BOC - 2007/139. Jueves 12 de Julio de 2007 - 2775

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

2775 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 29 de junio de 2007, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Domingo Díaz Martín, interesado en el expediente nº 1190/04-M.

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No habiéndose podido notificar a D. Domingo Díaz Martín en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1190/04-M, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Domingo Díaz Martín la Resolución de fecha 27 de abril de 2007, recaída en el expediente con referencia 1190/04-M, y que dice textualmente:

"Examinado el expediente sancionador nº 1190/04-M, instruido a D. Domingo Díaz Martín por infracción administrativa a la Ley de Residuos de Canarias, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas.

ANTECEDENTES

1º) Por Resolución nº 260, de fecha 29 de enero de 2007, del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural se incoa procedimiento administrativo sancionador a D. Domingo Díaz Martín como presunto responsable de una infracción administrativa a la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, consistente en el abandono de un vehículo marca Datsun modelo Pick Up SLG 720 matrícula TF-1137-L, en el lugar conocido por LP-1, km 16,200, término municipal de Mazo.

2º) La resolución fue notificada el día 12 de febrero de 2007, sin que conste en el expediente escrito de alegaciones formuladas por el interesado.

3º) Con fecha 11 de abril de 2007 tiene entrada en la Agencia boletín de denuncia de fecha 25 de enero de 2007 por los mismos hechos objeto del presente expediente sancionador.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para la incoación y tramitación de expedientes sancionadores por infracción a la legislación vigente en materia de residuos, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Primera del Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aprobado por el Decreto 20/2004, de 2 de marzo, siendo competentes para su resolución los órganos a que se refiere el artículo 41 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, en relación con la citada Disposición Adicional Primera del Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente.

II

Conforme al artículo 11 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, Básica de Residuos "Los poseedores de residuos estarán obligados, siempre que no procedan a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos, para su valorización o eliminación, o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que comprenda estas operaciones.

En todo caso, el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad".

La Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, define residuo en el apartado a) del artículo 4 como cualquier sustancia u objeto el cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse, teniendo la consideración de residuo, en todo caso, aquellos que figuren en la lista europea de residuos.

Los vehículos al final de su vida útil son residuos peligrosos según se recoge en la lista europea de residuos, publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos con el Código 16 01 04.

Asimismo resulta de aplicación el Real Decreto 1.383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil, que incorpora al derecho interno la Directiva 2000/53/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2002, conforme al cual todos los vehículos deberán descontaminarse al final de su vida útil, antes de ser sometidos a cualquier otro tratamiento, a tal efecto, el artículo 4 impone al titular de un vehículo que vaya a desprenderse del mismo, la obligación de entrega a un centro autorizado de tratamiento que realizará su descontaminación.

III

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, considera poseedor en su artículo 3 al "productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos".

La propiedad del vehículo marca Datsun modelo Pick Up SLG 720 matrícula TF-1137-L, corresponde, según consta en las diversas denuncias obrantes en el presente expediente sancionador, a D. Domingo Díaz Martín.

IV

Al poner en relación los preceptos citados con los hechos denunciados, se desprende la comisión de una infracción medioambiental, tipificada y calificada de grave en el apartado j) del artículo 38.3 en relación con el artículo 38.2.c) de la Ley de Residuos de Canarias.

No obstante, y debido a la escasa cuantía y entidad de la conducta, se trata de una infracción leve de conformidad con el artículo 38.4.c) de la misma Ley.

V

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos "los residuos tendrán siempre un titular responsable, cualidad que corresponderá al productor, poseedor, o gestor de los mismos "y según el artículo 39.1 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias "son responsables de las infracciones tipificadas en esta Ley los que hayan participado en su comisión". En este caso, se imputa la responsabilidad por la comisión de una infracción administrativa, en calidad de propietario, a D. Domingo Díaz Martín.

VI

La comisión de infracción leve es sancionada en el artículo 42.3 de la citada Ley 1/1999, de 29 de enero, con multa de trescientos euros con cincuenta y un céntimos hasta seis mil diez euros con doce céntimos (de 300,51 euros hasta 6.010,12 euros), clausura temporal parcial de las instalaciones y apercibimiento público, siendo en el presente caso aplicable una multa de mil doscientos (1.200) euros de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 43 de la citada Ley, y en particular, atendiendo al daño ambiental ocasionado.

VII

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Residuos de Canarias, el infractor estará obligado, sin perjuicio de la sanción administrativa que en este caso se imponga, a la reposición de la realidad física a su estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente. Dicha reposición consistirá en la retirada del vehículo y su entrega a gestor autorizado, circunstancia ésta que habrá de ser debidamente acreditada.

En caso de incumplimiento, se procederá a su ejecución forzosa de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

VIII

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en el supuesto de que el interesado no formule alegaciones sobre el contenido de la Resolución de incoación del procedimiento sancionador en el plazo de 15 días desde la notificación de dicha resolución, como así ha tenido lugar en este procedimiento, la iniciación podrá ser considerada Propuesta de Resolución si se dan los siguiente requisitos:

- Advertencia al interesado de que la Resolución de incoación tendrá la consideración de Propuesta de Resolución si el interesado no formulara alegaciones. Dicha advertencia consta en la resolución nº 260, de 29 de enero de 2007.

- Que la Resolución de incoación contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, como así consta, en este caso, en el antecedente de dicha resolución.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Domingo Díaz Martín una multa de mil doscientos (1.200) euros como responsable de la comisión de una infracción leve a la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, consistente en el abandono de un vehículo marca Datsun modelo Pick Up SLG 720 matrícula TF-1137-L, en el lugar conocido por LP-1, km 16,200, término municipal de Mazo.

Segundo.- Requerir al interesado, para que, en el plazo de un mes, proceda a retirar el vehículo marca Datsun modelo Pick Up SLG 720 matrícula TF-1137-L, en el sentido previsto en la consideración jurídica séptima, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole de que, de no cumplimentar el antedicho requerimiento, se podrá proceder por la Administración la ejecución subsidiaria a su costa, sin perjuicio de las multas coercitivas que se puedan acordar conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Residuos de Canarias y en el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Advertirle de que, en el supuesto de incurrir en análoga conducta, podría ser considerada como reincidente, con el agravamiento de la sanción que conllevaría.

El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de reposición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural en el plazo de un mes desde la notificación de la presente Resolución y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de junio de 2007.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.



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