BOC - 2006/069. Viernes 7 de Abril de 2006 - 1198

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

1198 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 28 de marzo de 2006, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Nazario Yánez González interesado en el expediente nº 17/02-U.

Descargar en formato pdf

No habiéndose podido notificar a D. Nazario Yánez González en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia nº 17/02-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Nazario Yánez González la Orden Departamental de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 26, de fecha 30 de enero de 2006, recaída en el expediente con referencia, 17/02-U y que dice textualmente:

"Examinado el recurso de alzada interpuesto por D. Nazario Yánez González, contra la resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1356, de fecha 21 de abril de 2005, vistos los siguientes

ANTECEDENTES

1º) D. Nazario Yánez González, en el lugar denominado "Las Galletas", en el término municipal de Arona, viene realizando obras consistentes en la construcción de una edificación de tres plantas, en suelo clasificado como rústico, sin las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

2º) Incoado el correspondiente procedimiento sancionador, con fecha 18 de noviembre de 2004, y tras los trámites oportunos se impuso al interesado una multa de 51.500 euros y se acordó la demolición de las obras ejecutadas, por resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1356, de fecha 21 de abril de 2005, notificada la misma con fecha 28 de abril de 2005.

3º) Contra la citada Resolución, el interesado interpuso recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, con fecha 27 de mayo de 2005 y en el que sucintamente expone que:

- Que la zona se encuentra urbanizada con sus calles, con todos los servicios públicos en funcionamiento, no tratándose de edificaciones clandestinas. Se trata de un suelo que está llamado a ser urbano y de toda la documentación se deduce que la vivienda tiene más de siete años de construida y que se trata de una vivienda unifamiliar en suelo clasificado como urbano consolidado, construcción susceptible de legalización, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, según la revisión del P.G.O.U.

- Que se tenga en cuenta el documento que se acompaña como documento número dos consistente en resolución del Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Arona de fecha 11 de mayo de 2005, mediante el que se manifiesta la intención del Ayuntamiento de legalizar la edificación objeto del presente expediente administrativo, así como el documento obrante también en los archivos de la Agencia de Protección y consistente en la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de fecha 21 de mayo de 2003, mediante la que se informa que "la citada Agencia no ejecuta órdenes de demolición dictada en relación con edificaciones que, de acuerdo con una nueva normativa vigente, son legalizables".

Que en la vivienda conviven dos familias y que se impugna expresamente la multa impuesta por la suma de 51.500 euros que es desproporcionada y excesiva, y carente ya que según el expediente se habla de superficie de 189 m2 por planta construidos aproximados y no reales, limitándose solo a reducir una sanción de manera incorrecta, en base a un informe de valoración.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El presente recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma de acuerdo con los artículos 31, 38.4, 110 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segunda.- En cuanto a las alegaciones aducidas por el recurrente, no pueden modificar el acto administrativo recurrido resolutorio del presente expediente, ya que el mismo ha sido dictado en estricta aplicación de la Normativa Urbanística en vigor, toda vez que:

- En cuanto a lo alegado de que los terrenos donde se ubican las obras deben de tener la consideración de suelo urbano, debido a una serie de parámetros que se dan en el lugar, no podemos tener en cuenta dicha alegación, ya que es el planeamiento, al que le corresponde establecer los criterios de clasificación de un terreno, por lo tanto consta en el expediente que las obras se encuentran ubicadas en suelo rústico, por lo que la calificación que se tiene en cuenta es la vigente en el momento de la comisión de los hechos, sin que afecte las futuras modificaciones de planeamiento. En todo caso, se reitera que independientemente de la calificación, se han ejecutado obras sin las autorizaciones administrativas, ya que la licencia urbanística es preceptiva tanto en el suelo rústico como en el urbano por lo que la clasificación del suelo no excluye la tipificación de los hechos.

- En cuanto a que una vez aprobado el nuevo planeamiento, las obras podrán ser legalizables, y que la vivienda tiene una antigüedad de más de siete años, se constata que las obras se encontraban sin terminar, constando que dichas obras cuenten con la denegación de la calificación territorial, tal y como se recoge en la resolución emitida por el Cabildo Insular de Tenerife de fecha 19 de junio de 2002, y en virtud del artículo 201 "in fine" del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el plazo de la prescripción aún no ha comenzado a correr, pues éste empezará a correr a partir de la total terminación de las obras, cosa que a fecha de la última inspección realizada por nuestro servicio técnico, aún no se había producido. Por lo tanto la infracción no sólo no ha prescrito, sino que aún no se ha iniciado el plazo de prescripción, pues no se han finalizado dichas obras y por lo tanto le es de aplicación la normativa vigente en estos momentos.

- En cuanto al carácter legalizable de lo ejecutado gracias a una futura modificación del planeamiento y la improcedencia de la orden de demolición: no existe fundamento legal alguno que permita actualmente a la Administración el no confirmar la orden de reposición del terreno al estado anterior a la comisión de la infracción, mediante la demolición de las obras, al ser éstas en la actualidad manifiesta e indudablemente ilegalizables. Y es que no cabe posponer indefinidamente el cumplimiento de la legalidad (en este caso, el atender al mandato establecido en el artículo 179 del TRLoTENC, según el cual, en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de reposición de la realidad física alterada), en espera de que eventualmente tuviese lugar un hecho (el cambio de clase o de categoría de suelo) que en la actualidad es futuro e incierto. Así, vemos como para que una licencia de legalización pueda ser otorgada válidamente es preciso que lo ejecutado se ajuste a la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable (es decir, vigente en el momento de su concesión) [artº. 166.5.a) del TRLoTENC por remisión del artº. 178.2 del TRLoTENC], no siendo posible, por tanto, concederla al amparo de una ordenación futura. De la misma forma, el artículo 179.1 del TRLoTENC exige que la Propuesta de Resolución del expediente sancionador incluya la medida de reposición de la realidad física alterada si de la instrucción del procedimiento resulta la incompatibilidad de lo realizado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables (es decir, vigentes en el momento de emitir ésta), no siendo posible, por tanto, el posponer la adopción de esta medida en espera de un futuro e hipotético cambio de clase o de categoría de suelo. Las obras objeto de este expediente no son subsumibles en el supuesto de hecho al que alude el escrito del Director Ejecutivo de fecha 21 de mayo de 2003, ya que, de acuerdo con el planeamiento actualmente en tramitación las obras no podrían resultar legalizables.

- En cuanto a la falta de rigurosidad de la valoración por realizarla atendiendo a una superficie aproximada y no exacta: efectivamente, en un principio la valoración se realizó atendiendo a una superficie aproximada, ya que no es tarea de la Agencia, no corresponde a la Administración Pública, el llevar a cabo mediciones detalladas y exactas de las obras ilegales. Y al ser la Agencia plenamente consciente de que el dato de la superficie de la obra es uno de los factores que inciden en el cálculo de la valoración de las obras, la aproximación que se realiza es siempre favorable al presunto infractor. Es decir, la superficie que consta en el expediente y en la valoración es aquélla a la que como mínimo y con plena seguridad, asciende la obra ejecutada.

- El artº. 203.1.b) del TRLoTENC sanciona las infracciones graves con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros. Según el artículo 196.1 del TRLoTENC, cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante, atenuante o mixta, la multa deberá imponerse por cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente. Indica también el artículo 196.1 del TRLoTENC que el importe de la sanción se fijará en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias atenuantes, agravantes o mixtas en la valoración global de la infracción. Una de las circunstancias mixtas, que según el caso concreto atenúa o agrava la responsabilidad, establecida en el TRLoTENC en su artículo 199.b), es el "beneficio obtenido de la infracción". Según informe técnico evacuado con fecha, el valor de las obras realizadas es de 103.231,90 euros. Por lo que, si teniendo en cuenta tal valoración, ponderamos, como circunstancia que pudiera agravar la responsabilidad en este caso, la incidencia del beneficio obtenido por el presunto infractor en la valoración global de la infracción, llegamos a la conclusión de que pudiera proceder el imponer multa por tal importe (51.500 euros), guardando así la debida proporción entre la gravedad del hecho constitutivo de la presunta infracción y la sanción en su caso aplicada y atendiendo a la naturaleza de los perjuicios causados, tal y como exige el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- Parece procedente en el caso que nos ocupa, dado que ha habido en todo momento un escrupuloso respeto a la orden de suspensión dictada, considerar que la actitud de la persona afectada hubiera sido la misma si hubiese recibido la ya aludida advertencia de agente de la autoridad, estimando adecuado el admitir, mediante una interpretación analógica extensiva a favor del interesado del artículo 198.c) del TRLoTENC, que concurre la atenuante recogida en el mismo, por todo ello procede la reducción de la sanción impuesta, en consideración a la circunstancia atenuante prevista en el citado artículo del TRLoTENC.

No ha quedado desvirtuado que las obras promovidas por el recurrente carecen de la preceptiva licencia municipal de obras, y de la calificación territorial de conformidad con los artículos 27, 166, 168 y 170 del TRLoTCENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, lo cual es objeto de una infracción urbanística tipificada en el artículo 202.3.b) y sancionada en el artículo 203.1.b) de dicho texto legal con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros, habiendo sido en este caso impuesta una multa de cincuenta y un mil quinientos euros, determinada en función de las circunstancias atenuantes y mixtas apreciadas en el procedimiento, procediendo la reducción de la cuantía de la sanción a 37.500 euros, en atención de la nueva circunstancia atenuante prevista en el artículo 198.c) del TRLoTENC.

Tercera.- El acto recurrido es conforme a derecho, y no se dan en el mismo ninguno de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y en especial, en cuanto a la competencia para resolver el presente recurso, el artículo 190.2 del citado TRLoTCENC, en relación con el artículo 20.1 in fine del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que establece que las Propuestas de Resolución de los recursos de alzada deberán ser informados por el Consejo.

En ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Único.- Estimar parcialmente el recurso de alzada, interpuesto por D. Nazario Yánez González, contra la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1356, de fecha 21 de abril de 2005, procediendo la reducción de la cuantía de la sanción a 37.500 euros, en atención de la nueva circunstancia atenuante prevista en el artículo 198.c) del TRLoTENC y confirmando el resto por ser ajustada a derecho.

Notifíquese al interesado, y al Ayuntamiento, a los que se les hace constar que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de marzo de 2006.- El Director Ejecutivo, p.d., la Jefa de Servicio de Vigilancia Territorial y Ambiental y Actuaciones Previas (Resolución nº 681, de 1.3.05), Marta Martín Ballester.



© Gobierno de Canarias