No habiéndose podido notificar a D. José Miguel Delgado Hernández en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1543/04-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. José Miguel Delgado Hernández la Resolución de fecha 4 de septiembre de 2006, recaída en el expediente con referencia 1543/04-U, y que dice textualmente:
"Acuerda multa y demolición.
Examinado el expediente instruido por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. José Miguel Delgado Hernández por la ejecución de obras de "edificación de dos plantas de altura y unos 150 m2 de superficie", careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial) y sin la preceptiva licencia municipal de obras, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en el lugar denominado "Lomo La Pina", en el término municipal de Güímar.
Vistos, informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- En el lugar denominado "Lomo La Pina", en suelo clasificado como rústico, no categorizado como asentamiento rural o agrícola, en el término municipal de Güímar, se realizaron obras consistentes en "edificación de dos plantas de altura y unos 150 m2 de superficie", promovidas por D. José Miguel Delgado Hernández, careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial) y sin la preceptiva licencia municipal de obras, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Segundo.- Con fecha 4 de febrero de 2005, por Resolución nº 349 de esta Agencia, se resuelve suspender las obras e instar al interesado para que solicite la preceptiva cobertura legal.
Tercero.- Con fecha 4 de mayo de 2006 la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por Resolución nº 1131, acordó incoar el oportuno expediente sancionador contra D. José Miguel Delgado Hernández.
Cuarto.- Por el Instructor del expediente se formuló como Propuesta de Resolución la imposición de una multa de treinta mil (30.000,00) euros a D. José Miguel Delgado Hernández como responsable de una infracción, por la ejecución sin los preceptivos títulos legitimantes de obras en suelo rústico, consistentes en "edificación de dos plantas de altura y unos 150 m2 de superficie", en el lugar denominado "Lomo La Pina", en el término municipal de Güímar, así como acordar la demolición de las obras ilegalmente construidas.
Quinto.- Con referencia al citado expediente, D. José Miguel Delgado Hernández presenta escrito de alegaciones, en el que sucintamente expone:
- No ha realizado construcción alguna, toda vez que la que existe fue adquirida con la propiedad en el año 1997, habiendo sido construida muchos años antes, resultando por ende de aplicación las normas relativas a la prescripción urbanística. Se acompaña contrato de compraventa.
- A la obra no le puede ser de aplicación el Texto Refundido, dado que no se ha realizado obra alguna con posterioridad a la entrada en vigor de dicha norma.
- En cuanto a la antigüedad de la edificación, data del año 1984 contando ya en dicha época con suministro de energía eléctrica, para abastecer las necesidades de la explotación agrícola existente. Se acompaña documento de la compañía Endesa-Unelco, donde se refleja el alta en el servicio el 22 de octubre de 1984, así como factura de pago de energía eléctrica del mes de noviembre de 1997.
- Igualmente se acompaña informe técnico del Ingeniero Técnico Agrícola D. Tomás Enrique Martín González en el que se detalla la situación actual de la finca, la antigüedad de la construcción (más de cinco años), y la adscripción de la edificación a la explotación agraria.
- Solicita el archivo del expediente sancionador.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, modificado por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II.- Las actuaciones en suelo rústico requieren calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos 25, 27, 66, 166, 168 y 170 del Texto Refundido.
En relación a las alegaciones del interesado cabe señalar:
En cuanto a la alegación atinente a que no ha realizado construcción alguna, toda vez que la que existe fue adquirida con la propiedad en el año 1997, habiendo sido construida muchos años antes, y resultando por ende de aplicación las normas relativas a la prescripción urbanística, aportándose como elemento probatorio copia del contrato de compraventa, de 15 de marzo de 1997, cabe señalar, que en dicho contrato no se hace alusión a la edificación, sino únicamente a la venta de una finca y, de cualquier manera, con fecha 22 de agosto de 2006, el Servicio Técnico de esta Agencia evacua informe referido a la antigüedad de las obras, en el que hace constar que, consultada la cartografía de Grafcan, y concretamente el archivo de ortofotos correspondiente al año 1997, se observa claramente que en dicho año, y en ese lugar concreto no existía ninguna edificación.
Tampoco puede prosperar la prescripción alegada, habida cuenta de que, conforme acredita el material fotográfico adjunto al informe de seguimiento de precinto de 25 de abril de 2005 y al informe técnico de 24 de octubre de 2005, las obras en dichas fechas se encontraban aún sin finalizar. Establece el artículo 205 del Texto Refundido, que las infracciones graves prescriben a los dos años, iniciándose el cómputo de tal plazo atendiendo a la fecha de su total terminación. Así, cita el artículo 201.1 del referido Texto que "cuando la infracción se haya cometido con ocasión de la ejecución de obras (...), el plazo de prescripción de aquélla nunca comenzará a correr antes de la total terminación (...)". Por consiguiente, el argumento esgrimido en relación con el instituto jurídico de la prescripción, decae por su propio peso.
Los restantes pronunciamientos son irrelevantes, toda vez que se basan en una serie de hechos que no convalidan jurídicamente la infracción cometida.
III.- Los hechos denunciados, que han sido probados y no desvirtuados por prueba alguna en contrario, son constitutivos de una infracción tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Texto Refundido, y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias que concurren en el presente expediente, al carecer las obras objeto de este expediente de los preceptivos títulos legitimantes, calificación territorial y licencia municipal de obras.
IV.- De conformidad con el artículo 179 de dicho Texto Refundido, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente, a reponer los terrenos al estado inmediatamente anterior a la infracción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
V.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer una multa de treinta mil (30.000,00) euros a D. José Miguel Delgado Hernández, en calidad de promotor de las obras, de conformidad con el artículo 189 del Texto Refundido.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole de que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y así constase en el acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del Texto Refundido.
Tercero.- Advertir al interesado de que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un noventa por ciento (90%), de la que se haya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago, todo ello de conformidad con el artículo 182 del Texto Refundido.
Cuarto.- Notificar la presente Resolución al interesado y al Ayuntamiento de Güímar.
El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remita la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.
Se hace constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa y por lo tanto, contra el mismo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto, o directamente cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2006.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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