BOC - 2006/193. Martes 3 de Octubre de 2006 - 3610

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

3610 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18 de septiembre de 2006, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Moisés Pérez Fernández, interesado en el expediente nº 830/00-U.

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No habiéndose podido notificar a D. Moisés Pérez Fernández en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Propuesta de Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 830/00-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Moisés Pérez Fernández la Propuesta de Resolución de fecha 28 de julio de 2006, recaída en el expediente con referencia 830/00-U, y que dice textualmente:

"Examinado el expediente sancionador instruido por esta Agencia seguido frente a D. Moisés Pérez Fernández por realizar obras, en suelo rústico, consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar, sin contar con la preceptiva licencia urbanística ni la previa calificación territorial, en el lugar denominado "Botazo-Buenavista de Arriba", en el término municipal de Breña Alta, en la isla de La Palma.

Vistos el informe emitido por el Servicio Técnico de este Centro Directivo, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado "Botazo-Buenavista de Arriba", en suelo clasificado como rústico, en el término municipal de Breña Alta, se realizaron obras consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar, promovidas por D. Moisés Pérez Fernández, sin contar con los títulos legitimantes (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).

Segundo.- Con fecha 23 de mayo de 2001, por Resolución nº 861, se ordena la suspensión de las obras.

Tercero.- Con fecha 1 de marzo de 2006 se realiza informe por nuestra Oficina Técnica en donde se valora la obra en cincuenta y un mil novecientos (51.900) euros.

Cuarto.- El 22 de mayo de 2006 se dictó la Resolución nº 1348 por el Director Ejecutivo de esta Agencia en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D. Moisés Pérez Fernández, promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del TRLoTENC y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal, con multa de 6.010,13 a 150.352,03 euros sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.

Quinto.- El 6 de julio de 2006, Dña. María de los Ángeles Martín ha presentado alegaciones, en donde se apunta sucintamente:

- Que tiene interés legítimo en el expediente, existiendo tanto defecto de notificación como defecto de procedimiento, que suponen indefensión.

- Que el órgano sancionador es incompetente.

- Que existen vicios insubsanables en la incoación, así como que la infracción ha prescrito.

- Que se interesa la práctica de prueba.

Sexto.- D. Moisés Pérez Fernández, contra la incoación, no ha presentado alegaciones en plazo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 del Decreto 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLoTENC).

II

En cuanto a las alegaciones aducidas por Dña. María de los Ángeles Martín como parte implicada, y resultando de la documentación obrante en el expediente, que efectivamente es parte afectada, se le contestan dichas alegaciones señalando:

- Que el presente procedimiento sancionador se ha iniciado contra D. Moisés Pérez Fernández como promotor de la obra que trae causa en este expediente, con independencia de que puedan existir otras personas responsables contra las que pueda repetir acciones. Si bien al entenderse que Dña. María de los Ángeles Martín es persona afectada por la apertura de este expediente administrativo al constar que mantuvo una relación marital con el denunciado y habiéndosele otorgado el usufructo de la vivienda que trae causa de este expediente, se le contesta en este acto a sus alegaciones. Ahora bien, el hecho de poder ser persona interesada no significa que se le tenga necesariamente que notificar el inicio de una resolución, cuando se le ha iniciado contra el que fuera su marido, como promotor de la obra, notificándosele la misma; entendiéndose por tanto perfectamente iniciado y notificado el procedimiento sancionador. Por todo ello no se puede entender que haya existido indefensión por falta de notificación, así como tampoco por haber contravenido ni el TRLoTENC ni el Real Decreto 1.398/1993, pues se ha respetado en todo momento la normativa de aplicación.

- Que ya fue señalado en el inicio del presente procedimiento sancionador (de 22 de mayo de 2006), que esta Agencia tiene la competencia para incoar en virtud del artículo 190 del TRLoTENC. Toda vez que no consta que haya operado el instituto de la prescripción pues este supuesto ocurre a los dos años desde que la obra está totalmente terminada para no poder sancionarse por la infracción cometida, y cuatro años para ordenar su demolición (artículos 201.1, segundo párrafo, 202.3.b), 205.1 y 180.1 del TRLoTENC). Recordando que consta en el expediente documentación suficiente en donde se constata que la obra es de nueva construcción, y no una ampliación de una vivienda preexistente setenta y cinco años atrás, apreciándose ello claramente en las distintas fotografías incorporadas al mismo.

- Que ya ha sido señalado que esta Agencia es competente para incoar expediente sancionador por existir una infracción al edificarse una obra nueva sin los pertinentes títulos habilitantes, y habiéndose actuado, por parte de esta Administración respetando en todo momento la normativa de aplicación. Toda vez que, hay que recordar que la solicitud de calificación territorial al Cabildo de La Palma como trámite obligatorio para la legalización de la obra, fue denegado, por tanto no se puede entender, de ninguna manera, que los hechos fueron tolerados por la Administración, como afirma el interesado. Así como que tampoco se deba declarar la prescripción, máxime cuando en octubre de 2002 se confirma la suspensión de las obras en la Resolución 1949 por la que se resuelve el recurso de reposición frente a la orden de suspensión. Si bien, y en otro orden de cosas, no hay que confundir la orden de suspensión, como medida cautelar, en virtud del artº. 176 del TRLoTENC (que de ninguna manera ha quedado sin efecto como señala el interesado), con el procedimiento sancionador (iniciado el 22 de mayo de 2006, y por tanto no estando caducado al mantenerse en plazo (artículos 20.6 del Real Decreto 1.398/1993 y 191.1 del TRLoTENC), el cual es ajeno a aquél. Habiéndose ya señalado y esclarecido que el plazo de prescripción de la infracción sólo puede empezar a correr una vez esté la obra totalmente terminada. Matizando nuevamente que la construcción por la que se ha iniciado este procedimiento sancionador no es de ampliación de una vivienda preexistente, sino que se trata de una obra nueva de unos 100 m2 de superficie, valorándose la misma de acuerdo con los criterios recogidos en los baremos orientativos del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, utilizando la fórmula que se detalla en el propio informe de 22 de octubre de 2001. Por tanto se desprende de lo referenciado que la obra tampoco está terminada desde hace más de cinco años (recordar que en octubre de 2002 se resuelve mantener suspendida la obra), como también afirma el propio interesado.

- Que esta Administración está dispuesta a recibir cualquier documentación tendente a demostrar las alegaciones vertidas por el interesado, si bien rechaza por innecesarias (artº. 80.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre) las documentales respecto a solicitar al Ayuntamiento por parte de esta Agencia certificado para verificar que la obra es de ampliación así como la fecha de su inicio, cuando de la documentación obrante en el expediente se constata sin lugar a dudas que la obra es de nueva ejecución, así como que, por lo ya señalado anteriormente, la fecha de inicio de la misma es irrelevante a efectos de prescripción. De la misma manera no se solicitará al Ayuntamiento informe sobre la competencia para incoar pues esta Agencia en virtud del artículo 190 del TRLoTENC, tiene plena competencia para tramitar expedientes sancionadores, cuando como en este caso, se inicie una obra careciendo de calificación territorial y licencia municipal de obras.

III

Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de infracción, tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3 del citado TRLoTENC, y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas establecidas, respectivamente, en los artículos 197, 198 y 199 de ese mismo Texto Refundido que concurran en el presente expediente, toda vez que existe ausencia de beneficio económico, desconocimiento de la normativa legal y ausencia de causar daño, la multa se propone dentro de la mitad inferior del tipo, en ponderación de la incidencia de dichas atenuantes en la valoración de la infracción, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del mismo.

IV

En virtud del artículo 179.1 del TRLoTENC las Propuestas de Resolución que se formulen en todos los procedimientos sancionadores deberán incluir las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando, instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y, de la instrucción del procedimiento, resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado, con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

V

En virtud del artículo 182 del TRLOTC, si los responsables de la alteración de la realidad física repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un noventa por ciento (90%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.

VI

Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

En virtud de lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer una multa de treinta mil (30.000,00) euros, en función de la ponderación de las circunstancias concurrentes en la valoración global de la infracción a D. Moisés Pérez Fernández, en calidad de promotor de las obras descritas en los antecedentes de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 189 del TRLoTENC, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 202.3 del TRLoTENC, y sancionada en el artº. 203.1.b) del mismo Texto Legal.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndoles de que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y así constase en el acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento (50%).

Tercero.- Advertir al interesado de que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un noventa por ciento (90%), de la que se haya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.

Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.

Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución al interesado.

De todo lo cual se da traslado al interesado, concediéndole un plazo de quince días, contados a partir del día en que se le notifique la presente Resolución, para que pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Adjunto se acompaña relación de los documentos obrantes en el procedimiento a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBRANTES

EN EL EXPEDIENTE Nº 830/00-U

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección General de Tributos en su Resolución de 23 de enero de 2006, por la que se informa sobre el importe actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2006.

- Denuncia.

- Resolución de suspensión.

- Alegaciones.

- Resolución por la que se acuerda dejar sin efecto la suspensión.

- Resolución de suspensión.

- Alegaciones.

- Informe Técnico, valoración y fotos.

- Resolución resolviendo recurso de reposición frente a la suspensión.

- Nuevo Informe Técnico, valoración y fotos.

- Resolución de incoación.

- Notificaciones.

- Publicación en el Boletín Oficial de Canarias (para notificación).

- Alegaciones."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2006.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.



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