DECRETO
En uso de las facultades que me confiere el Estatuto del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, aprobado por el Decreto Territorial 116/1992, de 9 de julio, y demás legislación complementaria de general y pertinente aplicación, y en virtud del informe técnico emitido
Resultando.- Que con fecha 31 de mayo de 1939, se dicta Resolución por el Gobernador Civil de la Provincia de Las Palmas, por la que se autoriza a D. José Sintes Reyes, la ejecución de obras de alumbramiento de aguas en terrenos de su propiedad, en el lugar conocido por "El Galeón", en el término municipal de Santa Brígida. Expediente 373-T.P.
Resultando.- Que visto el informe del Jefe de Sección de Zona y del Servicio de Vigilancia de Aguas y Cauces, en el que constata que el aprovechamiento de aguas amparado en el expediente de referencia no está en explotación y abandonado, durante más de dos años ininterrumpidamente.
Resultando.- Que mediante resolución del Vicepresidente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, de fecha 11 de agosto de 2005, se aprueba la incoación del procedimiento administrativo tendente a declarar extinguida, por caducidad, el aprovechamiento de aguas amparado en el expediente administrativo 373-T.P., por la interrupción continuada de la explotación durante dos años consecutivos, por causas imputables al titular, de acuerdo con la legislación vigente.
Resultando.- Que mediante inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de fecha 2 de septiembre de 2005 y en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, se notifica a D. José Sintes Reyes, el trámite de audiencia previo a la resolución de caducidad de la autorización concedida a su favor para la ejecución de labores de alumbramiento de aguas en terrenos particulares, en el lugar conocido como "El Galeón", en el término municipal de Santa Brígida, al no poder practicar este Consejo Insular de Aguas la notificación individual al desconocer el domicilio de la citada Comunidad, sin que se haya presentado alegación alguna. Asimismo, se procede a la publicación del trámite de audiencia, mediante su inserción en el Boletín Oficial de Canarias, de fecha 5 de septiembre de 2005.
Vistos la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas; el Decreto 82/1999, por el que se aprueba el Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria; el Real Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Decreto 158/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de Aguas; el Decreto 116/1992, de 9 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás disposiciones de pertinente aplicación.
Considerando.- En el artículo 85 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, se establecen las distintas formas de extinción de las concesiones y derechos sobre el dominio público hidráulico, a saber;
1.3º) Caducidad de la concesión o autorización administrativa por la interrupción continuada de la explotación durante dos años consecutivos, siempre que dicha interrupción sea imputable al titular.
2. La extinción de las concesiones y autorizaciones administrativas habrá de ser declaradas por el Consejo Insular de Aguas de forma expresa y en expediente contradictorio con audiencia de los interesados.
Considerando.- En el mismo sentido, el artículo 114 del Real Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico Canario, regula la extinción de las concesiones y autorizaciones, sobre el dominio público hidráulico señalando que se podrán extinguir por:
1.3º) Caducidad de la concesión por la interrupción continuada de la explotación durante dos años consecutivos, siempre que dicha interrupción sea imputable al titular.
2. La extinción de las concesiones habrá de ser declarada por el Consejo Insular de forma expresa, previa incoación y resolución del correspondiente procedimiento en el que, en todo caso, será preceptivo cumplimentar el trámite de audiencia al concesionario y el de visita de inspección a los efectos de constatar el estado de las obras y otros elementos de la explotación.
3. Asimismo, será necesario practicar un trámite de información pública por plazo no inferior a quince días, mediante inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.
4. La resolución podrá imponer al concesionario aquellas obligaciones que se entiendan necesarias para que el dominio público concedido y las obras e instalaciones que deban revertir, queden en buen estado de uso.
Considerando.- Que de acuerdo con el artículo 117 del Real Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico Canario, podrá declararse la caducidad de las concesiones en los siguientes supuestos:
a) Por la interrupción continuada de la explotación durante dos años consecutivos, siempre que dicha interrupción sea imputable al titular.
b) Por incumplimiento grave de sus plazos.
La declaración de caducidad y la revocación producirán los siguientes efectos:
a) Pérdida de la condición de concesionario y, por tanto, la extinción de todos sus derechos y obligaciones, salvo aquellas relativas a la reparación de la infracción cometida y al buen estado de uso del dominio público, bienes y obras, que pudieran imponerse al concesionario en la resolución que declare la caducidad.
b) Recuperación por la Administración del derecho de uso y aprovechamiento concedido sobre el dominio público, así como la reversión de todos aquellos bienes y obras que deban revertir.
c) Extinción, en su caso, de otros posibles derechos de terceros sobre el propio objeto de la concesión o relacionados con éste.
d) Indemnización al concesionario en los casos en que vayan a revertir obras o instalaciones no amortizadas en su totalidad por el concesionario.
e) Pérdida de la fianza en los supuestos de conducta culposa del concesionario.
Considerando.- Que en el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta los informes realizados por el Servicio de Vigilancia de Aguas y Cauces obrantes en el expediente y del informe realizado por el Jefe de Sección de Zona, el pozo de referencia no está en explotación, encontrándose sus instalaciones en estado de abandono, por causas imputables al titular del expediente administrativo, de forma ininterrumpida durante más de dos años.
La extinción de una autorización o concesión administrativa, por caducidad por inexplotación no se produce, en tanto no se dicta un acto administrativo formal expreso, en que así se declare, y en expediente contradictorio con audiencia al interesado,
D I S P O N G O:
Primero.- Declarar extinguida por caducidad, el pozo amparado en el expediente administrativo 373-T.P. por la interrupción continuada de la explotación durante dos años consecutivos, por causas imputables al titular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, y en colación con los artículos 114 y 117 del Real Decreto 86/2002, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Segundo.- Imponer al titular del expediente, la obligación de taponar y sellar el pozo de referencia, e iniciación de los trabajos en el plazo de 10 días y su terminación, en el plazo de un mes contado desde la notificación, significándole que, en caso de incumplimiento, se podría acordar la ejecución forzosa mediante multas coercitivas según la regulación contenida en el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 14 de abril, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o, en su caso, la ejecución subsidiaria por cuenta del titular y a su costa, de conformidad con el artículo 98 de la precitada Ley.
Tercero.- Notificar la presente resolución a las partes interesadas en el mismo.
Cuarto.- Notificar la presente resolución a las partes interesadas en el mismo.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 89.3, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, podrá interponerse, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, el recurso potestativo de reposición ante el Presidente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, que deberá ser resuelto y notificado en el plazo máximo de un mes, o por el contrario, impugnar la presente resolución ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, en el plazo máximo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de 2006.- El Vicepresidente, José Jiménez Suárez.
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