BOC - 2006/193. Martes 3 de Octubre de 2006 - 3608

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

3608 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 14 de septiembre de 2006, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña. María de los Ángeles Benítez Díaz, de la Resolución recaída en el expediente nº 471/03-U.

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No habiéndose podido notificar a Dña. María de los Ángeles Benítez Díaz en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 471/03-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. María de los Ángeles Benítez Díaz la Resolución dictada por el Ilmo. Director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2151, de fecha 16 de agosto de 2006, recaída en el expediente con referencia 471/03-U y que dice textualmente:

"Examinado el expediente sancionador instruido por esta Agencia para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a Dña. María de los Ángeles Benítez Díaz, por la ejecución de obras en suelo rústico no categorizado como asentamiento rural o agrícola, careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial o, en su caso, proyecto de actuación territorial) y sin la preceptiva licencia urbanística, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC), obras consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar de una planta de altura y muro de cerramiento perimetral, en el lugar conocido por "Las Rosas", en el término municipal de El Rosario.

Vistos informes técnicos, y demás documentos obrantes en el expediente y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado "Las Rosas", en suelo clasificado como rústico, en el término municipal de El Rosario, se realizaron obras consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar de una planta de altura y muro de cerramiento perimetral, promovidas por Dña. María de los Ángeles Benítez Díaz, careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial o, en su caso, proyecto de actuación territorial) y sin la preceptiva licencia urbanística, tal y como establecen los artículos 27, 166, y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).

Segundo.- Con fecha 14 de julio de 2003, por Resolución nº 1086 se ordena la suspensión de las obras.

Tercero.- Con fecha 15 de febrero de 2005 se realiza informe por nuestra Oficina Técnica en donde se valora la obra en cincuenta y seis mil setenta y nueve euros con cincuenta y dos céntimos (56.079,52 euros).

Cuarto.- El 29 de mayo de 2006 se dictó la Resolución nº 1435 por el Director Ejecutivo de esta Agencia en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra Dña. María de los Ángeles Benítez Díaz, promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del TRLoTENC y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal, con multa de 6.010,13 a 150.352,03 euros sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.

Quinto.- El día 22 de junio de 2006, y dentro del plazo de alegaciones contra la reseñada incoación, la interesada presentó escrito ante esta Agencia, en el cual expuso únicamente los siguientes argumentos:

- Que se archive el expediente en virtud de la Ley 4/2006, de 22 de mayo.

- Que se propone la práctica de medios de prueba.

Sexto.- En relación con las citadas alegaciones por el Instructor del expediente se señaló:

- Que independientemente de la situación personal del denunciado, hay que recordar que cualquier obra hay que ejecutarla previa obtención de los títulos administrativos habilitantes, si bien la nueva Ley de 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del TRLoTENC ha sido aprobada para beneficiar a aquellas personas menos favorecidas que cumplan con unos requisitos, que conoce perfectamente el interesado, pues los plasma en sus alegaciones, toda vez que sobre los mismos debe constar su acreditación. Todo ello se establece para poder suspender la ejecución material de la orden de demolición, no para evitar que se dicte, así como para reducir la cuantía de la multa en un 60% cuando, como ya se ha reseñado, consta de forma acreditada que se cumple con los requisitos señalados en el artículo 3 de la citada Ley 4/2006, de 22 de mayo. Es por tanto obvio que con lo aportado por el interesado no se puede determinar que se cumpla con los requisitos establecidos en la Disposición Transitoria Duodécima 1º del TRLoTENC ya reiterados.

- Que con lo señalado, se desprende, que la acreditación de los requisitos de la Disposición Transitoria Duodécima 1º del TRLoTENC debe ser aportada por el interesado, y no por esta Administración. Toda vez que, los certificados que se puedan emitir desde el Ayuntamiento, respecto a cumplimentar con los citados requisitos, deben referirse a la totalidad de los mismos para poder acogerse a los ya mencionados beneficios de reducción de multa y suspensión de la ejecución material de la orden de demolición.

Asimismo por el Instructor del expediente se formuló como Propuesta de Resolución la imposición de una multa de treinta mil (30.000,00) euros a Dña. María de los Ángeles Benítez Díaz, como responsable de una infracción tipificada en el artículo 202.3 del TRLoTENC y sancionada en el 203.1.b) del mismo cuerpo legal, consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar de una planta de altura y muro de cerramiento perimetral en el lugar conocido como "Las Rosas", en el término municipal de El Rosario.

Séptimo.- Con fecha de 28 de abril de 2006 la interesada presenta escrito de alegaciones contra la Propuesta de Resolución en el que sucintamente, expone que:

- Reitera las alegaciones ya vertidas.

- Se acoge a la aplicación de la Ley 4/2006, de 22 de mayo.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Decreto 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la misma.

II

Las actuaciones a realizar en suelo rústico requieren, con carácter previo al otorgamiento de la licencia municipal de obras, de la preceptiva calificación territorial o proyecto de actuación territorial, de conformidad con los artículos 25, 27, 66, 166, 168 y 170 del TRLoTENC.

III

En cuanto a las alegaciones de la interesada cabe señalar que:

Ya fue señalado en la Propuesta de Resolución que si se cumplieran con los requisitos exigidos por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, se beneficiaría la denunciada de su aplicación, toda vez que hay que tener en cuenta que aún cuando la interesada hubiese podido acreditar la concurrencia de los requisitos exigidos por la Ley 4/2006, en su artículo 3 (Disposición Transitoria Duodécima del TRLoTENC), no sería ésta la fase procedimental que pudiera acordarla. Por tanto se estudiará en el momento oportuno la documentación aportada para convenir si efectivamente se cumplen con los requisitos de la mencionada Ley 4/2006 reduciéndose la multa impuesta en un 60% y suspendiendo la ejecución material de la orden de demolición en su caso. Reiterando como ya se significara en la propia Propuesta de Resolución, y en otro orden de cosas, que la situación personal de la interesada no le excluye de estar sometida a la aplicación de la normativa vigente en materia urbanística, lo que le confiere la obligación de ejecutar toda obra previa obtención de los títulos habilitantes pertinentes.

Si bien, por otro lado, no se puede obviar que si se legalizara la vivienda en un futuro próximo la ejecución material de la orden de demolición no se llevaría a cabo, toda vez que la sanción si mantendría desplegando sus efectos pues la infracción ya ha sido cometida.

IV

Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de infracción, tipificada en artículo 202 del citado TRLoTENC, calificada de grave en el mismo artículo y sancionada artículo 203 del mismo texto legal con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas establecidas, respectivamente, en los artículos 197, 198 y 199 de ese mismo Texto Refundido, que concurran en los hechos objeto del presente expediente, toda vez que existe paralización de las obras, ausencia de beneficio económico y ausencia de intención de causar daño, la multa se fija dentro de la mitad inferior del tipo, en ponderación de la incidencia de dichas atenuantes en la valoración de la infracción.

V

De conformidad con el artículo 179 de dicho Decreto Legislativo, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente y a reponer los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubique o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

VI

Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer una multa de treinta mil (30.000,00) euros, en función de la ponderación de las circunstancias concurrentes en la valoración global de la infracción, a Dña. María de los Ángeles Benítez Díaz en calidad de promotora de las obras objeto de este procedimiento, de conformidad con el artículo 189 del TRLoLENC, por la comisión de la infracción calificada de grave en el artículo 202.3.b) del citado TRLoTENC, y sancionada en el artº. 203.1.b) del mismo cuerpo normativo.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir a los interesados para que en el plazo de un mes, presenten en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria, advirtiéndoles que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y así constase en el acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento (50%).

Tercero.- Advertir a la interesada de que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un noventa por ciento (90%), de la que se haya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.

Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a la interesada y al Ayuntamiento de El Rosario.

El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Hacienda a este fin, una vez sea firme la Resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.

Se hace constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa y por lo tanto contra el mismo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto, o directamente cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de septiembre de 2006.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.



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