No habiéndose podido notificar a D. Domingo Sierra Rodríguez en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia en el expediente nº 1080/01-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Domingo Sierra Rodríguez la Resolución dictada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 2 de agosto de 2006 recaída en el expediente de referencia, nº 1080/01-U y que dice textualmente:
"Examinado el expediente instruido por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. Domingo Sierra Rodríguez, por la ejecución sin los preceptivos títulos legitimantes de obras en suelo rústico no categorizado como asentamiento rural o agrícola, consistentes en la construcción de edificación de dos plantas de 200 m2 en estructura la planta baja y pilares la primera planta, en el lugar denominado "La Montañeta-Buzanada", en el término municipal de Arona.
Vistos los informes técnicos y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En el lugar conocido como "La Montañeta-Buzanada" en el término municipal de Arona, se están ejecutando obras en suelo rústico no categorizado como asentamiento rural o agrícola, consistentes en la construcción de "La Montañeta-Buzanada", promovidas por D. Domingo Sierra Rodríguez, careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial o, en su caso, proyecto de actuación territorial) y sin la preceptiva licencia urbanística.
Segundo.- Con fecha 22 de noviembre de 2001, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dictó Resolución nº 1757, notificado el día 17 de diciembre de 2001, por la que se acordó suspender las obras antes descritas, proceder al precinto de las mismas y requerir al afectado para que en el plazo de tres meses instara la legalización de las obras objeto de este expediente.
Tercero.- Con fecha 22 de marzo de 2006, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, mediante Resolución nº 783, acordó incoar el oportuno expediente sancionador contra D. Domingo Sierra Rodríguez.
Cuarto.- Por el Instructor del expediente se formuló como Propuesta de Resolución, la imposición de una multa de treinta y siete mil quinientos (37.500) euros a D. Domingo Sierra Rodríguez, como responsable de una infracción urbanística tipificada y calificada como grave, por el artículo 202.3.b), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, así como acordar la demolición de las obras ilegalmente construidas.
Quinto.- Notificada la Propuesta de Resolución al interesado, éste presenta escrito de fecha 20 de junio de 2006, por el que sucintamente alega:
- Nulidad del expediente, por caducidad del procedimiento, la falta de competencia de la Agencia, caducidad de la acción por más de seis meses.
- Será como se dijo en fecha 2001 cuando se inicia el expediente y a la par se paraliza la construcción, no habiéndose notificado otro acto hasta la propuesta que hoy se alega.
- Vulneración de la Ley 30/1992 al exceder de tres meses siendo el plazo de caducidad de la acción de seis.
- Que se ha alcanzado la legalización gracias a la inactividad de la administración.
- Que el plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día en que se hubiera cometido la infracción.
- Que no ha sido incoado en tiempo y forma, superándose claramente el plazo perentorio de dos meses para notificar la iniciación al presunto infractor.
- Que la Agencia debe comunicar al Ilmo. Ayuntamiento de Arona su resolución de incoación del expediente.
- Que no se tiene en consideración las circunstancias nacidas de la Ley 4/2006, en relación a la situación de la finca, su calificación urbanística actual, y la que se tiene en tramitación a través del Plan General de Ordenación Urbana de Arona.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 229 del Decreto 1/2000, de 8 de mayo, que aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTC), en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la misma.
II.- Las actuaciones a realizar en suelo rústico requieren, con carácter previo al otorgamiento de la licencia municipal de obras, de la preceptiva calificación territorial o proyecto de actuación territorial, de conformidad con los artículos 25, 27, 66, 166, 168 y 170 del TRLOTC.
III.- Las alegaciones realizadas por el interesado no vienen a desvirtuar el hecho cierto y objetivo por el que se incoa el presente procedimiento, consistente en la inexistencia de los permisos necesarios para realizar las obras de las que trae causa este expediente, toda vez que es requisito imprescindible la obtención de las correspondientes autorizaciones con anterioridad a la ejecución de la referida obra.
Las obras se han ejecutado sin la obtención de las preceptivas autorizaciones y este hecho es suficiente para incoar el procedimiento sancionador correspondiente, porque desde el momento que se ejecutaron las obras sin las mismas se produjo el hecho tipificado en el artículo 202.3, apartado b) del TRLoTENC, no obstante el hecho de que las obras pudieran ser legalizables, no exime al interesado de la obligación de obtener las autorizaciones preceptivas. En el presente caso se ha de señalar que aunque hipotéticamente en un futuro el Plan General de Ordenación cambiara la clasificación o la calificación del suelo en el que se ubica la edificación destinada a uso residencial, ello en modo alguno eliminaría la infracción presuntamente cometida, ni las consecuencias puramente sancionadoras que de ella se derivaran. Por otra parte, dado que lo ejecutado es incompatible con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables [al tratarse de una edificación destinada a vivienda, de nueva planta, situada en suelo rústico no calificado por el planeamiento vigente como asentamiento rural ni como asentamiento agrícola, por lo que se vulnera el artículo 66.7.a) del TRLoTENC], no existe fundamento legal alguno que impida actualmente a la Administración el proponer ordenar la reposición del terreno al estado anterior a la comisión de la infracción, mediante la demolición de la edificación. Y no es óbice para ello el que hipotéticamente en un futuro el Plan General de Ordenación pudiera cambiar la clasificación o la calificación del suelo en el que se ubica ésta, ya que no cabe posponer indefinidamente el cumplimiento de la legalidad (en este caso, el atender al mandato establecido en el artículo 179 TRLoTENC, según el cual, en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de reposición de la realidad física alterada), en espera de que eventualmente tuviese lugar un hecho (el cambio de clase o de categoría de suelo) que en la actualidad es futuro e incierto. Así, vemos cómo para que una licencia de legalización pueda ser otorgada válidamente es preciso que lo ejecutado se ajuste a la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable (es decir, vigente en el momento de su concesión) [artº. 166.5.a) TRLoTENC por remisión del artº. 178.2 TRLoTENC], no siendo posible, por tanto, concederla al amparo de una ordenación futura. De la misma forma, el artículo 179.1 TRLoTENC exige que la Propuesta de Resolución del expediente sancionador incluya la medida de reposición de la realidad física alterada si de la instrucción del procedimiento resulta la incompatibilidad de lo realizado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables (es decir, vigentes en el momento de emitir ésta), no siendo posible, por tanto, el posponer la propuesta de adopción de esta medida en espera de un futuro e hipotético cambio de clase o de categoría de suelo.
En cuanto a la caducidad del procedimiento decir, que la medida cautelar de suspensión ordenada por resolución nº 1757 de fecha 22 de noviembre de 2001 y notificada el siguiente 17 de diciembre de 2001, se encuentra recogida en el artículo 176 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, siendo diferente de aquellas otras que se establecen en el artículo 72 de la Ley 30/1992, puesto que las del artículo 176 del Decreto Legislativo 1/2000, se dictan de forma inmediata con anterioridad a la incoación del procedimiento sancionador y las del artículo 72 de la Ley 30/1992, se refieren a aquéllas que una vez iniciado el procedimiento y facultativamente pueden ser adoptadas por el órgano administrativo competente para resolver dicho procedimiento con el fin de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer en el mismo. Igualmente se ha de hacer constar que el procedimiento sancionador incoado es por la realización de obras sin las preceptivas autorizaciones que establece la ley, por lo que en modo alguno se estima la referida alegación. La resolución, de suspensión de las obras que se vienen ejecutando ilegalmente, no es una medida dependiente de procedimiento sancionador alguno, ni se trata de una medida de las denominadas provisionalísimas en el artículo 72.2 de la Ley 30/1992.
El Capítulo V, del Título V, del Decreto Legislativo 1/2000, regula el procedimiento de protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado y distingue perfectamente dos supuestos, el primero en cuanto los actos de construcción, edificación, etc. se encuentran en curso de ejecución sin la concurrencia de los presupuestos legales que los legitiman o contraviniendo sus condiciones, frente a los que cabe la medida de suspensión de los mismos, como primer paso del restablecimiento del orden jurídico perturbado y el segundo de los supuestos es cuando los actos han concluido.
En el presente caso las obras denunciadas estaban en ejecución por lo que en cumplimiento del artículo 176 del Decreto Legislativo 1/2000, se acordó la suspensión de las obras, y además se requirió al interesado para que instara la legalización de las mismas, obligación que no está unida a la incoación de un procedimiento sancionador, puesto que mientras el interesado no disponga de las autorizaciones pertinentes no puede continuar con la ejecución de las obras puesto que es una obligación de origen legal y de protección del interés general, la cual no puede depender de una probable incoación de un expediente sancionador.
Ahora bien, la apreciación de una presunta comisión de una infracción va a dar lugar a la incoación, instrucción y resolución del correspondiente expediente sancionador, cuyo inicio no está sometido a plazo procedimental alguno.
Una medida tiene el carácter de provisional o provisionalísima cuando está encaminada a asegurar la eficacia de la resolución que pudiera adoptarse en un procedimiento administrativo, que en nuestro caso será el procedimiento sancionador, y en éste la suspensión no tiene tal carácter puesto que es indiferente que se hayan suspendido las obras en ejecución o no ya que no influyen en la resolución del procedimiento sancionador, en el cual si se demuestra la infracción cometida conlleva una multa pecuniaria que se impondrá se haya suspendido o no la obra. Incluso la orden de restablecimiento que pudiera adoptarse en el procedimiento sancionador y que no tiene carácter de sanción, tampoco depende de la continuidad de la obra o no. Con fecha 22 de marzo de 2006, se dicta resolución nº 783, por la que se acuerda incoar el correspondiente expediente sancionador, notificándose la misma al Ayuntamiento de Arona con fecha 3 de abril de 2006, y no pudiéndose notificar a D. Domingo Sierra Rodríguez, en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se acuerda publicar dicha resolución de conformidad con el apartado cuarto del mencionado con fecha 27 de abril de 2006 y al mismo tiempo se remite la misma al correspondiente Ayuntamiento para su publicación en el tablón de edictos, dentro de plazo (artº. 205.1 TRLoTENC) de prescripción de la infracción, este plazo comienza a correr con la total terminación de las obras (artº. 201.1.2º párrafo), cosa que a fecha de la última inspección realizada por nuestro servicio técnico, el 12 de septiembre de 2005, aún no se había producido. Por lo tanto la infracción no sólo no ha prescrito, sino que aún no se ha iniciado el plazo de prescripción, pues no se han finalizado las obras.
En lo relativo a la competencia de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente en forma directa para sancionar en suelo rústico, por realización de obras/implantación de usos careciendo de calificación territorial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 190.1.c).3, TRLoTENC. La calificación territorial, según los artículos 14.3.c) y 27.1 del TRLoTENC, es un instrumento de ordenación territorial que ultima y complementa la ordenación urbanística, territorial y medioambiental. En estos casos (como el que nos ocupa), la competencia de la Agencia para sancionar es por falta de calificación territorial y entendiendo que prevalece frente a la competencia del Ayuntamiento para sancionar por falta de licencia urbanística municipal, ya que el artículo 190.1, último párrafo TRLoTENC, establece que: "cuando en un mismo supuesto concurran presuntas infracciones de la competencia municipal o insular y de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, la competencia corresponderá a esta última".
En relación a la aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 12ª 6º) del Texto Refundido introducida por la Ley 4/2006, de 22 de mayo (artículo 3), debe tenerse en cuenta que, aún cuando la reforma operada por la referida Ley entró en vigor el día 31 de mayo de 2006, siendo desde entonces normativa de aplicación directa por parte de este Organismo, se trata de una medida prevista para órdenes de demolición ya dictadas, esto es, adoptadas en las resoluciones finales de los procedimientos sancionadores o de restablecimiento de la realidad física alterada, por lo que no es éste el momento procedimental oportuno para acordarla dado que no puede suspenderse la ejecutoriedad de una orden de demolición que aún no se ha dictado.
En cuanto a la prueba documental solicitada decir que no es el momento procedimental oportuno para solicitarlo, no obstante dichos documentos de modo alguno, justificaría un hecho probado y cierto, que es la realización de obras sin las autorizaciones preceptivas.
IV.- Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de infracción administrativa tipificada y calificada como grave en el artículo 202.3.b) del TRLOTC y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo texto legal con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros, ello en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, al carecer las obras objeto de este expediente de la autorizaciones pertinentes, esto es, calificación territorial y licencia municipal de obras.
En función de las circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas establecidas en los artículos 197, 198 y 199 del TRLOTC, que concurren en el presente expediente, toda vez que han podido ser apreciadas las atenuantes de ausencia de intención de causar daño tan grave a los interesados públicos afectados, la atención al grado de conocimiento de la normativa legal y de las técnicas de obligatoria observancia por razón de oficio, por la paralización de las obras de modo voluntario, tras la inspección y la pertinente advertencia del agente de la autoridad, así como la circunstancia agravante teniendo en cuenta la valoración de las obras contenidas en el presente expediente, resulta aplicable una sanción por importe de treinta y siete mil quinientos (37.500,00) euros.
V.- De conformidad con el artículo 179 del TRLOTC, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente y a reponer los terrenos al estado inmediatamente anterior a la infracción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
VI.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer una multa de treinta y siete mil quinientos (37.500,00) euros a D. Domingo Sierra Rodríguez, en calidad de propietario/promotor del terreno en que se ha promovido la obra consistentes en la construcción de una edificación de dos niveles de altura destinada a salón y futura vivienda, de 200 m2 en estructura la planta baja y pilares la primera planta, de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndoles de que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común.
En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y así constase en el acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento (50%).
Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un noventa por ciento (90%), de la que se haya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.
Cuarto.- Notificar la presente Resolución al interesado, y al Ayuntamiento de Arona.
El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, cabe recurso de potestativo de reposición ante este mismo órgano, el cual podrá presentarse en las dependencias sitas en la Rambla General Franco 149, Edificio Mónaco, o en los registros previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes señalada, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la notificación de la presente resolución, o directamente cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 31 de agosto de 2006.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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