La Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales ha dispuesto por resolución lo que a continuación se transcribe:
Visto el recurso de alzada interpuesto por Dña. Laura Padilla Chico contra resolución de la Dirección General de Servicios Sociales, de fecha 9 de junio de 2003, por virtud de la cual se concede la Ayuda Económica Básica solicitada, y examinada el correspondiente expediente resultan relevantes los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHOS
1.- La recurrente presentó solicitud de Ayuda Económica Básica con registro de entrada en la Dirección General de Servicios Sociales de fecha 30 de abril de 2003.
2.- Con posterioridad la Dirección General de Servicios Sociales dicta resolución concediendo la Ayuda Económica Básica solicitada, por importe de 276,62 mensuales, a pagar durante seis mensualidades.
3.- La anterior resolución es notificada a la interesada y en ella se le informa el derecho que le asiste para interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Asuntos Sociales en el plazo de un mes.
4.- Dentro del plazo conferido Dña. Laura Padilla Chico interpone recursos de alzada en el que alegan sustancialmente que el niño ya estaba matriculado en el año 2002 y 2003 y que su situación económica cambió, y por su estado de salud mental no ha podido trabajar, debiendo algunos meses del colegio, ayudándole su madre en momentos difíciles. Para el próximo curso cambiará al niño a un colegio público.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- La Dirección General de Servicios Sociales de conformidad con los establecido en el artículo 12 del Decreto 13/1998, de 5 de febrero, por el que se regulan las Ayudas Económicas Básicas, dictó resolución concediendo dicha ayuda a Dña. Laura Padilla Chico.
II.- La Viceconsejería de Asuntos Sociales e Inmigración es la competente para resolver el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Dirección General de Servicios Sociales, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del citado Decreto 13/1998, de 5 febrero, y en relación con Decreto 329/1995, de 24 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, en concordancia con el Decreto 123/2003, de 16 de junio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias.
III.- La recurrente presentó en forma y plazo, recurso de alzada contra la resolución denegatoria de la ayuda económica básica solicitada, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la referida Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
IV.- El artículo 4 del referido Decreto 13/1998, de 5 de febrero, establece los requisitos necesarios para ser perceptor de una ayuda económica básica, y uno de ellos es, no contar el solicitante ni los demás miembros de la unidad familiar con recursos económicos en cuantía igual o superior a la ayuda económica básica que le pudiera corresponder en cómputo anual, de conformidad con los límites establecidos en el artículo 9 del citado Decreto, modificado por el Decreto 202/2002, de 20 de diciembre, por el que se actualizan las cuantías de las ayudas.
V.- De conformidad con el artículo 9.3 del citado Decreto 13/1998, del importe de la ayuda económica básica que pudiera corresponder al solicitante se deducirá los ingresos y demás rentas con que cuente el mismo o la unidad familiar. Por lo tanto al revisar el expediente se observa que las alegaciones hechas por la recurrente no desvirtúan las razones de hecho y los fundamentos de derecho de la resolución recurrida dado, que la Dirección General dictó la resolución conforme a los datos que había en el expediente, entre los cuales, figuraba la posibilidad de pagar un colegio privado. Por consiguiente lo alegado por la interesada no desvirtúa los hechos ni los fundamentos de derecho de la resolución recurrida.
Por todo ello,
R E S U E L V E:
Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Dña. Laura Padilla Chico y confirmar en todos sus extremos la resolución impugnada de la Dirección General de Servicios Sociales, de fecha 9 de junio de 2003, por la que se concede la Ayuda Económica Básica solicitada por importe de 276,62 mensuales, a pagar durante seis meses, por la que se deniega la Ayuda Económica Básica solicitada.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Segundo.- Notifíquese la presente resolución a la Dirección General de Servicios Sociales quien a su vez deberá notificarla a Dña. Laura Padilla Chico.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 2005.- La Directora General de Servicios Sociales, p.d., el Jefe de Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228), Jesús M. Coello Gil.
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