No habiéndose podido notificar a Dña. Jennifer Díaz Marichal en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Orden Departamental dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1304/00-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Dña. Jennifer Díaz Marichal la Orden Departamental de fecha 26 de abril de 2007, recaída en el expediente con referencia 1304/00-U que dice textualmente:
"Examinado el recurso de alzada interpuesto por Dña. Jennifer Díaz Marichal, contra la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 3727, de fecha 4 de noviembre de 2005, vistos los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Dña. Jennifer Díaz Marichal en el lugar denominado "El Hornillo", en el término municipal de Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera, viene realizando obras de construcción de una edificación de dos plantas de altura con una superficie total construida de unos 192 m2 aproximadamente, en suelo clasificado como Rústico, dentro de los límites del Parque Rural de Valle Gran Rey (G-4), sin las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).
2º) Incoado el correspondiente expediente sancionador, por Resolución nº 1829, de fecha 31 de mayo de 2005, en orden a adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística vigente, se impuso al interesado, tras los trámites oportunos, una multa de 57.537,67 euros, acordándose la demolición de las obras ejecutadas, con la advertencia al mismo de que si repusiera los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción tendría derecho a una reducción de la multa en un 75% de la que se haya impuesto de conformidad con el artículo 182 del Texto Refundido antes citado.
3º) Contra la Resolución de 4 de noviembre de 2005, notificada el 28 de noviembre de 2005, el interesado interpuso recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el que expone los siguientes argumentos:
- Que la Resolución ahora recurrida es nula al ser defectuosa la notificación.
- Que impugna el informe de valoración.
- Que se instó la legalización de la obra.
- Que se ha prescindido del procedimiento legalmente establecido siendo nulo el acto dictado.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El presente recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma de acuerdo con los artículos 31, 38.4, 110 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Segunda.- En cuanto a las alegaciones aducidas por el recurrente, no pueden modificar el acto administrativo recurrido resolutorio del presente expediente, ya que el mismo ha sido dictado en estricta aplicación de la Normativa Urbanística en vigor, toda vez que:
- El 28 de noviembre de 2005, la interesada fue notificada de la Resolución nº 3727, ahora recurrida (como consta en el propio expediente al figurar el acuse de recibo de la Oficina de Correos firmado por la propia denunciada). Por tanto al iniciarse el procedimiento sancionador el 31 de mayo de 2005, el plazo transcurrido no superó los 6 meses establecidos en la normativa de aplicación (artº. 20.6 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobada por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto), no entendiendo por tanto que exista caducidad del procedimiento sancionador. Toda vez que la notificación fue cursada dentro de los 10 días a partir de la fecha en que se dictara la Resolución nº 3727, pues ésta de dictó el 4 de noviembre de 2005, teniendo registro de salida el día 8 del mismo mes y año, no estimándose por tanto tampoco la nulidad alegada por el interesado al respecto.
- La valoración realizada por nuestra Oficina Técnica, el 7 de febrero de 2003, ha sido efectuada de acuerdo con los criterios recogidos en los Baremos Orientativos del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, utilizando la fórmula que se detalla en el propio informe, recordando que estamos ante una obra de una volumetría considerable, al tener dos plantas de altura, presentando un elemento estructural de soporte y con una superficie total de unos 192 m2. Toda vez que el expediente, y con él el Informe Técnico referido, ha estado en todo momento a la disposición del interesado en las dependencias de esta Agencia.
- La solicitud de legalización de la obra es una obligación del interesado, como así se le hizo saber al mismo en la correspondiente orden de suspensión, recordando al interesado que toda obra debe ejecutarse previa obtención de los títulos administrativos habilitantes. Si bien el hecho de que la obra pueda legalizarse no es óbice para no ordenar su demolición (pues la Administración en ningún caso puede dejar de adoptar las medidas para la reposición de la realidad física alterada -artº. 179.3 del TRLoTENC-). Toda vez que si en un futuro próximo se legalizara la construcción, la ejecución material de la demolición no se llevaría a cabo. Sin olvidar que la infracción ya ha sido cometida motivo por el cual la multa siempre seguirá desplegando sus efectos.
- Hay que recordar que en el caso que nos ocupa no ha sido otorgado título alguno por el cual pueda entenderse amparada la obra ejecutada, por tanto no es de aplicación el artículo 200.1 del TRLoTENC. Toda vez que el acto recurrido ha sido dictado respetando en todo momento la normativa de aplicación, no entendiéndose de ninguna manera que se haya prescindido del procedimiento legalmente establecido.
Tercera.- El acto recurrido es conforme a derecho, y no se dan en el mismo ninguno de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Vista la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el TRLoTENC y el artículo 20.1 in fine del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la A.P.M.U.N. que establece que las Propuestas de Resolución de los recursos de alzada deberán ser informados por el Consejo.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Único.- Desestimar el recurso de alzada, interpuesto por Dña. Jennifer Díaz Marichal, contra la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 3727, de fecha 4 de noviembre de 2005, confirmando la misma por ser ajustada a derecho.
Notifíquese al interesado y al Ayuntamiento, a los que se les hace constar que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de julio de 2007.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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