BOC - 2006/211. Lunes 30 de Octubre de 2006 - 3952

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

3952 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 11 de octubre de 2006, que notifica la Orden de 27 de junio de 2006, por la que se estima el recurso de alzada interpuesto por Dña. Laura Betancor González, en representación de Centro de Formación Canario, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de 14 de marzo de 2006, recaída en el expediente nº 35/192/2005.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Dirección General de Consumo sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

1º) Notificar al Centro de Formación Canario, S.L. la Orden de 27 de junio de 2006 (libro 01, nº reg. 337/06), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por Dña. Laura Betancor González, en representación de Centro de Formación Canario, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 14 de marzo de 2006, recaída en el expediente nº 35/192/2005, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de doscientos cuarenta (240) euros.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Arrecife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de octubre de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.

A N E X O

Orden de la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de 27 de junio de 2006, por la que se estima el recurso de alzada interpuesto por Dña. Laura Betancor González, en representación de Centro de Formación Canario, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 14 de marzo de 2006, recaída en el expediente nº 35/192/2005, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de doscientos cuarenta (240) euros.

Visto el recurso de alzada interpuesto ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías por Dña. Laura Betancor González, en representación de Centro de Formación Canario, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 14 de marzo de 2006, recaída en el expediente nº 35/192/2005 y que determinó la imposición de una sanción de multa de doscientos cuarenta (240) euros, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El día 18 de mayo de 2005, Inspectores de la Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Centro de Formación Canario, propiedad del Centro de Formación Canario, S.L., sito en la calle José Antonio, 100, del término municipal de Arrecife de Lanzarote; y mediante acta de inspección al efecto levantada nº 1305 procedieron a leer a la compareciente la reclamación con registro nº 270034, de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, de fecha 11 de abril de 2004 y comprobaron que el apartado de las Hojas de Reclamaciones reservado para los datos identificativos de la empresa, no estaba previa y debidamente cumplimentado.

Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título V de la Ley 3/2003, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante LECUCAC), el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 3, apartado 1, letras b) y c), artículos 27, 40, apartado 4, letra g) y Disposición Transitoria Segunda de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34), en concordancia con el artº. 2.2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (en adelante RDPS), en relación con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante LRJPAC), con una sanción de multa de doscientos cuarenta (240) euros.

Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, que tiene entrada en este Departamento el día 19 de abril de 2006, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

"Que se disponía de Hojas de Reclamación a disposición de los consumidores y que en ningún momento se negó a su entrega, así como que exhibía el cartel anunciador de su existencia, no siendo responsable de lo que se le imputa, no estando tipificado la falta de cumplimentación de las Hojas de Reclamación además de desconocerse que debían cumplimentarse previamente, solicitando se proceda a la nulidad de la resolución o en su caso y de acuerdo con el principio de proporcionalidad se disminuya su importe."

Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso no cabe realizar objeción alguna por cuanto ha sido interpuesto en plazo y forma, esto es dentro del plazo del mes previsto en el artículo 115.2 de la LRJPAC, la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el presente recurso, y el órgano competente para su resolución es la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 12 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canaria.

Segundo.- Que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 3, apartado 1, letras b), c) y f), artº. 12, artículos 27 y 40, apartado 4, letras c) y g) y Disposición Transitoria Segunda de la LECUCAC y artº. 3, apartado 1, letras b) y c), artículos 27, 40, apartado 4, letra g) y Disposición Transitoria Segunda de la misma, en concordancia con el artº. 2.2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artículo 39, apartado 2, de la LECUCAC y el artº. 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con el artículo 2 y la Disposición Transitoria Única del Decreto 178/2003 (B.O.C. nº 143), por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias.

Cuarto.- Que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso pueden ser tomadas en consideración, pues comportan justificación legal suficiente para estimarlo, y ello porque:

- El Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148, de 5.12.94), establece en su artº. 2 que "el establecimiento deberá tener cumplimentados los datos de identificación del mismo que constan en las Hojas de Reclamaciones". Por tanto, los hechos descritos en el acta de infracción sí constituyen una infracción en materia de consumo, sin embargo el procedimiento seguido ha tomado como precepto a imputar al interesado el artº. 40.4.g) de la LECUCAC, que describe una infracción distinta ("la carencia o la no tenencia de Hojas de Reclamaciones, la negativa a su entrega o la no exhibición en lugar visible del cartel anunciador de su existencia") por lo que se ha vulnerado el principio de tipicidad de la infracción previsto en el artº. 129 de la LRJPAC, que prevé que "sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones al ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley (...)". Y es que en efecto, la infracción a imputar al recurrente debería haber sido la del artº. 40.4.m) de la LECUCAC, que regula como infracción leve "el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones expresamente establecidos en la normativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios y disposiciones complementarias, cuando no suponga falta grave o muy grave".

Todo lo cual supone que debe estimarse el recurso por vulnerar uno de los principios fundamentales del procedimiento sancionador, el de tipicidad, no siendo posible la aplicación analógica de las normas definidoras de infracciones y sanciones (artº. 129.4 LRJPAC), debiendo anularse la sanción impuesta.

Quinto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, modificada parcialmente por la Ley 4/1996, de 5 de noviembre y la Ley 8/2001, de 3 de diciembre (B.O.C. nº 161, de 14.12.01), le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

VISTOS

El Título V de la Ley 3/2003, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12), y Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, artº. 3, apartado 1, letras b) y c), artículos 27, 40, apartado 4, letra g) y Disposición Transitoria Segunda de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34), en concordancia con el artº. 2.2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148), el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias y demás disposiciones de general o particular aplicación.

La Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Estimar el recurso de alzada interpuesto por Dña. Laura Betancor González, en representación del Centro de Formación Canario, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 14 de marzo de 2006, recaída en el expediente nº 35/192/2005, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de doscientos cuarenta (240) euros, y en consecuencia anular la sanción impuesta.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente de Las Palmas de Gran Canaria o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- La Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, María Luisa Tejedor Salguero.



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