Habiendo sido intentada la notificación de Resolución nº 06-35/2085, de 8 de agosto de 2006, por la que se declara procedente el reintegro parcial de la subvención concedida a la entidad Yuma Servicios Inmobiliarios, S.L., expediente administrativo 06-35/003, sin que haya sido recibida por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber al mismo que con fechas 17 de agosto de 2006 y 22 de agosto de 2006 fue intentada la mencionada notificación del tenor literal.
Propuesta de Resolución por la que se declara procedente el reintegro parcial de la subvención concedida a la entidad Yuma Servicios Inmobiliarios, S.L.
Visto el expediente 65/00, en aplicación de la normativa vigente, resultan los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Que mediante Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo, nº 2130, de fecha 30 de octubre de 2000, se concedió a la entidad Yuma Servicios Inmobiliarios, S.L., provista de C.I.F. nº B35585256, una subvención por importe de tres mil novecientos seis euros con cincuenta y ocho céntimos (3.906,58 euros), por la contratación indefinida a tiempo completo de un trabajador con discapacidad, al amparo del Capítulo II del Real Decreto 1.451/1983, de 11 de mayo, regulador del Empleo Selectivo y las Medidas de Fomento del Empleo de Trabajadores Minusválidos (B.O.E. nº 133, de 4.6.83), regulado en sus aspectos de concesión por la Orden de 13 de abril de 1994 del Ministerio de Trabajo (B.O.E. de 5.5.94), y modificado por los Reales Decretos 4/1999, de 8 de enero y 170/2004, de 30 de enero.
Segundo.- Que, como consecuencia del preceptivo control de mantenimiento de la estabilidad en el empleo que realiza el Servicio Canario de Empleo, se detecta la baja en la Seguridad Social del trabajador D. Francisco Javier González Fernández, con D.N.I. 42.805.814-P, en fecha 20 de febrero de 2001, sin tener conocimiento sobre su sustitución en la forma legalmente establecida, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de concesión, en relación con el artículo 3.1 de la Orden de 13 de abril de 1994, citada.
Tercero.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Orden de 13 de abril de 1994, citada, y mediante Acuerdo de la Directora del Servicio Canario de Empleo de fecha 5 de abril de 2006, notificado al interesado en fecha 20 de mayo de 2006, se inicia de oficio procedimiento administrativo de reintegro de subvención, por los motivos señalados en el punto anterior, con la indicación, de que en plazo de quince días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle.
Cuarto.- El interesado, al día de la fecha, no ha presentado alegaciones ni ningún tipo de documentación justificativa, en los términos establecidos en la Resolución de concesión y normativa aplicable.
A los citados hechos les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Es competente para conocer el presente procedimiento la Directora del Servicio Canario de Empleo, según recoge el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).
Segundo.- Resulta de aplicación al procedimiento de reintegro que se resuelve mediante la presente, lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 13 de abril de 1994, citada, así como lo establecido en el Título II (artículos 36 al 43) y Disposición Adicional Undécima, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, todo ello, sin perjuicio de lo prevenido en el Título IV de la propia Ley General de Subvenciones, regulador de las infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones, así como en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (B.O.E. nº 189, de 2000).
Tercero.- A la vista de la documentación obrante en el expediente de referencia, resulta probado que el interesado ha incumplido las obligaciones de justificación recogidas en la normativa aplicable y ya mencionada, y así se infiere de la documentación existente, y consta en las actuaciones de comprobación, control e inspección, realizadas por parte del Servicio Canario de Empleo, y ello por los siguientes motivos:
La empresa de referencia no ha mantenido la estabilidad en el empleo del trabajador contratado al amparo del Real Decreto 1.451/1983, por un tiempo mínimo de tres años.
Cuarto.- Conforme a la Circular de la Subdirección General Adjunta de Promoción de Empleo del Instituto Nacional de Empleo de fecha 30 de noviembre de 2000 "cuando se produce el cese voluntario del trabajador discapacitado, no habiéndose producido la sustitución por otro trabajador discapacitado y dicho cese ha tenido lugar antes de la finalización del período de contratación de tres años establecido en el Real Decreto 1.451/1983, la empresa devolverá las cantidades correspondientes al período incumplido".
Si bien en el presente supuesto la baja en la Seguridad Social se produce con motivo del fallecimiento del trabajador, entendemos que tal circunstancia debe ser asimilada al supuesto de cese voluntario, puesto que en ningún caso la extinción de la relación laboral se debe a causas imputables a la entidad. Por tanto, se declara procedente el reintegro parcial de la subvención concedida.
Quinto.- La Intervención Delegada en el Servicio Canario de Empleo emite informe favorable en fecha 1 de agosto de 2006.
Por cuanto antecede,
PROPONGO:
Primero.- Declarar la obligación de reintegro parcial de la subvención concedida a la entidad Yuma Servicios Inmobiliarios, S.L., provista de C.I.F. nº B35585256, mediante Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 2130, de fecha 30 de octubre de 2000, al haber incurrido el beneficiario en causa determinante de reintegro de la referida subvención, en los términos y por las causas que han resultado probados en los antecedentes y fundamentos de derecho de la presente Resolución.
Segundo.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 13 de abril de 1994, así como en el artículo 37.1 de la Ley General de Subvenciones, ambas citadas, la entidad beneficiaria deberá proceder al reintegro de cuatro mil ciento seis euros con ochenta y cuatro céntimos (4.106,84 euros), de los cuales tres mil doscientos veintiocho euros con setenta y tres céntimos (3.228,73 euros) corresponden al principal, mientras que ochocientos setenta y ocho euros con once céntimos (878,11 euros) corresponden a intereses legales de demora, devengados desde la fecha de pago de la subvención (10 de noviembre de 2000), hasta la fecha de la presente Resolución (8 de agosto de 2006), y aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones.
El cuadro explicativo de los intereses generados es el siguiente:
ercero.- El reintegro deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de esta notificación en cualquiera de las dos cuentas corrientes que se señalan a continuación, indicando el C.I.F./N.I.F. de la entidad y el número de expediente. Dicho reintegro deberá ser notificado al Servicio Canario de Empleo.Entidad: Caja Insular de Ahorros de Canarias. C.C.C. 2052 8130 24 3510002204.
Entidad: Caja General de Ahorros de Canarias. C.C.C. 2065 0118 81 1114001822.
La no satisfacción de la deuda en período voluntario implicará la apertura de la vía ejecutiva, incrementándose las cantidades con el correspondiente recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.
Cuarto.- La obligación de reintegro establecida en esta Resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento denunciado, y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.
Quinto.- Notificar esta Resolución al interesado en el expediente respectivo con la indicación de que contra la misma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 en relación con el artº. 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
Esta es la propuesta que tengo a bien emitir, sin perjuicio de cualquier otra mejor fundada en derecho.- En Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de julio de 2006.- La Subdirectora de Empleo, p.a., la Jefa de Sección de Fomento de Empleo Público (Acuerdo de 30.11.04), Araceli Vega Padrón.
Vista la normativa aplicable y en uso de las facultades que me confiere el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, de creación del SCE, conforme se propone, resuelvo, la Directora, Soledad Monzón Cabrera.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de 2007.- La Directora, Soledad Monzón Cabrera.
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