BOC - 2007/133. Miércoles 4 de Julio de 2007 - 2608

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

2608 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 14 de junio de 2007, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Eulgem Birgit, de la Resolución recaída en el expediente de I.U. 464/02.

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No habiéndose podido practicar la notificación a Dña. Eulgem Birgit, de la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1446, de fecha 8 de mayo de 2007, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Eulgem Birgit, la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1446, de fecha 8 de mayo de 2007, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, con referencia I.U. 464/02, y cuyo texto es el siguiente

R E S U E L V O:

ANTECEDENTES

"Primero.- Por Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 3574, de 29 de diciembre de 2006, se acordó el inicio de procedimiento sancionador a Dña. Anne Marie Hennings, en calidad de promotora, por la presunta comisión de una infracción administrativa muy grave consistente en la realización de obras de construcción de una vivienda unifamiliar compuesta de dos cuerpos edificatorios unidos por una pérgola de madera, un aljibe semienterrado, así como la instalación de unas caravanas de forma permanente, en el Valle de Los Castillos, en el término municipal de Haría, en suelo clasificado como rústico no categorizado como asentamiento rural ni agrícola, careciendo del título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico, esto es calificación territorial y licencia urbanística, exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante TRLOTC).

Segundo.- El 19 de marzo 2007 la Instructora formuló la Propuesta de Resolución siendo notificada la misma a la denunciada junto a una relación de documentos obrantes en el expediente, el 27 de marzo siguiente.

Tercero.- El 16 de abril de 2007 tuvo entrada en el registro de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural un escrito de alegaciones, presentado por la Sra. Hennings el día 12 anterior en la oficina de Correos de Arrecife, argumentando, en síntesis, lo siguiente:

3.1. Que desconoce cuál de los supuestos contenidos en el apartado a) del artº. 202.4 del TRLOTC se le está atribuyendo, puesto que no es lo mismo que la conducta infractora incurra en un ENP, en sus zonas periféricas de protección, en suelo rústico protegido por razones ambientales, en sistemas generales, etc.

Que este hecho que le genera indefensión ya que la propuesta y práctica de cualquier tipo de prueba podría estar condicionado por la especificación concreta de la posible conducta infractora.

3.2. Que las obras por ella realizadas son, a su modo de ver, obras menores con escasa repercusión en el ambiente rural, de manera que su ejecución quedaría al margen del ámbito de actuación del artº. 202.4.a) y pasaría a calificarse de leve y por extensión a sancionarse con multa de 60.10 a 6.010 euros. Y en concreto:

- Que no es cierto que tenga instaladas unas caravanas de forma permanente sino que tiene tan solo una y estacionada de forma transitoria.

- Que el aljibe semienterrado no es de nueva construcción sino que se rehabilitó al objeto de recoger aguas y destinarlas al riego de la finca de su propiedad.

- Que la única obra acometida fue el levantamiento de los muros caídos de la obra preexistente.

3.3. Que con la medida de restablecimiento acordada se contraviene el principio de proporcionalidad toda vez que, los perjuicios que se le ocasionan son mucho mayores que el interés público a satisfacer con la medida, por lo que solicita que la misma no sea ejecutada.

3.4. Que el expediente ha caducado puesto que han transcurrido más de seis meses desde que la Agencia tuvo conocimiento de la conducta infractora.

3.5. Que la infracción ha prescrito pues la vivienda se encontraba finalizada ya en diciembre de 2002, lo que puede comprobar la administración en las fotografías aéreas con las que cuenta o en los fondos fotográficos de la empresa pública Grafcan.

Cuarto.- Constan asimismo en el expediente de referencia, entre otros, los siguientes documentos:

1. Denuncia realizada el 21 de agosto de 2002 por Agentes adscritos al Exmo. Cabildo Insular de Lanzarote denunciaron por la realización de unas obras de construcción de un cuarto y un aljibe, en suelo clasificado como rústico, sin contar con la preceptivas calificación territorial y licencia urbanística, tal y como establecen los artículos 27 y 166 TRLOTC, en el Valle de Los Castillos, término municipal de Haría, constando como presunta promotora de las mismas la Dña. Anne Marie Hennings.

2. Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1956, de 13 de noviembre de 2002, por la que se ordenó la suspensión de las obras de construcción de aljibe y cuarto que se estaban realizando en el lugar de referencia, por la denunciada y se requirió a la misma para que instara la legalización de las obras.

3. Diligencia de precinto realizada el 10 de marzo de 2004 acompañada de las fotografías realizadas.

4. Informe Técnico fechado el 29 de mayo de 2003 tras una visita de inspección realizada el 22 de mayo anterior en el que se pone de manifiesto que en ese momento las obras consistían en una vivienda unifamiliar compuesta de dos cuerpos edificatorios unidos por una pérgola de madera, un aljibe semienterrado, así como la instalación de unas caravanas de forma permanente.

5. Informe Técnico realizado el 15 de marzo de 2004 en el que se pone de manifiesto que las obras se encuentran ubicadas en Suelo Rústico de Protección de Valor Paisajístico, Paisajes Singulares dentro del IBA (Important Bird Area) nº 329 Haría-Tabayesco.

6. Informe Técnico fechado el 19 de diciembre de 2006 tras una visita de inspección realizada el 15 de noviembre anterior en el que se valoran las obras en cien mil cuatrocientos treinta y dos euros con treinta y cuatro céntimos (100.432,34 euros).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para iniciar, instruir y resolver el presente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.d) y 229 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y modificado por la Ley 4/2006, de 29 de mayo (en adelante TRLOTC), en relación con el artículo 19 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (en adelante APMUN).

II

En relación con lo alegado por la afectada se debe considerar lo siguiente:

1.- Sobre la tipificación de la infracción. No puede ser tenida en cuenta la solicitud que realiza la alegante de que la infracción sea considerada como leve, al tratarse tan solo de la rehabilitación de un muro y un aljibe, no estando las caravanas instaladas de forma permanente.

Y ello, pues consta en el expediente, tal y como se ha expuesto en los antecedentes, una denuncia realizada el 21 de agosto de 2002 por Agentes de Medio Ambiente adscritos al Exmo. Cabildo Insular de Lanzarote, por la realización de unas obras de construcción de un cuarto y un aljibe. La citada denuncia -que goza de presunción de veracidad en aplicación de los artículos 137.3, Ley 30/1992 y 17.5 Real Decreto 1.398/1993, al haber sido realizada por funcionarios públicos, una vez comprobados los hechos de forma directa-, se acompaña de fotografías en las que pueden observarse las obras en ejecución, viéndose en las mismas los bloques sin enfoscar ni pintar y el acopio de material en el lugar de los hechos.

Con posterioridad, en la visita de inspección realizada el 22 de mayo de 2003 descrita en el apartado 4 del antecedente quinto, se confirma la denuncia realizada por los Agentes, poniendo de manifiesto además, que las obras habían continuado con la construcción de una vivienda unifamiliar compuesta de dos cuerpos edificatorios unidos por una pérgola de madera, un aljibe semienterrado y la instalación de unas caravanas de forma permanente.

Resulta curioso pues, que la alegante afirme que lo realizado no es una vivienda sino la rehabilitación de paredes y de un aljibe preexistente puesto que, las fotografías que acompañan la denuncia citada dejan claro que se trata de una obra nueva, -con independencia de que pudiera existir anteriormente un aljibe en el mismo lugar o en otro próximo con anterioridad-. Y las que acompañan al informe de 29 de mayo de 2003 (folios 22 a 25 del documento 10 del expediente) como las tomadas con ocasión del precinto (folios 36 a 38 del documento 15) como las adjuntadas al informe técnico de 19 de diciembre de 2006 (folios 45 y 46 del documento 18 del expediente) dejan constancia indubitada la existencia de una vivienda que está siendo habitada, apreciándose en la misma ropa tendida, antenas de televisión, paneles de energía solar, así como la existencia de dos caravanas pintadas de color marrón, una junto a la vivienda y la otra anexa a una pajarera.

No habiendo aportado la denunciada prueba alguna de lo afirmado y habiendo quedado constancia en el expediente, a través de la denuncia y los informes emitidos por distintos funcionarios públicos, de la realidad de los hechos denunciados, procede rechazar la alegación realizada y dar por confirmado que los hechos realizados, lejos de ser obras con escasa repercusión en el ambiente, constituyen una infracción administrativa tipificada como muy grave, puesto que constituyen la realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de las preceptivas calificación territorial y licencia de obras ubicadas en suelo rústico protegido por razones ambientales tal y como se encuentra tipificado en el artº. 202.4.a), en relación con el 202.3.b) del TRLOTC ya citado que no necesita mayor concreción.

2.- Sobre el desconocimiento del supuesto concreto imputado. En virtud de lo expresado no puede ser tenida en cuenta la supuesta indefensión alegada por la denunciada al afirmar que desconoce cuál de los supuestos contenidos en del artº. 202.4.a) del TRLOTC se le está atribuyendo, y considerar que la propuesta y práctica de cualquier tipo de prueba podría estar condicionado por la especificación concreta de la posible conducta infractora no puede ser tenida en cuenta en el expediente, puesto que la conducta ha sido claramente definida tanto en la incoación del expediente como en la Propuesta de Resolución tal y como se ha expresado en el párrafo anterior, documentos ambos que han sido notificados a la infractora en plazo y forma y que para evitar reiteraciones no se repite una vez más.

3.- Sobre la graduación de la sanción.- Tampoco puede ser estimada la alegación planteada por la denunciada de que sea impuesta la multa en su grado mínimo, tal y como ya se expresó en la propuesta, puesto que la graduación de las sanciones no es una actuación discrecional de la Administración que le permita optar por la imposición de una u otra multa, sino que se trata de una actividad reglada y regulada en los artículos 196 y siguientes del TRLOTC.

El análisis de la concreta aplicación de las circunstancias que concurren en el presente caso y con ello de la posible aplicación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad previstas en los artículos 196 y siguientes se llevará a cabo en el fundamento IV de la presente Resolución.

4.- Sobre la medida de restablecimiento.- Tal y como se expresó en la propuesta, sería a todas luces improcedente, estimar la alegación planteada solicitando que no se lleve a cabo la medida de restablecimiento en virtud del principio de proporcionalidad, al considerar que el perjuicio que se le va a causar es superior al interés público a satisfacer con la citada medida. No es necesario mencionar que el interés jurídico protegido en el presente expediente está por encima del interés de la denunciada que, al realizar las obras sin la cobertura legal de los títulos legitimantes, esto es calificación territorial y licencia de obras, se ha colocado a sí misma en situación de clandestinidad e ilegalidad realizando en la misma actuación una infracción contra la Ordenación del Territorio, toda vez que, conforme al artículo 14.3.c) la calificación territorial es un instrumento de ordenación territorial y contra la Ordenación Urbanística al carecer asimismo de licencia de obras.

Al contrario de lo que alega la recurrente, la Administración, lejos de tener la posibilidad, lo que efectivamente tiene es la obligación de dictar las medidas de restablecimiento, toda vez que el artículo 179.3 TRLOTC establece que, en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar tales medidas, las cuales deberán ordenarse aún cuando no proceda exigir la responsabilidad por infracción a este Texto Refundido.

5.- Sobre la caducidad del expediente. Tal y como ya se puso de manifiesto en la Propuesta de Resolución, no puede ser tenida en cuenta la alegación de que se declare caducado el expediente una vez que, examinado el mismo, se comprueba que no han transcurrido los seis meses establecidos en el artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993 por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y en el artículo 191.1 del Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. Y ello puesto que el presente procedimiento sancionador inicia su cómputo el 29 de diciembre de 2006, fecha en la que se dicta el acuerdo de incoación, sin que haya el mismo finalizado ni transcurrido el plazo de seis meses citado, habiendo por tanto confundido el recurrente los plazos de prescripción y su cómputo, con los de caducidad.

6.- Sobre la prescripción de la infracción. De la misma manera tampoco cabe hablar de prescripción de la infracción, puesto que las infracciones muy graves, cual es el caso, prescriben a los cuatro años conforme dispone el artículo 205.1 del Texto Refundido, comenzando el plazo de prescripción una vez terminadas las obras, tal y como establece el artículo 201.1 in fine del citado texto legal, e interrumpiéndose al iniciarse el procedimiento sancionador respectivo, como así establece el artículo 132.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

A mayor abundamiento, la denunciada propone ahora la práctica de una prueba documental consistente en la incorporación al expediente de determinadas fotografías aéreas que pretende que aporte la Administración. Sin embargo, es necesario recordar a la alegante que el período para proponer y practicar pruebas ya finalizó (artº. 17 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora), y que es reiterada la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que "la carga de la prueba la soporta, no la Administración, sino quien voluntariamente se ha colocado en una situación de clandestinidad en relación de las obras y que, por tanto, ha creado la dificultad de conocimiento del "dies a quo" que en el plazo se examina, y que, por ello, el principio de buena fe, plenamente operativo en el plano procesal impide que el que se ha aprovechado de la clandestinidad pueda obtener ventaja de las dificultades probatorias derivadas de esa ilegalidad" (SSTS de 14 de mayo de 1990, de 16 de mayo de 1991, de 3 de enero de 1992, de 25 de febrero de 1992, de 6 de abril de 1994, de 24 de noviembre de 1994, de 24 de diciembre de 1996, entre otras)", por lo que no es procedente requerir a la Administración que, en este momento del procedimiento realice pruebas tendentes a probar la prescripción de las actuaciones, cuando el administrado pudo proponerlas e incluso aportarlas de forma directa en el momento procedimental oportuno.

III

De la documentación obrante en el presente expediente administrativo se derivan los siguientes

HECHOS PROBADOS

1. Se ha cometido una infracción consistente en la construcción de una vivienda unifamiliar compuesta de dos cuerpos edificatorios unidos por una pérgola de madera, un aljibe semienterrado, así como la instalación de unas caravanas de forma permanente, en el Valle de Los Castillos, en el término municipal de Haría, sin las preceptivas calificación territorial y la licencia de obras, exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 27, 166 y 170 TRLOTENC.

2. Las obras se encuentran ubicadas en suelo rústico no categorizado como asentamiento rural ni agrícola.

3. Se considera responsable de dicha infracción a Dña. Anne Marie Hennings, en calidad de promotora, a título de responsabilidad directa, sobre la base de lo estipulado en el artículo 189 TRLOTENC.

4. No consta en el expediente que hayan sido instados los títulos legitimantes a pesar de haber sido requerida para ello en la Resolución de fecha 13 de noviembre de 2002 citada en el antecedente cuarto, apartado 2.

5. Las obras han sido valoradas en la cantidad de cien mil cuatrocientos treinta y dos euros con treinta y cuatro céntimos (100.432,34 euros).

IV

Los hechos relacionados en el antecedente primero, son presuntamente constitutivos de una infracción administrativa tipificada y calificada como muy grave en el artículo 202.4.a) del Texto Refundido aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y sancionada en el artículo 203.c) del mismo Texto Legal con multa de 150.253,03 a 601.012,10 euros. Como norma general, habría que tener en cuenta como sanción inicial la cantidad de trescientos setenta y cinco mil (375.000) euros, correspondiendo con el tipo medio de la escala, sin perjuicio de las circunstancias que concurran en el expediente y de la posible aplicación de la regla de la exclusión del beneficio económico prevista en el artículo 195 del referido Texto Refundido.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que si la obra se encontrara localizada dentro de un Espacio Natural Protegido, la multa-sanción a imponer oscilaría entre el 100% y el 200% del valor de la obra, esto es entre cien mil cuatrocientos treinta y dos euros con treinta y cuatro céntimos (100.432,34 euros) y doscientos mil ochocientos sesenta y cuatro euros con sesenta y ocho céntimos (200.864,68 euros).

Conforme a los principios de congruencia y proporcionalidad, no es procedente sancionar con menor dureza la realización de una obra dentro de un Espacio Natural Protegido que fuera del mismo, por lo que debería disminuirse la sanción hasta llegar a la horquilla prevista en el artº. 213 TRLOTC ya citado, considerando como sanción inicial la imposición de una multa por importe de ciento cincuenta mil seiscientos cuarenta (150.640) euros.

V

Se aprecian en el presente caso las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad:

- Como agravantes, concurre la establecida en el artículo 197.e) del citado Texto Refundido toda vez que no consta en el expediente tan siquiera la designación de técnico director de las obras.

- Como atenuante, se aprecia de oficio la circunstancia prevista en el artículo 198.a) del citado texto legal "la ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o privados afectados".

- Como circunstancia mixta, se aprecia de oficio como agravante, la circunstancia prevista en el artículo 199.b) del mencionado Texto Refundido, por cuanto de la valoración de las obras que obra en el expediente, puede apreciarse el destacable beneficio obtenido con la realización de la infracción.

Atendiendo a la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global de la infracción, a las reglas contenidas en el artículo 196 del meritado Texto Refundido y al principio de proporcionalidad que debe regir el ejercicio de la potestad sancionadora, se propone la imposición de una sanción por cuantía de ciento cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta (155.660) euros.

VI

De conformidad con lo previsto en el artículo 188.2, en relación con el artículo 179 del citado Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción, incluida la demolición.

Asimismo el artículo 179.1.a) del Texto Refundido citado determina la procedencia de ordenar la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción cuando éstas se ubiquen en suelo rústico y siendo necesaria la calificación territorial carezcan de la misma.

Conforme a lo expuesto procede incluir en la presente propuesta las medidas precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la comisión de la infracción, ordenando el restablecimiento del orden jurídico perturbado, mediante la demolición de lo ilegalmente realizado.

VII

Conforme a lo dispuesto en la nueva redacción dada al artículo 182 del TRLOTENC por la Ley 4/2006, de 29 de mayo, si el responsable o responsables de la alteración de la realidad repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción de un noventa por ciento de la multa que pudiera imponerse.

Visto el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación, habiéndose observado todas las prescripciones legales y una vez que ha quedado debidamente acreditada la comisión de la infracción consistente en la realización de obras de construcción de una vivienda unifamiliar compuesta de dos cuerpos edificatorios unidos por una pérgola de madera, un aljibe semienterrado, así como la instalación de unas caravanas de forma permanente, en suelo clasificado como rústico sin contar con las preceptivas calificación territorial y licencia de obras,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a Dña. Anne Marie Hennings una multa por importe de ciento cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta (155.660) euros como responsable de una infracción administrativa muy grave consistente en la construcción de una vivienda unifamiliar compuesta de dos cuerpos edificatorios unidos por una pérgola de madera, un aljibe semienterrado, así como la instalación de unas caravanas de forma permanente, en el Valle de Los Castillos, en el término municipal de Haría, en suelo clasificado como Rústico de Protección de Valor Paisajístico (Paisajes Singulares) sin contar con las preceptivas calificación territorial y licencia de obras, exigibles ambas conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 170 del TRLOTENC, tipificada en el artículo 202.4.a) del TRLOTC, proponiendo ser sancionada conforme al artº. 213 del mismo Texto Legal en aplicación del principio de proporcionalidad al ser éste más beneficioso para la infractora que el artículo 203.1.c) del citado Texto Legal.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico perturbado, dejando expresamente pendiente, en atención al apartado segundo del artº. 179 del TRLOTC, la adopción de las medidas procedentes para el pleno restablecimiento del orden jurídico infringido de las obras a que hace referencia la presente Resolución, hasta que recaiga resolución en el expediente de legalización.

Tercero.- Advertir a la interesada de que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción en los términos dispuestos por la administración, tendrá derecho a una reducción del 90% de la multa que se imponga, de conformidad con el artº. 182.1 del TRLOTC en la redacción dada al mismo por la Ley 4/2006, de 22 de mayo.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los interesados y al Ayuntamiento de Haría.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente en derecho.

El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Hacienda a este fin, una vez sea firme la presente Resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propio de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva."

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de junio de 2007.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.



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