías propias del personal judicial con independencia orgánica e individual a los funcionarios que conducen el procedimiento administrativo sancionador, dado que resulta en principio indiferente la separación o no de las funciones de investigación y decisión entre funcionarios pertenecientes a una misma organización y sometidos todos ellos al criterio jerárquico.

A mayor abundamiento el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, sobre el procedimiento sancionador, parece delimitar la exigencia de la dualidad de órganos a que sean personas distintas quienes instruyan y resuelvan los procedimientos sancionadores. Así la exposición de motivos del referido Real Decreto señala que la recepción que efectúa la Ley 30/1992, del principio del orden penal de la separación entre órgano instructor y órgano que resuelve ha de entenderse como es evidente y ha sido declarado por la jurisprudencia constitucional (STC de 8 de junio de 1981) de forma adecuada a la naturaleza administrativa. Así en el orden penal, el principio atiende a la configuración, en muchas ocasiones unipersonal, de los órganos judiciales y pretende por tanto que no sea la misma persona o personal las que acusen y resuelvan.

En lo relativo a la prescripción de la infracción alegada de contrario se ha de decir que tal y como quedó reflejado en la Propuesta de Resolución el informe técnico de fecha 14 de octubre de 2005 constata claramente que las obras se encontraban sin finalizar por lo que en modo alguno puede haber operado el plazo establecido en el artículo 201.1 in fine del TRLOTENC.

A mayor abundamiento se ha de decir que no consta en el expediente documentación alguna presentada por el interesado que acredite la terminación de las obras, así según jurisprudencia del Tribunal Supremo, la carga de la prueba de la prescripción, la soporta no la Administración sino el administrado que voluntariamente se ha colocado en una situación de clandestinidad en la realización de unas obras (SSTS 27 de mayo de 1998; 24 de diciembre de 1996; 8 de julio de 1996 y 18 de diciembre de 1991) y que por tanto ha creado la dificultad para el conocimiento del "dies a quo". Y el principio de la buena fe impide que el que crea una situación de ilegalidad pueda obtener ventaja de las dificultades probatorias originadas por esa ilegalidad.

Relativo a la falta de concreción de los hechos que se le imputan por no determinarse la fecha o momento en que se comete la supuesta infracción, el citado argumento queda rechazado por no ajustarse a la realidad, así basta un simple examen de la resolución de incoación para constatar la descripción de los hechos denunciados, la existencia de las fechas de la resolución de suspensión de las obras, de la diligencia de precinto, de sus correspondientes seguimientos y del informe técnico, por lo que no se puede entender que se hayan vulnerado las normas del procedimiento sancionador ni que se le haya producido indefensión al interesado.

En cuanto a la pretendida vulneración del principio de proporcionalidad alegado de contrario se ha de decir que en modo alguno puede ser tenido en cuenta el citado argumento, así al no haberse apreciado en el presente supuesto circunstancias agravantes ni atenuantes, la sanción deberá mantenerse en la mitad de la escala correspondiente (puede ser sancionados con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros) en atención a las circunstancias del caso. Ello se infiere del artº. 196 del TRLOTENC porque la concurrencia de una circunstancia agravante justificaría la imposición en la mitad superior, pero ante su ausencia la multa debe mantenerse en la mitad sin que exista la discrecionalidad de imponerla en toda la extensión que la multa permite, criterio seguido en la instrucción del presente procedimiento y que justifica la aplicación del señalado principio de proporcionalidad en la imposición de la multa en la mitad de la correspondiente escala ello sin incurrir en incongruencia por no tratarse de una materia disponible para las partes.

No se puede obviar el hecho del que trae causa el presente procedimiento, cual es, la ejecución por parte del interesado de obras en suelo rústico sin haber obtenido ningún tipo de autorización administrativa, conducta frente a la que no resulta aceptable la invocación del desconocimiento de la normativa legal aplicable, mera alegación, cuando la concurrencia de error en la conducta imputada y su alcance, que es lo que en definitiva se esgrime, requiere, en todo caso, prueba que debe ser aportada por quien lo alega, porque es notorio la necesidad de obtener autorización de la Administración para la ejecución de las obras, y en el caso concreto no la obtuvo de ningún tipo, pese a que conocía que el suelo estaba calificado como rústico.

IV

Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de infracción, tipificada en el artículo 202 del citado TRLoTENC, calificada de grave en el mismo artículo y sancionada en el artículo 203 del mismo Texto Legal con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente. Al objeto de graduar la correspondiente sanción, el artículo 196.1 del TRLOTENC establece que la multa deberá fijarse ponderando las circunstancias concurrentes en la valoración global de la infracción.

Así el informe emitido por el Servicio Técnico de esta Agencia con fecha 14 de octubre de 2005, valora las obras no autorizadas en la cantidad de 135.138 euros. Examinada dicha valoración de las obras así como las circunstancias concurrentes y todo ello en relación con el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, procede la imposición de una multa de 75.000 euros.

V

De conformidad con el artículo 179 de dicho Decreto Legislativo, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente y a reponer los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en Suelo Rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

VI

Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobada por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer una multa de setenta y cinco mil (75.000) euros, en función de la ponderación de las circunstancias concurrentes en la valoración global de la infracción, a D. Juan Sebastián Martín Rivero, en calidad de promotor de las obras objeto de este procedimiento, de conformidad con el artículo 189 del TRLoLENC, por la comisión de la infracción calificada de grave en el artículo 202.3.b) del citado TRLoTENC, y sancionada en el artº. 203.1.b) del mismo cuerpo normativo.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes, presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria, advirtiéndoles de que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y así constase en el acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento (50%) en virtud de la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del TRLoTENC (Ley 4/2006).

Tercero.- Advertir al interesado de que si reponen los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrán derecho a una reducción de la multa en un noventa por ciento (90%), de la que se haya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago, en virtud de la Ley 4/2006.

Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago, en virtud de la Ley 4/2006.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución al interesado y al Ayuntamiento de Adeje.

El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Hacienda a este fin, una vez sea firme la Resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.

Se hace constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa y por lo tanto, contra el mismo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto, o directamente cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de septiembre de 2007.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.



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